"Poder Popular" y Consejos Comunales en Venezuela 2006-2011

Maria Pilar García Guadilla

Resumen de Poder Popular y Organizaciones Comunitarias en Venezuela: alcances y límites de la democracia directa en el ciclo comunal, ponencia al XXX Congreso de la Latin American StudiesAssociation - LASA, laureada con el Premio LASA 2013 para Investigación en Ciencias Sociales, Sección Venezuela. Publicado en El Libertario 70

En este trabajo se evalúa la experiencia de los consejos comunales (CC), creados en el año 2006 para apuntalar la democracia participativa y ejercer la democracia directa; además, representan la figura organizativa más importante que existe hoy en las comunidades a juzgar por sus objetivos y funciones, por la cantidad (para mayo de 2011 se habían constituido 42.214 CC según FUNDACOMUNAL), y por la cuantía de recursos económicos que se les ha transferido. Las preguntas que orientaron la investigación son en qué medida los CC tienen capacidad de impulsar prácticas democráticas, participativas e incluyentes en la elaboración del plan de desarrollo comunitario y si el contexto de aguda polarización socio-política en que estas organizaciones surgen y se desarrollan, afecta al ejercicio de la democracia participativa y a la inclusión.

Nos basamos en el trabajo de campo desarrollado en 34 CC durante el periodo 2006-2011, donde se levantaron unos quince planes estratégicos comunales y se hicieron 34 entrevistas semi-estructuradas a integrantes de los CC y quince entrevistas en profundidad a líderes comunitarios. En la mayoría de los casos, hubo acompañamiento de tres a seis meses de duración a través de la Cátedra de Planificación Estratégica, de los talleres de planificación y de pasantías y trabajos prácticos de grado de estudiantes de Urbanismo en la Universidad Simón Bolívar. Además, contamos con el material hemerográfico y documental existente sobre los CC y con la base de datos del Laboratorio Interdisciplinario de Investigación en Gestión Ambiental, Urbana y Sociopolítica de la USB. El ámbito geográfico abarca la Región Capital de Caracas con sus cinco municipios (Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y el Hatillo); el mcpio. Sucre del Edo. Sucre, el mcpio. Caroní del Edo. Bolívar y los mcpios. Carrizal y Los Salias del Edo. Miranda. Al menos nueve de los consejos analizados son rurales y si bien la mayoría de ellos provienen de áreas populares, también se han incluido cinco CC de zonas de clase media.

Sobre el origen y normativa de los CC

Los CC surgieron desde arriba hacia abajo, a raíz de la Ley de Consejos Comunales aprobada en 2006, y fueron adscritos a la Comisión Presidencial del Poder Popular que se creó con este fin. Dada la relevancia que tienen en el proyecto socio-político del presidente Chávez, su activación trajo como consecuencia que la participación popular para la gestión comunitaria haya tendido a desplazarse desde las organizaciones anteriormente creadas hacia estos consejos. Una de las funciones asignadas a los CC en la posterior Ley Orgánica de Consejos Comunales (LOCC) de 2009 fue la de elaborar, instrumentar, evaluar y rendir cuentas sobre los planes de desarrollo del ámbito local. Estos planes y proyectos se elaboran mediante la planificación participativa y siguiendo el denominado “Ciclo Comunal”, el cual debe responder a las necesidades de la comunidad.El diagnóstico integral del Ciclo Comunal identifica y prioriza los problemas de forma participativa.Según los resultados de nuestro estudio, una de las bondades de este diagnóstico, que debe ser aprobado por la Asamblea ciudadana, es el conocimiento que la comunidad adquiere sobre sí misma, sus problemas y su entorno, la construcción de una identidad comunitaria a través de la recolección de su historia y de su relación con la ciudad, el reconocimiento de sus derechos ciudadanos incluyendo el derecho a la inclusión en la trama urbana y en los beneficios que ofrece, la mayor visibilidad política frente al Estado al organizarse para reclamar no solo la satisfacción de las necesidades básicas sino también una mejor calidad de vida y el bienestar integral. Otro logro de esta participación es el aprendizaje y el ejercicio de la democracia y de los valores asociados tales como la tolerancia y el respeto hacia los demás.

No obstante, encontramos que en ocasiones pueden surgir problemas que hagan que el diagnóstico no refleje necesidades y aspiraciones de toda la comunidad. Ello se debe a dificultades de recursos, de tiempo y, en algunos casos, topográficas, para hacer una convocatoria amplia de manera que en la Asamblea ciudadana se refleje la diversidad de sectores geográficos y el amplio espectro de intereses de las familias radicadas en la comunidad. También se debe a la baja asistencia a las Asambleas lo que no necesariamente es por “apatía” como señalan las instituciones oficiales sino debido a que las convocatorias son incompletas, se avisapreferentemente a los amigos y afines políticamente, los horarios no son los más convenientes, algunas personas no disponen de tiempo pues tienen que trabajar, no cuentan con recursos para trasladarse o, incluso, si las reuniones se hacen en las noches o los fines de semana, deben resolver en esos horarios problemas derivados de la escasez de servicios como la recolección del agua u otras tareas domésticas.

