Ebert
Cardoza [ULA – Mérida]
Cuando en diciembre
de 1998 Chávez ganó las elecciones, la mayoría de los venezolanos venían de una
conflictividad social contra las cúpulas corruptas adeco-copeyanas, lo cual
costó muertes, desapariciones, asesinatos selectivos, represión, allanamiento a
universidades, masacres como Yumare, El Amparo, Cantaura y el “caracazo”, encarcelamientos
y hasta fusilamientos por parte de brigadas de “cazadores” a estudiantes
universitarios, como el caso del estudiante Domingo Salazar en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Los Andes. Es bueno recordar que también eran
calificados de “terroristas”.La ola de protestas en aquel entonces estaba
encabezada por una izquierda insurgente que venía de la lucha armada y la
protesta estudiantil, inmersa en una conspiración cívico-militar en la cual los
militares terminaron infiltrando cada célula rebelde y absorbiendo los
principales cuadros políticos, secuestrando todo un ideario que luego se
transformó en el llamado “socialismo del siglo XXI”.
En 1989, la olla de
presión popular en Venezuela necesitaba de un catalizador y en el imaginario
colectivo gravitaba la figura del “gendarme necesario”. Para ello, fue oportuna
la asonada del 4 de febrero de 1992, cuando un grupo de militares, quebrantando
el principio de subordinación al poder civil y el criterio de “profesionalismo
militar”, catapultó con un “por ahora” a un teniente coronel desconocido en la
sociedad civil, pero apuntalado en la sociedad militar como el próximo
“héroe” para culminar, por un lado, con
la pacificación de la izquierda y, por otro, con la continuación de la reforma
del Estado -iniciada con la COPRE- y la consolidación del paquete neoliberal
aplicado por CAP II. De allí en adelante, tanto la derecha como la izquierda se
dividieron, pero también, una buena parte de ellas, se plegó a un liderazgo militar que terminó
controlando y corrompiendo a una izquierda insurgente, así como a una derecha
conspiradora.
Al llegar al poder
político, Chávez convocó a una Asamblea Constituyente –derivada- donde se congregó
tanto a la izquierda como a la derecha para terminar aprobando en referéndum
una constitución de corte neo-liberal –hoy defendida por ambos sectores como un “modelo” constitucional- donde, entre
otras cosas, se lograba dar rango constitucional a uno de los objetivos
centrales del capital industrial y financiero: La privatización de los recursos
energéticos a través de las empresas mixtas. Los demás deberes y derechos
formaban parte de una andamiaje que reeditaba los rasgos esenciales de un
Estado Liberal, pero con todos los elementos necesarios para profundizar a un
capitalismo de Estado, bajo farsa ideológica del “socialismo del siglo XXI”.
La contraofensiva de
la clase política “desplazada” (léase adecos y copeyanos no-chavistas, porque
hubo otros blancos y verdes se vistieron de rojo) del aparato burocrático estatal se tradujo en
marchas, protestas, paros y sabotajes que sólo sirvieron para atornillar a
quienes detentaban el poder, como ocurrió con el paro petrolero que le permitió
al gobierno tomar control de PDVSA o el paro patronal que llevó a la quiebra a
empresas privadas y a la expropiación (indemnización) de aquellas empresas en
proceso de quiebra inminente.
Sin embargo, más allá
de las consecuencias políticas, jurídicas, sociales y económicas del gobierno
de Chávez, hubo un resultado mucho más nefasto que todos los anteriores: la
partidización del componente militar. Con ello, el rasgo político de la fuerza
armada nacional como parte fundamental del ESTADO quedaba reducido a un partido
militar al servicio, por supuesto, de un sector político de la sociedad, mas no
de la nación. Con ello, se contrariaba el principio constitucional relativo al
profesionalismo castrense y se creaban las condiciones, paradójicamente, para
una desmilitarización del elemento militar. Luego con la creación de las
milicias y la formación de cuerpos paramilitares al servicio del gobierno el
“monopolio de la violencia” por parte del Estado ha ido cediendo ante la
creciente ola de violencia social.
Por otra parte, la aprobación
de la Ley contra la delincuencia
organizada y el terrorismo –versión criolla del ActPatriot USA [1]- llevada
a cabo con el beneplácito de la oposición y el oficialismo, cuando todavía la
Asamblea Nacional era “roja rojita” ha dado al gobierno de turno, así como a
quienes están por sentarse en Miraflores, un garrote para criminalizar y
aplastar cualquier intento de subvertir el “orden”, como cualesquier acto de
protesta social. Es decir, ante un eventual gobierno de “derecha”, dicha Ley
contiene los elementos fundamentales no solo para reprimir al “terrorismo”
interno (léase protesta social), sino también para justificar cualquier
intervención militar extranjera, bajo el principio de la
“extraterritorialidad”, lo cual dado lugar a las llamadas “guerras preventivas”
en Medio Oriente y “guerras de cuarta generación” en América Latina.
El escenario en el
cual se encuentra atrapada la conflictividad social en Venezuela, donde
prevalece el no-reconocimiento de las partes y un diálogo de sordos, la
intolerancia y la mutua criminalización de los sectores en pugna, ha llevado a
acorralar al “bravo pueblo” en medio de unos mercenarios de “derecha” y de “izquierda”,
expuesto a ser víctima de aquellos que han venido rompiendo el hilo
constitucional sistemáticamente. Es decir, de aquellos que calificarán de
“terroristas” a quienes protesten contra el continuado paquete neoliberal, a
quienes se rebelen contra la entrega de los recursos energéticos, a quienes se
levanten contra el hambre y la corrupción, a quienes se subleven contra
cualquier injerencia extranjera –yanqui, rusa, china o cubana-, a quienes
denuncien la violación de los derechos humanos, a quienes se nieguen a pagar la
deuda externa, en fin, a quienes “atenten contra cualquier estructura política,
económica y social, a nivel nacional o internacional”.
Pero es bueno saber
que el verdadero terrorismo ha sido el terrorismo de Estado, causa real y
originaria, de la violencia política y social. Terrorismo de Estado como el
practicado por los Estados unidos desde Hiroshima y Nagasaky hasta los últimos
bombardeos a Siria, como terrorismo de Estado puesto en
marcha por el Estado colombiano desde el asesinato de Gaitán hasta las
postreras masacres campesinas por parte de las Autodefensas uribistas, como el
terrorismo de Estado ejecutado por la URSS cuando invadió a Checoslovaquia o Afganistán,
terrorismo de Estado fue la represión del Ejército Rojo en la plaza de Tiananmém,así
como terrorismo de Estado es y será todo uso del Ejército, Guardia Nacional,
policía u otra forma de violencia estatal y paramilitar contra la población
civil.
Por ello, no hay
Estado de “izquierda” ni gobierno de “derecha”. TODO ESTADO es reaccionario, represivo
e instrumento de dominación.
Nota
[1] Para mayor
información sobre esta Ley, véase: “Ley patriota de los Estados Unidos”.
Disponible en: http://interamerican-usa.com/articulos/Leyes/US-Patriot%20Act.htm
. Por su parte, al igual que la mencionada Ley estadounidense, la “Ley contra
la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo”, contiene el
principio de extraterritorialidad el cual contempla la intervención o
injerencia extranjera en asuntos internos. Al respecto, véase: https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ley_del_org_finan_terr.pdf
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