Con la tecnología de Blogger.

sábado, 25 de diciembre de 2010

La Argentina de los K vista en Diagonal

Frank Mintz

Estando en Francia y con varias tareas, leí sólo hoy las dos páginas dedicadas a la Argentina de los Kirchner, N° 138 de noviembre de 2010 [http://www.diagonalperiodico.net/La-Argentina-que-deja-Nestor.html] que me chocan por el sectarismo y la ceguera. Ahí van algunos ejemplos con la versión más conforme a la realidad que puede tener un militante de base.
-“Osvaldo Bayer, historiador y militante anarquista”, de militante nada y de anarquista tampoco, lo que explica sus escasas críticas a un Gobierno aliado a Repsol y la Barrick Gold y otras multinacionales sangrientas. Así como su desatino de “[sigue habiendo] villas miseria y niños con hambre. Por eso hay que seguir empujando”. ¡Que vaya Bayer a justificarlo a los padres de los niños muertos y de Ezequiel Ferreyra, esclavo de seis años (muerto envenenado hace pocos días) que trabajaba con productos químicos altamente peligrosos en una granja avícola!

-“Carina López, [y Franco Basualdo] del Frente Popular Darío Santillán (FPDS)” sus opiniones lamentables a favor de la política K dejan pensar que el FPDS tendría la misma tendencia. Los autores habrían podido destacar que no es en absoluto el caso. La política de derechos humanos propiciada por el gobierno centrada en la reapertura de juicios a militares genocidas, y acompañada por una activa campaña de cooptación de referentes y organizaciones, queda empañada por el hecho de que en la Argentina un 20% de la población vive con menos de 30 dólares mensuales, prolongando el genocidio económico que fue denunciado en tiempos de Menem y De la Rúa. El Frente Popular Darío Santillán es opositor a la política del gobierno de Kirchner y en consecuencia debemos pagar el precio de su autonomía: cada conquista obtenida, cada derecho adquirido debe sostenerse con lucha [2007] (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=548).

viernes, 24 de diciembre de 2010

Empresas transnacionales en América Latina: ¿Hacia un nuevo modelo de desarrollo?

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro
(Viento Sur, nº112, octubre de 2010)

Antoni Brufau: “Nosotros estamos muy cómodos y siempre con muy buena relación con el gobierno, con PDVSA y con el ministro”
Hugo Chávez: “¿Te das cuenta? No somos tan diablos, ¿eh?”. [...]
Hugo Chávez: “Brufau, ¿qué vamos a hacer con tanto gas?”
Antoni Brufau: “Alguna utilidad le encontraremos”. [1]

Este diálogo se producía hace justo un año, en septiembre de 2009, cuando el presidente de Venezuela y el máximo dirigente de Repsol YPF se reunían en Madrid para anunciar que el mayor pozo de gas de ese país, que entonces acababa de ser descubierto, iba a ser gestionado conjuntamente por la petrolera española y la empresa estatal venezolana PDVSA. Unos días después, el presidente de Bolivia se veía en la misma ciudad con una delegación de los empresarios españoles, y les explicaba que “queremos socios, no dueños de nuestros recursos naturales”. [2] Ambos hechos, que apenas fueron analizados por los medios de comunicación alternativos, situaban así a los colectivos y movimientos que habían venido denunciando los impactos de ésta y otras compañías multinacionales en América Latina ante una compleja discusión: en caso de que los gobiernos latinoamericanos progresistas les otorguen el trato de aliadas, ¿tiene sentido seguir oponiéndose frontalmente a la presencia de las grandes empresas transnacionales en esos países? ¿O se trata de abogar porque paguen más impuestos y contribuyan realmente a la generación de empleo? Dicho de otro modo, ¿es suficiente con que los Estados y empresas multinacionales alteren su correlación de fuerzas para considerar a éstas como agentes de desarrollo?

Argentina: Están todos

Pelota de Trapo

Ese día extremo de hace nueve años se brotaba la piel escaldada del país y, simbólicamente, Fernando De la Rúa redactaba su renuncia en temible soledad. Mientras en el afuera de su autismo político el grito que ordenaba el destierro total de toda la dirigencia se parecía al apocalipsis del sistema, del Estado y de las joyas del capitalismo impiadoso y orgiástico que había reinado con fluidez y consenso en las últimas tres décadas.

La represión, la muerte, la oscuridad, el estallido de un programa económico - pac man que deglutió sueños, salarios, dignidad, aparato productivo y excluyó como para siempre a una porción impactante de los sectores populares desparramó muertos en los pavimentos de todo el país. La sangre otra vez derramada, la misma de siempre, más del 50% de la población desbarrancada a la pobreza y la indigencia, los hambrientos en las calles para hacerse visibles y la sensación amarga del no futuro bajo la presidencia interina y forzada del mismo hombre que hoy -justamente hoy- lanza su candidatura para intentar otra vez ser presidente legitimado por los votos populares.

Nueve años después, de todos los socialmente expulsados por el grito que unió apenas por un rato a la clase media y a los desarrapados, muy pocos son los que se fueron. La mayoría está ahí, firme y reciclada. Incluso el hombre que hoy se lanza en Costa Salguero, justamente hoy. Como una ironía gélidamente calculada.

USI: La Ley de Educación Universitaria es una aberración antidemocrática

Unidad Socialista de Izquierda

La Asamblea Nacional ha aprobado, de madrugada y en Misa de Gallos, la Ley de Educación Universitaria sin consultar a los trabajadores, estudiantes y profesores que integran la comunidad universitaria de todo el país. El grado de autoritarismo empleado por el PSUV y el PCV para aprobar la ley es directamente proporcional al contenido antidemocrático de este instrumento legal, que elimina la precaria democracia universitaria actual y liquida la autonomía universitaria, concentrando en el Ministerio de Educación Universitaria la mayoría de las competencias que hoy constituyen atribuciones del autogobierno universitario.

La promulgación de esta ley se produce en el contexto de una ofensiva antipopular emprendida por el gobierno y la Asamblea Nacional, encabezada por una Ley Habilitante mediante la cual el Ejecutivo legislará durante 18 meses, y en cuyo marco se ha anunciado el aumento del IVA. Además de haberse aprobado de forma inconsulta y apresuradamente varias leyes que restringen las libertades democráticas, mediante las cuales se impone un mecanismo para la censura en internet, se establecen sanciones a diputados que disientan de sus partidos, se prohíbe la adscripción de organizaciones políticas a corrientes internacionales, se amarra el control gubernamental sobre las organizaciones del mal llamado “poder popular”, se interviene en los asuntos internos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre otras medidas profundamente regresiva.

El gobierno se emplea a fondo en la tarea de imponer restricciones a las libertades democráticas antes de que tome posesión la Asamblea Nacional electa en septiembre de este año, en la cual el Psuv no contará con la holgada mayoría que tendrá hasta enero de 2011. Lo hace previendo que el entrante será un año de gran conflictividad social y política, ante la profundización de la crisis económica y la acelerada erosión del apoyo popular al gobierno del presidente Chávez.

Pachakutik: No al acuerdo de cooperación técnico-militar Venezuela-Ecuador

Boletín de Prensa 189

La Jefa de Bloque de Pachakutik, Magali Orellana y el Coordinador Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Rafael Antuni, puntualizaron las razones de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador, para oponerse al Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Ecuador.

La Política de Defensa de la República de Ecuador está subordinada a la Política de Seguridad Nacional, lo que significa que está en manos de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, esto determina que no se pueda actuar, libremente, sin la injerencia directa del Ejecutivo.

En el caso de Venezuela, las Fuerzas Armadas están politizadas, porque están subordinadas al interés y quehacer del mandatario venezolano. Ecuador, constitucionalmente, es un territorio de paz, razón por la que rechazamos que las FFAA ecuatorianas puedan emular el accionar de los militares venezolanos, quienes al momento CONSTITUYEN EL APARATO REPRESIVO DE ESE PAÍS.

El Gobierno de Rafael Correa Delgado, lleva adelante un proceso de criminalización de las luchas sociales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador; con la aprobación de este Acuerdo de Cooperación, se demuestra el temor que siente el primer mandatario, quién busca refugiarse en fuerzas externas, para consolidar su política de represión al pueblo ecuatoriano.

El artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador, es violentado flagrantemente por el gobierno de Alianza País: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos?, en este gobierno ejercer ese derecho es causal de sabotaje y terrorismo.

En los últimos meses, ha quedado al descubierto la persecución contra pueblos y nacionalidades, al momento, alrededor de 100 dirigentes indígenas a nivel nacional son perseguidos; este gobierno no permite que el pueblo, en base al legítimo derecho constitucional, proteste en contra de medidas arbitrarias, ilegales e inconstitucionales.

Con este convenio, existirá el pretexto para que las fuerzas armadas de Venezuela, militaricen los campos petroleros entregados a ese país a través de su empresa estatal petrolera PDVSA, como es el caso del campo Sacha, al mas puro estilo neoliberal.

