Opinión: La debacle del chavismo

Miguel Angel Hernández

El pueblo venezolano padece innumerables penurias. El desabastecimiento, las largas colas que produce, el alto costo de la vida, no ceden, por el contrario, la situación se agrava cada día más.

La vida cotidiana de venezolanas y venezolanos se complejiza con la falta de agua, continuos apagones, pésimas vías de comunicación, y serios problemas de transporte. A todas estas vicisitudes se suman los despidos en empresas públicas y privadas.

Los trabajadores y el pueblo pobre estamos pagando el costo de la crisis

En el marco de la crisis, el pueblo y la clase trabajadora venezolana enfrentan una violenta ofensiva por parte del gobierno y los patronos, que ha menoscabado sus derechos políticos y sindicales, destruido los salarios, abaratando la mano de obra a niveles no vistos en los últimos 50 años. Ha flexibilizado las relaciones laborales con despidos masivos, todo como parte de los esfuerzos del gobierno y los empresarios del sector privado por descargar el costo de la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador.

El gobierno venezolano, con la coartada de un falso discurso socialista, aplica un plan de ajuste que incluye despidos, aumento de los precios de los alimentos y demás productos regulados, devaluación, aumento de tarifas del transporte y los servicios públicos, y está pendiente un incremento de la gasolina, lo cual generará una espiral inflacionaria nunca conocida en el país.

El Partido Socialismo y Libertad ha venido planteando que hay un acuerdo no firmado entre el empresariado agrupado en Fedecamaras y el gobierno, para descargar la crisis sobre los trabajadores, y para esto cuentan con la burocracia sindical “roja, rojita”.

El descontento social y el devaluado respaldo al gobierno

Toda esta situación está produciendo un deslave en la base social del chavismo y el gobierno. El descontento es creciente y generalizado. Por primera vez en 16 años, el gobierno se enfrenta a la posibilidad cierta de ser derrotado en unas elecciones. El 6 de diciembre, día de las elecciones parlamentarias en Venezuela, el partido gubernamental podría ceder la mayoría en la Asamblea Nacional

En el último período, el gobierno de Nicolás Maduro, a sabiendas de la difícil situación económica y social, que su gobierno y el Psuv, deben enfrentar en un año electoral, ha venido lanzando “trapos rojos”, con los cuales trata de exorcixar el malestar creciente en la población, y revertir así la tendencia negativa hacia su gestión.

Primero utilizó la Orden Ejecutiva del gobierno norteamericano, que consideraba a Venezuela como una amenaza, buscando unificar a su base social. Poco duró el efecto positivo que la recolección de firmas contra el decreto de Obama, pudo haber tenido en una recuperación relativa de su imagen. Luego siguió exacerbando los ánimos nacionalistas de la población, levantando la olvidada defensa del Esequibo, territorio en disputa con Guyana desde 1899.

Más recientemente, Maduro responsabilizó a los inmigrantes colombianos “ilegales”, y lanzó una campaña de deportaciones en la frontera con Colombia, acompañada por el establecimiento de estados de excepción en los estados Táchira, Zulia, Apure y Amazonas, fronterizos con Colombia, con el argumento de enfrentar el paramilitarismo y el contrabando, como parte de una supuesta “guerra económica”, que estaría originando el desabastecimiento. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 1.608 colombianos fueron expulsados de territorio venezolano y 19.686 regresaron por propia voluntad, desde el 19 de agosto.

Todos estos recursos lanzados por el gobierno para levantar su cada vez más deteriorada imagen, no han tenido los resultados esperados por los asesores gubernamentales. Por el contrario, se han venido desinflando y poniendo en evidencia que no eran más que potes de humo, alimentados con todo género de falsedades, amplificadas por los medios de comunicación gubernamentales, diestros en esta tarea.

Ahora vemos como estos inventos mediáticos diseñados con objetivos claramente electorales, se caen por su propio peso. De las firmas recogidas contra el decreto de Obama, ya nadie se acuerda. No se entregaron en ninguna parte, y más nunca el gobierno hizo referencia al asunto. Maduro se reunió con el presidente de Guyana, y se acordó el regreso de los embajadores a las respectivas capitales, bajando las tensiones entre los dos países.

Pero quizás lo más descarado es lo ocurrido con los inmigrantes colombianos deportados. Ahora el gobierno de Maduro, después de la reunión con el presidente Santos, acordó con Unasur facilitar el regreso de los deportados. Algo insólito que coloca en evidencia, que las motivaciones que originaron su salida compulsiva del país, no tenían ningún asidero, que no eran paramilitares, y que en definitiva, no son responsables del contrabando y de la escasez de alimentos y otros productos que padecen los venezolanos.

Criminalización de la protesta y restricción de las libertades democráticas

Todas estas medidas del gobierno, se producen en el marco de un recrudecimiento de la restricción a las libertades democráticas. Los estados de excepción en la frontera han significado la suspensión de garantías constitucionales, como la libertad de manifestar, el derecho a huelga, entre otras.

Paralelamente, el gobierno viene impulsando desde hace varios meses la llamada Operación de Liberación y Protección el Pueblo (OLP). Con el argumento del enfrentamiento a la delincuencia, se ha puesto en práctica un dispositivo represivo, similar a otros aplicados en el pasado puntofijista, cuyo saldo hasta ahora es de más de 100 personas muertas en supuestos enfrentamientos, en los cuales no ha habido ni un herido de los cuerpos de seguridad. De hecho, se hizo público un video, donde policías ejecutaban a un detenido. Organismos de defensa de derechos humanos, han denunciado atropellos y desalojos de personas de humildes viviendas, así como posibles ejecuciones extrajudiciales.

El pasado año, después de las protestas de febrero-abril, el gobierno adquirió en el exterior numerosos equipos antimotines. Gases lacrimógenos, tanquetas y otros recursos, fueron comprados a Rusia.

Coincidiendo con este operativo, Leopoldo López, líder de la oposición burguesa, fue condenado a casi 14 años de prisión por las protestas del año pasado, donde fallecieron 43 personas.

La otra cara de la represión del gobierno, y que menos se difunde en los medios de comunicación, es la persecución a los que luchan y se movilizan, como es el caso de Bladimir Carvajal, trabajador petrolero, dirigente del PSL y C-cura, quien fue despedido por dirigir la lucha por la discusión contractual y por diversos reclamos de los trabajadores petroleros. Carvajal fue detenido en febrero del año pasado junto a José Bodas, Leonardo Ugarte, todos del PSL y C-cura, junto a otros 9 trabajadores, por defender el contrato colectivo.

Pero son muchos despedidos en el país. Es el caso de numerosas empresas públicas y privadas. Chrysler, Ford, Ajeven Filtros Wix, Protinal, Qué Pollo, Polar, centrales azucareros, ministerios.

El gobierno también detuvo a 8 trabajadores de Civetchi, empresa mixta con China. Así como a trabajadores de Vtelca, otra empresa mixta con ese país, productora de teléfonos celulares, por atraverse a conformar un sindicato.

La OLP, los estados de excepción en la frontera, la persecución a los que luchan, buscan amedrentar a la población y disuadir el aumento de las protestas, en un grave contexto de crisis económica y social, y de deterioro creciente del gobierno. Maduro intenta inhibir cualquier posibilidad de estallidos sociales.

[Tomado de http://web.laclase.info/content/la-debacle-del-chavismo/.]