Colombia: La guerra en territorios indígenas

Camilo González Posso

Aplaudir, marchar, proponer, respaldar los diálogos de paz que se realizan en La Habana, como la más grande oportunidad de ponerle fin al conflicto armado e iniciar una era de construcción de la paz en paz, significa también colocar  en el debate público los temas más álgidos.

¿Qué está pasando en el Cauca desde donde llegan noticias alarmantes de asesinatos y cartas llenas de denuncias o  polarización y desde, el lado de los armados, llenas de amenazas y acusaciones mortales contra dirigentes indígenas? Los pronunciamientos de la ONIC y desde otras regiones, indican que el choque con las FARC involucra a las organizaciones más representativas de los indígenas en toda Colombia y que lo que está en juego incluye asuntos trascendentales relativos a los derechos territoriales de las comunidades étnicas, al respeto de su autonomía, autoridades, cultura y jurisdicción como pueblos y entidades territoriales.

La controversia que se realiza en medio de remicriminaciones, asesinatos y agresiones, toca la agenda de La Habana en temas como el momento del cese de hostilidades, las  Zonas Interétnicas o procesos de  Zonas de Reserva Campesina en sus interrelaciones o traslapes con territorios ancestrales o de resguardos.

Mientras se llevan a cabo las conversaciones hacia un pacto de paz, rodeadas por la esperanza de la mayoría los colombianos, las operaciones de guerra se intensifican en regiones criticas, conllevando graves abusos en contra de la población civil y en particular contra campesinos, indígenas y afrodescendientes.

Así, las comunidades resisten y apelan para ello al ejercicio de su autoridad y también a exigencias desde el derecho humanitario y de cese de toda acción armada   en sus territorios como cuota o parte de un cese bilateral de hostilidades.  La demanda indígena a todos los armados es sencilla: no matar civiles, no matar lideres espirituales, no señalar como objetivos militares a dirigentes, no ocupar territorio de propiedad privada étnica, respetar los derechos de los pueblos, los derechos territoriales y la autonomía  en los territorios colectivos tal como es reconocida en normas nacionales e internacionales.  Son demandas compartidas por organizaciones afrodescendientes y por muchas comunidades campesinas afectadas durante cuarenta años de confrontaciones.

HECHOS RECIENTES

El hecho más reciente de enfrentamiento entre los indígenas del Cauca y las FARC ha sido por  el asesinato del líder Benancio Taquinas, muerto el 18 de abril de 2013 en la vereda Barondillo del resguardo de Jambaló, y el posterior juzgamiento, y condena a 40 años de cárcel, “bajo la modalidad de patio prestado”, a dos milicianos de esa organización acusados del crimen. (CRIC: Comunicado 1 de mayo)

El juicio fue realizado el pasado 29 de abril siguiendo las reglas y atribuciones de la jurisdicción indígena que forma parte del ordenamiento jurídico del Estado Colombiano. El tribunal estuvo conformado por los gobernadores de los Cabildos de Toribio, Jambaló, San Francisco, López Adentro  y contó por las autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca; durante los días anteriores se realizó la captura de seis  presuntos responsables y se allegaron las pruebas que fueron presentadas por el Comité Jurídico ante el Tribunal observado por una asamblea en la que participaron cerca de 3.000 comuneros.

Comunicados firmados por la ACIN, el CRIC y la ONIC, que se hizo presente representada por su Consejero Mayor, informaron sobre el juicio y condena a los milicianos de las FARC y responsabilizaron a los altos mandos de esa organización por ese hecho y por la cadena de asesinatos de lideres y médicos tradicionales. A juicio de los indígenas las agresiones armadas a las comunidades y en los territorios colectivos, son consecuencia y parte de la política de la guerrilla y de las Fuerzas Armadas estatales de controlar el territorio para sus propios fines y aún a costa de la destrucción de comunidades, autoridades y planes de vida.