Finalmente, el Coordinador del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Rafael Antuni y la Ing. Magali Orellana, Asambleísta de Pachakutik, rechazan categóricamente, que la Asamblea Nacional haya aprobado con el límite de la votación, este Acuerdo Internacional, el que provocará situaciones negativas para el futuro de la resistencia de los pueblos y nacionalidades ecuatorianas. El Acuerdo Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela fue aprobado con apenas 63 votos.

Magali Orellana
JEFA DE BLOQUE

Rafael Antuni
COORDINADOR NACIONAL

Para el debate: Por una universidad emancipadora: contribución al debate venezolano

Armando Chaguaceda[i]

En Venezuela acaba de ser aprobada la nueva Ley de Educación Universitaria que norma el sistema de educación superior en el país[ii]. En ella destacan aspectos positivos como el mantenimiento de la gratuidad para las instituciones públicas, el establecimiento de la participación igualitaria de estudiantes y no docentes, el énfasis en el bien público y la vinculación con el desarrollo nacional, además de la explicita promoción de la hegemonía cultural anticapitalista.  Sin embargo la Ley ha sido impulsada y aprobada de manera poco incluyente y opaca, en medio de una paralización de las universidades derivadas de las torrenciales lluvias decembrinas  y  el cercano fin de año, ejecutoria que ha favorecido los rumores, desinformaciones y la polarización. Actores interesados y afectados por la Ley no han sido debidamente consultados en toda su amplitud y diversidad, y se señalan indefiniciones en la estructura organizativa y los reglamentos disciplinarios, elementos ambos centrales en cualquier reordenamiento serio, funcional y sostenible, lo cual revela importantes fallas derivadas de una aprobación apresurada. 
Por todo lo expuesto la Ley ha desatado pasiones que merecerían apoyarse en análisis más argumentados sobre sus limitaciones y potencialidades. Un notable intento en esta dirección ha sido acometido por el amigo y colega Juan Eduardo Romero, quien destaca la inaceptable (y risible) duplicidad de comportamiento de aquellos que denuncian los actos irreflexivos de la Asamblea Nacional e incurren en comportamientos similares, emitiendo juicios infundados y limitando derechos al que disiente del criterio mayoritario, como fue su experiencia en un foro reciente. Y tiene absoluta razón al recordar que no puede haber discusión si no asumimos con seriedad el estudio de lo criticado; por ello me permito complementar (o acaso comentar?¡) sus reflexiones en los párrafos siguientes.

Ley Habilitante: Profundizando la dictadura del capital energético en Venezuela

Rafael Uzcátegui

El pasado 17 de diciembre la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada en un 97% por el oficialismo y cuyas funciones finalizaban el 04 de enero del 2011, aprobó por un período de 18 meses una Ley Habilitante para el presidente Hugo Chávez bajo el argumento de atender la emergencia suscitada por las lluvias en el país. De esta manera el primer mandatario puede aprobar, de manera unilateral, decretos con fuerza de ley en nueve ámbitos de la administración pública. Los sectores opositores venezolanos han hecho énfasis en que dicha habilitante secuestra competencias de los diputadas y diputados que, tras ser electos el pasado 26 de septiembre, debieran empezar sus funciones el próximo 05 de enero y en donde, a diferencia del presente cuerpo legislativo, cuentan con una representación de importancia. La discusión, al tomar estos énfasis, enmascara otros temas a nuestro juicio mucho más sustanciales: Durante año y medio el presidente Chávez tendrá la facultad de realizar, discrecionalmente y sin ningún tipo de debate previo, negociaciones en materia de exploración y comercialización de recursos energéticos, la principal industria del país.

Según la información difundida por la propia agencia estatal de noticias AVN, el octavo ámbito en el cual el presidente Chávez tiene facultades habilitantes es uno denominado, eufemísticamente, Cooperación Internacional: “Competencias del Ejecutivo Nacional para la celebración de contratos de interés público de carácter bilateral o multilateral, destinados a desarrollar sectores estratégicos y a atender las consecuencias de desastres naturales”. Para un lector o lectora desprevenida la oración le recuerda las más de 100.000 familias damnificadas en Venezuela. Lo clave, sin embargo, no es el altruismo con las personas sin techo, sino la potestad de negociar expeditamente con dos o más países contratos en el único sector estratégico que posee Venezuela: sus recursos naturales no renovables.

Y es que como “cooperación” se han realizado recientemente ventas de petróleo venezolano plagadas de irregularidades de toda índole. Un ejemplo lo constituye el acuerdo celebrado el pasado 16 de septiembre de 2010, denominado “Ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación para financiamiento a largo plazo”. Como lo explicó el activista anticapitalista e investigador de la geopolítica petrolera Pablo Hernández, en esa fecha Cilia Flores, como presidenta de la Asamblea Nacional; Dario Vivas, como primer Vicepresidente; Marelis Pérez, como segunda Vicepresidenta; Ivan Zerpa como Secretario y Victor Clark como Subsecretario, firmaron sin ningún tipo de análisis o discusión de rigor lo que seis días antes acordó la delegación venezolana en Beijing tras las gestiones del Ministro Jorge Giordani. En resumen los términos del acuerdo son el otorgamiento de dos créditos a Venezuela pagaderos en un plazo de 10 años: uno por 10 mil millones de dólares y el segundo por 70 mil millones de la moneda china yuanes Renminbi, para contribuir según el contrato “a la internacionalización del signo monetario de la República Popular China”. El préstamo tiene dos particularidades. La primera es que será pagado, en cómodas cuotas, no con dinero sino con petróleo: “para el año 2010, no menos de 200.000 barriles diarios; para el año 2011, no menos de 250.000 barriles diarios; para el año 2012 hasta la fecha en la que las obligaciones bajo el Acuerdo de financiamiento hayan sido total e incondicionalmente cumplidas, no menos de 300.000 barriles diarios”. La segunda “particularidad” es que una parte del crédito será entregado en electrodomésticos de fabricación china. Si en la primera conquista cambiamos oro por espejos, en la dominación del capitalismo global canjeamos petróleo por lavadoras. La posibilidad de realizar acuerdos de esta naturaleza, sin ningún tipo de obstáculos internos, es el sustrato de la actual Habilitante, en un momento de crisis económica que obliga al gobierno bolivariano a captar recursos para financiar su campaña electoral para el 2012.

El rol asignado a Venezuela por parte del flujo mundial actual de capitales es el de proveer, de manera constante, segura y confiable, energía al mercado global. Ese papel ha sido ratificado y profundizado por un gobierno que con una retórica antiimperialista ha revertido el proceso de nacionalización de la industria petrolera ocurrida en el país en el año 1976. Vaciando de significado a las palabras, se ha denominado como “soberanía energética” la firma de acuerdos por períodos entre 30 y 40 años con trasnacionales como Chevron, Repsol, ENI y British Petroleum, entre otras, institucionalizando la figura jurídica de empresas mixtas mediante las cuales el Estado venezolano las hace socias, y no concesionarias como antes, de todo el proceso de exploración, refinamiento y comercialización de energía.
Por lo anterior es que la Ley Habilitante, junto al paquete legislativo de emergencia, continúa disciplinando a la población venezolana para que asuma el modelo productivo de maquila energética, sin transformar significativamente la calidad de vida de las mayorías y lejos de realizar cambios estructurales que justifiquen el adjetivo “revolución”. Venezuela forma parte del proceso de construcción de nuevas gobernabilidades en la región, que han desmovilizado a los movimientos sociales que contestaron a la aplicación de las medidas de ajuste en la década de los 90´s, relegitimando tanto al Estado como a la democracia representativa para cumplir las cuotas de exportación de recursos naturales para los principales mercados del mundo.

martes, 21 de diciembre de 2010

Despedidos 60 trabajadores de la Alcaldía de Piar en Monagas

Webzine Causa Obrera Acrata

60 Trabajadores perteneciente a la alcaldía de municipio Piar del estado Monagas fueron despedidos de sus puestos laborales, por el alcalde de dicho municipio, violando flagrantemente la inamovilidad laboral que poseen estos trabajadores, esto se suma a los 130 despedidos hace un año, a quienes aún no se les ha cancelado sus prestaciones sociales.

La situación se agudiza, debido a que entre los despedidos se encuentra un grupo de 9 personas incapacitadas por enfermedad, a quienes no se les reconoce el derecho de salud el cual estipula la Ley del Trabajo, es decir, el alcalde socialista, Miki fuentes, quien pertenece al Gobierno obrerista, desconoce los derechos laborales y contractuales, alegando que la alcaldía de Piar es la que cuenta con el mayor número de trabajadores a los cuales les es cada vez más imposible mantener y por ello, la solución más efectiva es dejarlos en la calle, y sin aguinaldos, salarios caídos, utilidades y evidentemente tampoco les cancelará la respectiva liquidación, puesto que se declara en quiebra… y justo en época de navidad.

