Carlos Monge
El “Baguazo” del 5 de junio del 2009, costó la muerte de 34
personas entre Policías e indígenas. Un enorme costo de vidas para que finalmente
se lograra la derogatoria de algunos decretos que buscaban facilitar grandes
inversiones en los territorios comunales indígenas y el lanzamiento del proceso
que ha desembocado –finalmente- en la aprobación de la Ley de Consulta y su
Reglamento.
Pero el “Baguazo”, la derogatoria de las “leyes de la selva”
y la consagración legal del derecho a la consulta, no frenaron la entrega de
concesiones petroleras y mineras que hoy amenazan la vida de las poblaciones
indígenas de la Amazonia.
Por ejemplo, el 11% del territorio de la Región Amazonas ha
sido concesionado a empresas mineras. En la provincia de Condorcanqui, de población
mayoritariamente AwajunWampis, las concesiones mineras se ubican cerca de la
frontera con el Ecuador y en la cuenca del Río Marañón, sobrepuestas con áreas
protegidas y amenazando cabeceras de cuencas que son preciosas por su
biodiversidad y sagradas para sus habitantes.
Ocupando buena parte de esa misma provincia, se ubica el
Lote 116 asignado a la empresa Maurel Et Prom, que incluye el territorio de 65 comunidades
nativas AwajunWampis.
La empresa Maurel Et Prom ya ha venido desarrollando
actividades de exploración en el Lote 116 y ya tiene aprobado el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) para perforar un pozo de prueba en terrenos de la comunidad
de Kashap, distrito de Nieva. Pero los dirigentes AwajunWampis de la región
dudan del EIA presentado por la empresa y aprobado por el Ministerio de energía
y Minas (MINEM).
Ellos señalan que es necesario que todas las comunidades
ubicadas en la concesión participen en la decisión respecto de la viabilidad de
las actividades de Maurel Et Prom , sobre la base de mucho más información que
aquella que ha sido presentada por la empresa misma y el MINEM, de cuya
imparcialidad dudan.
De la misma manera, dicen que no dejarán que sigan ahí las
empresas mineras que se han instalado en las cabeceras de cuenca (frontera con Ecuador)
ni permitirá que ingresen dragas en las islas que se forman en el Rio Marañón
en la estación seca que ya se inicia.
El presidente Humala ha anunciado nuevas reglas de juego
para la minería. Pues debería haber también nuevas reglas de juego para la actividad
hidrocarburífera. Y deberían reconsiderarse aquellos proyectos que –como el de
Maurel Et Prom- han avanzado en el marco de una institucionalidad obsoleta, sin
zonificación ecológica y económica, sin participación de las autoridades
regionales y locales, y sin reales mecanismos de consulta.
Los paralelos con Conga, en Cajamarca, son evidentes.
Empresas que logran de parte de un amistoso MINEM todas las autorizaciones
legales requeridas y que negocian en términos de total asimetría con una comunidad
aislada, pero cuya intervención tendrá impactos muchos más vastos, careciendo
de real legitimidad social. Hay que revisar esta situación. No necesitamos un
nuevo “Baguazo”.
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