Joseph Poliszuk
En la República Bolivariana de Venezuela hay un médico perseguido por reportar la muerte de pacientes y un abogado procesado mientras asistía a un cliente. Y la lista es más larga… Al margen de presos políticos y estudiantes procesados, el Estado también investiga a una serie de ciudadanos que han ejercido sus derechos: incluido el de opinar.
Médico
El presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, Ángel Sarmiento, advirtió el 11 de septiembre sobre el repentino fallecimiento de ocho pacientes -niños y adultos- en el Hospital Central de Maracay, a causa de un “síndrome hemorrágico febril agudo que produce la muerte en forma abrupta en un lapso no mayor a las 72 horas”.
En respuesta, el gobernador de la entidad, Tarek el Aissami, esa misma noche solicitó una investigación judicial en contra de Sarmiento. A la semana siguiente, la mayoría de los diputados del Consejo Legislativo Bolivariano de Aragua acordaron interpelar al médico por sus declaraciones, mientras que en Caracas la Asamblea Nacional aprobó, por mayoría, un acuerdo que “condena la campaña criminal por parte de la oposición de querer instalar un estado de angustia y de terror en la población venezolana”.
El 22 de octubre se abrió otro frente contra el doctor Sarmiento: la presidenta del Consejo Legislativo de Aragua, Sumiré Ferrara, solicitó al Ministerio Público la apertura de un expediente administrativo en su contra por desacato: Sarmiento no acudió a los llamados del legislativo regional. Al respecto, Ferrara advirtió: “Esto es una acción administrativa que hacemos desde el Consejo Legislativo del estado Aragua, pero también es una reflexión desde el punto de vista político a esa oposición fascista que ha desatado este plan de golpe de Estado continuado y que ha querido atacar al sector salud a nivel nacional y regional”.
Empresario [¡no boliburgués, por supuesto!]
El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Eduardo Garmendia, fue conminado a declarar ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) durante más de 12 horas, desde la tarde del domingo 21 de septiembre hasta la madrugada del lunes siguiente. Aunque los organismos policiales no explicaron la razón, el Presidente Nicolás Maduro luego afirmó que el empresario debía responder ante la justicia por haber declarado sobre el impacto del virus chikungunya en la producción del país.
“Él declaró una cantidad de mentiras, por ejemplo, que el chikungunya ya ocupaba 50% del país y dijo: tengo pruebas de que hay empresas que tienen 200 trabajadores y tienen 50 con chikungunya y han bajado la productividad”, reclamó Maduro. “Estos son temas delicados, donde solo está autorizado por la ley a declarar, valga la expresión, las autoridades sanitarias del país, como en cualquier país del mundo”.
Maduro dijo además que Garmendia: “ya ha reconocido que ha cometido un delito”. Y anunció que el asunto no se iba a limitar a este episodio: “Bueno, seguramente actuará la Fiscalía, actuarán los tribunales y este señor (…) ahora le toca entonces (…) reconocer sus errores y ante la ley responder, como tiene que ser”.
Por la misma razón también fue sometido a interrogatorio Rubén Gutiérrez, presidente de la Cámara de Aduaneros, según denunció Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, quien además declaró en una entrevista radial: “Es un amedrentamiento contra el sector empresarial; en ningún momento se dijo cuál era la causa de la citación. A lo largo del interrogatorio simplemente se les dijo que era una investigación en curso y nunca se aclaró para qué. Se hicieron preguntas sobre Fedecámaras y de miembros de gremios empresariales”.
Indígena
Alexis Romero y otros tres líderes indígenas pemones fueron detenidos en 2012 por el desarme y la detención que 13 comunidades distintas aplicaron a 19 efectivos militares que extraían oro de manera ilegal en la zona del Alto Paragua del estado Bolívar.
