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domingo, 3 de noviembre de 2019

Honduras: Zona campesina rompe con el Estado e inicia ruta de autogobierno (video)



hch.tv
 
[Nota previa de El Libertario: Para quienes creen que las vías libertarias de autogestión, solidaridad y ayuda mutua son ensoñaciones quiméricas de teóricos europeos del S. XIX sin nada que ver con la realidad contemporánea latinoamericana, aquí les va el caso concreto de un area de la frontera entre Honduras y El Salvador donde en octubre de 2019 la población -que no tiene ni idea de quiénes fueron Bakunin, Kropotkin o Malatesta- ha optado por la acción directa colectiva para sustituir al Estado, autogobernanrse y seguir el sendero del apoyo mutuo para enfrentar sus problemas, necesidades y aspiraciones. Ciertamente no esgrimen la simbología de la bandera negra y la A dentro del círculo, pero están poniendo en práctica lo verdaderamente importante de las propuestas anarquistas.]

Los pobladores de Nahuaterique en Santa Elena en el departamento de La Paz emitieron una declaración de Autogobierno Lenca donde aplicaran sus propias leyes, además piden ser independizados como municipio.

sábado, 4 de marzo de 2017

Un amigo de El Libertario recuerda a Berta Cáceres



Alirio Martínez

* Hoy escribí este texto, que refleja mi indignación ante la muerte de Berta Cáceres ocurrida hace un año en Honduras, asesinada por sicarios, aunque el gobierno de ese país en estos días asomó la tesis de muerte pasional. Son unos hijos de puta. La escuché hablar en un evento en Bolivia donde participé sobre la protección de la amazonia.

Las formas y mecanismos utilizados por los grupos de sicarios y paramilitares que asesinan a dirigentes sociales en Colombia y Honduras son diferentes. Lo que los une y donde se borran las diferencias, son en las victimas seleccionadas, en la oscura presencia de intereses de poder detrás de esos asesinatos y en la conducta ambigua, lenta y sospechosa de las instituciones del Estado como lo son los tribunales, jueces, aparatos policiales y miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Algo huele mal en Dinamarca.

sábado, 5 de marzo de 2016

Berta Cáceres y las balas del terror



Carlos Solero

En Honduras ha sido asesinada por sicarios funcionales al Estado y de las corporaciones capitalistas transnacionales Berta Cáceres.

Según las agencias contrainformativas: La coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh),  Berta Cáceres, fue abatida a balazos en la madrugada del jueves 3 de marzo por parte de sujetos desconocidos.

La corresponsal del canal  TeleSUR en Honduras, Gilda Silvestruci, confirmó que a la luchadora social  hondureña la asesinaron durante la madrugada en el interior de su vivienda ubicada en la región La Esperanza, en el departamento del Intibucá ubicada en la franja sud-occidental del país.

Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y de movimientos campesinos, además era defensora de los derechos humanos.

Este crimen de Estado forma parte del despliegue represivo contra los pueblos y comunidades originarias en toda Latinoamérica, territorios como los de Paraguay, Perú, Chile y la Argentina son escenarios de permanentes ataques indígenas y campesinos.
Vale recordar los acontecimientos de Formosa, la Patagonia bajo dominio de los Estados argentino y chileno, o de las matanzas en Perú por parte de esbirros al servicio de empresas mineras y petroleras.

Uno de los últimos conflictos en los que intervino Berta Cáceres era para impedir la construcción de una represa hidroeléctrica que afectaba de modo letal a pobladores rurales. El gobierno hondureño hizo caso omiso a los reclamos y protestas de los pobladores afectados y ahora asesinaron a una de las referentes de la lucha.

Esto demuestra que el avance del capital y sus asociados gubernamentales no se detiene y las luchas sociales tampoco.

viernes, 4 de marzo de 2016

Honduras: Indignación internacional por el asesinato de Berta Cáceres



María Rosas


La luchadora ambientalista Berta Cáceres, quien recibió el Premio Goldman en 2015, había dedicado sus últimos días a denunciar una serie de asesinatos políticos y amenazas a miembros de su comunidad, por la amenaza de construcción de hidroeléctrica.

La madrugada del jueves 3 de marzo, fue encontrada sin vida la principal fundadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres Flores, que durante más de 20 años dedicó sus esfuerzos en defender los derechos de la comunidad Lenca. Junto con diferentes organizaciones de mujeres, también destacó encabezando las movilizaciones contra el golpe de Estado al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya en 2009.