La LOCC de 2009 asignó a los CC la tarea de construir “el nuevo modelo de sociedad socialista” (Art. 2) destacando que los planes y proyectos comunales deben seguir la línea del Primer Plan Socialista (Art. 4) e introduciendo, de este modo, un referente ideológico ajeno a la comunidad y definido desde arriba para elaborar los lineamientos del Plan de Desarrollo. Este mandato abre la posibilidad de que haya organizaciones ciudadanas que se autoexcluyan como ha sido el caso de algunos CC que estaban en desacuerdo con ese Plan, o bien sean descartadas en el proceso de registro obligatorio ante el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (Art. 17), o se las neutralice al “sugerirles” que se inscriban en el PSUV.

Una voz mediatizada

Cuanto más distante ideológicamente se defina un CC ante el gobierno, más dificultades tendrá para asegurar los recursos y la viabilidad política de su Plan. Por otro lado, la “conveniencia política” puede llevar al gobierno a pasar por encima de las decisiones y prioridades colectivas financiando los proyectos más visibles y “que dan más votos” y no necesariamente los que la comunidad considera más importantes. Esta práctica puede dividir a la comunidad y hace inviable el Plan y las propuestas comunitarias. Finalmente, para que un proyecto obtenga financiamiento debe existir una relación de afinidad política entre la colectividad que lo propone, o al menos parte de ella, y la instancia administrativa que otorga los recursos. Dadas las múltiples necesidades que tienen los CC de los sectores populares, éstos rara vez rechazan un proyecto donde se ofrece financiamiento aunque los recursos se destinen a proyectos que no se han priorizado.

Uno de los mayores aciertos de los CC es que son la voz de los que no tenían voz. Hasta el momento, sin embargo, se trata, de una voz limitada a la denuncia de los problemas básicos y de sobrevivencia y, en algunos casos, a la satisfacción de necesidades puntuales, sin que trascienda más allá del entorno limitado en que actúan los consejos. La participación se restringe entonces a la dotación de servicios públicos y al mejoramiento del hábitat puesto que los recursos otorgados por el gobierno a los CC se han destinado a resolver necesidades básicas. Si bien este tipo de participación no es suficiente para concretar la democracia participativa, la misma no es desdeñable porque constituye una experiencia de ciudadanía y un aprendizaje de los derechos constitucionales y de los mecanismos de la democracia y, sobre todo, sirve para reforzar el tejido social popular y reconstruir a “la comunidad” como sujeto colectivo alrededor del cual se elabora la identidad ciudadana. Sin embargo, la participación no debe constituir una carga más para la población de los sectores populares ni percibirse como obligatoria: asistir a una asamblea del CC llega a ser obligación porque se pasan listas y si no se está presente, se puede quedar excluido/a de las prebendas clientelares e individuales que en ocasiones se ofrecen como parte de tal participación. Tampoco puede plantearse como generadora de beneficios e incluir solo a los que pueden o quieren intervenir, pues se trataría de una participación excluyente. Además, debe dar la posibilidad de que aquellos que no desean participar, independientemente de sus razones, no sean sancionados ni se les excluya de los recursos y beneficios que se distribuyen.

Ni representativos, ni participativos

La participación en los CC no sigue los lineamientos ni de la democracia representativa ni de la participativa pues en la LOCC no existe tal representatividad.Aún cumpliendo con el porcentaje legal para constituir las Asambleas (30% en primera convocatoria o del 20% en la segunda), ello resulta limitado no solo cuantitativamente hablando, sino también a lo largo de las distintas etapas del Plan. La Asamblea ciudadana del CC de hecho se desactiva con el otorgamiento de los recursos y su ejecución queda en manos de unos pocos "líderes y/o voceros o voceras”, quienes se reúnen informalmente pero rara vez convocan a la Asamblea para hacer seguimiento del plan o de los proyectos, menos aún, para rendir cuentas a la comunidad de los recursos obtenidos. La participación asamblearia donde una minoría puede tomar decisiones vinculantes no solo para los que no asisten sino también para todo el ámbito geográfico en que actúa el CC, contradice los principios de la democracia participativa y niega la esencia de la democracia representativa.

Los resultados de este estudio muestran que la participación en Venezuela trae dos consecuencias distintas: la inclusión que permite simbólicamente empoderar a la población más desfavorecida dándole visibilidad, recursos económicos y promoviendo y valorizando su identidad a través de los CC; y la exclusión resultante de la subordinación de estas organizaciones a intereses partidarios sobre todo en periodos electorales y de crisis política. Una democracia participativa así esté legitimada en la Constitución y sea el leif-motiv de los discursos gubernamentales, no garantiza ni la participación ni la inclusión ni, en última instancia, la propia democracia participativa, pues puede ser profundamente excluyente y antidemocrática. La diferencia encontrada entre el deber ser de los CC cuyo objetivo es estimular la participación y la inclusión, y su praxis, indica que los problemas de la democracia y de la participación no se resuelven solamente otorgando poder constitucional y recursos económicos a las organizaciones sociales para que participen en la definición de sus problemas y los resuelvan; máxime si el resultado, voluntario o involuntario, es la pérdida de autonomía y las prácticas de exclusión. Si bien el Estado puede promover la participación, debe tener cuidado de no cooptar a las organizaciones sea a través del control de su registro o del posible financiamiento; una organización sin autonomía, difícilmente puede ser democrática ya que responderá en primer lugar a los intereses del gobierno o del partido gobernante y no a los intereses de la comunidad o a la identidad de la organización.