Colombia: El regreso del uribismo

Humberto Decarli

La elección presidencial en Colombia aclara más aún el panorama político latinoamericano por la elección de Iván Duque en la segunda vuelta sobre Gustavo Petro. El primero, líder del uribismo, suerte de accionar vinculado en el pasado a los paramilitares y la extrema derecha; el segundo, representante de la izquierda muy golpeada últimamente en la región por su fracaso humano y en múltiples aspectos donde ha sido gobierno.
La tragedia colombiana se incubó hace mucho tiempo con el enfrentamiento entre los liberales y los conservadores, quienes no era similares pero tenían mucho parecido. Estalló cuando asesinan al caudillo Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y ha sido reseñada por los escritores, especialmente por Gabriel García Márquez en su inolvidableCien años de soledad. Una oligarquía dominante en el plano político derivada de los grandes dueños del café acompañados de una pobreza impresionante que acicateó todas las confrontaciones.

Tiempo después se configuró la constitución de guerrillas campesinas para defenderse de las atrocidades cometidas por el ejército nacional. Fue el caldo de cultivo de los futuros insurgentes motivadosa posteriori por razones ideológicas que lamentablemente cayeron en actividades de narcotráfico y transgresión de los derechos humanos.

Maduro promueve políticas creadas por Álvaro Uribe

Rafael Uzcátegui

Como nos recuerda Wikipedia, la “política de seguridad democrática” en Colombia fue una política promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez que propuso un papel más activo de la sociedad colombiana dentro la lucha del Estado frente a la amenaza de grupos insurgentes. Según esta noción debía ser la sociedad, y no sólo los órganos de seguridad, quienes debían colaborar para defender la soberanía del país y derrotar a los grupos guerrilleros. Entre las propuestas desarrolladas estuvo la creación y promoción de las llamadas “redes de cooperantes”.

Según el sitio web del Ejército colombiano: “La red de cooperantes es un instrumento al que pueden vincularse de forma voluntaria los ciudadanos y que existe con el objetivo de proteger a la población civil, a través de la prevención de actos terroristas y criminales. La Red de Cooperantes sirve para establecer un canal de comunicación eficaz entre la comunidad y la Fuerza Pública, con el fin de combatir el terrorismo y la delincuencia común”. Uribe le dio un barniz constitucional a esta instancia al invocar el artículo 95 de la Constitución neogranadina: “todos los colombianos tienen el deber de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.

Como garantía para el suministro de información Alvaro Uribe decidió asegurar el anonimato de los informantes. El ejército lo explica así: “La Red de Cooperantes garantiza la reserva de la identidad de los cooperantes y la confidencialidad de la información que proveen a la Fuerza Pública”. La información podía suministrarse de manera personal, por correo electrónico o a través de una llamada telefónica. Cuando Uribe creó esta figura la denominó “redes de informantes” y daba una remuneración económica. Ante las críticas de las organizaciones de derechos humanos cambió su denominación a “redes de cooperantes” y eliminó el pago. Varios de los casos de violación de derechos humanos, que se han conocido como el legado oscuro del presidente colombiano, tuvieron como inicio la información anónima de estas “redes de cooperantes”, siendo la contraparte de los llamados “jueces sin rostro” que dictaban sentencia en los tribunales.

Resulta paradójico que este mecanismo, que genera un ambiente favorable para la violación de derechos humanos, esté siendo utilizado por un gobierno que dice distanciarse de la ideología y estilo del expresidente colombiano. Desde comienzos del año 2014 diferentes altos voceros del Ejecutivo Nacional, empezando por el primer mandatario, han promocionado la figura de los llamados “patriotas cooperantes”, una persona no identificada que suministra información a las autoridades. En las manifestaciones ocurridas en el primer semestre del año, los expedientes recogían los señalamientos de “patriotas cooperantes” contra los privados de libertad en el contexto de las protestas. Al respecto, el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, se pronunció: “La figura del patriota cooperante o ciudadano delator no está establecida en la legislación venezolana, por tanto se encuentra al margen de la ley. Resulta alarmante la utilización de una figura ilegal por parte del Sistema de Justicia Venezolano, abriendo la posibilidad de que cualquier ciudadano acuse a otro sin pruebas y sin asumir la responsabilidad del acto. Este hecho deja el camino libre para la calumnia, la difamación o la injuria, generando así un alto riesgo de persecución por motivos inaceptables como las diferencias políticas, religiosas, sexuales o ideológicas, lo que representa por tanto una amenaza a los Derechos Humanos de los venezolanos”.