A pesar de ser civil, Romero fue presentado ante el Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control de Ciudad Bolívar, que ordenó detenerlo por menos de una semana en la cárcel de La Pica, el Internado Judicial de Monagas, donde a pesar de no haber sido sentenciado fue puesto en la calle tras una comunicación que le informaba que había sido beneficiado con un “indulto presidencial”. Posteriormente fue sometido a régimen de presentación cada 15 días con la obligación de acudir a un Tribunal Militar de Ciudad Bolívar, a más de 800 kilómetros de distancia de su vivienda, ubicada en Taurepán, en la frontera con Brasil.
Ingeniero
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Aragua presentó el 13 de septiembre al ingeniero electricista, Guillermo López Inciarte, como uno de los dos funcionarios de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que formaban parte de una supuesta banda llamada “Los ilegales de la corriente”, dedicada a sabotear el sistema eléctrico en los municipios Santiago Mariño y Girardot. La versión policial señala que Inciarte y otras dos personas concertaban cortes del suministro de energía eléctrica en algunos sectores para luego cobrar por el reestablecimiento del servicio.
Su foto apareció en los periódicos esposado y fichado como un delincuente pero en nombre del sindicato de Corpoelec-Aragua, José Luis Criollo advierte que si bien el ingeniero Guillermo López, así como el técnico Marcos Hernández, ejecutaron un corte programado de electricidad, se trató de un procedimiento de rutina que un cliente tramitó por los canales regulares. “Los trabajadores estamos preocupados, a nuestro juicio es la manera de justificar su ineficiencia”, señala Criollo.
Abogado
El abogado Marcelo Crovato fue detenido el 22 de abril tras asistir a una pareja durante un allanamiento en Municipio Chacao.
Ese día se presentó en el Cicpc para asistir a sus representados, Ignacio Porras y Marling Márquez, pero terminó detenido con un expediente judicial en el que a través de anónimos -el “Agente 1″ y el “Agente 2″- le imputan los delitos de instigación a delinquir, obstrucción de la vía pública y posesión de elementos incendiarios.
Supuestos “patriotas cooperantes” acusaron a Crovato, abogado miembro del Foro Penal Venezolano, de haber alentado las protestas callejeras durante una reunión del Foro.
Crovato lleva cinco meses recluido en la cárcel de Yare, a pesar de que su defensa ha solicitado una medida humanitaria porque padece de cáncer de piel desde hace nueve años. “Venimos observando la detención de abogados como nunca se había visto en el país”, alertó cinco meses antes el coordinador del Foro Penal, Alfredo Romero.
Sindicalista
Tras el conflicto laboral en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) del estado Bolívar, 13 de los líderes de la protesta recibieron en septiembre una calificación de despido, entre ellos delegados amparados bajo fuero sindical.
Aunque la medida no se ha concretado, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y sus Similares (Sutiss), José Luis Hernández, reclamó esa y otra serie de medidas, entre las que acusa amedrentamientos por parte del Sebin, a través de unas alcabalas que la noche del 15 de septiembre instalaron en los portones I y III de Sidor para amedrentar a la clase obrera. “Se subieron a los buses encapuchados y con armas largas; estaban requisando a los trabajadores y pidiendo cédulas de identidad”, denunció. “No nos arrodillaremos ante la persecución del Sebin, ni de la Guardia Nacional, ni mucho menos del Gobierno Nacional; vayan a detener a quienes se roban las cabillas”.
Hernández denunció esta semana que se ha creado un clima de “psicoterror laboral” en Sidor con sindicalistas detenidos, trabajadores con salarios suspendidos, violaciones al fuero sindical y la presencia constante de funcionarios del Sebin en el lugar.
Activista
La organización internacional Front Line Defenders ha denunciado desde 2013 una “campaña de difamación e intimidación” contra el defensor de Derechos Humanos, Humberto Prado, por su trabajo al frente del Observatorio Venezolano de Prisiones. La última vez fue en febrero, cuando rechazaron las acusaciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, contra Prado.
