Movimiento ambientalista venezolano y neo-extractivismo: la difícil resistencia

María Pilar García-Guadilla

[En dos artículos a publicar en ediciones consecutivas de El Libertario, se resumen a un formato periodístico algunas de las ideas desarrolladas ampliamente por la autora en el trabajo “Neo-extractivismo, Neo-rentismo y Movimientos Sociales en la Venezuela del Siglo XXI: conflictos, protestas y resistencia”, presentado en el XXXI International Congress of the Latin American Studies Association (LASA). Washington D.C (29 de mayo al 1 de junio de 2013).]

A pesar que el extractivismo viene ocasionando severos impactos negativos en la población más vulnerable y en los ambientes más frágiles y biodiversos del país, la acentuación de la económica extractivista es la clave de los planes de desarrollo económico y social del Socialismo del Siglo XXI cuyo principal mentor fue el Presidente Chavez. Por otra parte, la vieja discusión dentro de la izquierda sobre si la toma del poder es o no un requisito previo para la construcción de un proyecto de transformación social, ha fracturado a los movimientos sociales en Venezuela incluyendo el socio-ambiental: mientras que unos grupos opinan que el poder político es útil y necesario para cualquier proyecto de cambio social, otros advierten que dicho poder se opone a cualquier proyecto de la emancipación. Tristemente, quienes señalan que el poder es necesario han tendido a aliarse con la agenda y planes de desarrollo gubernamentales por lo que el extractivismo tiene defensores aun entre algunos antiguos activistas del movimiento ambientalista que hoy ocupan posiciones importantes en el gobierno. Esta fragmentación junto con la creciente polarización social y política y el bloqueo por parte de los medios de difusión tanto públicos como privados han debilitado y, en parte, desmovilizado al movimiento ambientalista venezolano quien enfrenta el reto de buscar estrategias de lucha más efectivas.

 Burócratas “ambientales” versus ambientalistas

Una parte importante del movimiento socio-ambiental existente antes de 1999 se desmovilizó al llegar al poder el presidente Chávez con el pretexto que la institucionalización de los derechos ambientales e indígenas junto con la existencia de un gobierno socialista, eran los garantes de tales derechos; en consecuencia, la prioridad era luchar por la revolución socialista y no por demandas o derechos específicos. Otros activistas se desmovilizaron incorporándose a la burocracia gubernamental y aceptando sin cuestionamientos las pautas y las políticas sancionadas por el gobierno; este hecho ha contribuido a inmovilizarlos en los conflictos entre el Estado y las organizaciones ambientales. Incluso, antiguos activistas han incursionado en la arena política como representantes del gobierno ante la Asamblea Nacional; este grupo piensa que el poder político es necesario para llevar a cabo las transformaciones que conduzcan al Socialismo del Siglo XXI aunque sea necesario sacrificar la autonomía. Además están quienes se han institucionalizado y se ocupan de ejecutar los programas ambientales del gobierno (tales como la siembra de árboles, educación ambiental, reciclaje de basura, instalación luces ahorradoras de la energía, etc.). A diferencia del movimiento ambientalista cuyas luchas y resistencia a los planes desarrollistas del gobierno parecen estar vetados por los medios de comunicación públicos y privados, los burócratas “oficialistas” que son el interlocutor privilegiado y la cara supuestamente “ambiental” de las políticas del gobierno, reciben amplia cobertura de estos medios de difusión.

 No obstante, a pesar de estar debilitado, dentro de este heterogéneo escenario persiste un movimiento ambientalista que continúa movilizándose con el fin de defender los derechos constitucionales ambientales, indígenas y humanos. Este movimiento “socio-ambiental” que es el resultado de la articulación de al menos tres de los movimientos sociales (el indígena, ambientalista y de derechos humanos), ha tendido a priorizar las luchas ambientales e indígenas sobre los conflictos ideológico-políticos y sostiene que los impactos depredadores del modelo extractivo son por lo menos iguales en el modelo de capitalismo industrial que en el Socialismo del Siglo XXI; se ha movilizado exigiendo cambios que transciendan la dicotomía Capitalismo-Socialismo y propone un cambio del paradigma y de la racionalidad implícita en el modelo de desarrollo del gobierno.

