De los 26 millones de habitantes de Venezuela, un 2,2% lo constituyen 47 pueblos indígenas. La Constitución de 1999 reconoció por primera vez el carácter multiétnico y pluricultural del país, incluyó un capítulo especialmente dedicado a los derechos indígenas y abrió espacios para su participación política a nivel nacional, estadal y municipal. En 2001 entró en vigor la Ley Orgánica de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas; en 2002 se ratificó el convenio 169 de la OIT; en 2005 la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas desarrolló y consolidó ampliamente este marco de derechos.
Movimiento indígena
Las organizaciones indígenas dejaron de lado su agenda de luchas por la reivindicación de derechos y se encuentran desmovilizadas y desarticuladas. Sus líderes pasaron a ocupar cargos en los poderes del Estado, asumiendo la línea gubernamental. Luego de una década, la falta de avances concretos en la implementación de políticas públicas efectivas ha generado descontento en las bases, en el seno del movimiento indígena y entre sus propios dirigentes. Esta situación fue discutida en mayo de 2009 por el Consejo Nacional Indio de Venezuela - CONIVE, en una reunión donde reconocieron que: "Durante los 10 años siguientes a la aprobación de la Constitución Bolivariana, el Movimiento Indígena ha mantenido un apoyo sostenido a los procesos de cambio desde sus propios espacios organizativos y desde los cargos ocupados por los líderes indígenas en el Gobierno Nacional y en los Gobiernos Regionales y Locales". A pesar de la ganancia que representan esos espacios políticos, el Movimiento Indígena está desmovilizado, sin agenda de luchas concretas, con escasa independencia, fracturado, dividido y en algunos casos enfrentado.
El proceso de demarcación de tierras indígenas se encuentra prácticamente paralizado, evidenciando la falta de voluntad política del Gobierno para responder a esta importante demanda. Los criterios seguidos por la Comisión Nacional de Demarcación (CND) restringen los derechos indígenas, al obviar las autodemarcaciones, emitir títulos correspondientes a parcelas por comunidades sin reconocer el territorio integral por pueblos, y aceptando los derechos de terceros terratenientes, concesionarios mineros y madereros, por encima del derecho ancestral indígena. En los Edos. Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, entidades con mayor población y diversidad indígena, el avance ha sido prácticamente nulo. Entre 2005 y 2009 se han otorgado 40 títulos de propiedad colectiva, por un total de 1.000.516 hectáreas, beneficiando a 73 comunidades, lo que representa el 3% de las 2.295 comunidades indígenas del país. A un promedio de 14,6 comunidades tituladas por año, la demarcación podría demorar unos 150 años en completarse.
El 12 de octubre de 2009, el ejecutivo nacional entregó cuatro títulos de propiedad colectiva de tierras, uno de ellos a la comunidad Palital del pueblo Kari´ña (Edo. Anzoátegui), con una superficie desconocida. El 23 de octubre, el cacique de dicha comunidad José Luis León, consignó un documento sobre las irregularidades que presenta el "Título de Propiedad". Su denuncia se resume en tres puntos: 1. No se respetaron las poligonales aprobadas en asamblea comunitaria y acordadas con la Comisión Regional de Demarcación; 2. Se reconocen los derechos de terceros dentro de la zona demarcada; 3. Denuncia directamente a Sergio Rodríguez, Viceministro de Ordenación del Territorio del Ministerio del Ambiente, como responsable de estas irregularidades. Finalmente, se solicita "al Poder Ejecutivo, a la Defensa Pública, a la Defensoría del Pueblo, y al Tribunal Supremo de Justicia, dentro de sus competencias, tomar las medidas administrativas o judiciales, a los fines de que sea revisado el contenido del documento reflejado en el título". A raíz de sus denuncias, León ha sido objeto de hostigamiento por parte de la Guardia Nacional.
La falta de garantías sobre sus territorios permite, por ejemplo, la invasión de tierras del pueblo Pemón en Santa Elena de Uairén (Edo. Bolívar), por parte de unos 300 ocupantes auspiciados por autoridades municipales, que concedieron permisos provisionales de ocupación. Esta situación irregular ocasionó un conflicto de propiedad, que terminó en el enfrentamiento entre indígenas e invasores en octubre de 2009.
Caso Yukpa
Desplazados por ganaderos desde el pie de monte hacia la Sierra de Perijá (Edo. Zulia), los Yukpa iniciaron la recuperación de sus tierras en los años 70 mediante la ocupación de haciendas. Desde entonces han sido víctimas de hostigamiento de los ganaderos -con apoyo de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares- , con el propósito de expulsarlos de las tierras que han venido recuperando. Sin embargo "el conflicto no se limita al enfrentamiento entre ganaderos e indígenas, pues en la sierra también están campesinos con parcelas relativamente pequeñas, refugiados colombianos, guerrilleros y paramilitares que cruzan la frontera sin mayor dificultad", así como la amenaza, aun latente, de proyectos de explotación de carbón y otros minerales. En el 2008 el conflicto se agudizó, los Yukpa ocuparon varias haciendas y los ganaderos, por intermedio de grupos armados irregulares, amenazaron y agredieron a miembros de varias comunidades. El Ejército y la Guardia Nacional intervinieron la zona, amedrentando a los indígenas, especialmente al Cacique Sabino Romero, su familia y demás miembros de la comunidad de Chaktapa.