“Durante el año 2012 y en lo que va corrido del 2013, las FARC, han asesinado solo en el Norte del Cauca a 65 comuneros indígenas, entre ellos 4 mayores espirituales con la excusa de ser colaboradores del actor armado contrario, de igual manera la fuerza pública asesino a tres comuneros del territorio ancestral Sat Tama Kiwe de Caldono, presentando estas acciones como un simple error militar. Para la fuerza pública y la insurgencia los intereses políticos y económicos se sobreponen a la vida de los pueblos” (CRIC, 1 de mayo 2013)

RESPUESTAS FARC

La respuesta escrita de las FARC a los comunicados de la ACIN y el CRIC no se hizo esperar. El 4 de mayo se conoció la carta del Bloque Occidental en la cual no solo rechazan el juicio y condena a los milicianos sino que ordenan a sus estructuras que actúan en territorio de propiedad colectiva indígena y en medio de las comunidades “no dejarse desarmar ni detener” por la Guardia Indígena y señalan a algunos de los más conocidos dirigentes de la ACIN como enemigos y aliados de las Fuerzas Armadas.

La Carta enviada el 12 de mayo por Timochenko,  Comandante de las FARC, utiliza un tono menos pugnas y propone un dialogo directo para buscarle solución a los problemas pero, como han indicado las autoridades de la ACIN y del CRIC, al mismo tiempo rechaza el juicio realizado, señala que los reglamentos  de las FARC priman sobre la jurisdicción indígena, alega la inocencia de los milicianos condenados y de manera expresa valida el asesinato del The Wala Benancio señalándolo como informante del Ejército y de la Fuerza Aérea. (Ver: Timockenko mayo12 en www.indepaz.org.co ).

ANTECEDENTES

El asesinato de indígenas desarmados y la incursión de la guerrilla, las unidades de guerra de las Fuerzas Armadas o los paras en territorios de propiedad privada colectiva, ha sido motivo de una larga resistencia y de exigencias de respeto a derechos territoriales. En ocasión de cada grave agresión las organizaciones y autoridades de los Cabildos han reiterado sus criterios y reconstruido la cronología de los abusos. ( ver carta a Timockenco de mayo de 2012).

Además de los asuntos humanitarios de respeto a la vida y a las normas del Derecho Internacional Humanitario, lo que está en el centro de estas controversias son los derechos territoriales de los pueblos étnicos y el respeto a su autonomía, organización y autoridades. Así lo  han señalado en cada situación extrema, como ocurrió con la ocupación y terror contra el pueblo AWA y en la larga lista de agresiones que reseña la ONIC en su informe sobre derechos humanos.

Para la guerrilla y las fuerzas del Estado han primado los intereses de control territorial y de apoyo social para la guerra, sobre los derechos territoriales y étnicos. Por ello el gobierno hizo reservas a la Declaración de la Naciones Unidas que obliga a la no militarización de territorios y a la consulta previa para operaciones o instalación de bases de contrainsurgencia.

La guerrilla ha hecho declaraciones generales sobre el  respeto a las autoridades pero las señala de colaboradoras del enemigo cada vez que asumen posiciones de rechazo al reclutamiento de indígenas o de utilización de espacios de la comunidad para operaciones armadas, de apoyo logístico o de economías  de guerra con cultivos o actividades licitas o ilícitas. Los argumentos para confrontar a las autoridades y líderes que se les oponen, son recurrentes en calificativos desde  “malos dirigentes”, manejados por terceros hasta colaboradores con las fuerzas enemigas.

Todas las tensiones se han exacerbado en el sur occidente y en especial en los corredores que van desde la cordillera central al pacifico en el sur del Valle y norte del Cauca, a  raíz de la ofensiva de las fuerzas armadas en desarrollo de los planes de control y consolidación de territorios, que cuentan con el apoyo de los Estados Unidos. (www.indepaz.org.co/CCAI).

En los últimos tres años las confrontaciones han ido en ascenso y también los conflictos con las autoridades y lideres que rechazan por igual la presencia de armados. La disputa por el control de estos territorios obedece no solo a la geopolítica del conflicto armado sino también a intereses de grandes inversionistas que quieren adelantar proyectos mineros y petroleros en las cordilleras y asegurar tanto los valles interandinos como las costas del pacífico y cuencas de los grandes ríos de esa región.

