Javier
Bastardo
La
situación penitenciaria en la República Bolivariana de Venezuela se
ha etiquetado por su carácter controversial. Aún con la creación
de un Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario
(MPPSP), hasta la fecha representado de manera perenne por María
Iris Varela Rangel, y más allá de los dieciocho años de gobierno
“Socialista del Siglo XXI”, el problema de las cárceles en
Venezuela continúa agravándose. Esto no es más que el resultado a
esperar, tomando en cuenta el sistema de gobierno socio-económico
establecido en el país donde la red penitenciaria es usada como una
herramienta de opresión sin más objetivos, lo que conlleva a una
necesaria crítica fuera de los parámetros establecidos.
Las
cárceles no fueron concebidas como la institución de castigo del
estado. Estas aparecen como una manera de asegurar al trasgresor
hasta tanto se estableciese y luego efectuase la pena. La prisión
fue creada como una medida procesal y no como una instancia
correccional por la sociedad. El pasado año 2015 el Observatorio
Venezolano de Prisiones (OVP) presentó su informe del año 2014
sobre la situación penitenciaria en el país. De acuerdo con los
datos obtenidos, existen 51076 personas recluidas entre 51 recintos
penitenciarios, los cuales tienen una capacidad instalada para 19000
personas, lo que se traduciría a un hacinamiento del 170%. En ese
mismo año se contabilizaron 309 muertes dentro de estos recintos.
Entre los años 1999 y 2013 han muerto 6163 internos y otros 16208
resultaron heridos. Desde la creación del MPPSP el 26 de julio de
2011 hasta el 31 de diciembre de 2013 han muerto 1313 internos y
resultaron heridos 2149.
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