Ejércitos en las calles: El militarismo del S. XXI se prepara para las guerras urbanas

Colectivo Rompere le Righe (Italia)

Por primera vez en la historia, la mayor parte de la población mundial vive en la ciudad [1]. Y gran parte de esta población urbana conoce condiciones de absoluta pobreza. La concentración de estas interminables masas humanas en espacios cada vez más estrechos, con la finalidad de controlarlas y explotarlas mejor [2], ha generalizado las barracópolis en todos los continentes, sin excepción, dando lugar a lo que ha sido definido como «el planeta de las barriadas». Según el informe de la ONU The Challenge of Slums. Global Report on Human Settlements (2003), actualmente casi mil millones de personas viven en barrios de chabolas (una de cada seis personas, si se toma en consideración la entera población mundial, o sea uno de cada tres habitantes de ciudad) y se piensa que este número podría duplicarse para el 2030, de manera que en el mismo informe se habla de una creciente «urbanización de la pobreza».

El Banco Mundial ya había señalado, a finales de los años noventa, las consecuencias de este proceso: «La pobreza urbana llegará a ser el problema más importante y políticamente más explosivo del siglo que viene» [3]. Pero la receta es siempre la misma: Praful Paten, representante del Banco Mundial en el World Urban Forum organizado por ONU-Habitat (agencia de la ONU) en Barcelona en el 2004, mantuvo en aquella ocasión que el comercio internacional y la globalización «en la mayor parte de los casos funcionan».

La militarización de la seguridad nacional: una tendencia que va más allá de los signos políticos

Raul Zibechi

La creciente utilización de las FFAA en temas de seguridad interior se expande por América Latina, pese a los notables fracasos y a la larga historia de violaciones de los derechos humanos. Primero fue Colombia, le siguió México, Brasil y ahora es el turno de Argentina. La militarización avanza mientras las sociedades se sienten desprotegidas.

El gobierno de Mauricio Macri decidió que las Fuerzas Armadas se desplieguen para proteger objetivos estratégicos en la frontera norte. El presidente anunció la medida el lunes 23 en Campo de Mayo, uno de los mayores cuarteles del país. Como era previsible, la oposición y los organismos de derechos humanos lo criticaron argumentando que se rompe así una tradición nacida luego de la dictadura militar (1976-1983), que provocó la desaparición de 30.000 personas y de la cual las Fuerzas Armadas salieron muy desprestigiadas. Desde ese momento el presupuesto de defensa ha ido en disminución, a tal punto que los 40.000 miembros con los que cuentan en la actualidad, son menos de la mitad de los que tenían cuando entregaron el poder a los civiles hace 35 años. Diversas leyes aprobadas en democracia, como la Ley de Defensa de 1988, la de Seguridad Interna en 1991 y la de Inteligencia en 2001, prohíben expresamente la participación de los militares en el orden interno.

Militarización social

Lorcon

Los tiroteos en las escuelas americanas, así como los homicidios, están en constante aumento desde hace treinta años, e incluso se han convertido en tema de debate y de campañas políticas.

Tras la masacre de Parkland, en Florida, nuevamente se ha desencadenado el debate sobre por qué y cómo suceden estos hechos. Se han planteado propuestas de leyes, tanto estatales como federales, que tratan de imponer guardias y policías, nacionales o privados, dentro de los institutos, que impongan el blindado de los edificios, que impidan poseer armas a los menores de 21 años –menos, claro está, si se enrolan en el ejército– o bien se ha puesto el foco en la cuestión de la salud mental. Pero vayamos por partes.

Contra la militarización de la juventud

Internacional de Resistentes a la Guerra

Nuestro Programa Contra la Militarización de la Juventud identifica y desafía las muchas maneras en que los jóvenes del mundo son animados a aceptar el ejército y los valores militares como algo normal y dignos de su apoyo acrítico. La militarización es un proceso que va más allá del reclutamiento abierto; incluye la presencia y la influencia de las fuerzas armadas en la educación, los eventos militares públicos como los desfiles y los videojuegos de temática militar.

Militares al asalto de cargos jerárquicos en el gobierno venezolano. Estudio descriptivo revela quiénes y dónde

Cónvite A.C.

