Raul Zibechi
La creciente utilización de las FFAA en temas de seguridad interior se expande por América Latina, pese a los notables fracasos y a la larga historia de violaciones de los derechos humanos. Primero fue Colombia, le siguió México, Brasil y ahora es el turno de Argentina. La militarización avanza mientras las sociedades se sienten desprotegidas.
El gobierno de Mauricio Macri decidió que las Fuerzas Armadas se desplieguen para proteger objetivos estratégicos en la frontera norte. El presidente anunció la medida el lunes 23 en Campo de Mayo, uno de los mayores cuarteles del país. Como era previsible, la oposición y los organismos de derechos humanos lo criticaron argumentando que se rompe así una tradición nacida luego de la dictadura militar (1976-1983), que provocó la desaparición de 30.000 personas y de la cual las Fuerzas Armadas salieron muy desprestigiadas. Desde ese momento el presupuesto de defensa ha ido en disminución, a tal punto que los 40.000 miembros con los que cuentan en la actualidad, son menos de la mitad de los que tenían cuando entregaron el poder a los civiles hace 35 años. Diversas leyes aprobadas en democracia, como la Ley de Defensa de 1988, la de Seguridad Interna en 1991 y la de Inteligencia en 2001, prohíben expresamente la participación de los militares en el orden interno.
La creciente utilización de las FFAA en temas de seguridad interior se expande por América Latina, pese a los notables fracasos y a la larga historia de violaciones de los derechos humanos. Primero fue Colombia, le siguió México, Brasil y ahora es el turno de Argentina. La militarización avanza mientras las sociedades se sienten desprotegidas.
El gobierno de Mauricio Macri decidió que las Fuerzas Armadas se desplieguen para proteger objetivos estratégicos en la frontera norte. El presidente anunció la medida el lunes 23 en Campo de Mayo, uno de los mayores cuarteles del país. Como era previsible, la oposición y los organismos de derechos humanos lo criticaron argumentando que se rompe así una tradición nacida luego de la dictadura militar (1976-1983), que provocó la desaparición de 30.000 personas y de la cual las Fuerzas Armadas salieron muy desprestigiadas. Desde ese momento el presupuesto de defensa ha ido en disminución, a tal punto que los 40.000 miembros con los que cuentan en la actualidad, son menos de la mitad de los que tenían cuando entregaron el poder a los civiles hace 35 años. Diversas leyes aprobadas en democracia, como la Ley de Defensa de 1988, la de Seguridad Interna en 1991 y la de Inteligencia en 2001, prohíben expresamente la participación de los militares en el orden interno.












