Rafael Uzcátegui
Este martes 26 de noviembre de 2013
se cumplirán cuatro años de impunidad en el asesinato del joven larense defensor
de derechos humanos Mijaíl Martínez, hecho ocurrido en la ciudad de
Barquisimeto en el año 2009. Como se denunció, ese día tres sicarios se
acercaron a su hogar a tempranas horas de la mañana y le realizaron varios
disparos en el pecho. El joven era colaborador del Comité de Víctimas contra la
Impunidad del estado Lara (Covicil) y, en el momento de su homicidio, realizaba
un documental sobre la lucha de las personas de bajos recursos en la ciudad
contra los delitos cometidos por funcionarios policiales. Mijaíl continuaba la
senda de lucha de su padre, Víctor Martínez, fundador del Movimiento V
República en la entidad y quien acompañó a Hugo Chávez desde el presidio hasta
la presidencia, con la esperanza de la posibilidad de un cambio en las
injusticias del país. La historia trágica de la familia Martínez es la de un
pueblo que creyó en un proyecto político y encontró sinsabores y derrotas
cuando este alcanza el poder. Víctor fue elegido diputado por la Asamblea
Legislativa y desde allí continuó denunciando los excesos policiales contra las
familias de escasos recursos. Sus informes revelaron que las nuevas
autoridades, sus propios camaradas, amparaban las irregularidades. Incluso, que
las promovían. Con el tiempo Víctor fue expulsado del partido oficial e
inhabilitado administrativamente. Sus señalamientos eran políticamente
incorrectos y apuntaban a altos funcionarios del gobierno regional. Hay quien
asegura que el asesinato de Mijaíl tenía como objetivo silenciar tanto las
denuncias del padre como neutralizar a las diferentes organizaciones
comunitarias empeñadas en denunciar los excesos.
Ante la omisión de la Defensoría del
Pueblo y la lentitud del Ministerio Público, los Martínez han participado activamente
en el seguimiento de las investigaciones. De esta manera lograron la captura de
dos de los autores materiales del crímen, los cuales fueron liberados en esos
operativos llamados “cayapa judicial”. Cuando esto se escribe, las diferentes
audiencias del juicio han sido postergadas por diferentes razones. A cuatro
años del crimen continúa reinando la impunidad en el caso.
Precisamente es la impunidad una de
las situaciones que se ha convertido, junto a la pobreza, en la mayor violadora
de derechos humanos en el país. La ausencia de independencia del poder
judicial, la gran cantidad de jueces provisionales y el retardo procesal es la
cotidianidad de quienes ven negados su derecho a la justicia en Venezuela.
Mijaíl Martínez no es el único caso de un luchador social asesinado en los
últimos años cuyo caso se encuentra sin castigo. Además del reciente asesinato
de Sabino Romero, donde las organizaciones sociales zulianas han hecho públicas
sus dudas acerca de las personas que son presentadas como autores materiales,
recordando la falta de voluntad para investigar a los autores intelectuales,
otras víctimas han pasado al olvido. Por ejemplo los sindicalistas Richard
Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena asesinados el 27 de noviembre de 2008
tras haber participado en varias acciones de reivindicación de derechos
laborales en el estado Aragua y conocidos activistas de izquierda. Como Mijaíl
hasta hoy, su crimen continúa impune.
En el Informe “15 años de DDHH en
Venezuela: Inclusión en lo social, exclusión en lo político” Provea contabilizó
en 39 las personas asesinadas por los organismos policiales y militares del
país en el contexto de manifestaciones. El 20.03.09 en El Tigre, Estado
Anzoátegui, José Gregorio Hernández fue asesinado al recibir varios impactos de
bala por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía de Anzoátegui.
Hernández, una persona humilde sin casa, protestaba de manera pacífica con sus
vecinos, contra un desalojo forzoso dictado por el Tribunal 1º de Control del
Circuito Judicial Penal, en perjuicio de 1.400 familias. El crimen aún se
mantiene impune. El día 18.02.99 en Ciudad Ojeda (Edo. Zulia), Asdrúbal Alcalá,
de 34 años, murió por dos impactos de bala disparados por un funcionario de la
Policía del Edo. Zulia, en medio de una manifestación que llevaban a cabo los
vecinos de la urbanización Nueva Venezuela, para exigir la culminación de la
construcción de sus viviendas. Hoy también en impunidad. José González,
estudiante de la Escuela Técnica Industrial, en Cumaná (Edo. Sucre), murió el
21.03.06 al caerse de una azotea siendo impactado en el cráneo con una bomba
lacrimógena por parte de funcionarios Polisucre quienes reprimían una
manifestación pacífica. Nadie fue privado de libertad por el hecho.
El próximo domingo 01 de diciembre
la familia Martínez ha organizado un evento cultural para recordar a Mijaíl
“Poesía, irreverencia y rock ¡No a la impunidad!”, con la participación de
narradores orales, poetas y las bandas Los Record, Hybridos y Rango Percentil.
El evento se realizará a partir de la 1 de la tarde en el auditorio, Julio
Pérez Rojas de la Gobernación del Estado Lara, ubicado en la calle 23 con
carrera 19, Barquisimeto.
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