Humberto García L.
Durante
muchos años se discutió si las medidas económicas tomadas por los gobiernos de
Chávez y Maduro respondían a un modelo propiamente dicho u obedecían más bien a
improvisaciones y a la ignorancia del eterno. Un petróleo rozando los
$100/barril admitía, sin duda, muchas liberalidades. Otros opinaban que se
trataba de imponer progresivamente el comunismo, por lo que su intención era
política: de ahí la dificultad de apreciar una racionalidad económica. Pero
ahora que han bajado las aguas de la bonanza petrolera, emergen elementos de un
modelo económico claramente distinguible. Pero muchos se niegan a percibirlo
como tal porque su fin no es el mayor bienestar para la población -fin o deber
ser de lo económico- sino maximizar la participación en el producto social de
quienes detentan el poder.
El
modelo sirve a una nueva oligarquía atrincherada en los nodos de decisión del
Estado o en posiciones privilegiadas para negociar con él. Esta oligarquía
tiene carácter binacional, pues incluye a quienes están al frente del Estado
cubano, beneficiarios privilegiados de la depredación sobre Venezuela. Los
medios para alcanzar sus fines no tienen que ver con la salud del aparato
productivo interno ni con la capacidad de optimizar el intercambio con el resto
del mundo. Es decir, el modelo no persigue que la economía crezca, ni que pueda
importarse lo requerido para aumentar el consumo y la producción doméstica. De
ahí su aparente desafío a la lógica económica. Persigue, más bien, la
destrucción de los mecanismos de mercado y de las salvaguardas del Estado de
Derecho que regulan lo económico, con la intención de sustituirlos por
decisiones burocráticas. Éstas suelen ser tomadas con discrecionalidad en
respuesta a la dinámica de intereses de quienes detentan posiciones de poder.
Mecanismos impersonales, institucionales, para el manejo de la cosa pública son
así reemplazados por mecanismos que dependen de relaciones personales con
quienes ocupan cargos en la estructura de mando.
El
desmantelamiento del Estado de Derecho, la falta de controles y la inexistencia
del equilibrio de poderes autónomos, tienen la función de permitir que
verdaderas mafias compitan o se coordinen entre sí -dependiendo de las
circunstancias- para esquilmar cotos particulares de la economía. Con ello se
ha venido asentando una economía de expoliación por parte de la oligarquía, al
margen del proceder institucional de la administración pública y de la ley. El
problema está en que ese modelo destruye capacidades productivas y empobrece
aceleradamente al venezolano. Es, en este sentido, un modelo suicida, la del
parásito que mata a su huésped pero que, en el ínterin, se atiborra. Algunos de
los mecanismos utilizados para parasitar a la nación se describen en el anexo.
El
modelo no es transparente respecto al manejo de recursos, ni los que toman
decisiones rinden cuentas de ello. Su elemento articulador es la corrupción.
Para no experimentar contratiempos, requiere de un poder judicial cómplice y de
medios de comunicación sumisos, que no den cabida a posturas críticas o a
denuncias sobre corruptelas. Además, presupone despojar a la Asamblea Nacional
de sus poderes de investigación y de control sobre el Ejecutivo.
La
oligarquía, a través del gobierno de Maduro, ha tenido bastante éxito, hasta
ahora, en “coronar” tal estado de cosas. Con ello ha podido conformar un Estado
Patrimonial o Patrimonialista (el concepto es de Max Weber), en el cual se
disuelve la frontera entre el patrimonio público y su patrimonio privado. Es
decir, ha privatizado la cosa pública, ¡pero en nombre del socialismo! Pero
este modelo económico excluyente genera rechazo, sobre todo en momentos de
crisis como el actual. De ahí el interés en construir una falsa realidad, color
de rosa, a través del control hegemónico de los medios de comunicación. Pero, a
pesar del abuso que se hace de ellos con fines propagandísticos -a lo Goebbels-
la mayoría de la población cree cada vez menos en Maduro o en los demás
personeros del régimen. Por ejemplo, el gobierno pregona a los CLAP como una
“conquista del pueblo”, un “triunfo de la revolución”. Pero en la encuesta
Venebarómetro de febrero, solo 10,4% de los consultados manifestó que deben
mantenerse los CLAP como mecanismo de distribución de alimentos; 88,7% claman
porque se abastezcan los mercados para poderlos comprar libremente.
Como
la propaganda no da los resultados esperados, se apela a la represión. Aparece
el terrorismo de Estado, con tribunales abyectos que criminalizan la protesta y
la denuncia, y una policía política (Sebin) que persigue a líderes opositores.
Sin apoyo militar no podría sostenerse el régimen oligárquico. Su popularidad
apenas roza el 20%, cuando mucho. Es decir, a falta de apoyo político, su
principal y casi único sostén es castrense. De ahí la importancia de poner a
militares en cargos en los que las oportunidades para el enriquecimiento
ilícito sean muy tentadoras con la finalidad de hacerlos partícipes del régimen
de expoliación implantado. Custodian el tráfico de bienes tras fronteras y a
través del territorio nacional; acompañan a la Sundde en la requisa de negocios
de todo tipo; monopolizan la importación y distribución de alimentos y
medicinas con la Misión Abastecimiento Soberano; poseen bancos, empresas
fabriles, agropecuarias, de transporte, televisión y de construcción; manejan
la compra de armamentos; y tienen presencia en la directiva de Pdvsa.
Ahora,
disponen de una empresa, Camimpeg, para intermediar en el otorgamiento de
concesiones petroleras y mineras. En fin, se les ha puesto al frente de casi
todos los mecanismos descritos en el anexo, exentos de ser interpelados por la
Asamblea Nacional y fuera del escrutinio de la prensa independiente. A pesar
del discurso contra la corrupción, la intención del gobierno no es evitar que
los que tengan responsabilidades sobre estos asuntos caigan en ella, sino al
contrario, hacerlos cómplices de la economía de expoliación para comprometerlos
con la defensa del Estado Patrimonial.
