Los
abajo firmantes, miembros de las comunidades académicas de distintas
universidades del país, hacemos manifiesta nuestra posición ante los
planteamientos del Comité Directivo de CLACSO -Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales- sobre la crisis venezolana [ver texto de dicho
pronunciamiento en http://www.clacso.org.ar/difusion/Comunicado_CLACSO_con_Venezuela/comunicado-venezuela.htm].
Quienes
sufrimos en vida propia y cotidianamente los efectos de la actuación del
gobierno de Nicolás Maduro, podemos
afirmar que se trata no solo de una “profunda crisis”, como la califica ese
Comité, sino de la más grave crisis en la historia republicana de Venezuela.
Esta conclusión se impone a la luz de la sistemática, masiva y deliberada
violación de los derechos humanos infligida a la mayoría de la población del
país a través de la aguda escasez de alimentos y medicinas; la liquidación del
poder adquisitivo de los salarios por la más alta inflación del mundo; la
inseguridad que siega violentamente decenas de miles de vidas cada año; la
corrupción en las altas esferas del poder o al amparo de estas y que sustrae
los recursos de la nación para beneficio de la élite en el poder; la cooptación
de los poderes públicos sometidos a la servidumbre del ejecutivo; la instauración
de un Estado policial para extinguir todo asomo de disidencia y ejercer el
control de las personas hasta en los ámbitos de la vida privada; el empleo de
un discurso discriminador, denigrante e
injurioso para negar toda calidad patriótica a los adversarios del régimen.
Estas, así como muchas otras prácticas del gobierno son lo que ha lesionado
hondamente los principios de la convivencia nacional y las bases mismas de la
democracia como sistema político y social.
Se
puede compartir con el Consejo Directivo de CLACSO la preocupación por la
suerte del orden democrático, pero ¿cuáles son las circunstancias que obran en
favor de su fractura? La democracia es empujada a su extinción cuando el
gobierno desconoce la voluntad popular al pretender anular las facultades del
poder legislativo -electo por 14
millones de votos-, contando con la complicidad servil de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia –designada mediante un
procedimiento irregular y compuesta por magistrados que incumplen en su mayoría
los requisitos de su condición.
Pero
ya con anterioridad el gobierno se prodigaba en evidencias de celo
antidemocrático privando a la ciudadanía el año pasado del derecho consagrado
en la Constitución a convocar y llevar a efecto un referendo revocatorio del
mandato presidencial al impedirlo por medios ilegales, esta vez beneficiándose
de la obsecuente colaboración del Consejo Nacional Electoral. La docilidad de
este órgano tuvo poco después ocasión de manifestarse de nuevo al no preparar,
conforme al mandato constitucional, las elecciones de gobernadores que debieron
celebrarse en diciembre de 2016.
La
negación de estos derechos electorales,
sumada a innumerables otras actuaciones gubernamentales que han
significado por años una sostenida mengua del sistema democrático, fue
precisamente el contexto en el cual hacen su aparición las infames sentencias
155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia. Puede dar idea de la calidad de
esta maniobra el hecho de que la propia Fiscalía General de la República las
condenó explícitamente, calificándolas como una ruptura del orden
constitucional. En el comunicado del Consejo Directivo de CLACSO, ese Comité
presenta como injerencia extranjera –olvidando interesadamente la cesión de
soberanía venezolana en favor del régimen castrista- la intensa y oportuna
reacción internacional, que por lo demás permitió presenciar otra exhibición de
conducta sumisa del máximo órgano judicial al retirar y modificar, a
conveniencia de una manera expedita, las inconstitucionales decisiones a
“petición” del Ejecutivo.
La
ciudadanía por su parte también reaccionó de inmediato ejerciendo el derecho
constitucional a la protesta pacífica, congregando repetidas veces tanto en
Caracas como en la provincia las mayores concentraciones de personas que se
recuerden en la historia política moderna del país. La represión implacable y
desproporcionada de estas manifestaciones populares ha causado una cincuentena
de fallecidos, millares de presos y centenares de personas sometidas a juicio,
buena parte de ellas en la jurisdicción militar, con lo cual, como han
denunciado todas las organizaciones independientes de defensa de los derechos
humanos, así como los colegios de abogados de la nación, el gobierno incurre en
viejas y nuevas violaciones de la Constitución y las leyes.
¿Se
necesitan acaso más evidencias de que nos encontramos al final de un trayecto
que ha convertido un autoritarismo de tres lustros en una dictadura impúdica?
No es solo la democracia, pues, la que está en riesgo, sino la existencia misma
del país como entidad política viable y la vida de sus habitantes, hoy
afligidos hasta extremos indescriptibles por la penuria y la carencia de bienes
básicos, por la inseguridad que los hace vivir en vilo y ahora por una
despiadada represión que aspira, aunque inútilmente, a sofocar el estado de
profunda insatisfacción que pone en movimiento a las multitudes en toda
Venezuela.
Los
llamados a la concordia y al diálogo para restaurar la convivencia y promover
la paz son necesarios en situaciones de crisis graves como la que vive nuestro
país. Pero tales llamados pierden calidad moral y eficacia política cuando,
deliberadamente o por ignorancia, dan a entender que las partes en conflicto
tienen responsabilidades equivalentes. Muy descaminado anda el Consejo
Directivo de CLACSO con semejante ejercicio de equidad cuando un examen honesto
de las causas y de las consecuencias de la crisis no deja lugar a dudas sobre
la incumbencia de quienes gobiernan. La realidad es que los factores en
conflicto son la inmensa mayoría de los ciudadanos de probada vocación
democrática (más del 80% según todas las mediciones serias), frente a un
régimen que no cesa de dar muestras de su talante dictatorial.
El
diálogo exige verdadera voluntad. La experiencia reciente, auspiciada por el
Vaticano y mediadores externos de dudosa imparcialidad, deja pocas esperanzas
respecto a la real disposición del gobierno para la búsqueda de soluciones
consensuadas, según pide el comunicado de ese Comité. El incumplimiento por el
gobierno de los acuerdos parciales alcanzados en aquella oportunidad resulta un
pésimo precedente y un menguado estímulo para reemprender ese camino. Y el
discurso oficial –tan amenazador, intimidante y derogatorio como siempre-
incansablemente machacado por el presidente de la República y sus agentes a
través de la invasiva red de medios al servicio de la “hegemonía
comunicacional”, aunque salpicado de referencias a la “paz” se acompaña de
iniciativas que minan la posibilidad misma de entablar conversaciones. Pues ¿qué
otra intención cabría atribuir a la propuesta presidencial de “asamblea
constituyente comunal”, despropósito inconstitucional y contrademocrático por
donde se lo mire y para el que ya se ha obtenido la fácil connivencia del
Consejo Nacional Electoral? En ninguna parte tendría que causar extrañeza, ni
siquiera en el Comité Directivo de CLACSO, constatar que con ello, lejos de
fecundar el terreno para el diálogo y la búsqueda de acuerdos, el gobierno ha
dado renovados bríos a una protesta ciudadana que no ha hecho más que ampliarse
cada día.
Caracas,
Venezuela, a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil diecisiete
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