Rafael Uzcátegui
Como nos recuerda Wikipedia, la “política de seguridad democrática” en Colombia fue una política promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez que propuso un papel más activo de la sociedad colombiana dentro la lucha del Estado frente a la amenaza de grupos insurgentes. Según esta noción debía ser la sociedad, y no sólo los órganos de seguridad, quienes debían colaborar para defender la soberanía del país y derrotar a los grupos guerrilleros. Entre las propuestas desarrolladas estuvo la creación y promoción de las llamadas “redes de cooperantes”.
Según el sitio web del Ejército colombiano: “La red de cooperantes es un instrumento al que pueden vincularse de forma voluntaria los ciudadanos y que existe con el objetivo de proteger a la población civil, a través de la prevención de actos terroristas y criminales. La Red de Cooperantes sirve para establecer un canal de comunicación eficaz entre la comunidad y la Fuerza Pública, con el fin de combatir el terrorismo y la delincuencia común”. Uribe le dio un barniz constitucional a esta instancia al invocar el artículo 95 de la Constitución neogranadina: “todos los colombianos tienen el deber de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
Como garantía para el suministro de información Alvaro Uribe decidió asegurar el anonimato de los informantes. El ejército lo explica así: “La Red de Cooperantes garantiza la reserva de la identidad de los cooperantes y la confidencialidad de la información que proveen a la Fuerza Pública”. La información podía suministrarse de manera personal, por correo electrónico o a través de una llamada telefónica. Cuando Uribe creó esta figura la denominó “redes de informantes” y daba una remuneración económica. Ante las críticas de las organizaciones de derechos humanos cambió su denominación a “redes de cooperantes” y eliminó el pago. Varios de los casos de violación de derechos humanos, que se han conocido como el legado oscuro del presidente colombiano, tuvieron como inicio la información anónima de estas “redes de cooperantes”, siendo la contraparte de los llamados “jueces sin rostro” que dictaban sentencia en los tribunales.
Resulta paradójico que este mecanismo, que genera un ambiente favorable para la violación de derechos humanos, esté siendo utilizado por un gobierno que dice distanciarse de la ideología y estilo del expresidente colombiano. Desde comienzos del año 2014 diferentes altos voceros del Ejecutivo Nacional, empezando por el primer mandatario, han promocionado la figura de los llamados “patriotas cooperantes”, una persona no identificada que suministra información a las autoridades. En las manifestaciones ocurridas en el primer semestre del año, los expedientes recogían los señalamientos de “patriotas cooperantes” contra los privados de libertad en el contexto de las protestas. Al respecto, el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, se pronunció: “La figura del patriota cooperante o ciudadano delator no está establecida en la legislación venezolana, por tanto se encuentra al margen de la ley. Resulta alarmante la utilización de una figura ilegal por parte del Sistema de Justicia Venezolano, abriendo la posibilidad de que cualquier ciudadano acuse a otro sin pruebas y sin asumir la responsabilidad del acto. Este hecho deja el camino libre para la calumnia, la difamación o la injuria, generando así un alto riesgo de persecución por motivos inaceptables como las diferencias políticas, religiosas, sexuales o ideológicas, lo que representa por tanto una amenaza a los Derechos Humanos de los venezolanos”.
En una alocución televisada del 23-10-14, a propósito de la aprobación vía habilitante de la Ley de Precios Justos, el presidente Maduro contabilizó en 27 mil los patriotas cooperantes existentes en el territorio venezolano. El 04-10-14, cuando anunciaba políticas contra la inseguridad, expresó según la cobertura de Telesur: “Maduro reiteró el llamado a los venezolanos a elevar la vigilancia revolucionaria frente al terrorismo, para que sean “millones de ojos, de oídos, de hombres y mujeres justicieros, patriotas cooperantes”, quienes se integren a la lucha en defensa de la patria”. Un mes antes, el 01-09-14 en un acto del PSUV en el Teatro Teresa Carreño afirmó “Vamos a formar nuevos patriotas cooperantes. Debemos formarnos haciendo revolución, resolviendo problemas”. Por su parte el programa televisivo del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, utiliza información de los “patriotas cooperantes” para las noticias que lee en cada emisión. Informaciones no corroboradas, suministradas por otros “patriotas cooperantes” son difundidas por el sistema nacional de medios públicos.
Los patriotas cooperantes de Nicolás Maduro están inspirados en las redes cooperantes de Alvaro Uribe. Es una pena que sean las políticas violadoras de DD HH las que unan, mediante un invisible cordón umbilical, a dos mandatarios que se ubican en polos ideológicos presuntamente antagónicos, unidos por su desconocimiento del significado del derecho al debido proceso.
[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/opinion/item/23191-maduro-promueve-politicas-creadas-por-alvaro-uribe.]