[Nota introductoria de El Libertario: Hemos tomado lo que sigue de un estudio titulado "Nepotismo y Militares en el poder en Venezuela", que fuese elaborado por la Asociación Civil Convite y que en versión completa se encuentra disponible en http://www.mediafire.com/download/881c2c7r6atz5w5/Documento+Final+Ana%CC%81lisis+11072016-2.pdf. Debe advertirse que la información reseñada en esa investigación y que reproducimos aquí corresponde al período de julio 2014 a julio 2015, por lo que están desactualizadas diversas referencias a quienes se desempeñan en determinados cargos, pero ello de ninguna manera invalida la tendencia militarista que denuncia el estudio, pues las designaciones y movimientos en la alta burocracia chavomadursta que han ocurrido desde el período estudiado al presente no han hecho sino afianzar lo descrito.]

De la investigación realizada, se pudo encontrar que durante el período bajo revisión se nombraron 105 militares en diferentes organismos del Estado, siendo casi la totalidad incluidos en el sector de la Administración Pública (98%). En algunos casos la investigación revela como también ocupaban varios cargos dentro de una misma institución po en diferentes organismos.

Venezuela militarizada: firme y a discreción

Norkis Arias
No es secreto que Venezuela sufre una crisis en todos los aspectos sociales y políticos posibles. Aun así, no es un país en guerra. Sin embargo, las calles se han teñido de verde oliva ante la ocupación militar casi omnipresente a lo largo y ancho del territorio. El uniforme y sus rifles amenazantes invaden el espacio civil. La población, lejos de estar intimidada, siente frustración

La cotidianidad es difícil de definir en Venezuela. La rutina se ha colmado de hechos tan atípicos como usuales. Se convierten en costumbre. La delincuencia —aunque a nadie le gusta, excepto a sus perpetradores— es tema repetitivo. Los asesinatos no tienen cara, solo cifras en las estadísticas. Las protestas por alimentos, medicinas, educación de calidad, vivienda y servicios básicos van in crescendo. Sin una razón explícitamente clara, las calles están atiborradas por la Fuerza Armada Nacional, especialmente, los días de manifestación por parte de la oposición. Poco a poco, los castrenses penetran el ámbito de la sociedad civil aunque, en teoría, entre esos dos mundos no hay coexistencia directa posible. Para María Soledad Hernández, historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, esta medida responde a “una política de represión y de cerrar los espacios de disidencia y de salida democrática. La convivencia no existe. Están arrebatando los espacios para plantar injerencia militar donde no la debería haber”. Sí, en vista de que no hay un conflicto bélico.

Se extrema militarización en Venezuela: Juzgan en tribunales castrenses a civiles detenidos en colas por comida

Jhoalys Siverio (Correo del Caroní)

La militarización en Venezuela se acentúa, y no solo por el hecho de que la mayoría de los presidentes de entes públicos procedan del mundo castrense. También se observa en la exagerada presencia de los uniformados para impedir las movilizaciones opositoras y la sistemática vigilancia militar para controlar las colas. Pero es precisamente en las colas por comida, entre algunos otros casos, donde uniformados han aprehendido a civiles por manifestar descontento por alguna situación irregular en la venta, hasta por la misma espera que se extiende por horas indefinidas. No se trata solamente de la detención, justificada o no, sino de las atribuciones tomadas luego, resultando en que civiles son juzgados por tribunales militares, alejándolos de su derecho de ser procesados por un juez natural a la causa.

La militarización de la vida

Anónimo

¿Quién es el responsable? ¿Hay que recordar dónde fueron producidas las bombas de fósforo que quemaron Fallujah, quién entregó las tecnologías informáticas a los servicios secretos del régimen de Assad, de Sisi, quién entrenó a los pilotos que bombardearon Gaza? ¿Hay que recordar cómo se extraen de las profundidades de África el cobalto y el silicio para las chingaderas tecnológicas, de cómo son producidos todos los productos de consumo que se encuentran en los estantes de los supermercados y de los almacenes? ¿Hay que recordar cómo el capitalismo civilizado gestiona sus centenares de campos de trabajo de Bangladesh a México? ¿De dónde vienen la siniestras sombras de los drones que golpean en todo el mundo? ¿De cómo y en el nombre de qué ahogan desde hace años a miles de personas en el Mediterráneo? Entonces díganlo,
¿Quién es responsable?
                                 Anarquistas
                                 Bruselas, 23 de noviembre 2015

