María Pilar
García-Guadilla
[Nota de El Libertario: 2° artículo, publicado en nuestro # 73 de
junio-julio 2014, resumiendo en formato periodístico algunas de las ideas
desarrolladas ampliamente por la autora en “Neo-extractivismo, Neo-rentismo y Movimientos Sociales en la Venezuela
del Siglo XXI: conflictos, protestas y resistencia”, trabajo presentado en el
XXXI International Congress of the Latin
American Studies Association (LASA). Washington D.C (29/5 al 1/6/13). Ver
1er. Artículo en http://periodicoellibertario.blogspot.com /2014/03/movimiento-ambientalista-venezolano-y.html.]
Si bien los planes de desarrollo
nacional 2001-2013 incorporaron objetivos socio-ambientales, del análisis de
contenido de éstos se desprende que sus directrices fueron el crecimiento
económico potenciando la explotación petrolera e intentando convertir a
Venezuela en una potencia energética mundial bajo la premisa de una minería
ecológica. La imposibilidad de un “extractivismo verde” ha dificultado la
concreción de estos planes de desarrollo en proyectos y políticas concretas de
desarrollo sustentable. Por otro lado, el movimiento socio-ambiental no sólo ha
cuestionado la “sustentabilidad” de los planes de desarrollo que propone el
Socialismo del Siglo XXI en Venezuela sino también su capacidad para
constituirse en una alternativa válida al Capitalismo en la medida que no
incorpora nuevos conceptos y paradigmas sobre la naturaleza y el “buen vivir” y
que la brecha existente entre los discursos y las praxis desarrolladas por el
gobierno pone de manifiesto que existe una contradicción entre ambos. Si bien
en el discurso gubernamental y en los planes nacionales de desarrollo se hace
alusión a la “sostenibilidad ambiental”, con frecuencia las políticas y
proyectos de desarrollo económico se instrumentan de acuerdo con una visión
desarrollista que no incorpora ni la visión ambiental presente en la
Constitución de 1999 ni los impactos negativos del modelo extractivo.
Además, si bien las políticas sociales
del gobierno se diferencian del Neoliberalismo porque afirman centrarse en la
población más vulnerable y desprotegida y tienen como objetivo la equidad y una
distribución social más equitativa, su marco de la referencia continúa siendo
el “rentismo neo-extractivista” pues el petróleo y los hidrocarburos en general
se consideran como indispensables para garantizar y financiar tales objetivos
sociales dejando en segundo plano el criterio de la sustentabilidad ambiental
de las políticas económicas. Es así que el Socialismo del Siglo XXI en
Venezuela comparte con el Socialismo real del Siglo XX y con el Capitalismo la
noción del crecimiento y progreso así como también el desarrollo sin fin de las
fuerzas productivas ya que se subordina la naturaleza, o la dimensión
ambiental, al desarrollo económico.
En el discurso oficial, los
hidrocarburos en Venezuela se consideran como una herramienta revolucionaria y
transformadora que debe propender hacia múltiples objetivos: concretar el
Socialismo del Siglo XXI; contribuir al desarrollo nacional endógeno y
sostenible; reforzar el nacionalismo, la integración y la hegemonía regional;
obtener la independencia del imperialismo, el bienestar y empoderamiento de la
gente pobre; favorecer la inclusión social y equitativa. Tales objetivos
deberían legitimarse y concretarse mediante el ejercicio de la democracia
participativa lo cual no ha ocurrido debido a que los planes, políticas y
proyectos de desarrollo fueran diseñados desde arriba hacia abajo y no reflejan
la visión colectiva de las comunidades sobre la “buena vida”. Es por esta razón
que tales planes y políticas en ocasiones transgreden los derechos ambientales,
indígenas, sociales y humanos básicos e impiden que los objetivos discursivos
sobre el desarrollo sustentable se logren.
Incómodas
interrogantes
El dilema para los gobiernos de
izquierda suramericanos y sobre todo para Venezuela es ¿cómo eliminar la alta
dependencia que se tiene de la producción y exportación de combustibles fósiles
de manera de lograr el desarrollo sostenible?, ¿cómo obtener suficiente ingreso
para mantener las políticas sociales redistributivas que han sido tan exitosas
para lograr la legitimidad social y política sin acentuar el modelo productivo
extractivista? y ¿cómo continuar subvencionando el precio del petróleo al
Caribe y a otros países latinoamericanos para legitimar las pretensiones de
hegemonía en la región sin aumentar la explotación de los combustibles fósiles
y sin sacrificar el ambiente y los derechos a la identidad cultural de las
comunidades indígenas? ¿Se puede hablar de justicia, de equidad social y de
solidaridad cuando el modelo de desarrollo no considera los derechos de las
minorías que son generalmente las poblaciones más vulnerables y no estimula
prácticas ambientales y relaciones más equitativas con las comunidades y
generaciones del futuro?, ¿cuándo no se reconocen los impactos negativos de los
mega-proyectos cuyos costos sociales, ambientales y culturales se ocultan en
aras de la supuesta nueva visión sobre la integración latinoamericana alrededor
del ALBA, UNASUR u otras instituciones regionales?, ¿es posible construir un
nuevo socialismo que supere los errores del pasado, incorpore alternativas al
desarrollo que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental y social,
estimule la democracia participativa e incluya a todos los actores?. Una
pregunta final que queda abierta es cómo “superar” el “desarrollo y el
neo-extractivismo” según han sugerido algunos estudiosos y orientarse hacia una
alternativa al desarrollo, post-desarrollo o proyectos “decoloniales”.