En una alocución televisada del 23-10-14, a propósito de la aprobación vía habilitante de la Ley de Precios Justos, el presidente Maduro contabilizó en 27 mil los patriotas cooperantes existentes en el territorio venezolano. El 04-10-14, cuando anunciaba políticas contra la inseguridad, expresó según la cobertura de Telesur: “Maduro reiteró el llamado a los venezolanos a elevar la vigilancia revolucionaria frente al terrorismo, para que sean “millones de ojos, de oídos, de hombres y mujeres justicieros, patriotas cooperantes”, quienes se integren a la lucha en defensa de la patria”. Un mes antes, el 01-09-14 en un acto del PSUV en el Teatro Teresa Carreño afirmó “Vamos a formar nuevos patriotas cooperantes. Debemos formarnos haciendo revolución, resolviendo problemas”. Por su parte el programa televisivo del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, utiliza información de los “patriotas cooperantes” para las noticias que lee en cada emisión. Informaciones no corroboradas, suministradas por otros “patriotas cooperantes” son difundidas por el sistema nacional de medios públicos.

Los patriotas cooperantes de Nicolás Maduro están inspirados en las redes cooperantes de Alvaro Uribe. Es una pena que sean las políticas violadoras de DD HH las que unan, mediante un invisible cordón umbilical, a dos mandatarios que se ubican en polos ideológicos presuntamente antagónicos, unidos por su desconocimiento del significado del derecho al debido proceso.

[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/opinion/item/23191-maduro-promueve-politicas-creadas-por-alvaro-uribe.]

Colombia: Uribe en la mira de la Corte Penal Internacional

 

Diario Público (España)

El expresidente de Colombia está siendo investigado por los "falsos positivos", el asesinato de campesinos presentados como guerrilleros de las FARC

El que fuera Presidente de Colombia entre 2002 y 2010 está siendo investigado por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por crímenes contra los Derechos Humanos y masacres sucedidas durante su mandato, que no han sido tratados a fondo por la justicia colombiana.

Uno de los informes en curso en la Corte se refiere a *los llamados "falsos positivos"*, el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros de las FARC muertos en combate. Según Uribe y su entorno se trató de "casos aislados", aunque para el tribunal internacional, al que han llegado los más de 3.000 casos reconocidos por la propia fiscalía colombiana: "hay bases razonables para creer que se trató de una política de Estado; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad...".

La última de las denuncias contra Uribe ante la fiscal de la Corte Penal Internacional ha sido presentada personalmente por el Presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por el Polo Democrático (izquierda), Yván Cepeda, y se refiere, según declara a *Público*: " a hechos protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y que *constituyeron delitos de persecución* contra opositores, magistrados, políticos y periodistas contra los que ordenó intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que, según el
artículo 7 del Estatuto de Roma constituyen persecución por motivos políticos". Algunas de estas persecuciones, como las que tienen en la cárcel al antiguo jefe de de los servicios secretos de Uribe, Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de sicarios paramilitares que actuaban con la información suministrada por éste.

Contra todas estas sindicaciones, a las que se suma* la indagación de la fiscalía* por su protagonismo en la formación del ejércitos paramilitares en sus fincas ganaderas, Uribe está intentando blindarse con la creación de una nueva fuerza política, el "Puro Centro Democrático" por la que sería
cabeza de lista al Senado en las elecciones del año próximo, o incluso intentar alguna maniobra para poder optar de nuevo a la Presidencia, aunque las actuales normas constitucionales se lo impiden.

Mientras tanto, el expresidente intenta cada día sumar adhesiones con su oposición a las conversaciones de paz que llevan a cabo en La Habana emisarios del Presidente Juan Manuel Santos con los portavoces de las FARC, en aras de una política de exterminio y guerra sin cuartel, que no consiguió resultados decisivos durante su mandato.