Acaso los trabajadores que por más de 20 años se han dedicado a dejar parte de su tiempo y esfuerzo en la alcaldía de Piar no tienen derecho a ser jubilados ni a que se les brinde el derecho a la salud o es que acaso no gozan de seguridad social.

Por qué a estas alturas, en los espacios “chavistas” es precisamente donde se olvidan de los derechos laborales, se olvidan de los sindicatos y creen que la clase obrera continuará calándose tal situación

¿Hasta cuando se burlan los nuevos burgueses de los trabajadores?

Nota: Abajo comunicado emitido por los trabajadores despedidos

Comunicado

Nosotros, trabajadores “despedidos” de la alcaldía del Municipio Piar, jamás en la historia de nuestro pueblo, habíamos presenciado tanto atropello y humillación por parte de los gobiernos municipales, como en este nefasto y fascista que tenemos en la actualidad, “dirigido” por incapaz e indolente personaje, que con sus características y actitud pequeño burguesas, se parece mucho a los golpistas y lacayos que día a día conspiran contra la revolución y la patria de Simon Bolívar. Son mas de 300 (trescientos) los trabajadores que hemos sido despedidos sin ninguna justificación, violándose nuestros derechos constitucionales, la ley del trabajo, y el recién decreto presidencial de inamovilidad laboral. Lanzados a la calle como objetos, sin derecho laboral y humano, por parte del señor alcalde, Solo por el hecho de reclamar nuestras reivindicaciones laborales, fuimos despedidos el día lunes 13 de diciembre, 60 (sesenta) trabajadores mas de la alcaldía. La situación ha llegado a grados superiores de intolerancia, ya hemos soportado todo tipo de humillación e irrespeto, pareciera que estamos viviendo en tiempos de dictadura, donde el estado de derecho es pateado vilmente por los que “ostenta el poder”. Pero hay que recordarle al alcalde, que pareciera desmemoriado, que en este país existen unas leyes, las cuales se deben cumplir, para poder garantizar los principios de justicia y democracia, vitales para el bienestar social y humano, que el poder radica en la base de pueblo y sus trabajadores, que su estadía por la alcaldía, obedece a la voluntad del pueblo y a el debe su mandato, por consiguiente, nosotros, trabajadores afectados, llevaremos hasta la ultimas instancias del poder, las agresiones y violaciones que este déspota burgués, ha lanzado contra nosotros. Haremos las respectivas denuncias ante el ministerio del trabajo y otras instituciones del estado. Haremos valer nuestros derechos cueste los que nos cueste. Por ultimo, exhortamos a la población de nuestro municipio a defender nuestras reivindicaciones laborales y nuestras luchas sociales.

Por una revolución laboral, unidad popular, organización popular

El B: "Viva Cuba Libre"

Para el debate: De la ley sapo a la ley cepo

Vladimir Villegas

La llamada Ley Antitalanquera, que criminaliza el uso de la capacidad de discernimiento por parte de los parlamentarios, es una elocuente muestra del lamentable rumbo por el cual transita el Partido Socialista Unido de Venezuela, muy parecido al de aquellos viajeros de la Edad Media que colocaban un cinturón de castidad a sus esposas como mecanismo para evitar la infidelidad.

No es la confianza sino la desconfianza lo que trasluce una fuerza política que promueve una iniciativa parlamentaria destinada a impedir que sus diputados piensen con cabeza propia, o que se atrevan a tomar otro camino y destino políticos si consideran que la organización en la cual militan ya no responde a los principios que la orientaron al momento de su fundación o, como es el caso que vivimos en Venezuela, al proyecto de país que nos dimos los venezolanos cuando discutimos y aprobamos la Constitución de 1999.

Precisamente, la llamada Ley Antitalanquera, "ley culillo" o "ley cepo", como prefiero denominarla, pisotea de manera descarada la carta magna, en cuyo artículo 201 queda claramente establecido que los diputados y diputadas deben obedecer a su conciencia y a sus electores. Sus promotores y sus autores pretenden convertirse en los amos y señores de la noción de pueblo, por lo cual en su nombre cometen este tipo de atrocidades legislativas que a la larga terminan de desnudar el perfil autoritario que se ha impuesto a troche y moche, y que convierte de hecho en letra muerta el texto constitucional.

Seguramente la intención que animó a los redactores de la abortada ley de inteligencia, bautizada como "ley sapo", para proponer un instrumento legislativo digno de un régimen de terror es la misma que ha llevado a sus promotores a engendrar un adefesio jurídico que debería ser rechazado contundentemente por el Tribunal Supremo de Justicia si éste hiciera gala de la autonomía que le otorga la carta magna.

De lo que se trata es de colocar un cepo, un cinturón de castidad en el pensamiento de los diputados para que sólo puedan mover la mano al ritmo que le indiquen. Y pobre de aquél que se atreva a dudar, a pensar, a cuestionar, a criticar, y peor aún, a deslindar de este equivocado y tenebroso camino de seguidismo, incondicionalidad y esclavitud mental por el cual ahora transitan unos diputados recién electos que no tienen la confianza del Presidente, porque entran en la categoría de "estado general de sospecha", al cual aludió una vez Eliézer Otaiza.

La verdad es que no quisiera estar en el pellejo de los nuevos diputados del PSUV.

De hecho son prisioneros políticos, aunque voluntariamente estén apoyando al Gobierno y a su máxima figura. Y lo son porque si mañana alguno de ellos trata de marcar una diferencia, de dejar colar algún matiz que no sea del agrado de sus superiores y particularmente del líder, puede pasar en un dos por tres a ser un paria de la política, con inhabilitación incluida.

Esta ley cepo es una buena respuesta a quienes se preguntan por qué gente que apoyamos durante mucho tiempo al gobierno del presidente Hugo Chávez ya no estamos acompañándolo y hemos decidido marcar clara distancia. Si algo positivo puede derivarse de esta atrocidad legislativa es el hecho de que en este momento no pocos seguidores del Gobierno deben estar reflexionando en silencio sobre la inviabilidad de un proyecto político asentado en la adoración acrítica de un líder, y en una práctica autoritaria de la cual son víctimas no sólo los opositores o los sectores que no se pliegan sino también quienes han sido electos con el apoyo del partido rojo rojito.

La ley cepo en sí misma es una clara señal de alarma. Estamos ante un drama orwelliano. De aquí a la policía del pensamiento el trecho es corto. Todo sea por impedir la rebelión en la granja.

lunes, 20 de diciembre de 2010

Aprobada en segunda discusión ley de censura a Internet

Periódico El Libertario

Al final de la tarde del lunes 20 de diciembre la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, tras realizar su segunda discusión, la “Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos”, una reforma a una ley anterior cuya principal novedad fue la inclusión explícita de normativas que afectan los contenidos a ser difundidos por medios electrónicos, no sólo por los proveedores de servicios o administradores de sitios webs, sino también por los usuarios y usuarias.

El artículo 28 de la ley establece como prohibiciones la difusión de los siguientes mensajes por Internet:
a) Inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia.
b) Inciten o promuevan y/o hagan apología al delito.
c) Constituyan propaganda de Guerra
d) Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.
e) Desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas.
f) Induzcan al homicidio.
g) Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

Los numerados como a, b, c, d, e y g tienen un alto contenido discrecional y una interpretación exclusivamente política. Las sanciones previstas por la difusión de los anteriores mensajes serán adjudicadas no solamente a los responsables de los medios electrónicos, sino también a los proveedores de servicios. Los dueños del medio electrónico serán sancionados con multas entre 3250 a 211250 bs (entre 755 y 49000 dólares). Asimismo se establecen multas cuando se difundan alguno de los mensajes prohibidos anteriormente, se utilice el anonimato o “Promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público”. De esta manera el gobierno venezolano prohíbe que por Internet se convoque al ejercicio al derecho a la manifestación pacífica.

Las autoridades pueden suspender por 72 horas la difusión de los mensajes y dar inicio a medidas cautelares innominadas a los infractores e infractoras. La aprobación de esta ley forma parte del paquete de leyes que, con la excusa de la emergencia por lluvias, el gobierno venezolano esta aprobando de manera extraordinaria, y que junto a la Ley Habilitante constituyen la interrupción del hilo constitucional más grave realizado en el país desde el año 2002. De esta manera el presidente Chávez y la Asamblea Nacional bajo su control están promoviendo una democracia dictatorial en Venezuela.

Si desea consultar el texto completo de la ley en: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?attachment_id=9516

Pedro Nikken en declaraciones rueda de prensa Foro por la Vida, rechazo Ley Habilitante

Foro por la Vida y Sinergia: Ley Habilitante coloca en serio riesgo los Derechos Humanos


El Foro por la Vida, Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos, Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil y otras organizaciones de la sociedad civil venezolana que suscribimos este comunicado, nos dirigimos a la opinión pública a fin de presentar formalmente nuestra posición sobre la aprobación de la Ley Habilitante y de otros instrumentos legislativos que afectan gravemente la vigencia del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
Este posicionamiento público en salvaguarda del Estado de Derecho y de las libertades públicas es coherente con nuestra histórica posición al respecto, la cual por ejemplo materializamos el 5 de febrero del 1992 y más recientemente el 12 de abril del 2002, momentos en los cuales observamos serias amenazas contra los derechos humanos y en contra de la pervivencia del Estado de Derecho.

