Miguel Denis y César Romero
Venezuela atraviesa un colapso general de los servicios públicos, que se suma al problema de la hiperinflación, la precarización de los salarios y las condiciones de vida en general. Este contexto ha motivado protestas frecuentes en las comunidades y sectores que son afectados diariamente por la falta de agua, gas, electricidad o gasolina, situación que se vive en la mayoría de localidades del país. El ambiente de precariedad de la población parece llegar a límites inaguantables, y la protesta, aún sin la capacidad de articular demandas sociales o políticas, se convierte en un mecanismo más de sobrevivencia.
La crisis política y social que se ha instalado en el país, tuvo varios picos de conflictividad en 2016 y 2017, sin embargo a medida que el gobierno logró sobreponerse a la presión, se profundizaron los procesos de fragmentación social. Las organizaciones que articulan sindicatos, gremios, asociaciones vecinales/comunitarias, estudiantes, etc, se han debilitado tanto como las mismas condiciones de vida de la población. Aunque la conflictividad puede llegar a ser muy alta (según el OCS en el mes de abril hubo un promedio de 20 protestas diarias en el país), la desestructuración del tejido social limita la articulación colectiva a episodios espontáneos y localizados generando una sensación de aislamiento y desamparo en la mayoría opositora. Lo que ha permitido al ejecutivo nacional imponer una agenda que resulta una suerte de totalitarismo político con un “liberalismo chucuto” [1] en lo económico.
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