Camilo González Posso
Aplaudir, marchar, proponer, respaldar los
diálogos de paz que se realizan en La Habana, como la más grande oportunidad de
ponerle fin al conflicto armado e iniciar una era de construcción de la paz en
paz, significa también colocar en el
debate público los temas más álgidos.
¿Qué está pasando en el Cauca desde donde
llegan noticias alarmantes de asesinatos y cartas llenas de denuncias o polarización y desde, el lado de los armados,
llenas de amenazas y acusaciones mortales contra dirigentes indígenas? Los
pronunciamientos de la ONIC y desde otras regiones, indican que el choque con
las FARC involucra a las organizaciones más representativas de los indígenas en
toda Colombia y que lo que está en juego incluye asuntos trascendentales
relativos a los derechos territoriales de las comunidades étnicas, al respeto
de su autonomía, autoridades, cultura y jurisdicción como pueblos y entidades
territoriales.
La controversia que se realiza en medio de
remicriminaciones, asesinatos y agresiones, toca la agenda de La Habana en
temas como el momento del cese de hostilidades, las Zonas Interétnicas o procesos de Zonas de Reserva Campesina en sus
interrelaciones o traslapes con territorios ancestrales o de resguardos.
Mientras se llevan a cabo las
conversaciones hacia un pacto de paz, rodeadas por la esperanza de la mayoría
los colombianos, las operaciones de guerra se intensifican en regiones
criticas, conllevando graves abusos en contra de la población civil y en
particular contra campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Así, las comunidades resisten y apelan para
ello al ejercicio de su autoridad y también a exigencias desde el derecho
humanitario y de cese de toda acción armada
en sus territorios como cuota o parte de un cese bilateral de hostilidades. La demanda indígena a todos los armados es
sencilla: no matar civiles, no matar lideres espirituales, no señalar como
objetivos militares a dirigentes, no ocupar territorio de propiedad privada
étnica, respetar los derechos de los pueblos, los derechos territoriales y la
autonomía en los territorios colectivos
tal como es reconocida en normas nacionales e internacionales. Son demandas compartidas por organizaciones
afrodescendientes y por muchas comunidades campesinas afectadas durante
cuarenta años de confrontaciones.
