Península Ibérica: Granado y Delgado, ¡52 años ya!

Octavio Alberola

En estos meses de borrachera electoralista se ha hablado mucho del régimen del 78. Ese régimen instaurado, tras la muerte de Franco, por la llamada “Transición” de la Dictadura a la Democracia representativa  que  tenemos  hoy. Una TRANSICIÓN-TRANSACCIÓN que transformó -de la noche a la mañana- a los franquistas en DEMÓCRATAS y parió una DEMOCRACIA para que los ex franquistas pudieran disfrutar y aumentar legalmente las fortunas adquiridas a la sombra de la Dictadura.

No es de extrañar que, en tales condiciones, sólo se haya hablado del régimen del 78 y nada o muy poco de lo que fue la dictadura. De esa dictadura que no paró de reprimir brutalmente al pueblo español durante casi cuarenta años. Aunque sí es “curioso” que ni siquiera lo hayan hecho los que denuncian el régimen del 78 y pretenden ser los portavoces de la indignación popular actual. “Curioso” porque deberían sentirse concernidos por las reivindicaciones de las víctimas del franquismo y por el deber de memoria hacia los que perdieron la vida en la lucha contra la dictadura, aunque sólo fuese por haber sido los únicos que intentaron ponerle fin o provocar una transición menos “atada” que la que Franco pudo preparar gracias al derrotismo antifranquista. Y, además, porque tampoco deberían olvidar que, si la democracia actual es la continuidad del régimen del 78, lo es porque no se supo o no se quiso provocar entonces una ruptura con el continuismo franquista.

Se impone pues recordar esto para comprender el porqué en 2015 tenemos que seguir soportando la soberbia de los demócratas exfranquistas que siguen detentando la casi totalidad del poder en este país, y el porqué las víctimas del franquismo tienen que seguir esperando la condenación de sus victimarios. ¡Y eso pese a que ya han pasado cuarenta años desde la muerte del dictador y ocho de la promulgación de la llamada Ley de “Memoria Histórica”!

Una ley cobarde e infame, que no sólo no se atrevió a anular las sentencias franquistas sino que estableció, además, una indigna discriminación entre las víctimas del franquismo, al separarlas arbitrariamente en dos categorías: las ejecutadas antes de 1968 y las que lo fueron después, cuya indemnización fue trece veces mayor.

En espera pues de que la actual “indignación” recupere el uso de la memoria y traduzca en hechos sus promesas de justicia verdadera, las familias de las víctimas de la represión franquista siguen sin contar con apoyos institucionales para rendir el homenaje que tanto merecen sus familiares ejecutados por los franquistas. Tal es el caso de la familia de Francisco Granado, ejecutado en 1963 con Joaquín Delgado, que sigue esperando el cumplimiento de la promesa, de la alcaldía de Valencia del Ventoso, de poner en el Centro Cultural de esa ciudad el busto que su hijo -escultor- hizo de su padre. Una promesa que la familia Granado desearía se cumpla el próximo mes de agosto, ¡cincuenta y dos años después de que Francisco Granado y Joaquín Delgado fuesen ejecutados!

52 años ya de la ejecución de nuestros dos compañeros, detenidos el 1 de agosto de 1963 y ejecutados 16 días después, el 17 de agosto de 1963, tras ser condenados a muerte por un Consejo de Guerra Sumarísimo, por unas acciones que no habían realizado. Para más detalles ver el documental "Granado y Delgado un crimen legal" www.youtube.com/watch?v=eBuAAXS7m4Q y el libro de Carlos Fonseca: Garrote vil para dos inocentes, el caso Delgado-Granado.

Un periodo de más de medio siglo en el que, tras la muerte del dictador y la “Transición”, no fue hasta 2007 que la “Democracia” (el régimen del 78) parió esa ley que debía rehabilitar jurídicamente a las víctimas de la represión franquista. Una rehabilitación que sigue pendiente hoy y que no se conseguirá aunque el PP deje de gobernar; pues, ni para el PSOE ni para los otros partidos está entre suspreocupaciones y objetivos. Salvo si, de aquí a las elecciones generales, los colectivos memorialistas hacen oír su voz y de nuevo se presentan recursos de revisión de las sentencias franquistas y se organizan campañas públicas de denuncia de este baldón de la justicia de la democracia en vigor. Recursos y campañas que, como las iniciadas con el caso Granado-Delgado en los años noventa, pongan nuevamente en marcha el proceso de recuperación de la memoria histórica hoy casi olvidado.