J.R. López Padrino
El asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43 en la ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, México (9/26), ha generado una gran ola de indignación mundial y se perfila como una masacre de grandes magnitudes aunque nadie quiere confirmar, todavía, que los estudiantes desaparecidos hayan sido asesinados a pesar de los esfuerzos de la Procuraduría, la policía Federal y el Ejército por localizarlos.
Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del pueblo de Ayotzinapa viajaron a la ciudad de Iguala para participar en un acto previo a la conmemoración de los 46 años de la masacre de Tlatelolco. Comandos armados y policías municipales reprimieron brutalmente a los manifestantes con un saldo de 6 estudiantes asesinados, 11 heridos (dos en condiciones muy graves) y 43 detenciones. Pero los detenidos nunca llegaron a las instalaciones policiales.
Las averiguaciones realizadas por las autoridades han evidenciado la existencia de un narco Estado mexicano que opera en forma paralela al Estado México. Fueron miembros de la policía municipal de la localidad de Iguala quienes secuestraron a los estudiantes y posteriormente estos fueron entregados a sicarios miembros del cártel Guerreros Unidos. Este cartel surgió producto del debilitamiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva (2010). Pero además, se ha podido determinar que el presidente municipal de Iguala José Luis Abarca, y el secretario de Salud del Gobierno de Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, ambos militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantenían vinculaciones con el cartel de los Guerreros Unidos, y que el gobernador de la entidad (Estado de Guerrero), igualmente militante del PRD, tiene aparentes conexiones con ese cártel. Además, que un contingente del ejército apostado en la localidad asumió una conducta por demás sospechosa al negarse a prestar auxilio en forma inmediata cuando les fue solicitado. Hoy se sabe gracias a las confesiones de algunos de los sicarios detenidos, que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos fueron incinerados antes de ser enterrados. Estos hechos demuestran el grado de descomposición en las estructuras del Estado mexicano y como la narco política controla el funcionamiento de las instituciones en ese país.
La narcoviolencia en México no es un fenómeno nuevo, lamentablemente se ha transformado en algo cotidiano y ya no causa alarma. La aparición de fosas clandestinas, el desmembramiento de cuerpos, las ejecuciones en masa, las decapitaciones pasaron a formar parte de un vocabulario que instauró el horror como normalidad. Las mayores atrocidades se han convertido en cosas de cada día. Hoy día México es el mayor narcoestado del mundo, cuya población vive ahogada entre los narcotraficantes, una corrupción galopante, una crisis económica y un Estado cómplice de los carteles de la droga. El país ha sido territorializado por los carteles para poder actuar con mayor impunidad. Se han establecido en áreas que el Estado ha abandonado o donde actúa en complicidad con los carteles, en la cual habitan mayormente los sectores más marginados de la sociedad. Son territorios "sin ley", sin la presencia integral del Estado, sujetos a la brutalidad y al horror impuestos por los sicarios de las bandas de narcos, sojuzgando a la población.
El fantasma de la colombianización recorre a México. Detrás de ese espectro se oculta un hecho básico: la existencia de relaciones de colaboración -en distintos niveles, con distintos propósitos- entre organizaciones criminales, en particular dedicadas al narcotráfico, la clase política y el Estado Mexicano. Algo similar a lo que ocurre con el narcorégimen de nuestro país en donde ha surgido un cartel conformado por algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN), agentes de los cuerpos policiales y dirigentes políticos de la nomenclatura bolivariana. Se refieren a él como el Cartel de los Soles, haciendo referencia a la insignia que porta el generalato de la FAN. Otros han optado por llamarlo el Cartel Bolivariano. Esta red “oficial” de tráfico de drogas opera en el Eje Arauca, Bolívar y Delta Amacuro, y ha desplazado a mentados carteles como los de La Guajira y la Costa. Las intimidades del nacorégimen venezolano han sido denunciadas por Mildred Camero, ex juez y ex presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID, ahora ONA)
Mientras la incertidumbre crece en torno al paradero y al estado de salud de los estudiantes secuestrados, un huracán de rabia recorre la geografía de México. Mareas humanas formadas principalmente por jóvenes estudiantes han caminado las calles de decenas de ciudades del país exigiendo el retorno de los secuestrados, la depuración de los cuerpos policiales, sanciones judiciales para los implicados y la implementación de una política integral por parte del Estado mexicano para combatir y erradicar la narcoviolencia que ha generado muerte y dolor. Las experiencias del pasado hacen pensar con poco optimismo que dichas exigencias puedan ser satisfechas por parte de un Estado que ha 46 años de la masacre de Tlatelolco no ha sido capaz de identificar y llevar a la justicia a los responsables intelectuales y materiales de dicha matanza, uno de los episodios mas obscuros y dolorosos de la historia de la política Mexicana del siglo XX.
El asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43 en la ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, México (9/26), ha generado una gran ola de indignación mundial y se perfila como una masacre de grandes magnitudes aunque nadie quiere confirmar, todavía, que los estudiantes desaparecidos hayan sido asesinados a pesar de los esfuerzos de la Procuraduría, la policía Federal y el Ejército por localizarlos.
Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del pueblo de Ayotzinapa viajaron a la ciudad de Iguala para participar en un acto previo a la conmemoración de los 46 años de la masacre de Tlatelolco. Comandos armados y policías municipales reprimieron brutalmente a los manifestantes con un saldo de 6 estudiantes asesinados, 11 heridos (dos en condiciones muy graves) y 43 detenciones. Pero los detenidos nunca llegaron a las instalaciones policiales.
Las averiguaciones realizadas por las autoridades han evidenciado la existencia de un narco Estado mexicano que opera en forma paralela al Estado México. Fueron miembros de la policía municipal de la localidad de Iguala quienes secuestraron a los estudiantes y posteriormente estos fueron entregados a sicarios miembros del cártel Guerreros Unidos. Este cartel surgió producto del debilitamiento del cártel de los hermanos Beltrán Leyva (2010). Pero además, se ha podido determinar que el presidente municipal de Iguala José Luis Abarca, y el secretario de Salud del Gobierno de Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, ambos militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mantenían vinculaciones con el cartel de los Guerreros Unidos, y que el gobernador de la entidad (Estado de Guerrero), igualmente militante del PRD, tiene aparentes conexiones con ese cártel. Además, que un contingente del ejército apostado en la localidad asumió una conducta por demás sospechosa al negarse a prestar auxilio en forma inmediata cuando les fue solicitado. Hoy se sabe gracias a las confesiones de algunos de los sicarios detenidos, que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos fueron incinerados antes de ser enterrados. Estos hechos demuestran el grado de descomposición en las estructuras del Estado mexicano y como la narco política controla el funcionamiento de las instituciones en ese país.
La narcoviolencia en México no es un fenómeno nuevo, lamentablemente se ha transformado en algo cotidiano y ya no causa alarma. La aparición de fosas clandestinas, el desmembramiento de cuerpos, las ejecuciones en masa, las decapitaciones pasaron a formar parte de un vocabulario que instauró el horror como normalidad. Las mayores atrocidades se han convertido en cosas de cada día. Hoy día México es el mayor narcoestado del mundo, cuya población vive ahogada entre los narcotraficantes, una corrupción galopante, una crisis económica y un Estado cómplice de los carteles de la droga. El país ha sido territorializado por los carteles para poder actuar con mayor impunidad. Se han establecido en áreas que el Estado ha abandonado o donde actúa en complicidad con los carteles, en la cual habitan mayormente los sectores más marginados de la sociedad. Son territorios "sin ley", sin la presencia integral del Estado, sujetos a la brutalidad y al horror impuestos por los sicarios de las bandas de narcos, sojuzgando a la población.
El fantasma de la colombianización recorre a México. Detrás de ese espectro se oculta un hecho básico: la existencia de relaciones de colaboración -en distintos niveles, con distintos propósitos- entre organizaciones criminales, en particular dedicadas al narcotráfico, la clase política y el Estado Mexicano. Algo similar a lo que ocurre con el narcorégimen de nuestro país en donde ha surgido un cartel conformado por algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN), agentes de los cuerpos policiales y dirigentes políticos de la nomenclatura bolivariana. Se refieren a él como el Cartel de los Soles, haciendo referencia a la insignia que porta el generalato de la FAN. Otros han optado por llamarlo el Cartel Bolivariano. Esta red “oficial” de tráfico de drogas opera en el Eje Arauca, Bolívar y Delta Amacuro, y ha desplazado a mentados carteles como los de La Guajira y la Costa. Las intimidades del nacorégimen venezolano han sido denunciadas por Mildred Camero, ex juez y ex presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID, ahora ONA)
Mientras la incertidumbre crece en torno al paradero y al estado de salud de los estudiantes secuestrados, un huracán de rabia recorre la geografía de México. Mareas humanas formadas principalmente por jóvenes estudiantes han caminado las calles de decenas de ciudades del país exigiendo el retorno de los secuestrados, la depuración de los cuerpos policiales, sanciones judiciales para los implicados y la implementación de una política integral por parte del Estado mexicano para combatir y erradicar la narcoviolencia que ha generado muerte y dolor. Las experiencias del pasado hacen pensar con poco optimismo que dichas exigencias puedan ser satisfechas por parte de un Estado que ha 46 años de la masacre de Tlatelolco no ha sido capaz de identificar y llevar a la justicia a los responsables intelectuales y materiales de dicha matanza, uno de los episodios mas obscuros y dolorosos de la historia de la política Mexicana del siglo XX.
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