La ley habilitante coloca en serio riesgo los derechos humanos, los cuales deben ser respetados y garantizados por el Estado, tal como lo exigen la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El poder legislativo es el que está constitucionalmente llamado a regular esos derechos, porque ofrece condiciones de pluralismo y deliberación democráticos que el Poder Ejecutivo no puede reunir. La ley habilitante abre las puertas a la limitación por decreto ley de derechos humanos en distintos ámbitos. El abanico de posibilidades de regulación presidencial comprende la normativa sobre la actuación de entidades públicas o privadas ante calamidades o catástrofes naturales, pasando por la referida a sectores diversos de actividad económica y al régimen de las tierras urbanas o rurales, y llega a sobrepasar los umbrales del derecho penal.
Resulta en particular preocupante que de forma global o genérica se entregue al Poder Ejecutivo la regulación de los sistemas de seguridad ciudadana, policial y de protección civil, lo cual incidirá probablemente en el disfrute de derechos humanos, no sólo del derecho a la seguridad ciudadana, sino también de aquellos derechos que suelen verse afectados por la acción de los funcionarios policiales, como los derechos a la libertad personal, a la intimidad y a la protección de datos personales, entre otros.

Ello se hace palmario en la habilitación legal relativa a la identificación ciudadana y al control migratorio, que puede traducirse en el establecimiento de autorizaciones y obligaciones para el almacenamiento o entrega de información que repercutan negativamente en el libre desenvolvimiento del ser humano. La ley procede incluso a conferir poderes normativos indeterminados para la tipificación de delitos, menoscabando el ámbito más sagrado de la reserva legal. La alusión a las telecomunicaciones y a las tecnologías de la información es igualmente inquietante, ya que puede conducir a la imposición de restricciones a la libertad de expresión e información. De manera velada la ley pretende adicionalmente facultar al Presidente para dictar normas en materia de cooperación internacional que eventualmente sometan a las organizaciones no gubernamentales a lineamientos y controles abusivos del Poder Ejecutivo.
Todo este conjunto de previsiones destinadas a otorgar al Poder Ejecutivo facultades que le son ajenas desembocará, además, en una producción normativa que estará al margen del derecho a la participación ciudadana, pues el mismo carácter súbito e inconsulto de la aprobación de la ley habilitante acompañará a los decretos leyes posteriores, al suprimirse las oportunidades de control ciudadano que la Constitución establece en el procedimiento legislativo ante la Asamblea Nacional.
Por otro lado quisiéramos, también, puntualizar que el tema de la cooperación internacional debe ser visto en el contexto de un mundo en el que conviven ciertos valores universales, no desde la perspectiva de concepciones absolutistas de la soberanía o de nacionalismos que pongan en tela de juicio la legitimidad o licitud de las ayudas procedentes de otros pueblos en beneficio del desarrollo integral de las personas y del goce irrestricto de los derechos humanos. De entrada conviene recordar que los derechos humanos son, cada vez con más intensidad, una materia internacional, que traspasa las fronteras nacionales y coloca a los propios Estados al servicio de una causa universal.
La promoción y defensa de los derechos humanos, como objetivo emblemático de las organizaciones no gubernamentales, es una tarea que incumbe a actores institucionales diversos, públicos y privados, nacionales e internacionales. Se trata de una lucha transnacional que vincula a muchos protagonistas, todos encaminados a la construcción de “un orden social e internacional en el que los derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos puedan tener una aplicación plena” (ONU, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, A/RES/53/144 , 8 de marzo de 1999).
Las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social se configuran y actúan en ejercicio del derecho de toda persona a asociarse libremente con fines lícitos, consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Asumimos nuestro compromiso con la sociedad y el país participando solidariamente en la vida política y civil, en contacto con las comunidades y otras organizaciones sociales.

Cualquier regulación legislativa que pretenda imponerse sobre el marco de actuación de las ONG deberá cumplir con el contenido y los límites establecidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscrito por el Estado Venezolano.

En otras palabras, la Asamblea Nacional no es libre de establecer cualquier limitación o restricción a este derecho. Las únicas limitaciones o restricciones legales que resultan aceptables del derecho de libre asociación, son aquellas “que sean necesarias en una sociedad democrática”.

No es por el camino equivocado de organizar un régimen de restricciones inaceptables en una sociedad democrática como el Estado venezolano podrá estimular y garantizar el derecho de participación de la sociedad. Más y mejor democracia solo será posible facilitando la expresión, organización y movilización social. El estímulo y ejercicio de la contraloría social sobre la gestión del Estado, requiere facilitar a las personas posibilidades reales de organizarse y de actuar con autonomía, sin el temor a ser perjudicadas por las opiniones y valoraciones que expresen sobre la gestión de los funcionarios. Si ello no se garantiza, el protagonismo del pueblo no será más que una aspiración y un discurso vacío que hoy crea ilusiones y mañana nuevas frustraciones de todos aquellos que aspiran una relación diferente entre el Estado, el gobierno y la sociedad.

Caracas, 20 de diciembre de 2010.

Organizaciones firmantes:
- Acción Solidaria
- Asociación Civil Huellas
- Bioparques
- Caritas de Venezuela
- Caritas Los Teques
- Centro de Derechos Humanos UCAB
- Centro Gumilla
- Centro para la Paz de la Universidad Central de Venezuela
- Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
- Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
- Convite
- Espacio Público
- Fundación Reflejos de Venezuela
- Gestión de Cambio
- Grupo Social CESAP
- Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
- Invesp
- Liderazgo y Visión
- Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
- Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres Lara
- Observatorio Venezolano de Violencia
- Opción Venezuela
- Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
- Propaz
- Queremos Elegir
- Servicio Jesuita a Refugiados
- Servicios Jesuita a Refugiados
- Transparencia Venezuela
- Una Ventana por la Libertad
- Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
- Escuela de Vecinos de Venezuela
- Sinergia

Para el debate: La frontera democrática

Rafael Uzcátegui

En el contexto que permite la vigencia de los derechos humanos para el año 2010 en el país, Provea ha sostenido que se ha venido implementando, de manera no democrática, el proyecto político denominado "Socialismo del Siglo XXI". Los recientes acontecimientos, la solicitud y aprobación de una Ley que le confiera poderes habilitantes al Presidente de la República, así como la discusión y progresiva aprobación extraordinaria de un paquete de aproximadamente 13 leyes, han agravado -como nunca antes- el desconocimiento de la Carta Magna aprobada por todos y todas las venezolanas en el año 1999.

No es la primera vez que el presidente Chávez ha gobernado con facultades habilitantes, entendidas como la posibilidad de aprobar leyes de manera expedita y unilateral sin la aprobación del parlamento. Recientemente, un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que "la posibilidad de que los órganos elegidos democráticamente para crear leyes deleguen esta facultad en el poder ejecutivo no constituye en sí mismo un atentado contra la separación de poderes o el Estado democrático". Sin embargo, la reciente Ley Habilitante aprobada por 18 meses se da en un contexto diferente a las anteriores: Socava, previo a su instalación, las funciones de un nuevo cuerpo legislativo electo por el voto popular. La existencia de vacíos jurídicos al respecto, ha permitido que sean desconocidos los resultados de las elecciones del pasado 26 de septiembre, donde la mayoría del país seleccionó la renovación y pluralidad del hemiciclo parlamentario. La aprobación de una Ley Habilitante por parte de diputados y diputadas a punto de finalizar sus funciones constituye una grave estrategia para limitar al mínimo las competencias de la próxima Asamblea Nacional, ignorar el equilibrio y separación de poderes y concentrar el gobierno en la figura presidencial.

Hay que aclarar que si bien el principal argumento del primer mandatario para solicitar la habilitante fue la necesidad de afrontar la situación de emergencia ocasionada por las lluvias, la mayoría de los ámbitos con competencias especiales que se le han conferido no tienen nada que ver con la urgente situación de las familias damnificadas. La legislación sobre el sector telecomunicaciones, la modernización de los sectores impositivos y tributarios, los sistemas de seguridad ciudadana, las normas relativas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por citar algunos de los ejemplos, merecen por su importancia un amplio debate y consenso nacional. Asimismo la "celebración de contratos de interés público de carácter bilateral o multilateral, destinados a desarrollar sectores estratégicos..." deberían honrar los principios de la democracia participativa y protagónica, en un sector, el energético, donde muchos activistas locales de larga data han señalado la preocupante entrega de la soberanía del país por la vía de los contratos de empresas mixtas realizados con empresas como, por ejemplo, Chevron y Repsol. Por otra parte, las facultades habilitantes insisten en la propuesta rechazada en la reforma constitucional de realizar una nueva geometría del país en base a la creación de Comunas, una figura inexistente en la Constitución de 1999.