A raíz de esta situación, el 24/08/2008 el presidente Chávez declaró: "que nadie tenga duda: entre los hacendados y los indios, este Gobierno está con los indios. ¡Justicia para los indios! ¡Tierra para los indios!", y el 12/10 de ese año anunció el "Plan Integral Yukpa" que contempla la ejecución de 34 proyectos, incluye recursos para el proceso de demarcación de tierras, e involucra a 10 ministerios. Según el Observatorio de Derechos Indígenas, en la práctica, la implementación del Plan se ha caracterizado por la falta de adecuación cultural, imposición de proyectos sin consulta previa y debidamente informada, y exclusión de las autoridades tradicionales Yukpa en la toma de decisiones; lo que ha devenido en procesos de asimilación forzosa, conflictos internos y divisiones. La demarcación del territorio Yukpa se inició en noviembre de 2008, pero la Comisión Regional de Demarcación del Edo. Zulia excluyó a los indígenas del proceso y el acceso a la información, y desconoció la autodemarcación consignada por los Yukpa en el 2004.
El 10/3/2009 se celebró el Encuentro Nacional por la Demarcación de las Tierras Yukpa-Barí, convocado por la Sociedad Homo et Natura, donde campesinos, ganaderos e indígenas acordaron la resolución pacífica de diferencias y conflictos. Lamentablemente, no asistieron representantes de la CND. La Asociación de Ganaderos de Machiques y el Frente Revolucionario de Campesinos, convinieron en retirarse de las tierras indígenas, siempre que el gobierno cumpla con la debida indemnización y pago oportuno de los bienes. El 12 de octubre se entregaron títulos de propiedad colectiva a tres sectores del pueblo Yukpa: Tinacoa, Aroy y Shirapta, beneficiando a 33 comunidades. Restan cuatro sectores: Toromo, Neremü, Khasmera y Tokuko, cuyos caciques rechazaron la propuesta gubernamental por considerar que les están quitando territorio, y porque quieren una sola demarcación de todo el territorio yukpa.
Criminalización del cacique Sabino Romero
El clima de tensión generado en torno al proceso de demarcación de tierras yukpa, derivó el 13/10/2009 en un enfrentamiento entre las familias de los caciques Olegario Romero de la comunidad Guamopamocha, y Sabino Romero de la comunidad Chaktapa, en el que resultaron dos muertos y tres heridos, entre estos el cacique Sabino Romero. Al día siguiente, miembros de grupos sociales aliados lo trasladaron al Hospital Coromoto de Maracaibo, poco después un contingente militar, sin presentar ninguna orden judicial, lo trasladó al Hospital Militar de Maracaibo. Allí permaneció incomunicado hasta el día 16, cuando gracias a la presión de los Yukpa y grupos aliados, Sabino logró hablar con sus abogados.
El día 21 fue trasladado a la 1ª División de Infantería en Maracaibo y dos días más tarde fue presentado junto a Alexander Fernández (detenido el 15 en Machiques) ante los tribunales. Al día siguiente la Jueza Judith Rojas ordenó la privación preventiva de libertad de los imputados por los delitos de homicidio, agavillamiento en perjuicio del Estado venezolano, robo de ganado y lesiones. Se declaró sin lugar el conflicto de competencia presentado por los abogados defensores a favor de la jurisdicción indígena. Desde entonces están incomunicados y detenidos en el Fuerte Militar Macoa en Machiques, en condiciones violatorias de los derechos humanos. Sabino Romero teme que existe un plan para generar una matriz de opinión que lo vincule a grupos violentos ligados al narcotráfico y para asesinarlo a través de un simulacro de fuga.
Minería en el alto Caura
La cuenca del río Caura (Edo. Bolívar) es una de las zonas más prístina y biológicamente intactas de Venezuela, abarca 4,5 millones de hectáreas de bosque húmedo tropical y es única por su megadiversidad biológica, su diversidad cultural y su alta producción hídrica. Desde el 2006, las invasiones de mineros de oro ilegales están destruyendo ecosistemas y afectando a las comunidades indígenas Ye´kuana, Sánema y Hoti. Según la antropóloga Nalúa Silva de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), muchos de estos mineros se movilizaron desde el área de La Paragua tras los desalojos practicados por el gobierno en 2006, y desde Brasil, luego del reconocimiento de las tierras indígenas de "Raposa Serra do Sol". En la cuenca del Caura recaen 5 figuras de protección ambiental, y tierras ancestrales que fueron autodemarcadas hace años y continúan a la espera del título de propiedad colectiva. La organización indígena Kuyujani, así como representantes de ONG ambientalistas y de la UNEG, vienen denunciando desplazamiento de comunidades, destrucción de ecosistemas y complicidad de los militares encargados de resguardar la zona, sin que el gobierno nacional aplique medidas efectivas y sostenidas en el tiempo para impedir los graves impactos en las comunidades indígenas y el ambiente.
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