Las organizaciones de
derechos humanos que suscribimos esta comunicación expresamos nuestra
indignación por las declaraciones emitidas por usted el día miércoles 29 de
marzo de 2017, en las cuales expresó su apoyo a la sentencia número 155 de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se le
retiraba la inmunidad parlamentaria a los diputados y diputadas de la Asamblea
Nacional, se atribuye al Presidente de la República la facultad para revisar
leyes y determinar discrecionalmente la aplicación de delitos militares; y de
reconsiderar la pertinencia de la participación de Venezuela en instancias internacionales.
Ese día, 29 de marzo,
usted, como presidente del llamado “Consejo Moral Republicano” (CMR), leyó un
comunicado donde afirmaba que este órgano del Poder Ciudadano “manifiesta su
firme apoyo a esta sentencia”, alegando que la misma, a su juicio, “evalúa
apropiadamente elementos que ponen en riesgo la soberanía e independencia del
país”. Hoy sabemos que de los tres entes que integran el CMR, uno de ellos está
en desacuerdo con dicha sentencia. El viernes 31 de marzo la Fiscal General de
la República la calificó, junto al dictamen 156 del mismo tribunal, como la
“ruptura del hilo constitucional”, en medio de un amplio rechazo de ambas
sentencias por parte de la comunidad nacional e internacional.
Apoyo fraudulento
El apoyo expresado
por usted a la referida sentencia, no solo es fraudulento al ser presentado
como una posición institucional, pese a no haber sido producto de un consenso
entre los integrantes del Consejo Moral Republicano, sino que constituye un
menosprecio de la institución parlamentaria, de la que usted mismo fue en algún
momento parte, en abierta violación de la Constitución y del Estado de Derecho.
Como es del
conocimiento público la institución a su cargo no cumple plenamente con lo
establecido en los “Principios
de París”, que norman la actuación de las defensorías del
pueblo en todo el mundo. Debido a la ausencia de autonomía e independencia en
el funcionamiento de la Defensoría, tanto durante la gestión de María Gabriela
del Mar Ramírez como la suya, el Subcomité de Acreditaciones de la Alianza
Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri), en octubre de
2016 tomó la decisión de rebajar la calificación de la Defensoría del Pueblo
venezolana a categoría B. A finales del 2014, este organismo le había dado un
año para que, en sus propias palabras, usted hablara “alto y claro” sobre las
violaciones de derechos humanos en nuestro país y señalara con claridad las
responsabilidades del Estado.
Más pruebas
En marzo del 2017, durante la presentación de su informe anual ante el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado Zeid Ra’ad
al Hussein dedicó unos minutos para hablar sobre la preocupante situación de
Venezuela, recordando la falta de independencia de la Defensoría del Pueblo en
nuestro país. No solamente usted no tomó las medidas para corregir esta
situación, atendiendo debidamente y sin discriminación a las víctimas de
violaciones de derechos humanos en el país, sino que, como lo demuestra su
apoyo a una decisión que fue calificada por la Fiscal General y por la mayor
parte de la sociedad democrática venezolana como “Golpe de Estado”, reincide en
actuaciones cada vez más graves e inaceptables dentro del papel que debería
desempeñar un Defensor del Pueblo en un contexto de crisis social, política y
económica. Por contraste, las organizaciones de derechos humanos tenemos como
referente el valiente papel que desempeñó el primer Defensor del Pueblo en
Perú, Jorge Santistevan de Noriega, ante la ausencia de democracia en ese país
bajo la dictadura de Alberto Fujimori.
Conforme a lo establecido en el artículo 281 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) usted tiene entre sus atribuciones
“la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en
esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos”. En
este caso usted se aparta de esas obligaciones inherentes a su cargo al igual
que en numerosas ocasiones omite pronunciarse ante graves casos de violaciones
a los derechos humanos como en el caso los restos hallados en las instalaciones
de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV).
Por lo expuesto anteriormente, las organizaciones de derechos humanos que suscribimos la presente comunicación le solicitamos formalmente que presente su renuncia al cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo que una persona independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y los principios democráticos, asuma el cargo; una persona que, en lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la violencia, incluyendo las causadas por las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y la impunidad .
Su renuncia y sustitución por un Defensor del Pueblo consciente del papel que debe jugar, especialmente en momentos de crisis política y de derechos humanos, permitiría que la Defensoría del Pueblo venezolana pueda ser evaluada favorablemente, no sólo por los organismos internacionales con competencia en derechos humanos, sino por quienes más necesitan de una institución autónoma e independiente que esté a su lado: la población en general y las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Por lo expuesto anteriormente, las organizaciones de derechos humanos que suscribimos la presente comunicación le solicitamos formalmente que presente su renuncia al cargo como Defensor del Pueblo, permitiendo que una persona independiente y respetuosa de la Constitución, el Estado de Derecho y los principios democráticos, asuma el cargo; una persona que, en lugar de defender sin pudor al gobierno, se coloque al lado de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la violencia, incluyendo las causadas por las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y la impunidad .