Como nos recuerda Wikipedia, la “política de seguridad democrática” en Colombia fue una política promovida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez que propuso un papel más activo de la sociedad colombiana dentro la lucha del Estado frente a la amenaza de grupos insurgentes. Según esta noción debía ser la sociedad, y no sólo los órganos de seguridad, quienes debían colaborar para defender la soberanía del país y derrotar a los grupos guerrilleros. Entre las propuestas desarrolladas estuvo la creación y promoción de las llamadas “redes de cooperantes”.
Según el sitio web del Ejército colombiano: “La red de cooperantes es un instrumento al que pueden vincularse de forma voluntaria los ciudadanos y que existe con el objetivo de proteger a la población civil, a través de la prevención de actos terroristas y criminales. La Red de Cooperantes sirve para establecer un canal de comunicación eficaz entre la comunidad y la Fuerza Pública, con el fin de combatir el terrorismo y la delincuencia común”. Uribe le dio un barniz constitucional a esta instancia al invocar el artículo 95 de la Constitución neogranadina: “todos los colombianos tienen el deber de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
Como garantía para el suministro de información Alvaro Uribe decidió asegurar el anonimato de los informantes. El ejército lo explica así: “La Red de Cooperantes garantiza la reserva de la identidad de los cooperantes y la confidencialidad de la información que proveen a la Fuerza Pública”. La información podía suministrarse de manera personal, por correo electrónico o a través de una llamada telefónica. Cuando Uribe creó esta figura la denominó “redes de informantes” y daba una remuneración económica. Ante las críticas de las organizaciones de derechos humanos cambió su denominación a “redes de cooperantes” y eliminó el pago. Varios de los casos de violación de derechos humanos, que se han conocido como el legado oscuro del presidente colombiano, tuvieron como inicio la información anónima de estas “redes de cooperantes”, siendo la contraparte de los llamados “jueces sin rostro” que dictaban sentencia en los tribunales.
Resulta paradójico que este mecanismo, que genera un ambiente favorable para la violación de derechos humanos, esté siendo utilizado por un gobierno que dice distanciarse de la ideología y estilo del expresidente colombiano. Desde comienzos del año 2014 diferentes altos voceros del Ejecutivo Nacional, empezando por el primer mandatario, han promocionado la figura de los llamados “patriotas cooperantes”, una persona no identificada que suministra información a las autoridades. En las manifestaciones ocurridas en el primer semestre del año, los expedientes recogían los señalamientos de “patriotas cooperantes” contra los privados de libertad en el contexto de las protestas. Al respecto, el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, se pronunció: “La figura del patriota cooperante o ciudadano delator no está establecida en la legislación venezolana, por tanto se encuentra al margen de la ley. Resulta alarmante la utilización de una figura ilegal por parte del Sistema de Justicia Venezolano, abriendo la posibilidad de que cualquier ciudadano acuse a otro sin pruebas y sin asumir la responsabilidad del acto. Este hecho deja el camino libre para la calumnia, la difamación o la injuria, generando así un alto riesgo de persecución por motivos inaceptables como las diferencias políticas, religiosas, sexuales o ideológicas, lo que representa por tanto una amenaza a los Derechos Humanos de los venezolanos”.
En una alocución televisada del 23-10-14, a propósito de la aprobación vía habilitante de la Ley de Precios Justos, el presidente Maduro contabilizó en 27 mil los patriotas cooperantes existentes en el territorio venezolano. El 04-10-14, cuando anunciaba políticas contra la inseguridad, expresó según la cobertura de Telesur: “Maduro reiteró el llamado a los venezolanos a elevar la vigilancia revolucionaria frente al terrorismo, para que sean “millones de ojos, de oídos, de hombres y mujeres justicieros, patriotas cooperantes”, quienes se integren a la lucha en defensa de la patria”. Un mes antes, el 01-09-14 en un acto del PSUV en el Teatro Teresa Carreño afirmó “Vamos a formar nuevos patriotas cooperantes. Debemos formarnos haciendo revolución, resolviendo problemas”. Por su parte el programa televisivo del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, utiliza información de los “patriotas cooperantes” para las noticias que lee en cada emisión. Informaciones no corroboradas, suministradas por otros “patriotas cooperantes” son difundidas por el sistema nacional de medios públicos.
Los patriotas cooperantes de Nicolás Maduro están inspirados en las redes cooperantes de Alvaro Uribe. Es una pena que sean las políticas violadoras de DD HH las que unan, mediante un invisible cordón umbilical, a dos mandatarios que se ubican en polos ideológicos presuntamente antagónicos, unidos por su desconocimiento del significado del derecho al debido proceso.
[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/opinion/item/23191-maduro-promueve-politicas-creadas-por-alvaro-uribe.]
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