De manera paralela a la Habilitante se han venido discutiendo y aprobando una serie de normativas que, a su vez, derivan en una Carta Magna diferente a la concertada hace una década. Cada una de las leyes propuestas contiene elementos que obstaculizan o simplemente niegan garantías y derechos consagrados tras largas luchas del pueblo venezolano. Por ejemplo, la propuesta de Ley de Universidades que allana la autonomía universitaria de una manera grave similar a las irrupciones policiales durante los gobiernos del pasado pero sin el uso de las armas; o la ley denominada "Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional" que empuja al terreno de la ilegalidad a la gran mayoría de las iniciativas sociales del país. Este proceso de progresivo desmantelamiento constitucional, -a pesar que tuvo algunos incidentes previos a esa fecha- ha sido especialmente visible desde comienzos del año 2008, tras la pérdida de la propuesta de reforma que fue negada en las urnas electorales. La tendencia antidemocrática se ha agravado con el paquete de leyes aprobadas sorpresivamente y en tiempo récord por un cuerpo legislativo a punto de retirarse.

El proceso político liderizado por el presidente Chávez ha comenzado a traspasar la frontera democrática, adjudicándose atribuciones que personalidades, cuerpos colegiados y juristas han catalogado como dictatoriales. Ante la imposibilidad que se repitan actores políticos como Augusto Pinochet o Rafael Trujillo, en tiempos en que el cumplimiento de las formalidades democráticas y el respeto aparente a los derechos humanos se encuentra en el centro de todas las negociaciones económicas y políticas de un mundo globalizado, los gobiernos con tendencias autoritarias de la región imponen arbitrariedades, utilizando la manipulación legal y los eufemismos leguleyos. En Venezuela hemos comenzado a transitar el camino que los peruanos vivieron bajo el régimen de Alberto Fujimori. Cuando "El Chino" decretó la disolución del parlamento contaba con un amplísimo apoyo popular; una mezcla de incomprensión e indiferencia de la comunidad internacional; la desarticulación del tejido social del país; y las continuas campañas de descrédito contra sus oponentes a través de una amplia red de medios de comunicación. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a un conjunto de actores sociales que desde la minusvalía pudieron crecientemente movilizar a la sociedad para la defensa y exigencia de sus derechos. (Correo del Caroní, 20.12.10)

domingo, 19 de diciembre de 2010

Persecución judicial contra Deibi Ocanto, dirigente del sindicato de Pastas Sindoni

El Topo Obrero

Como parte del proceso de judicialización de la protesta obrera y popular que se viene desarrollando a nivel nacional, el día jueves en horas de la tarde, una comisión del Cicpc (antigua PTJ) se presentó en la empresa donde labora el dirigente Deibi Ocanto y al no encontrarlo, la misma u otra comisión se dirigió a la casa habitación de éste, preguntando primero por otro nombre y luego diciendo que era al dirigente sindical de Pastas Sindoni a quien buscaban. Al no encontrarlo se fueron, pero ahora tanto la familia de Ocanto como los trabajadores del sindicato de SINDONI se han puesto en alerta total para evitar la captura de su compañero dirigente sindical.

Según algunas informaciones que se han recogido por inteligencia social, se dice que Deibi Ocanto ha sido acusado por la abogado de la empresa de agresiones verbales y psicológicas, (tipificadas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) acusación que habría realizado en el Cicpc acompañada por el jefe de seguridad de la empresa, con lo cual se demuestra la complicidad de la misma en esta acción que sólo pretende amedrentar a este importantísimo dirigente de Pastas Sindoni y miembro de MASAY. Igualmente, se quiere golpear a los trabajadores que vienen reclamando una serie de violaciones al contrato colectivo y demás reivindicaciones.

La empresa, a través de uno de sus representantes ha tratado de señalar ante otros dirigentes del sindicato, que la Empresa no tiene nada que ver con la acusación que levantó la abogado, pero que quiere conversar urgentemente con el perseguido dirigente. Están pidiendo una reunión, proponiendo que Deibi salga a la vista de todos, es decir que se quede sin la protección que le da la semiclandestinidad a la cual se ha visto obligado a recurrir mientras se prepara toda la defensa legal y sindical.

Desde la Corriente Socialista Revolucionaria de El Topo Obrero nos sumamos al repudio que se hace de la utilización de la Ley de defensa de la Mujer, para criminalizar la lucha del movimiento obrero por sus derechos, rechazamos la persecución e intimidación a la que ha sido objeto el dirigente sindical Deibi Ocanto y su familia y exigimos, unidos a los trabajadores de Pastas Sindoni y otros movimientos, el retiro inmediato e incondicional de las falsas acusaciones de las que ha sido objeto en el Cicpc y la Fiscalía, la plena libertad de movimiento de este y la destitución inmediata de la abogado de la empresa que hace la acusación, al ser declarada persona no grata en la misma por levantar falsas acusaciones cuyo objetivo final es la destrucción de un movimiento obrero clasista y combativo que se ha construido en Pastas Sindoni durante los últimos años.

Hacemos un llamado a todos los dirigentes y corrientes sindicales nacionales y regionales del país que se reclaman democráticos socialistas y revolucionarios a manifestar su solidaridad militante con los compañeros de Pastas Sindoni agredidos hoy en la persona de Deibi Ocanto y a sumarse a todas las acciones que organice el sindicato de Pastas Sindoni y el Movimiento MASAY en la defensa de este. (Laclase.info, 19.12.19)

sábado, 18 de diciembre de 2010

Para el debate: Venezuela: Del Populismo al Gorilismo

Fernando Mires

En un tiempo muy breve, casi vertiginoso, el gobierno del presidente Chávez está definiendo a su favor, de modo cualitativo, una correlación de fuerzas que desde un punto de vista cuantitativo le es desfavorable, vale decir, está dando el último paso que separa a una democracia formal de una dictadura de hecho.

La Ley Habilitante, la Ley Resorte y la Ley de Universidades no son en sentido estricto, leyes. Son zarpazos jurídicos destinados a destruir los restos democráticos que pervivían en la república venezolana. Mediante la Habilitante, Chávez anulará la voluntad popular manifestada el pasado 26 de septiembre, la que dio una mayoría antichavista del 52 % de la votación general. Mediante la Ley Resorte, Chávez, si no acallará totalmente, amedrentará aún más a la prensa y televisión no oficialista, y mediante la Ley de Universidades, Chávez pondrá fin a la autonomía universitaria, aplastando a su principal enemigo social y cultural: el movimiento estudiantil. En otras palabras, Chávez está quitando la voz a los partidos, al parlamento, a la prensa y a las universidades.

En menos de una semana, el gobierno venezolano está a punto de convertirse en propietario monopólico de la política, de todas las organizaciones públicas, de la comunicación social y de las instituciones nacionales. Si a eso agregamos que a través del petróleo controla al poder económico y a través del ejército, el poder represivo, hemos de concluir que no hay en toda América Latina un gobierno que acumule en sí mayor cantidad de poder. Si eso no es una dictadura, nadie sabrá jamás lo que es una dictadura.

Ahora bien, cualquier observador que desconozca la realidad venezolana, imaginará que como todo ese desmontaje institucional, político y social está ocurriendo mediante procedimientos formales, la esencia de la democracia permanece todavía bajo resguardo. La OEA y la UNASUR no levantarán la voz; tampoco lo harán los gobiernos democráticos del continente. Lo que dichas entidades no saben, o no quieren saber, es como se legisla en la Venezuela de Chávez. En su candidez, imaginan que los procesos legales venezolanos son similares a los que ocurren en otras repúblicas del mundo.

En un país democrático normal, las leyes surgen, efectivamente, de reclamos y exigencias sociales que exigen una nueva legislación sobre un tema determinado. O también surgen de la observación reiterada de disfunciones administrativas que requieren ser reformadas, iniciativas que son recogidas por los partidos, o por el ejecutivo, y son propuestas al Parlamento. En el Parlamento, los borradores de dichas iniciativas serán procesados mediante la conformación de comisiones mixtas, las que elaborando un texto preliminar las llevan a la discusión plenaria. Allí serán aprobadas o rechazadas, mediante debates públicos, de acuerdo al criterio de las mayorías absolutas o relativas que priman en cada nación. No así en Venezuela.

