Opinión: Desde el gobierno es que se impulsa golpe de Estado e imposición dictatorial

Acceso a la Justicia

Dos decisiones acortan los plazos para la consolidación de un régimen totalitario en Venezuela: extender la vigencia de la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por un período de un año y cinco meses más –sin que se haya elaborado una nueva Constitución– y adelantar los comicios para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional (AN), único Poder electo de manera legítima y según los parámetros de la Constitución.

El lunes 20 de mayo la ANC aprobó, a través de un decreto, extender su funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante la toma de esta decisión se dejó claro que si transcurrido este año y medio, la ANC “no ha terminado sus objetivos” continuaría funcionando, lo que evidencia la intención de que se mantenga como órgano ejecutor de un gobierno autoritario por tiempo indefinido.

La ANC se constituyó con 545 miembros, todos afectos al chavismo, en agosto de 2017. Su función principal debía ser redactar un nuevo texto constitucional, pero en los hechos se ha convertido en un suprapoder.

Ese mismo día, Nicolás Maduro anunció que se adelantarían las elecciones argumentando su deseo de legitimar “la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años”, es decir, a su criterio el parlamento.
El verdadero golpe de Estado

En 2015 hubo un golpe de Estado que se desarrolló sin tanquetas ni ruidos de sables y que comenzó con un zarpazo letal a la Constitución en diciembre de ese año por parte del Ejecutivo nacional y su brazo político, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con apoyo de otros poderes públicos, en particular, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Todo esto, luego del triunfo de la coalición opositora en los comicios para elegir a los representantes de la Asamblea Nacional por primera vez en 17 años de “chavismo”.

El verdadero golpe de Estado ha sido institucional y se ha dado en los ámbitos judicial, constitucional y electoral, configurándose con la violación deliberada de las formas constitucionales por un grupo que detenta el poder, de acuerdo con la definición del jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio et Al en su Diccionario de Política.

A pesar de que es cada vez más evidente que Venezuela está bajo un régimen autocrático, el camino que emprendió el gobierno de Nicolás Maduro para llegar a ello no ha sido sencillo ni directo, y menos aún el tradicional ya que tuvo un origen democrático: elecciones.

En Venezuela, como en otros casos en América Latina –un ejemplo es el de Perú durante el régimen de Alberto Fujimori  (1990-2000) – los gobiernos han llegado al poder a través de elecciones democráticas y han “evolucionado” para mutar en dictaduras a través de prácticas de control social y político, ayudados por la corrupción y la impunidad.

La ANC, en la práctica, sustituyó al Parlamento, aunque la AN siguió funcionando. Sus actos, sin embargo, desde su elección en diciembre de 2015 no han tenido validez alguna, ya que el TSJ se ha encargado de anularlos uno por uno. Para mediados de julio de 2019, a tres años y medio de su elección, ha emitido 100 sentencias en su contra. Por otra parte, las leyes que hasta ahora ha promulgado el organismo fraudulento, la ANC, casi todas propuestas por el Ejecutivo, mantienen y profundizan el modelo socioeconómico existente que implica un control absoluto del Estado de los medios de producción y de la economía, además de estar dirigidas a reprimir aún más a la población y acallar la disidencia política.

Ante una situación de ingobernabilidad y crisis, Nicolás Maduro adelantó los comicios generales pautados para diciembre de 2018 y fueron convocados para  mayo de ese año por la Asamblea Nacional Constituyente con la anuencia y apoyo del Poder Electoral y en condiciones ajenas a la legalidad y a la democracia.

El 10 de enero de 2019 Nicolás Maduro tomó posesión y juramentación como Presidente de la República en su segundo mandato ante el TSJ y no ante la AN como establece la Constitución en su artículo 231.

La asunción de Maduro como presidente electo, aún sin haber sido elegido apegado a las normas constitucionales, lo transformó en un presidente de facto, así como su gobierno y los demás órganos del Estado por haber sido su origen ilegítimo e inconstitucional.

El ataque a los diputados opositores de la Asamblea Nacional ha persistido y ellos han sido objeto de agresiones, acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias, cárcel, torturas y allanamiento de la inmunidad parlamentaria mediante sentencias del TSJ y decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando ambas instancias carecen de facultades para ello, según la propia Constitución que establece que solo la AN tiene esa competencia. Los casos de los legisladores Juan Requesens, Gilber Caro, Gilberto Sojo, Renzo Prieto, Rosmit Mantilla, José Manuel Olivares, Gaby Arellano, Ismael García, Adriana D’Elia, Adriana Pichardo y Tomás Guanipa son ejemplo de ello.

Hoy, Édgar Zambrano, primer vicepresidente de la AN se encuentra detenido; otros dieciséis parlamentarios han sido acusados de varios delitos y a casi todos el fuero les ha sido allanado bajo artilugios jurídicos e interpretaciones subjetivas de la letra de la Constitución.

Venezuela ha sido catalogada como una dictadura por organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos como Human Rigths Watch y Freedom House International. Desde 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha dado un puesto en su informe anual (capítulo IV) donde están los países no hay democracia o enfrentan situaciones que afectan gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales.

Lo ocurrido de manera progresiva en Venezuela, especialmente desde 2015 ha conllevado a una crisis económica y social de gran magnitud que, por su tiempo y desatención, se ha convertido en una emergencia humanitaria compleja, lo que explica la verdadera causa del éxodo masivo de un importante número de habitantes del país y revela la absoluta responsabilidad del Estado al no garantizar a la población el acceso a los servicios públicos imprescindibles ni la posibilidad de cubrir sus necesidades más básicas.

El manejo de la economía por parte del gobierno de facto de Maduro se ha basado en un constante endeudamiento sin control e impresión de moneda sin bienes que la sustenten. Eso ha dado lugar, entre otros muchos factores, a una hiperinflación que cumple más de un año; la pérdida del valor de la moneda ha sido enorme lo que ha generado que, pese al aumento constante de sueldos, sea difícil que un trabajo pagado en moneda local permita a la persona subsistir. No extraña en este sentido la cifra de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), 2018, según la cual 94% de venezolanos declara no tener recursos suficientes para vivir y que hay 48% de pobreza multidimensional en el país (toma en cuenta estándar de vida, empleo, protección social, educación, servicios y vivienda).

A ese escenario se le suma la impunidad, la desmedida corrupción y el uso excesivo y criminal de la fuerza como control político, ejercido por funcionarios policiales, castrenses y grupo paramilitares (colectivos) contra la población que exige sus derechos y que se opone a las políticas de Estado, y especialmente contra la disidencia –civil y militar– que ha sido criminalizada. Todas estas situaciones forman parte del día a día de los venezolanos.

[Versión resumida de post accesible en https://www.accesoalajusticia.org/camino-a-la-dictadura.]