 Resistiendo al modelo socialista de desarrollo

El refuerzo del modelo extractivo previsto en los planes de desarrollo nacional ha conducido al movimiento socio-ambiental a enfrentarse con el gobierno. Como en otros países suramericanos donde sus similares han desafiado el modelo extractivista (casos de Ecuador y Bolivia), el movimiento socio-ambiental local está cuestionando tal modelo desde diversas posturas que van desde la defensa del desarrollo sostenible e incluso la aceptación de la “economía verde” que incorpora una concepción antropocéntrica hasta la visión sobre el “Buen Vivir”, que implica una nueva racionalidad basada en una concepción bio-céntrica y en la defensa de la democracia y autonomía como las vías para alcanzarla.

En las movilizaciones contra la intensificación del modelo extractivo realizadas en los últimos años, el movimiento socio-ambiental venezolano ha puesto de relieve las contradicciones e inconsistencias que existen entre el marco legal que promueve los derechos indígenas y del ambiente y el desarrollismo implícito en los planes nacionales de desarrollo. Según dicho movimiento, el paradigma del desarrollo no cambió con la llegada del presidente Chávez: así, una de las contradicciones del rol asignado al petróleo y a los hidrocarburos dentro del Socialismo del Siglo XXI, es que la economía extractiva que según el gobierno en el pasado sirvió para “reproducir las relaciones de dominación y de explotación” ahora se considera clave para fundar la soberanía nacional a pesar que excluye a los indígenas y pone de lado la protección ambiental. Homo et Natura, Soberania.com y AMIGRANSA entre otros movimientos sociales han acusado al gobierno de no decir la verdad sobre los impactos de los mega-proyectos energéticos y sostienen que la acentuación de la explotación carbonífera y gasífera no responde al desarrollo endógeno-sostenible como se proclama desde el proyecto IIRSA (Iniciativa de Integración Regional Suramericana) sino a factores exógenos; tal es el caso de la exportación de hidrocarburos como parte de “… la estrategia del globalización del Banco Mundial (BM), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF)”.

 Los Proyectos IIRSA atentan contra la integridad de los recursos naturales, ponen en riesgo la soberanía de los pueblos y fronteras de Venezuela y otros países suramericanos y en algunos casos podrían transformar su geografía, como en el caso de la pretendida interconexión de los ríos Orinoco, Negro, Amazonas y La Plata violentando maravillas naturales como lo es el Brazo Casiquiare en el Amazonas venezolano, que conecta al Orinoco con el río Negro. La unión latinoamericana impulsada por el Proceso Bolivariano pretende ser integradora pero en la práctica termina siendo neo-colonizadora, al utilizar la potencialidad energética y económica de Venezuela para convertirse en el nuevo país prestamista e inversionista de América Latina. La integración de los productos y de los mercados propuesta en el proyecto IIRSA refuerza el papel subordinado que Suramérica tiene y ha tenido históricamente como proveedor de la materia prima para las grandes industrias transnacionales.

 Discursos, cooptación, neutralización

Pese a las expectativas creadas por el gobierno actual, quien es el dueño de los recursos naturales y que con la creciente expropiación de medios de producción cabría pensar que ejercería un control más racional sobre la economía, el Estado no se ha auto-regulado en materia ambiental creándose graves conflictos con las comunidades afectadas y con el movimiento socio-ambiental; adicionalmente, el gobierno ha intentado cooptar a ese movimiento y tomar su discurso y sus banderas simbólicas de lucha. En ciertos casos, en vez de usar la vía de la democracia participativa constitucional, el gobierno ha ejercido prácticas y políticas populistas intentando cooptar a los movimientos que se oponen a las actividades extractivas.