Vivimos en un proceso constante de refuerzo de la autoridad, de expansión de ésta. En el momento actual, el último paso que se dio para perfeccionar la dominación, para adaptarla a nuevos medios, está dando sus frutos. No se puede concretar con exactitud el principio de algo en un proceso histórico, pero sí se puede afirmar que este paso cobró fuerza al terminar la II Guerra Mundial, y se afianzó aún más cuando cayó el bloque soviético. Estamos ante el Amanecer (más bien la etapa final del manecer: cuando ya hay un regusto amargo de lo que se nos va a venir encima) de la Era de la globalización, la democracia, la electrónica y, sobretodo, el miedo. Sí, cuando vivimos en un mundo masificado, donde todo vínculo es destrozado, donde somos millones pero nadie conoce a nadie, la soledad atomizada del individuo endeudado posindustrial conduce inevitablemente a un miedo irracionalmente profundo pero construido racionalmente por las nuevas estructuras del Sistema. Este es el miedo a toda acción, el miedo a subvertir la realidad pasiva de la seguridad y la comodidad, el miedo a hacer algo. Nada debe pasar en las calles de las macrociudades del mundo desarrollado, todo debe estar en orden. La mierda debe esconderse, debe ser empujada al mundo colonizado, subdesarrollado: es decir, al mundo que está debajo de la Civilización Occidental, el cual pisotea y llena de sus desechos.

Así va la "eficiencia" castrense: La producción mas baja de SIDOR ha sido bajo mando militar

Nota previa de El Libertario: Ahora que se anuncia la incursión de los uniformados -vía CAMINPEG- en la gestión del sector minero y petrolero, vale la pena escuchar testimonios bien informados que reseñan la funesta gestión de los susodichos al frente de otros ámbitos clave de la economía venezolana.]

Daniela Bottini (Correo del Caroní)

“Las protestas en Sidor siempre han sido por la correcta aplicación de políticas y beneficios, y las apoyamos indiferentemente de la corriente sindical de donde provenga”. Con estas palabras se refirió José Luis Hernández, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss) a la protesta que tuvo lugar el lunes frente al Edificio Administrativo de la empresa.

Opinión - Acabar con PDVSA o ganar tiempo: la creación de CAMIMPEG

Sergio Sáez
Nicolás Maduro, amparado en el Decreto de Emergencia Económica que le autorizó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, arrancó el “Motor de Hidrocarburos”, a máxima “revolución” y sin percatarse que están pasando aceite con lata y todo. La negra humareda los delata.

Ha dado un paso, al parecer en falso, al autorizar la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), mediante Decreto Presidencial Nº2.231 del 10 de febrero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.485 de esa misma fecha(1). La cual fue aprobada su creación en Consejo de Ministros, integrado por 31 ministros y el Vicepresidente Ejecutivo, sin que se produjese al menos la renuncia del ministro del poder popular de Petróleo y Minería y presidente de la empresa de todos los venezolanos, PDVSA, Eulogio Antonio del Pino Díaz, por quitarle atribuciones propias de su ministerio y funciones medulares petroleras claves de la sola incumbencia de la empresa que preside, y pasárselas al ministerio del poder popular para la Defensa, sin competencia alguna manifiesta para desempeñarlas. A menos que decida asimilarse a las Fuerzas Armadas, y Maduro acepte que presida también esta recién creada empresa. Nada raro en este régimen que siempre ha pasado por alto el “conflicto de intereses”

Empresas básicas: Mucha criminalización y militarización, pero delincuencia hace de las suyas

Clavel Rangel
El asesinato del trabajador de Ferrominera Orinoco, Carlos Alberto Contreras, ha dejado al descubierto el grado de vulnerabilidad de las fábricas en contraste con el militarismo ensayado por el Gobierno dentro de las empresas básicas y el refuerzo de las zonas de seguridad para criminalizar las protestas laborales. Aunque el historial de robos dentro de las empresas no es nuevo, es la primera vez que un trabajador muere en el desempeño de sus funciones a causa de la delincuencia.