Desde muy tempranas horas la noticia causó un gran impacto nacional e internacional, que obligó a miembros de seguridad en Tegucigalpa a dar las primeras declaraciones. Julián Pacheco, ministro de Seguridad declaró que, aunque había una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida de la activista indígena, ella no había reportado el cambio de residencia en La Esperanza y, que por lo tanto, sólo contaba con un patrullaje cuando ella misma lo solicitaba, mismo que era reforzado cuando salía a otras regiones del país.

Aunque las mismas autoridades han mencionado que se encuentra un equipo de inteligencia y de seguridad trabajando en la zona para dar con los responsables del asesinato, algunos miembros de la policía ya empiezan a adelantar declaraciones y, han mencionado que el asesinato de Berta se debió a un intento de robo en su domicilio.

Mientras tanto, dirigentes obreros y populares han manifestado su repudio al asesinato de Berta Cáceres. “La policía dice que fue por robarle, pero es un crimen político de este gobierno. La única información que da la policía, es que entraron a la casa por la parte de atrás y le dieron dos disparos, pero todos sabemos que la mataron por su lucha”, declaró Carlos H. Reyes, dirigente sindical y del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

La defensa de un río es la causa principal de este asesinato político. La madre de la activista, Berta Flores, ha manifestado que aunque había medidas cautelares dictadas por la CIDH para su hija, en el sentido estricto no recibía protección del Estado por la presión de las autoridades que defienden a las mineras y empresas hidroeléctricas.

El último grito

La última defensa que emprendió Cáceres fue la lucha por la defensa del río Gualcarque, ubicado en el departamento de Santa Bárbara al noroeste de Honduras, donde se habían destinado por lo menos 35 millones de dólares para la construcción de un proyecto hidroeléctrico en la que participaban principalmente el Fondo de Desarrollo de los Países Bajos FMO-Banco Holandés, el Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd, el FINNFUND de Filandia, el Banco Centroaméricano de Integración Económica, las empresas Siemens y VoithHydro de Alemania, entre otros. El objetivo sigue siendo el mismo que han mantenido durante décadas y es claro; dejar sin agua a cientos de nativos lenca, la etnia a la que pertenecía Berta Cáseres.

Berta Flores relató para distintos medios, que su hija había mantenido fuertes altercados en días recientes con militares que se encuentran resguardando la construcción de la represa en el río, pero que a manera de antecedentes también denunció las amenazas de muerte que había recibido, al igual que algunos de sus familiares y compañeros de su comunidad.

La lista de asesinatos políticos es larga

En Honduras entre los años 2002 y 2014 se registraron 111 asesinatos de activistas ambientales y, que junto a la violencia que se vive en el país se registran 13 muertes diarias según fuentes oficiales.

Al cierre de esta nota, son cientos de personalidades, de intelectuales, activistas, organizaciones sociales y sindicales, así como defensores de los derechos humanos e incluso algunos mandatarios latinoamericanos, quienes se han pronunciado por medio de declaraciones o en diferentes redes sociales, repudiando el asesinato de Berta Cáceres. Al medio día, cientos de medios de comunicación acompañaron el traslado del cuerpo de Berta Cáceres a una de las morgues del Ministerio Público en Tegucigalpa, en donde a petición de sus familiares, se realizaría la autopsia.

Centenares de personas en Honduras se manifestaron en las calles por la tarde de este jueves, y hasta la noche que el cuerpo de la activista fuera velado en las instalaciones del partido Libre en la capital hondureña para después trasladarlo a La Esperanza, en el departamento de Intibucá de donde es originaria.

Mientras el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) fue convocado por el presidente Juan Orlando Hernández en carácter de urgente, en redes sociales empiezan a circular algunas convocatorias de movilización en varios países, para condenar y repudiar el asesinato de quien -como se lee en una nota de la BBC- fuera la hondureña que le torció la mano al Banco Mundial, dedicando gran parte de su vida a la defensa de los recursos naturales, así como por rechazar fuertemente la creación de bases militares estadounidenses en el territorio Lenca.