Rodríguez Torres aseguró el 13 de febrero que las protestas en Venezuela se pautaron en una reunión celebrada en 2010 en la ciudad de México y de la que Prado supuestamente saldría encargado de sembrar el caos en las cárceles, a través de protestas en la población reclusa. El director del Observatorio Venezolano de Prisiones respondió que sí había estado en México, pero en 2011 y para participar públicamente en una asamblea de la Organización Mundial Contra la Tortura.
Periodista
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció el 31 de julio medidas legales contra los periodistas Hernán Lugo-Galicia y Sofía Nederr, ambos de El Nacional, por su cobertura sobre la detención y posterior liberación del general Hugo Carvajal en Aruba, a lo que el Colegio Nacional de Periodistas respondió con un rechazo público: “Todas las informaciones expresadas en el trabajo periodístico (… ) fueron sustentadas por los profesionales del periodismo, y corroboradas antes de su publicación por diversas fuentes”.
Dos meses más tarde Cabello volvió a usar su programa de televisión, Con el mazo dando, contra Lugo-Galicia, a quien incluyó en una supuesta lista de periodistas que serían despedidos. “No entiendo el plan para perjudicarme: ¿enviarle mensajes a mis fuentes? ¿Callarme?”, preguntó el periodista en su cuenta de Twitter.
Ciudadano
El profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, Juan Manuel Mendoza, fue detenido por funcionarios de la Policía de Caracas, junto al estudiante Carlos Borges, por repartir volantes a los transeúntes que caminaban en el bulevar de Sabana Grande.
Fue el 14 de mayo. Ese día la organización no gubernamental Provea advirtió sobre el incidente a través de una alerta que indicaba que los ciudadanos fueron trasladados a la sede de Policaracas, en la Cota 905, tras entregar volantes que denunciaban los índices de inflación. Horas después fueron liberados sin cargos, pero las restricciones a esa clase de protestas se han repetido en Aragua, Anzoátegui y Zulia entre otras regiones. “La propia Policía de Baruta prohibió entregar volantes hace un mes en la plaza Alfredo Sadel de La Mercedes”, advierte Inti Rodríguez en nombre de Provea.
Extranjero
Ricardo Manuel Ferreira, un ciudadano portugués de 56 años con una visa de trabajo temporal en el marco de los acuerdos bilaterales entre Caracas y Lisboa, fue detenido en Fuerte Tiuna en febrero, junto a otras 40 personas que se encontraban manifestando en los alrededores de la plaza Altamira.
Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano, advierte que se trataba de un extranjero que no participaba en la protesta y que “ni siquiera hablaba español”. Estaba llegando a su casa, a pesar de que Venezolana de Televisión el 28 de febrero lo presentó entre un supuesto grupo de extranjeros detenidos “buscados por terrorismo internacional”.
Ferreira y el resto de los detenidos fueron liberados, pero sólo él y la fotógrafa italiana Francesca Commissari lograron libertad plena. Los otros 39 manifestantes salieron de la cárcel bajo régimen de presentación.
Tuitera
A Inés Margarita González la conocen en Twitter como inesitaterrible. Es licenciada en Química y Magíster egresada del IVIC. Está residenciada en Maracaibo. El 3 de septiembre anunció por su cuenta que había recibido una citación del Sebin en la que se le señalaba por “incitación al odio”. Se supone que sus comentarios sobre el asesinato de Robert Serra -escribió alrededor de treinta mensajes entre el 1 y el 4 de octubre- y los que siguieron a la citación del Sebin son motivo para acusarla por “ultraje a funcionario público, ultraje violento e instigación pública”. Desde el día 8 está detenida en la sede del Sebin, pese a que durante la audiencia reconoció su “error” y ofreció disculpas a los familiares del fallecido diputado. Los delitos que le imputan no ameritan prisión, pero hasta el momento permanece encerrada. No es la única: se habla de al menos seis personas más detenidas por los contenidos de sus mensajes en Twitter.
[Tomado de http://www.conflictove.org.ve/criminalizacion-de-la-protesta/sospechosos-todos-reportaje-de-joseph-poliszuk.html.]
