Manual de inquisidores, o por qué a Ud. le va a caer la persecución del Estado venezolano

Joseph Poliszuk

En la República Bolivariana de Venezuela hay un médico perseguido por reportar la muerte de pacientes y un abogado procesado mientras asistía a un cliente. Y la lista es más larga… Al margen de presos políticos y estudiantes procesados, el Estado también investiga a una serie de ciudadanos que han ejercido sus derechos: incluido el de opinar.

Médico

El presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, Ángel Sarmiento, advirtió el 11 de septiembre sobre el repentino fallecimiento de ocho pacientes -niños y adultos- en el Hospital Central de Maracay, a causa de un “síndrome hemorrágico febril agudo que produce la muerte en forma abrupta en un lapso no mayor a las 72 horas”.

En respuesta, el gobernador de la entidad, Tarek el Aissami, esa misma noche solicitó una investigación judicial en contra de Sarmiento. A la semana siguiente, la mayoría de los diputados del Consejo Legislativo Bolivariano de Aragua acordaron interpelar al médico por sus declaraciones, mientras que en Caracas la Asamblea Nacional aprobó, por mayoría, un acuerdo que “condena la campaña criminal por parte de la oposición de querer instalar un estado de angustia y de terror en la población venezolana”.

El 22 de octubre se abrió otro frente contra el doctor Sarmiento: la presidenta del Consejo Legislativo de Aragua, Sumiré Ferrara, solicitó al Ministerio Público la apertura de un expediente administrativo en su contra por desacato: Sarmiento no acudió a los llamados del legislativo regional. Al respecto, Ferrara advirtió: “Esto es una acción administrativa que hacemos desde el Consejo Legislativo del estado Aragua, pero también es una reflexión desde el punto de vista político a esa oposición fascista que ha desatado este plan de golpe de Estado continuado y que ha querido atacar al sector salud a nivel nacional y regional”.

El "Top Ten" de corrupción que reconoce la Contraloría General de la República

Joseph Poliszuk

La Contraloría acaba de publicar su último informe y, entre líneas, vuelven a aparecer “empresas fantasmas” que se tragaron los dólares. Esta es la lista de las irregularidades que admite el Estado.

1) EMPRESAS DE MALETÍN. Al menos una docena contratistas de la Corporación Venezolana de Guayana recibió 12 millones de dólares para procesar materias primas, pero sin presentar requisitos obligatorios como el Registro de pequeña y mediana industria. La Contraloría General de la República destaca que uno de esos millones fue a parar a una importadora. “Queda en evidencia que la misma no es una empresa de producción, y por lo tanto los bienes adquiridos no son insumos, materia prima, bienes de capital, ni partes y piezas necesarios para la transformación”, concluye la auditoría. Primero el ministro de Finanzas, Jorge Giordani, y luego la ex presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, advirtieron sobre empresas de maletín que consiguieron dólares del Estado. Aunque la Contraloría no hace referencia a esas declaraciones y suprime los nombres de las firmas auditadas, acaba de dejar constancia de que sabe de al menos una docena que se llevaron 45 contratos en dólares para revender repuestos.

2) MEDICINAS VENCIDAS. Si bien la Contraloría General de la República viene advirtiendo desde 2010 sobre lotes de medicamentos que se vencen en las aduanas, esta vez encontró casos en los que el Gobierno pagó a Cuba por adelantado, por fármacos que sobraban en el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, Sefar. En su último informe señala el caso de 17 tipos de medicamentos que el Ministerio de Salud volvió a importar, a pesar de contar con más de 2,6 millones de dosis en inventario: “Adquirió los mismos tipos de medicamentos en cantidades mayores, con porcentajes de incrementos que oscilan entre 21,21% y 9.670,11%, sin justificación”. El año pasado también encontró lotes de fármacos por los que hubo que pagar casi 625.000 bolívares de más, a causa de los 4 y 5 meses que permanecieron en el Puerto de La Guaira. Entre otras irregularidades, añade el caso de 212.454 estuches de diagnóstico de glucosa, que pasaron más tiempo en aduana que en las farmacias.