Con información de la BBC / Nación



jueves, 18 de febrero de 2016

REDLAMYC llama al Estado Hondureño a frenar las acciones de limpieza social en contra de niñas, niños y jóvenes pobres


Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

En menos de una semana sucedieron dos​ ​masacres en Tegucigalpa, Honduras donde ​adolescentes y jóvenes fueron las principales víctimas mortales: Sara (16), Dulce (13), Ana (14), Luis (15), Francisco y Noé (16). Estos hechos dan cuenta de que en los barrios marginados se vive una epidemia de homicidios sustentados en la discriminación, la violencia​ generalizada​ y la criminalización de niñas, niños y jóvenes​ pobres. Las altas tasas de homicidios y los hechos violentos muestran la fragilidad del Estado de Honduras y sus Instituciones para garantizar el derecho a la vida y la integridad de sus ciudadanas y ciudadanos.


Las organizaciones que conformamos la @Redlamyc Red Latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizamos un l​lama​do​ urgente al Estado​ Hondureño a​ reconocer​ esta epidemia de homicidios y violencia​, para realizar acciones institucionales contundentes que permitan frenar la violencia armada generalizada ​en el país.      
     
De acuerdo con la información de Casa Alianza, esta es la sexta masacre que se registra en lo que va de 2016, al menos 81 niños y jóvenes son asesinados mensualmente en el país y más del 98% de los crímenes quedan en la total impunidad.

Observamos con preocupación la presunta existencia​ y crecimiento​ de “escuadrones de exterminio”​ que atacan a niñas, niños y adolescentes de barrios con altos niveles de exclusión social y la ausencia de acciones de protección estatal. Es urgente investigar estos hechos y deslindar responsabilidades de las autoridades y cuerpos de seguridad. En América Latina generalmente estos grupos armados no estatales han operado en impunidad por su relación directa o en complicidad con agentes del Estado. Brasil, Colombia,​ Guatemala, El Salvador y Honduras han dejado muchos aprendizajes sobre los grupos de exterminio; sería muy lamentable que el Estado Hondureño permita su resurgimiento.

Cifras de CEPAL indican que el 78.2% de las niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 14 años vivían en situación de pobreza este país en 2010.[1] En Honduras (2012) la tasa de mortalidad por homicidio de niñas, niños y adolescentes de 0 a 19 años de edad fue de 13 (por cada 100 mil habitantes), esta cifra es tres veces más alta que el promedio de la tasa a nivel mundial (4 por cada 100 mil).[2]

Recordamos al Estado Hondureño su compromiso internacional para frenar la violencia y​ los diversos llamados realizados por organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CRC-ONU por sus siglas en inglés) quien en junio de 2015 manifestó su preocupación por la situación y emitió las siguientes preocupaciones y recomendaciones[3]:

“Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo

29. El Comité sigue profundamente preocupado sobre:

a) El incremento durante el periodo objeto del informe de las tasas de violencia, homicidios y femicidios en Honduras, considerado como uno de los países más violentos del mundo que no se encuentra en una situación de conflicto y que el hecho de que la mitad de las personas asesinadas son adolescentes y jóvenes, la mayoría víctimas de armas de fuego;

b) Los numerosos casos reportados de ejecuciones extrajudiciales y el reducido número de investigaciones, enjuiciamientos y sentencias impuestas en casos de muertes violentas de niños.

El Comité recomienda al Estado Parte:

a) Fortalecer las medidas para investigar, enjuiciar y sancionar los casos de muertes y ejecuciones extrajudiciales de niños, incluyendo la supervisión del 11 rendimiento de la policía y las instituciones judiciales, y la facilitación de información detallada sobre el estado y resultado de estos procesos en el próximo informe periódico;

b) Aplicar prontamente la Política Nacional de Prevención de la Violencia contra Niños y Jóvenes, la Política de Protección Social y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos;

c) Proceder sin dilación en la aprobación del proyecto de Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares.”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2014 destacó su preocupación por la situación de violencia que vive la infancia en el país en las Observaciones preliminares sobre la situación de los derechos humanos en Honduras:

“El contexto generalizado de violencia e inseguridad ciudadana coloca a la infancia y adolescencia hondureñas en una posición de particular vulnerabilidad. La CIDH recibió información por parte de la sociedad civil sobre el número de 454 niños, niñas y adolescentes que de enero a junio del presente año, han muerto a causa de la violencia en el país. La Comisión observa la urgente necesidad de instalar un sistema nacional de promoción y protección integral de derechos del niño con un fuerte enfoque preventivo que garantice el derecho del niño a una vida familiar y comunitaria libre de todo tipo de violencia.”

