Opinión: Gigantesco crimen ecológico

Tomado de Diario La Razón

Julio César Centeno

El presidente Nicolás Maduro inició su mensaje en la sede de la Organización de Naciones Unidas señalando que el cambio climático es “la principal amenaza a la supervivencia humana”. Se refirió más adelante al “peligro inminente de un colapso climático”. Al día siguiente, ante la Asamblea General de la ONU, propuso que se declarara una emergencia climática planetaria.

Señaló que el crecimiento económico es incompatible con la supervivencia del planeta, expresó su indignación “ante estos modelos que ahora tratan de llamarse economía verde” y propuso el desarrollo ecológico sostenible, una economía social ecologista.

Luego enfatizó: “hoy en día Venezuela sostiene el 70% de su demanda de energía con la hidroelectricidad”

La verdad es que la energía hidroeléctrica aportó sólo el 22% (18.6 millones de toneladas equivalentes de petróleo) del consumo nacional de energía en el 2012: 86.8 MM-TEP (BP Statistics 2013).

Tampoco sería cierta la cifra si nos limitáramos al consumo de energía eléctrica, aunque no fue a lo que hizo referencia: en el 2013 fue suplido en un 62% por energía hidroeléctrica (Comisión Eléctrica del CIV 2014) como resultado del significativo esfuerzo que se ha realizado por instalar plantas termoeléctricas desde la crisis del 2010.

Según Corpoelec: “35% de la generación de electricidad proviene de plantas termoeléctricas, y casi un 3% corresponde al sistema de generación distribuida, conformada por grupos electrógenos”.

Más adelante Maduro resaltó: “El 60% del territorio nacional se encuentra bajo alguna figura administrativa de protección – preservando 58 millones de hectáreas de bosque. La conservación de los bosques venezolanos se traduce en un ahorro de emisiones de 12221 millones de ton de CO2, logrando disminuir la perdida de la cobertura de bosques en más del 50%”.

Desafortunadamente, la verdad es que los bosques del país apenas cubrían 46 millones de hectáreas para el 2010, incluyendo el medio millón de hectáreas de plantaciones de pino en el oriente del país, según FAO, CEPAL, ITTO y el Banco Mundial. Según el Ministerio del Ambiente se habrían reducido a 47 millones de hectáreas para el 2010.

Desde 1980, cuando los bosques cubrían aproximadamente 58 millones de hectáreas, hasta el 2010 se destruyeron más de 10 millones de hectáreas de bosques naturales, ricos en biodiversidad, a una tasa promedio de 347.000 hectáreas anuales durante 30 años consecutivos. Un gigantesco crimen ecológico, cometido con absoluta impunidad. Entre los responsables no solo se encuentran ganaderos, agroindustriales, madereros y latifundistas, sino también las autoridades competentes que permitieron tan insólita destrucción.

El ahorro de emisiones al que se refiere el presidente Maduro es el producto de malabarismos aritméticos carentes de efectividad. El hecho de conservar bosques no implica necesariamente un ahorro de emisiones. Los bosques son depósitos y sumideros de carbono, como también lo son suelos, mares y océanos. También pueden ser fuentes de emisiones. La sugerencia expone la falta de medidas para efectivamente reducir o mitigar emisiones. Venezuela registra las más altas emisiones de CO2 por habitante de América Latina por el consumo de combustibles fósiles, así como las mayores emisiones de CO2 por unidad del producto interno bruto, lo que implica la menor eficiencia energética de la región.

Ahorros reales en emisiones se derivarían de la aplicación de políticas efectivamente diseñadas en tal sentido, como erradicar la deforestación para el 2020, a más tardar, lo que reduciría las emisiones de CO2 en un 30%; triplicar el deficiente rendimiento del parque automotor venezolano por litro de gasolina consumida; duplicar la eficiencia energética de la economía nacional; sustituir el consumo de gasoil y fueloil por gas natural en centrales termoeléctricas; erradicar la destructiva práctica de quemar el gas natural en mechurrios, o compensar la huella de carbono de PDVSA y otras empresas, públicas y privadas, a través de la plantación de árboles. Decisiones que sólo requieren voluntad política para hacerlas realidad.