Carlos Monge
El “Baguazo” del 5 de junio del 2009, costó la muerte de 34
personas entre Policías e indígenas. Un enorme costo de vidas para que finalmente
se lograra la derogatoria de algunos decretos que buscaban facilitar grandes
inversiones en los territorios comunales indígenas y el lanzamiento del proceso
que ha desembocado –finalmente- en la aprobación de la Ley de Consulta y su
Reglamento.
Pero el “Baguazo”, la derogatoria de las “leyes de la selva”
y la consagración legal del derecho a la consulta, no frenaron la entrega de
concesiones petroleras y mineras que hoy amenazan la vida de las poblaciones
indígenas de la Amazonia.
Por ejemplo, el 11% del territorio de la Región Amazonas ha
sido concesionado a empresas mineras. En la provincia de Condorcanqui, de población
mayoritariamente AwajunWampis, las concesiones mineras se ubican cerca de la
frontera con el Ecuador y en la cuenca del Río Marañón, sobrepuestas con áreas
protegidas y amenazando cabeceras de cuencas que son preciosas por su
biodiversidad y sagradas para sus habitantes.
Ocupando buena parte de esa misma provincia, se ubica el
Lote 116 asignado a la empresa Maurel Et Prom, que incluye el territorio de 65 comunidades
nativas AwajunWampis.
La empresa Maurel Et Prom ya ha venido desarrollando
actividades de exploración en el Lote 116 y ya tiene aprobado el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) para perforar un pozo de prueba en terrenos de la comunidad
de Kashap, distrito de Nieva. Pero los dirigentes AwajunWampis de la región
dudan del EIA presentado por la empresa y aprobado por el Ministerio de energía
y Minas (MINEM).
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