​REDLAMYC y la comunidad internacional e​xigimos al  Estado​ Hondureño evidencia contundente de cambios efectivos en las políticas de seguridad​, un cambio en la equivocada estrategia de combate al crimen organizado ​ y ​un ​fren​o urgente a​ la impunidad sistemática​ en los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Le invitamos respetuosamente a:​


  • Desarrollar urgentemente acciones institucionales​ para garantizar la seguridad ​e integridad ​de la población, particularmente de niñas, niños y jóvenes quienes viven en situación de vulnerabilidad.
  • Brindar acceso inmediato ​a la justicia, apoyo psicológico y protección a l​a​s familias de las víctimas.
  • ​Investigar de forma expedita, imparcial y efectiva las masacres realizadas presuntamente por grupos de exterminio y llevar a tribunales a los responsables, identificando la cadena de mando y la posible participación de agentes estatales.
  • ​Atender los múltiples llamados a superar la estrategia de militarizar​ la seguridad y el combate al crimen organizados, ante el incremento de víctimas fatales y las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos; existe evidencia que la amplia participación social, la lucha contra la corrupción y la impunidad y el acceso a una justicia restaurativa pueden cambiar las más terribles realidades de violencia.

Además de una responsabilidad legal por las leyes Hondureñas; es una obligación ética y un compromiso adquirido a nivel internacional el actuar de forma inmediata para proteger a su población infantil y juvenil.

Atentamente

Juan Martín Pérez García
Secretario Ejecutivo
@REDLAMYC
#SomosREDLAMYC
Red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes


Coaliciones nacionales que integran REDLAMYC:

(Argentina) Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia; Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño – CASACIDN
(Bolivia) Coalición Boliviana para la Defensa de los Derechos de niños, niñas y adolescentes
(Brasil) Associacao Nacional dos Centros de Defesa da Crianca e do Adolescente – ANCED; Forum DCA -Forum Nacional Permanente de Entidades no Governamentais de Defensa dos Dereitos da Crianza e do Adolescente; Movimiento Nacional de Derechos Humanos - MNDH
(Chile) Red de ONGs Infancia y Juventud; Foro Chileno por los Derechos de la Niñez
(Colombia) Alianza por la Niñez Colombiana
(Costa Rica) Coalición de ONGs para el Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño – COSECODENI; Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez - UNIPRIN
(Ecuador) Movimiento por la Niñez y Adolescencia de Ecuador
(El Salvador) Red para la Infancia y la Adolescencia - RIA
(Guatemala) Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez - CIPRODENI
(Honduras) Coordinadora de instituciones privadas pro las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus derechos - COIPRODEN
(México) Red por los Derechos de la Infancia en México; Alianza por los derechos de niñas, niños y adolescentes en México
(Nicaragua) Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia - CODENI
(Panamá) Red Nacional de protección a la Niñez y Adolescencia en Panamá - REDNANIAP
(Paraguay) Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia - CDIA
(Perú) Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño - GIN
(República Dominicana) Coalición de ONGs por la Infancia de la República Dominicana
(Uruguay) Comité de los derechos del Niño; Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo - ANONG
(Venezuela) Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

sábado, 25 de octubre de 2014

Honduras - La tragedia Garífuna, encerrados fuera de su territorio


Ramón Vera

[Nota de El Libertario: Dado el desconocimiento casi absoluto que existe en Latinoamérica sobre la trágica saga histórica del pueblo Garífuna -también Garinagu o Caribes Negros- antecedente imprescindible para entender la situación descrita en este artículo, recomendamos leer http://www.garifuna.com/index._espa%F1ol.htm y http://es.wikipedia.org/wiki/Gar%C3%ADfuna_%28etnia%29.]

Hay una certeza que crece en los espacios donde se divulga la situación de los pueblos originarios en América Latina, incluso en algunas audiencias públicas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Estados Unidos: existe la pretensión, nada solapada, de expulsar al pueblo garífuna de sus territorios en Honduras, desconocerle sus derechos, deshabilitarle sus estrategias de subsistencia y empujarlos a un exilio a Estados Unidos donde los reciben con marginación, encierro, maltrato y hasta trabajo esclavo.