Frente a estas interrogantes, el
Ecosocialismo del Siglo XXI no ha logrado superar el nivel discursivo de modo
de dar respuesta efectiva a las contradicciones y a los conflictos ambientales
existentes e incorporar una visión bio-céntrica de la naturaleza. A pesar que
el Socialismo del Siglo XXI pretende ser una alternativa al Capitalismo y
existen marcos constitucionales que legitiman los derechos ambientales e
indígenas, e incluso planes de desarrollo nacional que incorporan una
diversidad de artículos a favor de la sustentabilidad, los requisitos
ambientales se siguen percibiendo como los obstáculos al desarrollo económico y
como un freno para la reproducción del aparato del Estado y la ayuda económica
al más necesitado. Por todas estas razones, la lógica productivista,
instrumental y desarrollista del modelo de desarrollo extractivista ha fracasado
en hacer frente a las contradicciones y conflictos sociopolíticos.
Las respuestas a estas preguntas deben
construirse colectivamente en los distintos niveles nacionales, regionales y
locales mediante los mecanismos de la democracia participativa como por
ejemplo, los referéndums, donde se la población pueda participar en igualdad de
condiciones. Como parte de este proceso, en el año 2007 el Foro Venezolano
sobre Eco-Socialismo advirtió sobre la necesidad de evaluar críticamente las
experiencias del Socialismo del Siglo XX con el fin de recuperar la
credibilidad del Socialismo como proyecto alternativo al Capitalismo; también
recomendó que tal evaluación requería ser repensada desde un nuevo paradigma
pues la racionalidad o lógica de desarrollo implícita en el modelo productivo
que sustenta el Socialismo del Siglo XXI, no parece haber cambiado.
Autonomía
social: el vacío a llenar
Las movilizaciones contra el
neoliberalismo y el imperialismo en Venezuela no han desempeñado el papel
crítico y transformador que la literatura le asigna a los movimientos sociales.
Mientras que Hugo Chávez ganó la primera elección en 1998 con los votos de una
base ideológica y social diversa que incluyó mayormente los grupos de izquierda
y sobretodo los sectores populares, algunos de los grupos de izquierda
incluyendo muchos de los intelectuales, se distanciaron del proceso. El hecho
de que desde la Presidencia de la República se haya intentado organizar según
sus disposiciones a la “gente o el soberano” podría comprometer la autonomía de
movimientos sociales, incluyendo el ambiental, ya que la lógica de movilización
anti-imperialista y anti-neoliberal presupone la existencia de un movimiento
social autónomo que además vaya más allá de los niveles locales y micro-local.
Si bien es cierto que existen organizaciones sociales promovidas por el
gobierno que pudieran responder a la lógica del movimiento social tal como el
Movimiento Ezequiel Zamora, la Asociación Nacional de Medios Comunitarios,
Libres y Alternativos (ANMCLA) y los comités de tierra urbanos entre otras, la
mayor parte de los Consejos Comunales y demás bastiones organizacionales
creados para promover la democracia participativa y protagónica se han ligado a
las misiones sociales y difícilmente responden a la noción de la autonomía
requerida por los movimientos sociales.
Por otro lado, en la actualidad
no existe en Venezuela un movimiento social con suficiente poder para hacer las
transformaciones del modelo de racionalidad. Sin embargo, es plausible que dado
la heterogeneidad ideológica de los partidarios del gobierno, quienes carecen
de un proyecto compartido sobre el desarrollo sustentable, se puedan desplegar entre
ellos estrategias a favor de la sustentabilidad ambiental que implicarían ir en
contra la racionalidad implícita en el modelo de desarrollo económico
existente. En este sentido, el modelo bolivariano puede generar resistencia y
movilización de parte de los movimientos sociales contra el neoliberalismo y la
globalización sobre la base de que se trata de un modelo ambientalmente
depredador que ocasiona impactos negativos socio-ambientales elevados. Ello se
ve favorecido por el hecho que muchos de los miembros del movimiento
socio-ambiental, independientemente de si apoyan o no políticamente al gobierno,
son anti-neoliberales por definición lo que facilitaría el cuestionamiento a la
lógica que subyace al Modelo de Civilización y la exigencia de transformar su
lógica y racionalidad. La verdadera revolución no es solo en lo económico y
social sino también en lo cultural, lo ambiental y de género, implicando un
cambio en el modelo de la civilización.
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