Trabajadores de Inparques denuncian tratos crueles y militarización

Daniela Mejía

El sindicato de trabajadores del Inparques reclama mayor respeto de las autoridades del instituto, quienes han permitido que se filtren tratos militares en la institución. En rueda de prensa, los trabajadores acusaron con indignación las “desintitucionalización” que ha permitido la nueva directiva de Inparques, quienes a su juicio le dan prioridad a “prácticas y políticas militaristas”.

“Los trabajadores de Inparques nunca se han tenido que someter a entrenamiento militar, nosotros siempre hemos tenido un trato civil, acorde a la misión y visión del instituto que trata de la protección y conservación de los Parques Nacionales y Monumentos Naturales”, manifestó Marlene Sifontes, líder sindical de Inparques.

Infografía: Situación de los pueblos indígenas de Venezuela

Opinión: La militarización de la UNESR

Luis Alberto López
Valencia, 15-04-2015.-

En realidad, el artículo aparecido en el sitio  web de la UNESR, lleva por título: Unesr se une a la Milicia Nacional Bolivariana.  Se hace mención a todos los núcleos, extensiones y estaciones experimentales. Se identifica a la rectora Alejandrina Reyes Páez de formar parte de los que encabezan esta iniciativa. Igualmente, se toma como referente para esta militarización a  los  actuales escenarios  de agresión imperialista de que es objeto Venezuela  y la formación para la defensa integral  y construcción de la soberanía e independencia de nuestra patria:

“Consciente de los actuales escenarios de agresión imperialista, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr), se integra a la Milicia Universitaria Bolivariana, a través de una jornada de inscripción voluntaria que se realiza en todos los núcleos, extensiones y estaciones experimentales, informó Pedro Hutman, director de Desarrollo Estudiantil (DIDES).

Las milicias universitarias iniciarán procesos organizativos y formativos que abarcan áreas socioproductivas, para la defensa integral y construcción de la soberanía e independencia de nuestra Patria. Para integrase a estos cuerpos combatientes universitarios, las y los interesados deben dirigirse a las autoridades de cada núcleo, quienes están responsabilizadas del registro”.
 http://www.unesr.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2457:unesr-se-une-a-la-milicia-nacional-bolivariana&catid=1:latest-news&Itemid=103

Las Milicias son un componente de las Fuerza  Armada Nacional Bolivariana (FANB). Su Comando General cuenta con su propio Estado Mayor. En lo operativo, depende del Comando Estratégico Operacional (CEO), cuya principal función consiste en unificar  los aspectos estratégicos de la FANB.  El artículo 40 de la ley Orgánica de la FAN,  establece que el CEO "es la  organización  militar que planifica y conduce las  operaciones  militares específicas y conjuntas en el marco de un  teatro  de operaciones para la defensa, la cooperación en el  mantenimiento  del orden interno y la participación activa en el  desarrollo  nacional". El CEO, viene a sustituir al CUFAN: Comando Unificado de las Fuerzas Armadas. Operacionalmente, depende del Presidente de la República y, administrativamente, depende del Ministro  de la defensa.

Las Milicias, la conforman dos estratos: 1) la Reserva Nacional (mayormente, militares inactivos) 2) Milicias como tal, integrada por la Milicia Territorial (unidades geográficas)  y los Cuerpos Combatientes (trabajadores de determinada institución – no explica cuál institución, ni tampoco habla de estudiantes. Nótese que especifica: Trabajadores de determinada institución-). Las Milicias, según sus objetivos, se clasifican en: 1) de empleo general: unidades móviles que pueden actuar en un estado en particular. 2) de empleo territorial: para la defensa de una ciudad u objetivo de importancia dentro de un territorio 3) de empleo local: para la defensa de objetivos políticos y económicos de una localidad y para colaborar en el mantenimiento del orden público.