La ofensiva militar en  el norte del departamento del Cauca y sobre la cordillera central desde los limites del Valle y Tolima hacia el Macizo colombiano en las fronteras de Nariño, Caquetá y Putumayo, ha sido una de las prioridades desde finales del gobierno Uribe y se ha acentuado con Santos a la par con el repliegue hacia el sur por parte de  las FARC y de los mandos del Secretariado.  Para las comunidades, esta evolución  del escenario central de la guerra ha significado militarización sin antecedentes y también activación de todas las estructuras de la guerrilla para mantener corredores de movilidad y de control territorial.

Las posturas tradicionales de las comunidades en oposición a la transformación de su entorno en campos en disputa, o la oposición al reclutamiento,  al minado  o a la instalación de bases o campamentos de guerra, las coloca entre dos fuegos. En los territorios de la confrontación armada cotidiana, el lenguaje  ha sido siempre “conmigo o contra mi”. Así el líder que  allí rechaza la guerra es por lo menos un obstáculo; quien simpatizaba y cambia de postura ante el horror de atropellos o crímenes atroces es  señalado y para la guerrilla es un traidor; los contradictores públicos son idiotas útiles del enemigo y pasan con frecuencia a la categoría de informantes. Así se llega al borde de la orden de disparar o al ambiente propicio para que cualquier mando de escuadra o de milicia se sienta autorizado para fusilar: traidor, informante o sapo ha sido  el calificativo suficiente para justificar un juicio sumario o una ejecución.

El balance de muerte que hace la ONIC a nivel nacional y el que hace el CRIC en el Cauca, indica que la situación es de gravedad extrema. ( Ver documento de la ONIC)

LA CRISIS HUMANITARIA Y EL DEBATE SOBRE LAS ZRC

Al calor de la crisis humanitaria y de los señalamientos  a algunos de los más importantes dirigentes indígenas del norte del Cauca, como Feliciano Valencia y Alcibiades Escue, se han cruzado numerosas cartas que retoman las  viejas diferencias y conflictos territoriales o los debates por la iniciativa de las FARC de ganar comuneros para sus filas y confrontar desde adentro a las autoridades indígenas que no les son afines. La influencia de las FARC en procesos de las ZRC que se traslapan con territorios étnicos  también ha vuelto a ponerse en la agria controversia y ha merecido el rechazo de ANZORZC por el uso de términos en uno de los  comunicados del 29 de abril desde Toribio que acusa a las FARC de utilizar ZRC para confrontar la organización indígena. Con razón ANZORZC rechaza cualquier señalamiento que de argumentos para la identificación de las ZRC con aparatos de las FARC y justifique practicas habituales de tratamiento como objetivos militares y de persecución y asesinato de lideres campesinos.

En el debate sobre las ZRC la ACIN ha respondido a la protesta de ANZORC haciendo aclaraciones que pueden ayudar a colocar los conflictos inter étnicos  un terreno de diálogo:

“Sirva la ocasión para reiterar nuestra posición sobre las Zonas de Reserva Campesina ZRC, que impulsa un sector del movimiento campesino. Debemos recordar que el movimiento indígena fue uno de los promotores de esta figura jurídica de protección en los años 90s. En el congreso de ANZORC de 2012 la ACIN y el CRIC ratificamos nuestro acuerdo con la misma, obviamente llamando al respeto de los territorios ancestrales afros e indígenas”.

“Para nosotros es claro que las ZRC no son una iniciativa insurgente. Condenamos los señalamientos que el ministro de Defensa y sectores de la derecha hacen contra las ZRC y la Marcha Patriótica; si un actor social o político tiene propuestas coincidentes con las de las FARC, eso no lo hace ilegal; de hecho, muchas de nuestras propuestas han sido acogidas en la mesa de La Habana. Incluso las coincidencias políticas con la insurgencia no convierten a nadie en un actor armado; son parte de las libertades que reclamamos para todo el movimiento popular incluidos los indígenas. Eso sí, quienes actuamos en la legalidad tenemos el deber de exigir a los actores armados no intervenir en los conflictos que se presentan entre o al interior de las organizaciones populares, ni promover con la fuerza de las armas iniciativas o propuestas que también defendemos, pues eso inevitablemente termina afectando a las comunidades que legítimamente las promueven. Quienes compartimos el propósito de terminar el conflicto armado debemos pronunciarnos en favor del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, afros y campesinos”. (ACIN, 21 de mayo 2013)