La expulsión rotunda

En septiembre, en una reunión celebrada en La Ceiba, Honduras, para hablar de la expansión de los monocultivos, las organizaciones continentales participantes señalaron que “la expansión frenética y masiva de los monocultivos en el continente, coloca en condiciones precarias a campesinos, pueblos indígenas y negros, además de generar un enorme impacto ambiental”, y que los cultivos de palma africana, soya, eucaliptos y pastizales, se han convertido en “feroces instrumentos de acaparamiento de tierras” —lo que redunda en la expulsión, muchas veces armada y paramilitar, de las comunidades. Una expulsión agravada por el trasvase de ríos y acuíferos, la desecación de humedales, los proyectos turísticos, mineros y petrolíferos.

Hace poco, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales afirmó del caso garífuna: “Denunciamos enérgicamente las graves violaciones a los derechos humanos, el despojo y desplazamiento de los pueblos, la criminalización de la lucha por la defensa de los territorios, las acciones de amenazas y persecuciones que desde hace varios años se imponen para favorecer los intereses empresariales en claro detrimento de los derechos colectivos”.

La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) sigue denunciando desalojos como el de Armenia para favorecer a la Standard Fruit Company o el de Barra Vieja, a manos de la Empresa Nacional Portuaria e Indura Beach Resort. El propio Estado hondureño litiga contra las comunidades intentando desconocer sus derechos territoriales. Incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en Costa Rica y luego en Paraguay) insistió en negarle al pueblo garífuna su condición de pueblo originario de Honduras y su condición de pueblos indígenas.

Pese a que la Corte Interamericana le señaló al Estado hondureño su incongruencia (al no aceptar territorialidades ancestrales no tituladas), la misma Corte de Apelaciones de la Ceiba, en Honduras, “en base a una cuestionable ley de municipalidades y la ilegal ley de propiedad”, dice OFRANEH, “pretende satisfacer los mandatos de los empresarios”. Ante el desalojo, el pueblo garífuna está huyendo. Sabe que las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo económico (ZEDE) lo empujarán literalmente a quedar encerrado en ciudades modelo, donde todo está privatizado, tercerizado —de la gestión de los servicios a la seguridad—, incluso la justicia. El extremo es la invivible existencia impuesta por los grupos criminales, coludidos con los gobiernos, en la región.

Exilio hacia el encierro
Para irse a Estados Unidos (hay entre 75 mil y 90 mil garífunas tan sólo en el Bronx) los garífunas tienen que atravesar la intrincada maraña de corrupciones, hostigamientos, asaltos, violaciones y vejación (a manos de la policía y los grupos criminales) que los esperan en territorio mexicano. Basta revisar los horrores del caso de Ángel Amílcar Colón, migrante garífuna inocente, preso en condiciones inhumanas en cárceles mexicanas desde 2009, y cuyo proceso no se define aún.

En preaudiencias relacionadas con migración en el Capítulo México del TPP, celebradas en Nueva York y Seattle, las denuncias de varias mujeres garífunas hablan de por lo menos 189 madres con hijos que en vez de ser deportadas al llegar, las autoridades les ponen a los hijos en albergues y a ellas les colocan grilletes electrónicos que literalmente las espían, rastrean y controlan sus movimientos, y pretenden quebrarlas mentalmente. Una de ellas dijo en la preaudiencia celebrada en la sede de Naciones Unidas: “Nunca pensamos que seríamos esclavas aquí en Estados Unidos, como lo fueron nuestros ancestros africanos. Los grilletes suenan, nos hablan, nos obligan a regresar a casa para recargarles la batería, nos impiden salir de ciertas áreas y permiten que la policía entre a nuestras casas a cualquier hora intimidándonos como se les pega la gana. Por qué no nos deportaron. Tal vez quieren saber quiénes son nuestras amistades”.

Otra más declaró: “Es raro, sólo les ponen los grilletes a las mujeres. A los hombres los deportan o los ponen a trabajar en centros de detención por un dólar al día. Hay quien dice que nos están probando, y que nos quieren someter, doblegar, para que aceptemos sus condiciones”.