En la República Bolivariana de Venezuela hay un médico perseguido por reportar la muerte de pacientes y un abogado procesado mientras asistía a un cliente. Y la lista es más larga… Al margen de presos políticos y estudiantes procesados, el Estado también investiga a una serie de ciudadanos que han ejercido sus derechos: incluido el de opinar.
Médico
El presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, Ángel Sarmiento, advirtió el 11 de septiembre sobre el repentino fallecimiento de ocho pacientes -niños y adultos- en el Hospital Central de Maracay, a causa de un “síndrome hemorrágico febril agudo que produce la muerte en forma abrupta en un lapso no mayor a las 72 horas”.
En respuesta, el gobernador de la entidad, Tarek el Aissami, esa misma noche solicitó una investigación judicial en contra de Sarmiento. A la semana siguiente, la mayoría de los diputados del Consejo Legislativo Bolivariano de Aragua acordaron interpelar al médico por sus declaraciones, mientras que en Caracas la Asamblea Nacional aprobó, por mayoría, un acuerdo que “condena la campaña criminal por parte de la oposición de querer instalar un estado de angustia y de terror en la población venezolana”.
El 22 de octubre se abrió otro frente contra el doctor Sarmiento: la presidenta del Consejo Legislativo de Aragua, Sumiré Ferrara, solicitó al Ministerio Público la apertura de un expediente administrativo en su contra por desacato: Sarmiento no acudió a los llamados del legislativo regional. Al respecto, Ferrara advirtió: “Esto es una acción administrativa que hacemos desde el Consejo Legislativo del estado Aragua, pero también es una reflexión desde el punto de vista político a esa oposición fascista que ha desatado este plan de golpe de Estado continuado y que ha querido atacar al sector salud a nivel nacional y regional”.
Empresario [¡no boliburgués, por supuesto!]
El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Eduardo Garmendia, fue conminado a declarar ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) durante más de 12 horas, desde la tarde del domingo 21 de septiembre hasta la madrugada del lunes siguiente. Aunque los organismos policiales no explicaron la razón, el Presidente Nicolás Maduro luego afirmó que el empresario debía responder ante la justicia por haber declarado sobre el impacto del virus chikungunya en la producción del país.
“Él declaró una cantidad de mentiras, por ejemplo, que el chikungunya ya ocupaba 50% del país y dijo: tengo pruebas de que hay empresas que tienen 200 trabajadores y tienen 50 con chikungunya y han bajado la productividad”, reclamó Maduro. “Estos son temas delicados, donde solo está autorizado por la ley a declarar, valga la expresión, las autoridades sanitarias del país, como en cualquier país del mundo”.
Maduro dijo además que Garmendia: “ya ha reconocido que ha cometido un delito”. Y anunció que el asunto no se iba a limitar a este episodio: “Bueno, seguramente actuará la Fiscalía, actuarán los tribunales y este señor (…) ahora le toca entonces (…) reconocer sus errores y ante la ley responder, como tiene que ser”.
Por la misma razón también fue sometido a interrogatorio Rubén Gutiérrez, presidente de la Cámara de Aduaneros, según denunció Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, quien además declaró en una entrevista radial: “Es un amedrentamiento contra el sector empresarial; en ningún momento se dijo cuál era la causa de la citación. A lo largo del interrogatorio simplemente se les dijo que era una investigación en curso y nunca se aclaró para qué. Se hicieron preguntas sobre Fedecámaras y de miembros de gremios empresariales”.
Indígena
Alexis Romero y otros tres líderes indígenas pemones fueron detenidos en 2012 por el desarme y la detención que 13 comunidades distintas aplicaron a 19 efectivos militares que extraían oro de manera ilegal en la zona del Alto Paragua del estado Bolívar.