El
modelo económico excluyente y despótico de la oligarquía cívico-militar es
incompatible con la democracia. Restablecer las garantías del Estado de
Derecho, acabar con el gasto discrecional y sin control, unificar el tipo de
cambio y levantar los controles para liberar a las fuerzas productivas,
liquidaría al modelo. De ahí la ofensiva ideológica “socialista” para satanizar
estas propuestas. Pero como no logra convencer a las mayorías de las bondades
de políticas “revolucionarias” que las han condenado a la miseria, termina
cumpliendo otros dos propósitos. En primer lugar, fanatiza a la minoría que sigue
a Maduro para transformarla en una secta, impermeable a toda crítica externa,
unida como un solo hombre para el combate cuando él diga. Para ello, han
transformado al difunto eterno en una especie de deidad para hacer del credo
chavista una suerte de fe: sus proclamas son verdades reveladas que no se
discuten. Deben ser cumplidas. El segundo propósito es aislar a los
depredadores del país de la dura increpación del mundo real que los rodea.
Repetir
una y otra vez los mismos disparates termina tranquilizándoles la conciencia;
los somete a una especie de sopor fantasioso en el que las únicas referencias
sobre el deber ser son los clichés en que se ha transformado el ideario
“revolucionario”.Ello explica la inusitada crueldad en no rectificar sus
políticas, a pesar del hambre, la malnutrición y las muertes que han
engendrado. Les rueda la suerte de los venezolanos cuando, en su imaginario, la
historia los absolverá. En fin, la discutida banalidad del mal de la que habló
Hannah Arendt. Aislados en una burbuja de fantasías complacientes, el discurso
repetitivo que los retrata como campeones del pueblo contra la opresión ejerce
la función de bálsamo moral, condonando sus maldades. ¡Hasta el punto de que
algunos llegan a creérselo! Ahora Maduro, declara la “guerra del pan”, emulando
a Benito Mussolini, quien, en 1925, declaró la “guerra del trigo” para hacer a
la Italia fascista autosuficiente en pan (y pasta). Porque, igual que Il Duce,
la lucha política es, en su imaginario, una guerra. De ahí el lenguaje de batallas,
de unidades de combate y la entrega del país al control militar.
De
ahí la idiotez de seguir denunciando una “guerra económica” contra la
“revolución” (¡!). Insiste en los CLAP y la Tarjeta de la Patria, no como
mecanismo idóneo de distribución de alimentos -que no lo son-, sino como
mecanismos para el control social. De ahí también las campañas de odio a través
del discurso maniqueo para alentar el conflicto final, violento, que busca
aplastar a la disidencia. Y para encubrirse, se la pasa acusando a la oposición
de fascista (¡!). Proyección sicológica, sin duda alguna.
ANEXO. Mecanismos instituidos para
expoliar la riqueza social:
1.El
control de cambio. El monopolio y racionamiento de la oferta de divisas por
parte del Estado a precios ridículamente bajos, generan posibilidades de lucro
espectacular a través del arbitraje. La cotización del dólar paralelo ha estado
oscilando en niveles entre 28 y 44 veces la tasa oficial Dipro. Quien tenga
acceso al dólar regalado puede multiplicar sus bolívares por esa magnitud en un
santiamén.
2.Los
controles de precio. Propician el desvío y reventa de bienes subsidiados a
precios varias veces superior, además de ofrecer oportunidades para la
extorsión y el decomiso.
3.El
monopolio de la importación y distribución de alimentos y medicinas. Ante la
ausencia de transparencia, de rendición de cuentas y anulado el control de la
representación popular a través de la Asamblea Nacional, la tentación de
desviar muchos de estos productos para comercializarlos directamente a precios
más altos, es inmensa.
4.Leyes
punitivas. Como la Ley de Tierras, de Precios Justos y de Seguridad y Soberanía
Alimentaria, que proveen amplias oportunidades de extorsión y de confiscación
por parte de los encargados de administrarlas y/o hacerlas cumplir.
5.El
custodio de las fronteras. Ofrece oportunidades muy tentadoras para
contrabandear gasolina y productos subsidiados a países vecinos, asociándose
para ello con mafias o ejerciéndolo directamente.
6.La
provisión de servicios y/o derechos. Se trata de la vieja y perniciosa
práctica, no inventada por el chavismo, de cobrar por incluir a ciudadanos en
la pensión de vejez, en algunas misiones (vivienda, transporte), en el
otorgamiento de las cajas CLAP y en el disfrute de otros derechos.
7.El
manejo de fondos públicos. La ausencia de transparencia y de rendición de
cuentas, y las complicidades a distintos niveles, permiten a funcionarios
inescrupulosos meter la mano a partidas presupuestarias, cajas de ahorro o a
los numerosos fondos, con casi total impunidad, siempre y cuando defiendan
agresivamente al gobierno de Maduro y la “revolución”.
8.El
lavado de dinero. Los malabarismos hechos con los dineros mal habidos para
poderlos disfrutar pueden leerse en el libro de Carlos Tablante y Marcos Tarre,
El Gran Saqueo.
9.El
tráfico de drogas. Son demasiadas las denuncias que señalan complicidades al
más alto nivel para el uso de instalaciones públicas y/o en el amparo y
protección del tráfico de estupefacientes a través del territorio nacional para
ser exportados a los países consumidores.
[Versión
resumida, tomada de http://www.hoyenvenezuela.com/humberto-garcia-larralde-el-modelo-economico-del-regimen-madurista/.]
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