Y cuando no les ponen grilletes, el destino de los migrantes es la deportación o los centros de detención privados, como el de Newark, o como el de Tacoma en Seattle, estado de Washington. Tales centros de detención de GEO [la empresa privada que los maneja y fabrica los grilletes electrónicos] son prisiones lucrativas puestas en vigor desde 1996 y que no están administradas por el gobierno federal o estatal, por lo que no rinden cuentas del trato impartido a los reclusos. Los testimonios de los detenidos reportan tratos inhumanos, encadenamiento de pies y manos y amordazamiento, “ser castigados si piden respeto, negativa de tratamiento médico y de los instrumentos más básicos de higiene”.

En la preaudiencia del TPP celebrada en Seattle, los jurados hicieron la siguiente recomendación, entre otras muchas: “El sistema de detención (incluidos los centros de detención física en sí mismos), debe ser desmantelado. No se debe separar a las familias por ninguna forma de cumplimiento migratorio. El sistema de cumplimiento de las leyes migratorias se privatizó y corporaciones privadas como GEO Corporation (antes Wackenhunt, y antes la Agencia Pinkerton) con un largo récord de abusos hacia los trabajadores y los migrantes, presionan en pos de una aplicación más estricta para garantizar mayores ganancias. Debe eliminarse a las corporaciones privadas de todos los aspectos del sistema migratorio, en especial de la ejecución de la ley”.

Es increíble que mientras en un polo se promueve la expulsión, en el otro el destino de los expulsados sea caer esclavizados por haber creído que llegarían al país de la libertad y las oportunidades. En ambos polos, la sociedad civil tendrá que ejercer presión para salvaguardar la integridad del pueblo garífuna con sus territorios ancestrales.

[Tomado del suplemento Ojarasca (del diario La Jornada) # 210, México, octubre 2014; accesible en http://www.barriodelcarmen.net/nube/revista/item/1798-ojarasca-n-210.html.]
 






















miércoles, 18 de junio de 2014

Guatemala: Comunicado en defensa del territorio



Varias organizaciones

A los pueblos de Guatemala, a la comunidad internacional, medios de comunicación alternativos y en general, a través del presente las organizaciones de la Coordinación y Convergencia de los Pueblos Ukux AbyaYala expresamos nuestro decidido rechazo a las acciones de persecución, incriminación y represión contra las 12 Comunidades Maya Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez en resistencia a la instalación de la planta cementera de la empresa Cementos Progreso-Holcim con el apoyo del gobierno militarista de Pérez Molina, y contra el inicio de la construcción del Anillo Regional Metropolitano que hace parte del añejo Plan Puebla-Panamá.

Denunciamos la militarización que han sufrido las comunidades de mano del Estado Guatemalteco con la instalación de una brigada del ejército en el municipio, para la intimidación e imposición de la política neoliberal extractivista, provocando el irrespeto sistemático a la decisión mediante consulta comunitaria en 2006 de oponerse a la construcción de la planta cementera, la cual afectará el ambiente y convivencia de las 12 comunidades Kaqchiquel, quienes han sido despojadas de 836 Hectáreas de tierra para dicho proyecto por adquisición mercantil.

miércoles, 11 de julio de 2012

Movimientos Sociales de Centroamérica rechazan Acuerdo de Asociación con UE


Giorgio Trucchi

Movimientos sociales y populares de Centroamérica se dieron cita en las inmediaciones del distrito hotelero Plaza San Martín, el pasado 29 de junio de 2012, en Tegucigalpa, donde se desarrollaba la 39º Cumbre de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica). Su presencia tenía el objetivo de rechazar la firma del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica y Panamá (AdA UE-CA), que tuvo lugar el pasado 29 de junio de 2012 en el marco de la cumbre presidencial.

Mientras decenas de personas desplegaban sus mantas y pancartas, entregaban volantes a la población, lanzaban sus consignas y daban lectura a la carta que, minutos después, iban a entregar a los presidentes centroamericanos, un fuerte dispositivo militar y policial bloqueó el acceso a las calles adyacentes la zona de la cumbre.

“Estamos aquí para visibilizar la oposición que tenemos los movimientos sociales de Centroamérica y las organizaciones europeas contra el AdA. Pese a que digan que está conformado por tres pilares, el AdA es un tratado de libre comercio que profundiza la lógica neoliberal de saqueo de nuestros recursos, de nuestras economías por parte de las transnacionales europeas”, dijo a la LINyM, Jorge Coronado, de la Comisión Nacional de Enlace Costa Rica.

Ser gobernado es...

Charla: El Anarquismo en América Latina

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