A pesar de ser civil, Romero fue presentado ante el Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control de Ciudad Bolívar, que ordenó detenerlo por menos de una semana en la cárcel de La Pica, el Internado Judicial de Monagas, donde a pesar de no haber sido sentenciado fue puesto en la calle tras una comunicación que le informaba que había sido beneficiado con un “indulto presidencial”. Posteriormente fue sometido a régimen de presentación cada 15 días con la obligación de acudir a un Tribunal Militar de Ciudad Bolívar, a más de 800 kilómetros de distancia de su vivienda, ubicada en Taurepán, en la frontera con Brasil.
Ingeniero
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del estado Aragua presentó el 13 de septiembre al ingeniero electricista, Guillermo López Inciarte, como uno de los dos funcionarios de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que formaban parte de una supuesta banda llamada “Los ilegales de la corriente”, dedicada a sabotear el sistema eléctrico en los municipios Santiago Mariño y Girardot. La versión policial señala que Inciarte y otras dos personas concertaban cortes del suministro de energía eléctrica en algunos sectores para luego cobrar por el reestablecimiento del servicio.
Su foto apareció en los periódicos esposado y fichado como un delincuente pero en nombre del sindicato de Corpoelec-Aragua, José Luis Criollo advierte que si bien el ingeniero Guillermo López, así como el técnico Marcos Hernández, ejecutaron un corte programado de electricidad, se trató de un procedimiento de rutina que un cliente tramitó por los canales regulares. “Los trabajadores estamos preocupados, a nuestro juicio es la manera de justificar su ineficiencia”, señala Criollo.
Abogado
El abogado Marcelo Crovato fue detenido el 22 de abril tras asistir a una pareja durante un allanamiento en Municipio Chacao.
Ese día se presentó en el Cicpc para asistir a sus representados, Ignacio Porras y Marling Márquez, pero terminó detenido con un expediente judicial en el que a través de anónimos -el “Agente 1″ y el “Agente 2″- le imputan los delitos de instigación a delinquir, obstrucción de la vía pública y posesión de elementos incendiarios.
Supuestos “patriotas cooperantes” acusaron a Crovato, abogado miembro del Foro Penal Venezolano, de haber alentado las protestas callejeras durante una reunión del Foro.
Crovato lleva cinco meses recluido en la cárcel de Yare, a pesar de que su defensa ha solicitado una medida humanitaria porque padece de cáncer de piel desde hace nueve años. “Venimos observando la detención de abogados como nunca se había visto en el país”, alertó cinco meses antes el coordinador del Foro Penal, Alfredo Romero.
Sindicalista
Tras el conflicto laboral en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) del estado Bolívar, 13 de los líderes de la protesta recibieron en septiembre una calificación de despido, entre ellos delegados amparados bajo fuero sindical.
Aunque la medida no se ha concretado, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y sus Similares (Sutiss), José Luis Hernández, reclamó esa y otra serie de medidas, entre las que acusa amedrentamientos por parte del Sebin, a través de unas alcabalas que la noche del 15 de septiembre instalaron en los portones I y III de Sidor para amedrentar a la clase obrera. “Se subieron a los buses encapuchados y con armas largas; estaban requisando a los trabajadores y pidiendo cédulas de identidad”, denunció. “No nos arrodillaremos ante la persecución del Sebin, ni de la Guardia Nacional, ni mucho menos del Gobierno Nacional; vayan a detener a quienes se roban las cabillas”.
Hernández denunció esta semana que se ha creado un clima de “psicoterror laboral” en Sidor con sindicalistas detenidos, trabajadores con salarios suspendidos, violaciones al fuero sindical y la presencia constante de funcionarios del Sebin en el lugar.
Activista
La organización internacional Front Line Defenders ha denunciado desde 2013 una “campaña de difamación e intimidación” contra el defensor de Derechos Humanos, Humberto Prado, por su trabajo al frente del Observatorio Venezolano de Prisiones. La última vez fue en febrero, cuando rechazaron las acusaciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, contra Prado.
