Redacción
Como salida inmediata a la situación de grave riesgo que ahora afecta al medio ambiente y a las etnias aborigenes de la cuenca hidrográfica del río Caura en el estado Bolívar, ha surgido la demanda de convertir la Reserva Forestal El Caura en Parque Nacional, propuesta que tendría el propósito de erradicar la explotación ilegal de recursos, conservar los ecosistemas de alto valor ecológico ambiental y limitar el daño que se está causando a las 53 comunidades indígenas asentadas en la región. Problemas sanitarios, criminalidad, deforestación, ocupación de territorios originarios y la fuga de especies biológicas, son algunas de las consecuencias que están presentes y se expanden en dicha zona. La causa; la minería ilegal. Al menos 3.500 personas viven en peligro y están siendo despojados de su dignidad.
Como salida inmediata a la situación de grave riesgo que ahora afecta al medio ambiente y a las etnias aborigenes de la cuenca hidrográfica del río Caura en el estado Bolívar, ha surgido la demanda de convertir la Reserva Forestal El Caura en Parque Nacional, propuesta que tendría el propósito de erradicar la explotación ilegal de recursos, conservar los ecosistemas de alto valor ecológico ambiental y limitar el daño que se está causando a las 53 comunidades indígenas asentadas en la región. Problemas sanitarios, criminalidad, deforestación, ocupación de territorios originarios y la fuga de especies biológicas, son algunas de las consecuencias que están presentes y se expanden en dicha zona. La causa; la minería ilegal. Al menos 3.500 personas viven en peligro y están siendo despojados de su dignidad.
Clemente Nesi, representante de quienes promueven la iniciativa, en declaración al diario oficialista Correo del Orinoco, denunció que la amenaza aumenta día a día. “Hay muchas personas sufriendo enfermedades crónicas, cólera, paludismo, dengue”, producto de los daños ambientales. “Al transformar la figura legal de la reserva en parque, se establecen nuevos reglamentos, leyes y acciones que ayudarían a la conservación del área”, agregó.
Nesi explicó que integrantes de las etnias Yekuana y Sanema se unieron para exigir al gobierno la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con fecha 14 de mayo del 2014. Esta sentencia establece la recategorización de la Reserva, ordena la paralización de las actividades de explotación o aprovechamiento de las áreas e insta al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas a recuperar las zonas afectadas entre otras acciones dentro de las leyes ambientales vigentes.
Es imprescindible hacer la salvedad en cuanto a que otros voceros indígenas han expresado su rechazo a la mencionada sentencia del TSJ (véase http://periodicoellibertario.blogspot.com/search/label/Caura), pues entienden que si la zona es declarada Reserva Forestal o Parque Nacional, las etnias que allí habitan pierden sus derechos ancestrales de ocupación, posesión y uso, pues deben someterse a las legislaciones del caso y no pueden reclamar que se les haga la demarcación colectiva correspondiente para los territorios donde siempre se han asentado, en lo que es la lucha estratégica por excelencia de estos pueblos hoy en Venezuela. Por lo tanto, genera su cuota de suspicacia que aparezca este pedido de aplicar el dictamen judicial y que sea difundido a través de medios progubernamentales.
Daños ambientales
José Galatro, miembro del Centro Conservacionista San Pedro, sostuvo que pese a la explotación de la zona, la Reserva Forestal El Caura es de momento la cuenca hidrográfica menos intervenida del continente americano. "Si se constituye en Parque Nacional este sería el más grande de América con una área extensa de más de 5 millones de hectáreas, contando con una alta biodiversidad, además de “un gran endemismo, con el reporte de especies únicas al resto del mundo”, comentó.
Pero C. Nesi se lamenta: “Millones de árboles han muerto, se han secado muchos ríos y nacientes de agua dulce, nuestro territorio está siendo violentado”. De lo que se dice en este y otros testimonios, queda claro que muchos de los mineros provienen de Brasil y Colombia, ocupándose de extraer oro, diamantes y coltán (oro azul), mineral muy apreciado en la industria electrónica, con técnicas del más brutal impacto sobre el entorno. Por supuesto, tal ecocidio no sería posible sin la inacción -resultado de complicidades e inutilidad - de los agentes civiles y militares del Estado venezolano allí, justamente una de las áreas más boscosas e importantes del planeta, por su alta producción hídrica y recursos biológicos.
En ese habitual estilo demagógico de lanzar esperanzadoras promesas de solución que después se quedan para las proclamas con sello oficial y los discursos desde Caracas, allá por 2010 el gobierno decretó su grandilocuente Plan Caura, con el cual se iban a "recuperar los territorios devastados por la minería ilegal en los ríos Caura, Caroní y La Paragua, en el estado Bolívar; abarcando áreas de la seguridad y defensa territorial, ambiental, geográfico y social." Tal vez hubiese sido mejor que no se anunciase nada, pues desde que está en vigencia el susodicho Plan, las cosas han ido empeorando en aquellos espacios.
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