Según la página de las Fuerzas armadas de Venezuela (http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Venezuela): “La Milicia es la figura más antigua de Defensa de la nación que se conoce, cuyo primer origen lo podemos encontrar en los grupos de resistencia indígenas (básicamente de la civilización Caribe y sus descendientes, que se ganaron la fama de ser valientes, astutos y temerarios) que a los largo de los siglo XVI, XVII y XVIII, lucharon contra la dominación colonial española”. Lo que equivale a decir, que Guicaipuro, Terepaima, Paramaconi, entre otros, eran milicianos ¡SUSTO! 

Organización Kuyujani acudió al Ministerio Público a denunciar atropellos de la FANB contra indígenas Ye´kwana y Sanema

Provea:::

El pasado 24.03.2015, representantes de la Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani y de los pueblos Ye´kwana y Sanema de la Cuenca del Caura en el estado Bolívar, acudieron a la sede del Ministerio Público para denunciar atropellos contra indígenas por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y discriminación en el suministro de combustible a las comunidades indígenas por parte de los efectivos castrenses, producidas en el marco de las actividades de minería ilegal en sus territorios ancestrales y que cuentan con la complicidad de efectivos de los militares.

Los representantes de la organización Kuyujani consignaron un escrito ante el despacho de la Fiscal General de la República en el que solicitan investigar los atropellos cometidos por efectivos de la FANB y que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por los indígenas de la zona. Informaron que actualmente se mantiene ejerciendo sus funciones el comandante del Batallón 532 de Infantería de Selva Gianfranco Giordani Leal (Ej.), a pesar de las denuncias formuladas desde el pasado mes de octubre de 2014 por las organizaciones y comunidades indígenas, sobre el irrespeto de este funcionario a los cupos de combustible que deben ser asignados para el desplazamiento de los miembros de las comunidades indígenas y de los constantes atropellos en los cuales ha sido señalado como responsable. Como se recordará, Giordani Leal fue denunciado por presuntamente dirigir la quema de dos viviendas indígenas y propiciar atropellos contra habitantes de El Playon y el Salto Pará “Kuyuwi Sodi” el pasado 18.02.2015, en una situación que generó su retención y la de nueve soldados, por parte de habitantes de estas comunidades indígenas el 19.02.2015.

En un comunicado publicado en febrero de 2015, la organización indígena Kuyujani indicó que desde el año 2006 se ha intensificado la minería ilegal en territorios indígenas, y que los efectivos militares encargados de evitar esta práctica, se han hecho cómplices de la misma mediante el cobro de vacunas para hacer llegar productos y combustible a las zonas mineras.

Los pueblos Ye´kwana y Sanema reiteran las exigencias formuladas en febrero pasado sobre el retiro de los militares de Pie de Salto y del Salto Pará; el desalojo de toda la actividad minera en sus territorios; el respeto a las disposiciones dictadas por PDVSA en materia de combustible; el respeto a las comunidades indígenas del Caura y el reconocimiento de sus derechos sobre los hábitats que ocupan de manera ancestral y tradicional.

Exhortan a las instituciones del Estado a brindar soluciones oportunas a esta problemática y a pesar de mostrar su voluntad de agotar la vía del diálogo,advierten que de no encontrar respuestas tomarán medidas “más drásticas y contundentes” para hacer sentir su voz.

Vídeo: INFANCIA PERDIDA: Niños de frontera. El drama de los pueblos indígenas de La Guajira venezolana

Los equipos de Radio Fe y Alegría Paraguaipoa y Radio Fe y Alegría Maracaibo presentaron el documental “INFANCIA PERDIDA: Niños de frontera” que refleja las violaciones de derechos humanos ocurridas en La Guajira venezolana, a consecuencia de la militarización de los territorios Wayúu y Añú bajo el pretexto de la lucha contra el contrabando.

En el vídeo se registran los testimonios de familiares, amigos, compañeros de clase y docentes del niño Yohander José Escacio Palmar, de 17 años, quien fue asesinado por efectivos del Ejército el pasado 24 de febrero de 2014 en el contexto de un enfrentamiento con personas dedicadas al contrabando de gasolina en el sector Guarero en Paraguaipoa, estado Zulia. Ese día, otras diez personas resultaron heridas de bala en los hechos.