En Venezuela una ley es fraguada desde el propio gobierno, en el más absoluto secreto, entre cuatro paredes, casi de modo clandestino, para ser enviada a la Asamblea no cuando es necesaria sino cuando se dan las condiciones objetivas (tomar a los adversarios por sorpresa, por ejemplo) para imponerla a “bajo costo”. Además, la ley no cumple el papel de responder a una demanda social o llenar un vacío constitucional, sino simplemente a una estrategia destinada únicamente a aumentar la potestad del ejecutivo. Nada más. Así, la Habilitante que delega en el ejecutivo la función legislativa, habiendo sido preparada apenas se conocieron los resultados electorales desfavorables al gobierno, fue presentada como un medio para facilitar “la reconstrucción nacional” en medio de calamitosos temporales. Los temporales, que de modo obvio concentran la atención nacional, crean, además, la situación ideal para imponer, de modo sigiloso, por no decir artero, la Ley Resorte. Y como estamos cerca de Navidad y los estudiantes irán pronto de vacaciones, es enviada a la Asamblea la Ley de Universidades. De este modo los deseos presidenciales son convertidos en leyes con una celeridad impresionante. En el caso de las leyes ya mencionadas (bien llamadas “leyes cubanas”) nadie podrá negar a Chávez el mérito político de haber transformado los temporales –calamidad que, por lo demás, fue afrontada con extrema deficiencia- en un aliado estratégico de su revolución.

En Venezuela, la ley es destruida por la ley, la justicia es destruida por la justicia y el parlamento es destruido por el parlamento. Se trata, sin duda, de una situación históricamente inédita.

Naturalmente, ninguna oposición política, ni aún la más inteligente del mundo –y la venezolana no lo es- se encuentra en condiciones de seguir los pasos y el ritmo de un gobierno que actúa en la política con criterio estrictamente militar; de un gobierno que tiende emboscadas, ataca en la oscuridad y por sorpresa, que maneja diabólicamente todos los tiempos y no cede en la iniciativa, y no por último, de un gobierno que no tiene otro objetivo que el poder, el poder, y nada más que el poder.

La MUD es una excelente organización electoral y no un comando de resistencia antidictatorial. Nadie puede pedir al manzano que dé peras. Los estudiantes sólo pueden hacer multitudinarias marchas pacíficas. Por si fuera poco, la sociedad venezolana es una sociedad invertebrada: carece de corporaciones independientes y sindicatos fuertes; las organizaciones civiles que de pronto aparecen están desconectadas entre sí. Y la Iglesia –en un país donde predomina un cristianismo “light”- no es la misma que en Polonia.

Desde otro punto de vista, el gobierno de Chávez está a punto de definir su identidad final. En sus orígenes, ese gobierno respondía a una suma heterogénea de intereses sociales e ideales, muchas veces contradictorios entre sí, propios al movimiento social que lo llevó al poder. Esas contradictorias corrientes coexistían con un marcado militarismo representado en la propia figura presidencial y en sus principales colaboradores. Durante un largo tiempo el chavismo fue, por así decirlo, una criatura con dos personalidades, las que a veces se cruzaban entre sí. Una social, reivindicacionista, asistencial; en fin, populista; y otra militar, autoritaria, personalista y dictatorial. Las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre han demostrado al gobierno que la primera personalidad ya no sirve para prolongar su poder más allá de los plazos estipulados. O dicho en breve: el gobierno de Chávez es cada vez menos populista y cada vez más gorilista. Eso significará que tarde o temprano ocurrirán nuevos desplazamientos del chavismo no gorilista, si no hacia la oposición anti-chavista, por lo menos hacia una disidencia no-chavista.

De este modo, la pregunta frente a la cual nadie tiene todavía una respuesta es: ¿cuáles serán las formas orgánicas que emergerán en Venezuela para afrontar la nueva coyuntura política?

viernes, 17 de diciembre de 2010

Rubén González pasará Navidad en la cárcel

Será la primera vez que el secretario general de Sintraferrominera pase las fiestas navideñas apartado de su hogar. En el 2009, pese a la privativa, compartió con su familia en Ciudad Piar.

Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, asistirá nuevamente al Tribunal Sexto Penal de Juicio el 10 de enero, luego de que este jueves se realizara la última de las audiencias por este año.

El proceso comenzó el 4 de noviembre y se ha extendido por los más de 100 testigos promovidos por la defensa, con los cuales se pretende comprobar que la participación de los trabajadores en la protesta se hizo en reclamo de beneficios contemplados en el contrato colectivo.

A pesar de que el Sindicato Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) notificó a la jueza Magda Hidalgo de la petición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no hubo alusión a este pronunciamiento.

La copia del informe la consignaron en el Palacio de Justicia a propósito del juicio que se le sigue al dirigente ferrominero en esa instancia por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, violación de la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo, a consecuencia de su participación en la protesta de 16 días en Ferrominera Orinoco (FMO).

El abogado Tello Benítez reiteró que siendo Venezuela firmante del convenio 87 (sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación) y el 98 (sobre el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva) debe el Gobierno garantizar su cumplimiento.

Explicó que en la Constitución se garantiza la ejecución de las decisiones de los órganos internacionales, considerando la jerarquía constitucional.

González es el único preso político considerado por el Programa de Educación -Acción en Derechos Humanos (Provea).

Recientemente fue condecorado con la orden Luis María Olaso por el ejercicio de la protesta pacífica en Ferrominera Orinoco (FMO) y constancia en la lucha.

También la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifestó, en relación a la queja 2.763 interpuesta por Sunep, que no habían suficientes alegatos para mantener a González privado de libertad. En consecuencia pidió su liberación "sin demora" y la debida indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. (Clavel Rangel, Correo del Caroní)

jueves, 16 de diciembre de 2010

Preguntas frecuentes sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional (LDSPAN)

Rafael Uzcátegui

1) ¿Qué es la LDSPAN?
- La LDSPAN es un proyecto de Ley que, sin ningún tipo de divulgación o consulta previa, fue presentada en la agenda de discusión legislativa de la Asamblea Nacional el pasado lunes 12 de diciembre de 2010. Según su propia exposición de motivos “su ámbito de aplicación legal –son- las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado organizadas para desarrollar actividades con fines políticos o actividades para la defensa de derechos políticos, que atenten contra la soberanía, la independencia de la Nación, el ejercicio de las instituciones nacionales o de las autoridades legalmente constituidas”. Asimismo, la ley persigue dos objetivos: 1) “proteger el ejercicio de la libertad política y la autodeterminación nacional ante cualquier injerencia extranjera a través de ayudas económicas o aportes financieros que puedan estar destinados a atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones democráticas legalmente constituidas” y 2) “normar la protección del Estado ante la participación de connacionales o extranjeros en el territorio nacional que, bajo el patrocinio de venezolanos, organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, desacrediten, irrespeten, vilipendien o agravien a las instituciones del Estado, su funcionamiento y a sus representantes”.

2) ¿La LDSPAN no tiene como objetivo impedir que los partidos políticos reciban apoyo extranjero para fines desestabilizadores?
- La LDSPAN tiene a los partidos políticos como uno de sus ámbitos a regular, sin embargo hace una definición de los actores que serán normados por dicha ley tan amplia que prácticamente engloba a todas las iniciativas sociales del país. El objetivo manifiesto de la LDSPAN es asfixiar a todas las organizaciones populares del país que no reciban salarios, subsidios o beneficios del gobierno o de la empresa privada nacional.

3) Mi organización no participa en elecciones ni tiene “fines políticos”. ¿También seremos normados por la LDSPAN?
- Sí. El artículo 3 de la LDSPAN establece como “organizaciones con fines políticos” aquellas que realicen tres tipos de actividades: 1) Promuevan la participación de los ciudadanos en los espacios públicos; 2) Ejerzan control sobre los poderes públicos y 3) Promuevan candidatos que aspiran ocupar cargos públicos de elección popular. Dos de las tres actividades que según la ley definen una “organización con fines políticos” no tienen nada que ver con procesos electorales. Al contrario tienen que ver con formas de actuación bajo la cual pueden ser descritas casi todas las iniciativas populares y sociales del país, lo cual es reforzado por un segundo tipo de organizaciones descritas en dicha ley, las “organizaciones para la defensa de los derechos políticos”: “aquellas que tengan por finalidad en su constitución promover, divulgar, informar o defender el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”.

4) ¿Cuáles son los derechos políticos de la ciudadanía de los que se hablan en la LDSPAN?
- Si bien la LDSPAN no explicita cuáles son los derechos que califica como políticos, este tipo de derechos se encuentran registrados en los artículos 62 al 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos son: el derecho a participar libremente en los asuntos públicos y la formación, ejecución y control de la gestión pública (62), el derecho al sufragio (63), el derecho a la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos (66), el derecho a la asociación con fines políticos y a postular candidatos/as (67), el derecho a la manifestación pacífica (68) y el derecho al asilo y refugio (69). Todas las organizaciones o iniciativas que promuevan uno o varios de los derechos anteriores serán normadas por la ley.

5) ¿No es lo “normal” que se exija que las organizaciones venezolanas se financien exclusivamente con dinero de los propios venezolanos y venezolanas?
- El artículo 4 de la LDSPAN exige que el patrimonio y demás ingresos de las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales. Sin embargo esta petición desconoce la propia historia de los movimientos sociales por la justicia social y la libertad en todo el mundo. Todas las iniciativas de cambio en el mundo han trascendido las fronteras y han puesto en práctica la solidaridad entre iguales: desde el propio movimiento independentista de Simón Bolívar hasta los emprendimientos revolucionarios y de construcción del socialismo durante todo el siglo XX. Incluso la candidatura del año 1998 del hoy presidente Hugo Chávez contó con grandes aportes económicos de fuera de Venezuela. El internacionalismo revolucionario y el derecho a la cooperación para la promoción de los derechos humanos son dos conquistas de la humanidad.