 Cuando ha fallado la cooptación por parte del gobierno, éste ha intentado neutralizar a los movimientos sociales que no endosan el Modelo Socialista del desarrollo o, como señala PROVEA, “criminalizar” a quienes critican los impactos ambientales, sociales o culturales que se desprenden de dicho modelo. Ello ha favorecido la división del movimiento indígena, originalmente caracterizado por su integración y autonomía, entre quienes apoyan el modelo oficial de desarrollo extractivista y sus oponentes. La cooptación y neutralización por parte del gobierno ha contribuido a desmovilizar parte del movimiento indígena, así como la apropiación discursiva de las demandas simbólicas del movimiento socio-ambiental ha reducido la eficacia de las luchas de aquellos que se mantienen movilizados al vaciarlas de contenido.

 La polarización político-ideológica existente también ha debilitado al movimiento socio-ambiental y ha reducido las posibilidades que éste acceda y utilice los medios de difusión masiva como herramienta para dar a conocer sus luchas; es decir, a modo de instrumentos para transformar sus demandas en “hechos políticos” como lo hicieron en el pasado. La mayoría de los medios de comunicación formales, sean éstos de oposición u oficiales, no han tenido interés en divulgar los conflictos que plantea el movimiento socio-ambiental por lo que ha sido a través de los medios alternativos como las radios comunitarias o las redes electrónicas, nacionales e internacionales donde el movimiento socio-ambiental ha podido politizar sus luchas. Con el fin de contar con un movimiento social en la Región que sea capaz de substituir al movimiento socio-ambiental y que sea “revolucionario y no crítico”, el gobierno ha creado un movimiento social “paralelo” como parte del ALBA el cual responde sin protestas a los lineamientos gubernamentales. La suplantación de los movimientos sociales autónomos por estos “movimientos sociales” paralelos hace aún más difícil que el movimiento social-ambiental venezolano pueda avanzar su agenda.

Rio+20: la oportunidad perdida

La Cumbre de Rio+20 sobre Ambiente y Desarrollo fue la única de las tres cumbres realizadas donde el gobierno venezolano no invitó al movimiento socio-ambiental a participar en la plataforma oficial, de hecho fue desplazado por los asesores-consejeros y la burocracia oficial quienes apoyaban el proyecto del Presidente Chávez. La posición que a llevar a Rio+20 según el movimiento socio-ambiental difería de la del gobierno en lo referido al tema del extractivismo. A finales del mayo de 2012, el eje de Ecología Social de la Fundación Rosa Luxemburgo en Venezuela organizó un debate de dos días de duración con el nombre “Rio+20: desarrollo sostenible y economía verde” el cual convocó a las organizaciones y movimientos sociales y a otras personas interesadas en el tema. Uno de sus objetivos fue difundir el informe del Grupo Internacional de Articulación de la Cumbre de los Pueblos y discutir el tema de la economía verde a la luz del modelo del desarrollo venezolano. A pesar que el tema del extractivismo no era el foco de la agenda, a lo largo del evento se hicieron severas críticas contra las políticas extractivistas del gobierno las cuales, frecuentemente, desplazaron el tema de discusión central que era la economía verde.

A dicho encuentro no asistió representación del Estado, quizás debido que aún se desconocía la posición que llevaría el gobierno, quien el día después de concluida la reunión promovida por el Eje de Ecología Social tenía previsto reunirse a puerta cerrada con su personal y consejeros para decidir su posición. En el cónclave estatal se atacó fuertemente la economía verde, la cual estaba propuesta como uno de los principales acuerdos entre los países; paradójicamente, se terminó firmando el documento oficial (o de los gobiernos) que emanó de dicha Cumbre. La exclusión del movimiento socio-ambiental venezolano en la agenda y elaboración del documento que el gobierno llevó a la Cumbre de Rio+20, junto con su baja capacidad para “politizar” el tema de los efectos nocivos del extractivismo ante los medios de difusión, le impidieron participar activamente e incidir en la Cumbre así como también visibilizar sus luchas.

[Publicado originalmente en El Libertario, # 72, marzo 2014.]