Rodríguez Torres aseguró el 13 de febrero que las protestas en Venezuela se pautaron en una reunión celebrada en 2010 en la ciudad de México y de la que Prado supuestamente saldría encargado de sembrar el caos en las cárceles, a través de protestas en la población reclusa. El director del Observatorio Venezolano de Prisiones respondió que sí había estado en México, pero en 2011 y para participar públicamente en una asamblea de la Organización Mundial Contra la Tortura.
Periodista
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció el 31 de julio medidas legales contra los periodistas Hernán Lugo-Galicia y Sofía Nederr, ambos de El Nacional, por su cobertura sobre la detención y posterior liberación del general Hugo Carvajal en Aruba, a lo que el Colegio Nacional de Periodistas respondió con un rechazo público: “Todas las informaciones expresadas en el trabajo periodístico (… ) fueron sustentadas por los profesionales del periodismo, y corroboradas antes de su publicación por diversas fuentes”.
Dos meses más tarde Cabello volvió a usar su programa de televisión, Con el mazo dando, contra Lugo-Galicia, a quien incluyó en una supuesta lista de periodistas que serían despedidos. “No entiendo el plan para perjudicarme: ¿enviarle mensajes a mis fuentes? ¿Callarme?”, preguntó el periodista en su cuenta de Twitter.
Ciudadano
El profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, Juan Manuel Mendoza, fue detenido por funcionarios de la Policía de Caracas, junto al estudiante Carlos Borges, por repartir volantes a los transeúntes que caminaban en el bulevar de Sabana Grande.
Fue el 14 de mayo. Ese día la organización no gubernamental Provea advirtió sobre el incidente a través de una alerta que indicaba que los ciudadanos fueron trasladados a la sede de Policaracas, en la Cota 905, tras entregar volantes que denunciaban los índices de inflación. Horas después fueron liberados sin cargos, pero las restricciones a esa clase de protestas se han repetido en Aragua, Anzoátegui y Zulia entre otras regiones. “La propia Policía de Baruta prohibió entregar volantes hace un mes en la plaza Alfredo Sadel de La Mercedes”, advierte Inti Rodríguez en nombre de Provea.
Extranjero
Ricardo Manuel Ferreira, un ciudadano portugués de 56 años con una visa de trabajo temporal en el marco de los acuerdos bilaterales entre Caracas y Lisboa, fue detenido en Fuerte Tiuna en febrero, junto a otras 40 personas que se encontraban manifestando en los alrededores de la plaza Altamira.
Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano, advierte que se trataba de un extranjero que no participaba en la protesta y que “ni siquiera hablaba español”. Estaba llegando a su casa, a pesar de que Venezolana de Televisión el 28 de febrero lo presentó entre un supuesto grupo de extranjeros detenidos “buscados por terrorismo internacional”.
Ferreira y el resto de los detenidos fueron liberados, pero sólo él y la fotógrafa italiana Francesca Commissari lograron libertad plena. Los otros 39 manifestantes salieron de la cárcel bajo régimen de presentación.
Tuitera
A Inés Margarita González la conocen en Twitter como inesitaterrible. Es licenciada en Química y Magíster egresada del IVIC. Está residenciada en Maracaibo. El 3 de septiembre anunció por su cuenta que había recibido una citación del Sebin en la que se le señalaba por “incitación al odio”. Se supone que sus comentarios sobre el asesinato de Robert Serra -escribió alrededor de treinta mensajes entre el 1 y el 4 de octubre- y los que siguieron a la citación del Sebin son motivo para acusarla por “ultraje a funcionario público, ultraje violento e instigación pública”. Desde el día 8 está detenida en la sede del Sebin, pese a que durante la audiencia reconoció su “error” y ofreció disculpas a los familiares del fallecido diputado. Los delitos que le imputan no ameritan prisión, pero hasta el momento permanece encerrada. No es la única: se habla de al menos seis personas más detenidas por los contenidos de sus mensajes en Twitter.
[Tomado de http://www.conflictove.org.ve/criminalizacion-de-la-protesta/sospechosos-todos-reportaje-de-joseph-poliszuk.html.]
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