6) ¿Por qué debo preocuparme si los únicos que reciben donaciones del extranjero son los grandes partidos políticos de oposición?
- Los partidos políticos opositores no son los únicos que reciben aportes económicos internacionales. Muchas de las iniciativas sociales y populares que conocemos, desde Fe y Alegría y otras organizaciones de iglesia, pasando por los sindicatos, organizaciones ecologistas, indígenas y colectivos de izquierda no partidista reciben algún tipo de apoyo de sus organizaciones hermanas del exterior, especialmente cuando participan en redes regionales o globales de solidaridad y combate a la pobreza y las injusticias sociales. Desde el momento de aprobación de la LDSPAN ya no podrán recibir donaciones para su funcionamiento, para la impresión de sus publicaciones o administración de su sitio web o para asistir a eventos en el extranjero.

7) Si esto es así, ¿Por qué el diputado Mario Isea afirmó en televisión que la norma no prohibirá el financiamiento foráneo a organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el país?
- Porque miente. Todas las organizaciones de derechos humanos de Venezuela promueven la participación de los ciudadanos en los espacios públicos y el ejercicio del control sobre los poderes públicos, por lo cual pueden ser calificadas de “organizaciones con fines políticos” y ser penalizadas por la ley.

8) ¿Cuáles serán los castigos para las “organizaciones con fines políticos por recibir ayudas económicas desde el extranjero?
- Según el artículo 6 serán sancionados con multa equivalente al doble del monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes. Esto vale tanto para las organizaciones como para las personas naturales. También hay un castigo de inhabilitación política, entre cinco y ocho años, por reincidencia.

9) ¿Sólo serán penalizadas aquellas personas y organizaciones que reciban dinero del exterior?
- También serán castigadas aquellas organizaciones y personas que inviten a Venezuela a hombres y/o mujeres que “emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía”. Por esto se establece una multa comprendida entre cinco mil a diez mil unidades tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes.

10) ¿Esta ley no perjudicará también a las organizaciones de apoyo al gobierno bolivariano?
- Una ley penaliza a todas las personas y/o organizaciones sin distinción. Esta normativa prohíbe que el propio Partido Comunista Venezolano (PCV), El Militante, Marea Socialista, la Coordinadora Cultural Simón Bolívar, APORREA, ANMCLA, Redes de mujeres bolivarianas y colectivos ecologistas bolivarianos, por nombrar algunas, reciban ayuda económica de activistas internacionales o puedan asistir a eventos fuera de Venezuela, salvo si sus pasajes son pagados por su propio bolsillo o por el gobierno bolivariano.

11) Si esta ley se aprueba, ¿cuál será el futuro de las organizaciones sociales?
- El trabajo de las iniciativas sociales se reducirá al mínimo, y con ellos los beneficiarios y beneficiarias de sus actividades, salvo que sean financiadas por el propio gobierno o la empresa privada.

Ser gobernado es...