Con el asesinato de Yohander Escacio ya son 16 las muertes violentas registradas en la Guajira venezolana desde que se estableciera en 2010 como distrito militar. Pasado el mediodía de ese 24 de febrero, llegó un grupo de militares a la población de Guarero con la intención de quemar dos carros. Aparentemente este suceso se debía a un ajuste de cuentas entre efectivos del ejército y contrabandistas que se negaban a ceder ante los chantajes de los soldados. Cuando la comunidad salió a impedir la quema de los vehículos, los militares abrieron fuego causando heridas a varias personas, daños materiales y la muerte de Yohander de un disparo en la espalda. Apenas contaba con 17 años de edad. Hasta el momento ninguna fuente oficial se ha pronunciado ni hay detenidos por los hechos.

“No es la primera vez que balas militares apagan la vida de la juventud en La Guajira”

El Comité de Derechos Humanos de La Guajira contabiliza, desde 2010, 3 adolescentes asesinados y otros 16 heridos por las balas de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde 2010 la organización defensora de derechos humanos ha denunciado a miembros de la FANB desplegados en el Distrito Militar Nro. 01, por sus atropellos contra las comunidades Wayúu. Después de 5 años de la creación del Distrito Militar, los pueblos indígenas habitantes de esta región siguen siendo atropellados sistemáticamente. (Con información de Radio Fe y Alegría y Provea)

Venalum busca despedir e intimidar a dirigente sindical con el Sebin

Clavel Rangel

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) intentó entregar este miércoles 25/3 una calificación de despido al director laboral de empresa estatal CVG Venalum, Luis Vásquez. El dirigente responsabilizó al presidente de la estatal, el mayor general Euclides Campos, de intimidar a los trabajadores con la GNB y el servicio de inteligencia. “¿De cuándo acá el Sebin entrega notificaciones de despido? Eso jamás y nunca se ha visto en la historia”, dijo Campos. “Apuntaron con sus pistolas a dos de mis tres hijos pequeños que estaban jugando, por eso responsabilizo a Euclides Campos de lo que le pueda pasar a mi esposa y a mis tres hijos”. 

Vásquez explicó que en marzo la empresa le dio vacaciones y que durante ese período no puede ser calificado por lo tanto no firmó la comunicación. “Ellos alegan faltas injustificadas, pero eso lo demostré porque la empresa me entregó a mi tres justificados de transporte que no pasó ni cubrió la ruta que tengo asignada”.

Para el dirigente la calificación es un intento de la empresa de silenciar a los trabajadores, y en especial a su persona, quien hace una semana denunció que el presidente de la fábrica se aumentó el sueldo. Insistió que para procesos institucionales existen procedimientos reglados. “Para eso es la división de asuntos laborales, esa es quien debe entregar las notificaciones o las calificaciones de despido a los trabajadores, pero en ningún momento, en ningún articulado dice que el Sebin se tengan que prestar para esa marramuncia”.

Intimidación militar

Los acosos del Sebin a los trabajadores se acentuaron en el segundo semestre de 2014 durante la huelga en Sidor que terminó con la detención de tres dirigentes, hoy privados de libertad en la sede de la policía política en San Félix. En el desarrollo de la protesta, un grupo de 14 trabajadores fue calificado de despido con procedimientos similares.

De igual modo, en Venalum más de 100 trabajadores dicen estar en un proceso de calificación por distintas razones. Los dirigentes denunciaron como irregular que dichas notificaciones las estuviera ejecutando la empresa con la GNB y el Sebin.

También en este primer trimestre, los trabajadores de Orinoco Iron denunciaron intimidación de funcionarios activos del Sebin dentro de la planta no sólo limitándoles sino sometiendo al personal a largos interrogatorios bajo la presunción de desestabilización.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) ha denunciado un aumento sistemático de militarización de los espacios civiles.

[Publicado originalmente en el diario Correo del Caroní, 26/3/2015.]

