Carlos Pérez Barranco
En diciembre de 2001 abandonaron los cuarteles militares
españoles los últimos reclutas, tras cumplir los últimos nueve meses de
existencia del servicio militar obligatorio. A diferencia de otros estados
europeos, en los que la desaparición del reclutamiento forzoso había sido una
decisión motivada casi exclusivamente por una evolución de las funciones de los
ejércitos hacia el intervencionismo global, en España, el sistema de
reclutamiento forzoso había colapsado estrepitosamente, a pesar de los
esfuerzos gubernamentales durante años. En el caso español, el final del
servicio militar fue una conquista social.
A pesar de que las élites políticas y militaristas
intentaron envolver el fin de la conscripción en el discurso de la
“modernización” de los ejércitos, los hechos indican más bien que el factor
clave que provocó el desmoronamiento del servicio militar fue la acción
continuada durante tres décadas de un amplio movimiento social de ámbito
estatal que tuvo en la desobediencia civil contra la conscripción una de sus
señas de identidad fundamentales. En 2001 y la década precedente el servicio
militar obligatorio estaba totalmente desprestigiado socialmente y la mayoría
de la sociedad española lo veía como una institución inútil y perjudicial, algo
imposible de imaginar en los años 70, cuando se empezaban a multiplicar los
casos de desobediencia pública al reclutamiento por motivos pacifistas y
antimilitaristas y comenzaba a articularse este movimiento. También difícil de
imaginar entonces que ya en la segunda mitad de los años 90 el número de
solicitudes para realizar la prestación sustitutoria del servicio militar
excedía con creces el número de reclutas, alcanzando la cifra de un millón de
solicitudes acumuladas, imposible de absorber por el sistema de prestación
sustitutoria, y los desobedientes tanto al servicio militar como al
sustitutorio, los “insumisos”, se contaban por miles.
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