Opinión: Militarismo y Arco Minero: el camino minado al revocatorio

Antulio Rosales

Uno de los más reconocidos intelectuales de izquierda en Venezuela, Edgardo Lander, en junio pasado analizaba la crisis que vive el país y la peligrosa actitud del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el gobierno nacional frente a la solicitud de un Referendo Revocatorio. Decía Lander “Desde un punto de vista constitucional, sería tan grave que el gobierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que haya cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos, como lo sería impedir la realización de una elección para mantenerse en el poder. Por ello, si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del referendo revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo constitucional”.

La rectora Tibisay Lucena confirmó hace poco, gracias al uso acomodaticio de los lapsos establecidos en las normas electorales, que el CNE no organizará un eventual referendo revocatorio antes del 11 de enero de 2017. El órgano electoral demostró que en efecto ejecuta políticas determinadas por el gobierno, dándole la posibilidad de manejar su propia transición y evadiendo la consulta popular que podría legítimamente sacar al PSUV del poder. Lucena, en un ejercicio de proyección, habló del aparente descrédito que llevan adelante algunos “actores políticos” al proceso, como si se tratara del esfuerzo propio: “se busca una aplicación interesada de la norma que atenta contra la seguridad jurídica y técnica y pone en peligro la seguridad y que el proceso sea vulnerado. Cuando se actúa de esta manera, podemos asegurar que se está golpeando el Estado de derecho en su conjunto”.

La negativa del gobierno a la consulta popular para dirimir la diatriba política atenta contra la democracia y pone al país en riesgo de sumergirse en violencia generalizada. Eso no es todo, tiene como correlato el rechazo de la clase dirigente a tomar cualquier medida que permita ya no salir de la crisis económica, pero al menos palearla.

Su única carta bajo la manga, su única política económica es controlar más los procesos productivos y someter al 12% del territorio a la más grande campaña de extracción minera que haya vivido Venezuela, en el contexto de un estado de excepción que inhabilita cualquier protesta, denuncia y crítica. Se unen el autoritarismo ramplón y el extractivismo descarado.

En el más reciente anuncio de proyectos de inversión en el Arco Minero del Orinoco (AMO), Nicolás Maduro presentó acuerdos con empresas extranjeras desconocidas por la sociedad. Son igualmente desconocidos los mecanismos de adjudicación de esas concesiones. Maduro aseguró el carácter “ecológico” y “soberano” del proyecto, sin ningún estudio de evaluación ambiental que lo avale, sin alguna consulta significativa con las comunidades afectadas por la iniciativa. Eso sí, atinó a etiquetar de traidores a aquellos que critican el AMO e incluso a denunciar, nuevamente sin pruebas, de estar financiados por las mafias de la minería ilegal.

No obstante, es precisamente la empresa militar CAMIMPEG una de las entidades nacionales autorizadas a formar parte de los trabajos de exploración y extracción. Se organiza el territorio del AMO alrededor de distritos militares, bajo el mando del Ministro de la Defensa, para darle coherencia con la tónica de gobierno marcial que ha impulsado Maduro en las últimas semanas, cuando al gabinete se ha subordinado a las órdenes del Ministro. Padrino López decidirá la jerarquía militar que garantizará la defensa del territorio y, evidentemente, del negocio que compartirán militares, inversionistas extranjeros y el resto del Estado. A eso es a lo que el gobierno llama “trascender el rentismo petrolero”.

El cierre de espacios en la democracia y el avance avasallante del Arco Minero se van encontrando en alianzas puntuales, desde un pronunciamiento de la Asamblea Nacional contra el AMO hasta la solicitud de miembros de la plataforma contra el Arco Minero para que el CNE permita el proceso del Referendo Revocatorio. De esa demanda salió la expulsión de Esteban Emilio Mosonyi, Edgardo Lander y Santiago Arconada del Consejo Rectoral de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. Esta no solo fue una muestra más de la intolerancia gubernamental, fue sobre todo un aviso a los distintos sectores insatisfechos del chavismo para que cierren filas y mantengan la disciplina. Aún así, alrededor del AMO se está gestando un proceso social autónomo y de base en resistencia.

La ruptura del hilo constitucional implica en la actualidad una mezcla tóxica de facciones burocratizadas y enquistadas en los distintos poderes públicos y una jerarquía política a merced de la fuerza armada que asegura negocios de extracción e incrementa su poder con total impunidad. La tenaza institucional asfixia las iniciativas electorales y criminaliza aún más la disidencia, marginando sectores sociales hasta hace poco aliados. Ese control vertical y militarista genera incentivos para que nuevos grupos de chavistas desilusionados se distancien todavía más del gobierno de Maduro—un gobierno que en la actualidad se sostiene únicamente por la fuerza y la arbitrariedad—y se incorporen a la demanda del Referendo tal y como lo determina la Constitución.

[Tomado de https://fueraderadar.wordpress.com/2016/08/12/militarismo-y-arco-minero-el-camino-minado-al-revocatorio.]