Rafael Uzcátegui
Este martes 26 de noviembre de 2013
se cumplirán cuatro años de impunidad en el asesinato del joven larense defensor
de derechos humanos Mijaíl Martínez, hecho ocurrido en la ciudad de
Barquisimeto en el año 2009. Como se denunció, ese día tres sicarios se
acercaron a su hogar a tempranas horas de la mañana y le realizaron varios
disparos en el pecho. El joven era colaborador del Comité de Víctimas contra la
Impunidad del estado Lara (Covicil) y, en el momento de su homicidio, realizaba
un documental sobre la lucha de las personas de bajos recursos en la ciudad
contra los delitos cometidos por funcionarios policiales. Mijaíl continuaba la
senda de lucha de su padre, Víctor Martínez, fundador del Movimiento V
República en la entidad y quien acompañó a Hugo Chávez desde el presidio hasta
la presidencia, con la esperanza de la posibilidad de un cambio en las
injusticias del país. La historia trágica de la familia Martínez es la de un
pueblo que creyó en un proyecto político y encontró sinsabores y derrotas
cuando este alcanza el poder. Víctor fue elegido diputado por la Asamblea
Legislativa y desde allí continuó denunciando los excesos policiales contra las
familias de escasos recursos. Sus informes revelaron que las nuevas
autoridades, sus propios camaradas, amparaban las irregularidades. Incluso, que
las promovían. Con el tiempo Víctor fue expulsado del partido oficial e
inhabilitado administrativamente. Sus señalamientos eran políticamente
incorrectos y apuntaban a altos funcionarios del gobierno regional. Hay quien
asegura que el asesinato de Mijaíl tenía como objetivo silenciar tanto las
denuncias del padre como neutralizar a las diferentes organizaciones
comunitarias empeñadas en denunciar los excesos.
Ante la omisión de la Defensoría del
Pueblo y la lentitud del Ministerio Público, los Martínez han participado activamente
en el seguimiento de las investigaciones. De esta manera lograron la captura de
dos de los autores materiales del crímen, los cuales fueron liberados en esos
operativos llamados “cayapa judicial”. Cuando esto se escribe, las diferentes
audiencias del juicio han sido postergadas por diferentes razones. A cuatro
años del crimen continúa reinando la impunidad en el caso.
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