Militarización del trabajo

María Esperanza Hermida

Para los trabajadores, trabajadoras, organizaciones sindicales y comunitarias en Venezuela, la militarización del trabajo y del sindicalismo, en el contexto de la persecución y criminalización de la lucha social, es una de las políticas del gobierno actual. Desde que asumió la Presidencia de la República en el año 2013, Nicolás Maduro ha creado estructuras operacionales para militarizar especialmente la actividad comunitaria y controlar las relaciones laborales. Un ejemplo es que las milicias obreras se incorporaron al proyecto del contrato marco. Sin embargo, no es el único.

Ya desde 2013 se había iniciado este proceso con la creación de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (Redi), mediante el Decreto N° 11 del 22 de abril de 2013 (G. O. N° 40.157). Posteriormente, el 20 de junio de ese año, la Resolución Nº 031 (G.O. Nº 40.193), definió sus Normas de Funcionamiento y después, al conformar las primeras 6 Redi (zona Central, Occidente, Los Llanos, Oriente,  Guayana y la zona Marítima y Espacios Insulares), dijo el Presidente que estas unidades "Deben estar en las calles, en las comunidades, para hacer un Gobierno de calle, para garantizar que todos los planes y proyectos se cumplan con eficiencia".

El 10.12.13, el Presidente creó las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), adscribiéndolas a la circunscripción de las Redi (G.O. 40.312). Las definió como “espacio geográfico delimitado en los cuales el Ejecutivo Nacional efectuará la coordinación, planificación, ejecución y seguimiento de las Políticas Públicas Nacionales, así como, dar cumplimiento eficientemente a los requerimientos de la circunscripción territorial en correspondencia con las funciones establecidas para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana señaladas en las leyes, los reglamentos y otros instrumentos del ordenamiento jurídico vigente.”

Pero para la población y especialmente las organizaciones sindicales e indígenas, el despliegue militar sustentado en las operaciones de las Redi y Zodi lejos de representar alguna garantía para el desarrollo de políticas públicas eficientes, significa violación de derechos civiles, sociales y libertades democráticas. Así lo ha denunciado Marcela Máspero y Servando Carbone, Coordinadores de UNETE.

Un ejemplo de las secuelas negativas que deja la intromisión militar en los asuntos civiles, es su conducta violatoria de la libertad sindical. Así lo demuestra la retención arbitraria de José Bodas, sindicalista petrolero en agosto de 2013 y luego, su detención en febrero de 2014. Otra evidencia es la actuación militar en el conflicto laboral de SIDOR en 2014.

En cuanto a las comunidades indígenas venezolanas la historia reciente reseña varias situaciones de graves violaciones a los derechos humanos, producto de la actuación de las FANB. Prueba de ello es el rechazo público de la organización Kuyujani a las prácticas militares del Redi, en el territorio ancestralmente propiedad ye’kwana y sanema de la cuenca del río Caura, estado Bolívar, y la denuncia de los atropellos sufridos por la población indígena por efecto de tal intromisión.

Resultan altamente preocupantes para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela, los anuncios que desde el comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se hacen frecuentemente y en especial a través de su cuenta en Twitter, @ceofanb, que brinda información sobre las actividades de coordinación desplegada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con los comandantes de las Redi y Zodi.

Los Redi y Zodi, y la actuación de sus funcionarios entre 2013, 2014 y 2015, evidentemente nada tienen que ver con la tensión diplomática que hoy se vive entre USA y Venezuela. Basta recordar las prácticas militares, particularmente de la GNB, durante las protestas por derechos civiles, económicos y sociales de 2013 y 2014. Su objetivo es reprimir la exigencia de derechos humanos, y en especial, reprimir derechos laborales y sindicales.

[Tomado de http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=114404&tipo=COL&idcolum=114.]

Trabajadores de Guayana rechazan orden del patrón estatal de encuadrarse en "milicias antiimperialistas"

Clavel Rangel (diario Correo del Caroní)

La convocatoria de los presidentes del sector aluminio a participar en las milicias para afrontar una posible “invasión” de Estados Unidos ha generado indignación en un sector de la dirigencia sindical.