Su renuncia y sustitución por un Defensor del Pueblo consciente del papel que debe jugar, especialmente en momentos de crisis política y de derechos humanos, permitiría que la Defensoría del Pueblo venezolana pueda ser evaluada favorablemente, no sólo por los organismos internacionales con competencia en derechos humanos, sino por quienes más necesitan de una institución autónoma e independiente que esté a su lado: la población en general y las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Firman:
Acceso
a la Justicia // AC Llamado a la Conciencia Vial // AC
Nueva Esparta en Movimiento // A.C. María Estrella de la Mañana // AC Mulier
// Acción Solidaria // Amigos
Trasplantados de Venezuela A.C. // Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, Caracas // Asamblea
de Educación // Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia,
Solidaridad y Paz (Funpaz A.C.) // Asociación Civil Mujeres en Línea // Asociación
de Profesores de la Universidad Simón Bolívar
// Asociación Venezolana para la
Hemofilia // Aula Abierta Venezuela // Brigadas Azules // Cátedra
Libre de DD HH de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) // Cedice
Libertad // Centro de Animación Juvenil // Centro
de Acción y Defensa Por los Derechos Humanos
// Centro de Derechos Humanos de
la Universidad Católica Andrés Bello
// Centro para la Paz y los
Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela // Centro
de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana // Cepaz
// + Ciudadano +Venezolano
(Táchira) // Ciudadanía Activa // Civilis
Derechos Humanos // Coalición Clima21 // Coalición
de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) // Comisión
de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela
capítulo Táchira // Comisión de Derechos Humanos de la Federación
Venezolana de Colegios de Abogados estado Apure
// Colegio de Abogados del estado
Anzoátegui // Colegio de Abogados del estado Apure // Colegio
de Abogados del estado Lara // Colegio de Abogados del estado Barinas // Colegio
de Abogados de estado Nueva Esparta
// Colegio de Abogados del estado
Sucre //
Colegio de Abogados de Delta Amacuro
// Colegio de Abogados del estado
Falcón // Colegio de Abogados del estado Monagas // Colegio
de Abogados del estado Portuguesa
// Colegio de Abogados del estado
Carabobo // Colegio de Abogados del estado Guárico // Colegio
de Abogados del Distrito Capital // Colegio de Abogados del estado Aragua // Colegio
de Abogados del estado Cojedes // Colegio de Abogados del estado Amazonas // Colegio
de Abogados del estado Táchira // Colegio de Abogados del estado Zulia // Comisión
DD HH Federación Venezolana de Colegios de Abogados Estado Falcón // Comisión
DD HH Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ // Comisión
Nacional DD HH Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, capítulo Mérida // Comisión
Nacional de DD HH de la Federación de Colegios de Abogados // Comisión
para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) // Comisión
para los Derechos Humanos del estado Zulia, Codhez // Convite
AC //
Derechos Humanos Ya // Espacio Humanitario // Espacio
Público // Excubitus- Derechos Humanos Educación // Federación
Nacional Sociedades Padres y Representantes (Fenasopadres), Nacional // Federación
Nacional Sociedades Padres y Representantes (Fenasopadres), capítulo Aragua // Federación
Nacional Sociedades Padres y Representantes (Fenasopadres), capítulo Carabobo // Federación
Nacional Sociedades Padres y Representantes (Fenasopadres), capítulo Lara // Federación
Nacional Sociedades Padres y Representantes (Fenasopadres), capítulo Anzoátegui // Federación
Nacional Sociedades Padres y Representantes (Fenasopadres), capítulo Zulia // Federación
Nacional Sociedades Padres y Representantes (Fenasopadres), capítulo Miranda // Frente
en Defensa del Norte de Caracas // Foro Penal Venezolano // Fundación
Blanca Nieve Sierra // Fundación Ciider // Fundación
de Lucha contra el Cáncer de Mama (Funcamama)
// Fundación Pro Bono Venezuela
// Humano Derecho Radio // Instituto
Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp) // Movimiento
Vinotinto // Mujeres Venezolanas en Acción // Observatorio
de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA) // Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
// Observatorio Venezolano de
Prisiones (OVP) // Observatorio Venezolano por los DD HH de las
Mujeres / Opción Venezuela A.C. // Organización
Para la Prevención Nacional de la Corrupción (Orpanac) // Organización
StopVIH // Padres Organizados de Venezuela // Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos // Promoción
Educación y Defensa en DD HH (Promedehum)
// Laboratorio de Paz // Red
Andina de DD HH // Red ARA
// Redes Ayuda // Sinergia // Sociedad
HominisIura (SOHI) // Transparencia Venezuela // Una
Montaña de Gente // Una Ventana a la Libertad // Un
Mundo Sin Mordaza // Unión Afirmativa de Venezuela // Unión
Vecinal para la Participación Ciudadana
// Venezuela Diversa A.C.
Personalidades
Isolda
de Salvatierra / Virginia Olivo de Celli / María Cristina Parra / Magally
Huggins / Ofelia Alvarez Cardier / Beatríz Rodríguez / Beatríz Gerbasi / Luz
Beltrán / Lilia Arvelo / Griselda Barroso / Yenni Peña / Rosa Paredes / Yolima
Arellano / Evangelina García Prince / Sonia Sgambatti / Oscar Murillo,
periodista / Francisco González Cruz, exrector Emérito de la Universidad Valle
de Momboy / Elenis Rodríguez Martínez, abogada / Carlos Daniel Moreno, Defensor
de DD HH
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