Jhoalys Siverio (diario
Correo del Caroní)
Diputados del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB) reconocen el desastre en torno a la explotación aurífera al sur de la entidad; una situación que combina minería ilegal, corrupción militar y presencia de grupos armados que aterrorizan a pobladores e indígenas. Los legisladores instan que la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Mineral Lícita en la Región de Guayana atienda con carácter de urgencia este caso. El gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, a quien el diputado Rachid Yasbek responsabilizó por la impunidad y desbarajuste en el sector minero, dijo este martes que se trabaja arduamente para desmantelar a las bandas que están, por cierto, bien armadas.
El 15 de julio de 2014 el Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB) sancionó la reforma de la Ley de Minas del estado Bolívar, orientada a regular la explotación de los minerales no metálicos no reservados al Gobierno nacional, lo cual confiere al ejecutivo regional la administración de estos recursos con competencia exclusiva. Aun cuando la regulación de la explotación aurífera compete al Estado, desde el CLEB se discute la aprobación del proyecto de Ley de Pequeña Minería y Protección Ambiental, a ser consignada ante la Asamblea Nacional para su sanción, informó el diputado Luis Gámez, presidente de la comisión de Minas del Consejo Legislativo.
La diputada Nelly Frederick recordó que dicha ley tiene por objeto el resguardo al medio ambiente, enfocándose en el control de la actividad minera en zonas de protección ambiental. Aseguró que desde la comisión han tenido avances en la discusión de dicho reglamento, aspirando su aprobación en los próximos meses; Gámez estima que a mediados de julio culminen con las discusiones de la ley.
Si bien no es nueva la situación de los enfrentamientos entre bandas en el sur de la entidad, los diputados del CLEB admiten el incremento en el desorden en la actividad minera en la región, llevándola a un estado crítico. “Los miembros de la comisión de Minas hemos viajado al sur del estado y la situación es totalmente caótica. Está fuera de control, generando muertes y enfrentamientos. Si el Gobierno no hace un esfuerzo, se estaría esperando un desastre humano”, manifestó Frederick.
No a la violencia
El presidente de la comisión de minas destacó que la ley no busca imposibilitar el trabajo de los mineros artesanales, sino frenar la explotación cerca de urbes y ríos, que pongan en riesgo al medio ambiente. No obstante, agregó que también “nos oponemos a que el Gobierno trate de impedirlo con violencia”. Gámez acotó que para el sector indígena, que se sustenta de la explotación de estos recursos, no existe el ofrecimiento de una alternativa por parte del Gobierno, por lo que considera necesario estudiar las propuestas entre las partes. Sobre este respecto mencionó que han mantenido reuniones con pequeños mineros para discutir sobre dicha reglamentación, quienes “han tenido mucha receptividad para estudiar nuestra propuesta”. Esto incluye igualmente la delimitación de las zonas para la explotación aurífera, aún sin concretar.
Plan en ejecución
Por su parte, el diputado y miembro principal de la comisión de Minas del CLEB, Aldrin Torres, pese a negar una discusión en el parlamento sobre el tema de la minería, alegó que “no tenemos facultad para legislar en esa materia”. Desconoció el debate de la Ley de Pequeña Minería y Protección Ambiental, pero admitió la existencia de irregularidades en el ejercicio de esta actividad en el estado Bolívar.
“Debemos ayudar a que exista una propuesta para el orden de la actividad minera en armonía con el medio ambiente. Para eso hay una decisión del Ejecutivo nacional en función de las áreas a explotar. Estamos conscientes de que hay un desorden en la actividad a pequeña escala y hay que poner orden en eso”, declaró Torres, aseverando que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “está cumpliendo con su deber de garantizar el orden en el sur”. En este sentido, Torres insiste en que la FANB está dedicada a “limpiar” la actividad minera ilegal, especialmente cerca de las cuencas, por poner en riesgo el medio ambiente las centrales hidroeléctricas.
Fugas auríferas
El diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar, Rachid Yasbek, responsabilizó el pasado lunes al gobierno regional y nacional por la falta de control sobre la minería en la región, destacando que “el oro se sigue explotando pero las reservas no van para nuestro país”.
El diputado Aldrin Torres coincide en que de la extracción minera, “el producto final no está llegando a las reservas del Estado... eso hay que discutirlo”, planteando la certificación del origen de los fondos de los compradores de oro en el sur. Sobre la falta de control por parte del Estado para impedir la fuga de estas reservas auríferas, Torres defendió la instalación de la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera Lícita en la Región de Guayana, de lo cual solo afirma que “el plan está en ejecución”.
[Tomado de
http://www.correodelcaroni.com/index.php/politica/item/28262-diputados-del-cleb-admiten-desorden-en-actividad-minera.]
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