DIALOGOS URGENTES

Todos los implicados en la crisis humanitaria en territorios indígenas y, en particular en el Cauca, se han pronunciado a favor del diálogo directo para abordar los problemas y evitar el escalamiento de la violencia verbal o física. La carta de Timochenko del 12 de mayo, no obstante ausencias o silencios, abre una puerta en esa dirección y ojalá sea  interpretada como una señal a sus estructuras para desactivar cualquier acción armada en contra de los líderes acusados.

Los tan mencionados diálogos exigen escenarios distintos, fortaleciendo por ejemplo la comisión inter étnica acordada en el II Encuentro Nacional de ZRC realizado en Corinto en 2012 o espacios de unidad como el conformado en ocasión del Foro sobre desarrollo rural en diciembre  de 2012. 

La ONIC y el CRIC han propuesto una agenda para los diálogos con diversos actores en carta dirigida el 20 de mayo  a la mesa de conversaciones en La Habana. En alguno de sus apartes plantea:

“A LAS FARC:

Realización de acercamientos humanitarios de la Guerrilla con autoridades  indígenas, en la María, Piendamó, o en otro territorio ancestral en Colombia (o, de no ser ello posible, en uno de los países acompañantes del proceso de paz), para tratar la grave problemática de infracciones al DIH. En la búsqueda de:

Compromiso de las FARC con la observancia y cumplimiento del DIH en tanto dure el conflicto. Compromisos en torno a minas anti-persona (No utilización y ubicación y señalización, desde ya, de sitios donde se encuentran estas, para su desmonte). Compromiso de no reclutamiento de niños y niñas y vuelta a casa de los ya reclutados, sin esperar  al acuerdo general con el gobierno nacional. Compromiso de no utilización de la violencia sexual dentro de la guerra y seguimiento y control cierto para que esto no suceda. No realización de acciones militares contra la población civil, ni contra sus bienes privados o públicos. Cese de asesinatos a comuneros(as) y autoridades indígenas, y de amenazas y desplazamientos”.

“A LA MESA DE LA HABANA EN CONJUNTO.

a)  Definir ruta de dialogo político y participación de nuestras organizaciones y autoridades en lo referente a los puntos que se estén tratando en la Habana y que tengan que ver directamente con las comunidades indígenas, como los siguientes:

Reinserción de excombatientes indígenas a sus comunidades. Los relacionados con ordenamiento territorial social, ambiental, del país. Consulta para garantizar el respeto a la territorialidad indígena y evitar traslapes entre diferentes territorios colectivos por constituir.  Temas como zonas de reserva campesina, territorios multiétnicos, territorios para la vida o para la minería, gobiernos territoriales, autonomías territoriales, etc. Recursos para reforma agraria e inversión socioeconómica. Cultivos de uso ilícito y economías alternativas indígenas, campesinas y afro descendientes. Participación política. Garantía de respeto desde los movimientos políticos constituidos como resultado de procesos de paz a la autonomía indígena, autoridades tradicionales y procesos propios”. http://www.cric-colombia.org/portal/carta-al-gobierno-nacional-y-las-farc-frente-a-los-dialogos-de-paz-en-cuba/

Con seguridad las FARC tienen otros asuntos en la agenda para eventuales diálogos con las autoridades indígenas y criticas al enunciado de temas de la ONIC y el CRIC. La aceptación de una mediación para construir un escenario útil y la apertura de una cita con la mesa de La Habana podrían ayudar a buscar compromisos de aplicación inmediata que estén alineados con los propósitos de avanzar hacia la paz.

Pero mientras se sientan a conversar en algún lado, y sin mediar ninguna condición, nada justifica postergar pronunciamientos y compromisos unilaterales de rechazo a cualquier agresión violenta contra civiles, personas inermes o en condición de indefensión. El derecho a la vida no puede estar en discusión.

Camilo González Posso, Bogotá D.C.  22 de mayo de 2013