Charla: El Anarquismo en América Latina

Seguidores

Etiquetas

@kRata (comic) `Sabino Romero 10deLuluncoto 18 años El Libertario 1º de Mayo 27 de febrero 4 de febrero Aana Wainjirawa abajo los muros de las prisiones Abdicación del rey de España abolicionismo Aborto abstencion Abstención abstención electoral abuso militar en Venezuela abuso policial abuso sexual niños Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat acampada Acampadas acción directa anarquista Acción Directa Autogestiva Accion directa no violenta Acción Ecológica Acción Libertaria actividades activismo actualidad del anarquismo Acuerdo Venezuela China adecos chavistas agresiones en Venezuela agresiones a sindicalistas en Venezuela agroecología Agustín García Calvo Alan Furth Alan Moore Albert Camus Alberto Acosta Alcedo Mora Alejandro Álvarez Alentuy Alexander Luzardo Alfonso "el Set@" Alfredo Bonanno Alfredo Vallota Alí Moshiri Alí Primera Alí Rodríguez Araque alternativa Alternativa Antimilitarista Alto costo de la vida Alvaro García Linera Amador Fernández-Savater América Latina Américo Alejandro Balbuena Aministía Internacional Amnistía Internacional Amnistía Internacional Venezuela Amor amor libre Amor y Rabia análisis análisis anarquista sobre Venezuela análisis asamblea nacional análisis conflicto con Colombia análisis de izquierda Venezuela análisis de la revolución bolivariana análisis económico análisis reformas en Cuba análisis sobre Venezuela anarchico anarchism anarchism kurdistan anarchism venezuela anarcofeminismo anarcopunk venezuela anarquismo a la venezolana anarquismo básico anarquismo caracas Anarquismo en América Latina anarquismo en Argentina anarquismo en barquisimeto anarquismo en Francia Anarquismo en México anarquismo en Perú anarquismo en rusia anarquismo en Uruguay Anarquismo en Venezuela Anarquismo es movimiento anarquismo hoy anarquismo ilegalista Anarquismo social anarquismo suiza anarquismo venezuela anarquismo vs. Estado anarquismo y cárceles anarquismo y comunicación anarquismo y derecho anarquismo y ecología anarquismo y educación anarquismo y literatura anarquismo y luchas sociales anarquismo y marxismo anarquismo y nacionalismo anarquismo y planificación urbana Anarquismo y política Anarquismo y Postestructuralismo anarquismo y religión anarquismo y violencia anarquismo zulia anarquistas anarquistas caracas Anarquistas contra el muro anarquistas de Alemania anarquistas de Brasil anarquistas de Chile anarquistas de Cuba anarquistas de México Anarquistas de Temuco anarquistas de Turquía anarquistas en Bolivia anarquistas en Colombia anarquistas en Costa Rica anarquistas en Cuba anarquistas en El Salvador anarquistas en Paraguay anarquistas en Venezuela anarquistas presos anarquistas solidarios con los yukpa anarquistas ucv anarquistas y prisiones Andreas Speck Ángel Cappelletti anonymous venezuela antiimperialismo antimilitarismo antimilitarismo anarquista Antonio Ledezma Antonio Pasquali Antonio Serrano antropología Antulio Rosales Anzoátegui apagones apoyo a El Libertario apoyo internacional al chavismo apoyo internacional al madurismo APPO Archivo Histórico del Anarquismo en Venezuela armamentismo Armando Chaguaceda Armando Guerra Armando Investiga Armando la Resistencia arte callejero arte y anarquismo artistas asesinato de estudiantes asesinatos de manifestantes Asier Guridi Asilo y refugio ataques contra defensores de derechos humanos ataques contra defensores de derechos humanos en Venezuela ataques contra el movimiento anarquista ataques contra el movimiento popular en Venezuela ataques libertad de expresión autodefensa autogestion autogestión Autonomía autonomía de los movimientos sociales autonomía universitaria autoritarismo burocratico en Cuba Barquisimeto Bernhard Heidbreder biblioteca anarquista bicentenario bakunin bicicletas biciescuela urbana bienes comunes brutalidad policial Buenaventura Durruti Buenos Aires calentamiento global Cambiar el mundo sin tomar el poder Cambio Climático cambio social Campaña contra la Criminalización del Anarquismo capitalismo y medio ambiente caracas Carlos Crespo Carlos Crespo Flores Carmen García Guadilla Casa de la Mujer "Juana la Avanzadora" de Maracay Casa de la Mujer Juana la Avanzadora de Maracay Centro de Derechos Humanos UCAB chavismo y religiosidad popular chile ciberactivismo ciclismo urbano ciclo guerrilla urbana ciencia y tecnología en Venezuela Civetchi CNT Coalicion Anarquista y Libertaria de Porto Alegre Coalición Venezolana de Organizaciones LGBTI Colombia comercio de armas comic comics comida vegetariana Comitê Popular da Copa 2014 Comites de Defensa de la Revolución compra de armas concretera caracas concretera de chuao Concretera la carlota conflicto universitario conflicto yukpa consecuencias ambientales explotación petrolera en Venezuela contaminación ambiental contaminación PDVSA Cooperativismo cooptación de movimientos sociales cooptación medios alternativos Venezuela CORPOELEC Correo A coyuntura mexicana 2012 coyuntura venezolana 2010 coyuntura venezolana 2012 coyuntura venezolana 2013 coyuntura venezolana 2014 coyuntura venezolana 2015 coyuntura venezolana 2016 criminalización de la protesta en Colombia criminalización de la protesta en Venezuela Criminalización de los pueblos indígenas crisis agropecuaria en Venezuela crisis económica en Venezuela crisis economica venezuela crítica anarquista al marxismo crítica de izquierda al chavismo críticas de izquierda al madurismo críticas revolucionarias a Rafael Ramírez Cuba Libertaria Cuba Libertaria 22 Daniel Ortega Daniel Pinos deforestación delimitación de tierras indígenas demarcación de territorios indígenas demarcación de tierras en Venezuela deporte y anarquia deporte y capitalismo derecho a la manifestación derecho a la protesta desabastecimiento desaparecidos en Argentina desaparecidos en México desaparecidos en Venezuela desarrollo científico-tecnológico desencanto en el chavismo despidos injustificados detenciones difusión anarquista Douglas Bravo ecologismo ecologismo en Venezuela economía educación en Venezuela Ejército Venezolano Eliseo Reclus Emma Goldman endeudamiento Enfermedad Hugo Chávez equidad de género en Venezuela Erick Benítez Escritos de Domingo Alberto Rangel Espacio Público Estado y corrupción en Venezuela Estado y economía en Venezuela Esteban Emilio Mosonyi ética y práctica médica Europa Eva Golinger Evo Morales extractivismo EZLN falso socialismo Fanzine Exilio Interior FARC fascismo Federación Anarquista Centroamericana y Caribeña Federación Anarquista Centroamericana y del Caribe Federación Anarquista de México Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Felipe Pérez Martí Feria del libro anarquista Feria del Libro Independiente y Autogestionario Ferrominera Ferrominera Orinoco FIFA Filosofía Filosofía en la Ciudad Francisco Flaco Prada Frente Clasista Argimiro Gabaldón futbol brasil Gadafi Galsic Género Genocidio GLBIT Global Voices globalizacion en Venezuela golpe de Estado en Venezuela Grupo de Estudio y Trabajo Jesús Alberto Márquez Finol Guardia Nacional Bolivariana Guardianas de Chávez Gustavo Godoy Gustavo Rodríguez hacktivismo Heinz Dieterich Henrique Capriles hiperinflación Historia de Venezuela historia del anarquismo homicidios Homofobia Humano Derecho Humberto Decarli Humberto Márquez Humor ilustraciones imágen El Libertario indigenas ecuador indígenas en Argentina indígenas en Bolivia indígenas en Brasil indígenas en México indígenas en Perú indigenas en venezuela indígenas en Venezuela indígenas presos en Venezuela Indígenas Venezuela indìgenas y revolución bolivariana individualismo y anarquismo industria forestal en Chile industria petrolera inflación en Venezuela informática libertaria Informe situación indígenas en Venezuela Inseguridad Ciudadana en Venezuela Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela Irak Iris Varela Isbel Díaz Torres Israel izquierda antiautoritaria en Cuba izquierda antichavista izquierda en Venezuela James C. Scott Javier Gárate John Holloway Jorell Meléndez Jorge Videla jornadas de diversidad sexual Jornadas Magonistas Jose Manuel Delmoral Jose María Korta José María Korta José Quintero Weir José Rafael López Padrino Juan Carlos La Rosa la Justicia y los Derechos Humanos Laura Vicente LEEME CARACAS legado del chavismo Lexys Rendón Ley Antiterrorista Liber Forti Líber Forti liberacion animal liberación animal liberación humana libertad a los presos anarquistas libertad Bernhard Heidbreder libertad de expresión libertad de expresión en Venezuela libertad para detenidos en Lulea los Salarios y los Sindicatos lucha indígena en Colombia lucha indígena en Venezuela lucha revolucionaria lucha socio-ambiental luchas ambientales Venezuela luchas de los pueblos indígenas luchas de los trabajadores luchas de los trabajadores Venezuela luchas de mujeres luchas estudiantiles luchas indígenas en Venezuela luchas obreras luchas populares en Venezuela luciano pitronello Luis Carlos Díaz Luis Fuenmayor Toro Luis Rafael Escobar Ugas Luis Reyes Reyes Madres de Plaza de Mayo Madrid madurismo maestros manifestaciones manifestaciones en Venezuela manipulación mediática manipulación religiosa Manuales Manuel Castells Marc Saint-Upéry Marcela Masperó Marea Socialista María Esperanza Hermida Mario Antonio López mario gonzalez masa crítica Masacre de Cantaura Masacre de El Amparo Masacre de Haximú Masacre de Loma de León Masacre de Monte Oscuro masacre de San Vicente Masacre de Uribana medio ambiente medios comunitarios y alternativos de Venezuela medios de transporte alternativos megaminería Mercosur Mérida Mijaíl Martínez minería mineria en Venezuela minería en Venezuela Misiones Sociales MOC movilizacion en la planta muerte de neonatos en Venezuela mujeres anarquistas Mujeres Libres Mundial de Fútbol 2014 narcotráfico neoliberalismo Nicaragua nicolas maduro Nicolás Maduro Niñas y Adolescentes no a la concretera no a la extradicion de Bernhard Heidbreder no a las corridas de toros Nu-Sol objeción de conciencia Observatorio Venezolano de Conflictividad Social Occupy Wall Street Octavio Alberola organizacion nelson garrido Organización Nelson Garrido Origen de las Fuerzas Armadas en Venezuela Orlando Chirino Pablo Hernández Parra Paquete económico paramilitarismo paro universitario Parque Verde La Carlota patriarcado patriotismo Pedro Pablo Peñaloza Pelao Carvallo pelea de almohadas periódico anarquista Periódico Apoyo Mutuo periodico Bandera Negra periódico CNT Periódico El Amanecer Periódico El Libertario periódicos petróleo venezolano Picnic urbano poder y política en Latinoamérica poder y política en Venezuela poesía libertaria polarización en Venezuela Policía Nacional Bolivariana policías corruptos en Venezuela práctica anarquista prensa anarquista preso anarquista presos anarquistas presos políticos en Venezuela prision venezuela prisiones en venezuela proceso bolivariano producción agrícola protesta creativa protesta pacífica protestas contra el Mundial 2014 protestas en venezuela proyecto de reforma de la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar pueblos originarios pugnas internas del chavismo Punk Latinoamericano punk veneziuela Quiteria Franco Rafael Ramírez Rafael Uzcátegui Raisa Urribarri Ramón Álvarez Ramón Carrizales Ramón Rodríguez Chacín Raúl Zibechi rebelion en venezuela recursos Red Latinoamericana Antimilitarista red Observatorio Crítico Red por los Derechos Humanos de Niños Red Protagónica Observatorio Crítico (OC) de la Revolución Cubana Regeneración Radio relaciones Cuba-EE.UU. relaciones de Venezuela con China relaciones de Venezuela con Colombia relaciones de Venezuela con Cuba relaciones de Venezuela con U$A relaciones entre la banca y chávez represión represión antianarquista represión en Colombia Represión en Cuba represion en Venezuela represión en Venezuela represión policial represion policial en Venezuela Repsol YPF resistencia indígena resistencia venezuela revista AL MARGEN revolución bolivariana Revolución ciudadana robert serra Roberto Yépez Rodolfo Montes de Oca Rodolfo Rico Roger Cordero Lara Rubén González Rubèn González Rusia Sacudón salario en venezuela salario mínimo en Venezuela San Cristóbal sanciones sancocho Santiago de Chile secuestro seguridad industrial semana pro presos anarquistas 2014 Servicio Militar Obligatorio sexismo sexualidad libre sicariato Sidor Sierra de Perijá Simón Rodríguez Porras sindicalismo situación agraria latinoamericana situación de la salud situación de los trabajadores en Venezuela situación del periodismo en Venezuela situación del sindicalismo en Argentina situación del sindicalismo en Venezuela situación político-social en Brasil situación político-social en la península ibérica situación político-social mexicana situación venezolana situation in Venezuela 2014 soberanía alimentaria en Venezuela Soberanía energética bolivariana Sociedad Homo et Natura Sociedad Homoetnatura Sofía Comuniello Sofía Esteves software libre solidaridad con Cuba Subcomandante Marcos Taller Libertario Alfredo López Tamoa Calzadilla Tarek William Saab tercerización en Venezuela terrorismo terrorismo cotidiano terrorismo de Estado en Colombia Testimonio represión Testimonios de la revolución cubana Todo por Hacer toma yukpa del TSJ Tomás Ibáñez torturas en Venezuela totalitarismo Trabajadores de la Chrysler trabajadores del Estado trabajadores en Argentina Transexuales Transfobia Transformando información en acción transición transnacionales chinas Transparencia Venezuela Transportes Camila Trasnacionales Tribunal Supremo de Justicia turquia Turquía tweets anarquistas Twitter UBV UCV ULA UNETE UNEY universidad central de venezuela Uribana Uruguay utopía Valles del Tuy Vaticano vegetarianismo Venevisión venezuela Venezuela bolivariana Venezuela protests in February 2014 Víctor Muñoz vidas anarquistas viento sin fronteras vigilia frente al TSJ violaciones a los derechos humanos violencia contra la mujer violencia contra niños Vivienda Vladimir Aguilar Williams Sanguino Wladimir Pérez Yaracuy Yendri Sánchez Zaida García Zapatistas Zara zona temporalmente autónoma Zulia