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Para el próximo lunes 10 de febrero, está pautada la convocatoria de audiencia en el caso del ferrominero Rodney Álvarez. Con suma indignación y con mucha fuerza, los trabajadores tenemos este día, una nueva cita para exigir su libertad de Rodney, y denunciar que después de ocho años el podrido sistema de justicia venezolano no ha mostrado un solo elemento de culpabilidad, de cuanto lo acusan. Por el contrario, las pruebas y todos los señalamientos apuntan a altos personeros del Psuv-Guayana, como los responsables del asesinato de Renny Rojas, -trabajador de Ferrominera- y de las fechorías urdidas con el propósito de ocultar su responsabilidad en los hecho, criminalizar a Rodney y orquestar una campaña represiva contra los ferromineros y sus luchas.
Para el próximo lunes 10 de febrero, está pautada la convocatoria de audiencia en el caso del ferrominero Rodney Álvarez. Con suma indignación y con mucha fuerza, los trabajadores tenemos este día, una nueva cita para exigir su libertad de Rodney, y denunciar que después de ocho años el podrido sistema de justicia venezolano no ha mostrado un solo elemento de culpabilidad, de cuanto lo acusan. Por el contrario, las pruebas y todos los señalamientos apuntan a altos personeros del Psuv-Guayana, como los responsables del asesinato de Renny Rojas, -trabajador de Ferrominera- y de las fechorías urdidas con el propósito de ocultar su responsabilidad en los hecho, criminalizar a Rodney y orquestar una campaña represiva contra los ferromineros y sus luchas.
El caso de Rodney, al igual que las recientes detenciones y despido de Marcos Sabariego y Gil Mujica de Pdvsa, a los que se les impuso casa por cárcel, luego de una asamblea de trabajadores; William Prieto y William Guzmán directivo de Sintrafogade y delegado de prevención respectivamente a los que el gobierno persigue y procede con mecanismo de hostigamiento laboral, por denunciar salarios de hambre y exigir un salario justo; Ramón Gómez, Carlos Ochoa y Joel Morales, trabajadores de la gobernación del Estado Sucre, a los que detienen y golpean miembros “civiles”, por exigir pagos salariales y defender el derecho de contratación y los trabajadores Roger González, Eugenio Montes, Luis Rivas y Miguel Álvarez de la empresa Alimex en el estado Lara, a los que se les impuso casa por cárcel, por defender sus derechos a un salario justo y tener una organización sindical; y por último la persecución a los docentes que luchan y exigen salario igual a la canasta básica, son todos claros ejemplos de represión y criminalización de la protesta, que adelanta el gobierno para continuar aplicando su paquete antiobrero y antipopular en beneficio del capital transnacional y local.
En el caso de Rodney, la audiencia pasada, citada el 12 de diciembre del año 2019, fue un claro ejemplo de obstrucción de la justicia. Los guardias del penal, sobre cuya responsabilidad recae el traslado de los privados de libertad, establecieron una tasa de “colaboración” de 100$, para cumplir con ese objetivo. Así, que no fue posible el trasladado de los citados a tales audiencias.
Se evidencia que el hambre de dólares y la podredumbre del sistema de justicia en Venezuela nunca tocarán fondo; como que en manos de este gobierno, capitalista, corrupto y antiobrero, los trabajadores nunca encontraremos justicia, ni solución a nuestros problemas.
Pero mientras pasan los días y nos acercamos a la audiencia del 10 de febrero, el gobierno sigue en su política de hambre y represión, detención de trabajadores y dirigentes sindicales, con el claro propósito de imponer salarios de hambre, el ataque a los contratos colectivos y destrucción de los sindicatos, como expresa en el memorándum 2792. Golpear las luchas contribuye a sus propósitos de entrega de Pdvsa y la ruina de las empresas básicas. Por ello dirige a quienes protestan, su política represiva y de criminalización de las luchas.
Para el gobierno la detención de Rodney Álvarez y Rubén González, forman parte del plan represivo contra los trabajadores de Guayana. Privar a Rodney de los mejores años de su vida, separándolo de sus hijos y compañeros de trabajo, siendo inocente; es un claro mensaje de lo que es capaz el gobierno para culpabilizar a los trabajadores. Por el contrario, la única forma de revertir esta situación es enfrentar al gobierno, con la movilización unitaria en defensa de nuestros derechos y la exigencia de libertad todos los trabajadores detenidos.
Exigimos la libertad inmediata de Rodney, quien lleva más de ocho año preso por un crimen que nunca cometió. Exigimos la libertad de Rubén González. Exigimos la libertad y la vuelta al trabajo, de los compañeros a los que se les han impuesto, casa por cárcel. Señalamos a la Csbt, -Héctor Maicán, Alfredo Spooner, José Meléndez, José Gil, Will Rangel, Marco Tulio García, junto a sus otros secuaces, como operadores y cómplices del gobierno en sus planes hambreadores y de la detención de dirigentes y trabajadores presos, por defender sus derechos.
Continuemos con la exigencia de libertad de nuestros compañeros. El 10 de febrero, debe ser un punto álgido en la defensa de Rodney y los compañeros perseguidos y detenidos. Ese día, concentremos nuestras fuerzas ante la fiscalía, exigiendo su libertad. Convocamos a Provea, a las organizaciones sindicales, a los luchadores del magisterios y la salud, a todos los que se reivindiquen clasistas y luchadores, a hacer presencia por la libertad de Rodney, y todos los detenidos. Solo con la movilización, impondremos la libertad de nuestros compañeros.
¡Libertad para Rubén González y los trabajadores que tienen casa por cárcel. Cese al hostigamiento de los trabajadores y dirigentes sindicales!
[Tomado de http://laclase.info/content/ante-su-audiencia-del-proximo-10-de-febrero-libertad-inmediata-y-plena-para-rodney-alvarez.]
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