El secretario general del Sindicato de CVG Alcasa (Sintralcasa), Henry Arias, consideró una “inmoralidad” que el presidente de la Corporación del Aluminio, junto a los titulares de Carbonorca, Venalum y Bauxilum, prometan garantizar la soberanía cuando ni siquiera han garantizado la seguridad a los trabajadores.

“A lo mejor vamos a tener que tener cada uno un fusil pero no para pelear con los gringos, sino para pelear con la delincuencia que está llevando a esa empresa (Alcasa) al desastre, una empresa que tiene récord en robos a trabajadores y a equipos”, dijo Arias.

El secretario general cuestiona que mientras ni una de las convenciones colectivas ha sido homologada y a seis meses de que expiren, ha sido imposible reunirse con el presidente de CVG, Justo Noguera Pietri, “entonces ahora vienen a ofrecer que van a dar un fúsil para defender la revolución”.

“¿Qué vamos a hacer con un fusil? Lo que necesitamos es harina, leche, azúcar, aceite, champú, jabón, café, pollo, carne, todos los productos que están desaparecidos. Necesitamos que los trabajadores salgan de la guardia a dormir y a descansar para venir a cumplir otra guardia, no salir de 11:00 a 7:00 a hacer una cola para comprar algún producto”.

Plan del fracaso
El coordinador nacional del Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase) y secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, tildó de “payasos y títeres” a quienes caigan en lo que, a su parecer es una “emboscada”.

“Quiero decirles que desde ya se están convirtiendo en esquiroles de los trabajadores, en traidores del movimiento de los trabajadores. ¿Qué tiene que ver el Ejército cívico-militar con la producción de hierro? ¿Qué tiene que ver con la producción de aluminio?”.

Y en ese sentido, el secretario del sindicato de Alcasa convocó a quienes participarán en una nueva etapa del Plan Guayana Socialista a que aprovechen y le digan al presidente de CVG que revise los planes industriales.

“No hay manera de explicarle al mundo, ni al Gobierno, ni a Guayana, qué hemos hecho con todos esos recursos que hemos recibido para poner a la empresa CVG Alcasa productiva”.

¿Control obrero?

Arias reconoce que “mucho se ha hecho” pero esto es insuficiente cuando los cargos gerenciales son tomados por políticos. “Muchos hablaron del control obrero, pero en cuanto tuvieron la oportunidad se olvidaron de los trabajadores y asaltaron los cargos gerenciales”, al tiempo que manifestó preocupación porque ahora “quienes hablan de control obrero son los que lo pisotearon en Alcasa”.

De acuerdo al delegado del comité de higiene y seguridad de CVG Venalum, José Amesquita, los trabajadores lo que necesitan son guantes, autobuses, mascarillas e implementos de seguridad.

Para el delegado la implementación del Plan Guayana Socialista, con el que Hugo Chávez aspiraba transformar los procesos de producción, lo que se hizo “fue entregar la llave a la FBT (Fuerza Bolivariana de Trabajadores), al clan guaro, y con ello a crear cupos de cabilla, comento, aluminio, eso fue lo que realmente se instaló”.

[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/laboral/item/28688-califican-de-inmoral-llamado-de-presidentes-de-empresas-basicas-a-conformacion-de-milicias.]

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz rechaza la aprobación de la Resolución No. 008610 por parte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social que defiende y promueve los derechos humanos en Venezuela desde hace 30 años, manifiesta su preocupación por la reciente aprobación por parte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de la Resolución No. 008610 publicada en Gaceta Oficial No. 40.589, con fecha de 27 de enero de 2015 que establece las “Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.

Esta resolución a nuestro juicio, viola el artículo 329 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ya que otorga el ejercicio de funciones de control de orden público al Ejército, la Aviación y la Armada.

Así mismo, resulta ambigua la definición que establece la resolución en el numeral 7 del Artículo 22 sobre “violencia mortal[1]” ya que en el numeral 9 del artículo 15 de la misma resolución se establece que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “no portará ni usará armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas”, ¿cómo va a usar armas si no las porta? ¿Las llevarán ocultas? El mal  uso del arma de fuego puede poner en riesgo la garantía y el respeto de los derechos humanos de quienes participan en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas. De acuerdo a nuestra Constitución, en su artículo 68, “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.