Provea
[Nota de El Libertario: los párrafos siguientes han sido extraidos de la sección dedicada al derecho a la alimentación, pp. 69-90, del Informe Anual Provea 2014. El texto completo está disponible en www.derechos.org.ve.]
Según las últimas cifras reportadas por el BCV, para el tercer trimestre de 2014 la escasez fue de 29,4%, aumentando en 7,4%, según el 22% registrado para finales de 2013. No obstante, la encuestadora Datanálisis señala que el índice de escasez rondaba para julio de 2013 en 55%, a pesar de haber llegado a 59% en marzo.
El abastecimiento de bienes en la economía, sobre todo en alimentos, es crítico. En el mismo informe del BCV para finales del tercer trimestre de 2104, 19 rubros de consumo básico registraban serios problemas de abastecimiento. La escasez en el aceite de maíz fue de 100% en marzo. Las mediciones del BCV señalaron que desde noviembre de 2013 no se conseguía aceite de girasol en el mercado; mientras que la presentación de mezcla (vegetal) registró una escasez de 92,1%. La harina de trigo fue el segundo rubro con más alto índice de escasez, con 99,4% en marzo, 7,7 puntos porcentuales por encima del índice registrado en febrero del mismo año.
Todas las variedades de leche tenían serios problemas de abastecimiento. La escasez en la leche en polvo completa fue de 90,2% en marzo; en la presentación descremada en polvo fue de 92,8%; la del tipo descremada líquida llegó a 97,6%, y la leche completa pasteurizada se situó en 98,8%. El desabastecimiento en café se agudizó durante el primer trimestre de 2014; en marzo la escasez del producto fue de 94,2%, pero venía escalando de 76,1% en febrero, 50,8% en enero y 39,3% en diciembre de 2013. En azúcar también la escasez se ubicó en 90% en marzo; mientras que en harina precocida de maíz fue de 89,3%, el índice más alto desde noviembre.
Desde noviembre de 2013 hasta marzo de 2014 estos productos registraron índices de escasez entre 80% y 100%, de acuerdo con las últimas estadísticas disponibles del BCV.
Sobre la ausencia de datos, el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, desestima las declaraciones del presidente del INE[1] y sostiene que la cifra “no se ha publicado porque la escasez es muy elevada […] Yo no quiero desmentir a nadie, pero los cálculos de escasez y desabastecimiento son cálculos completamente cotidianos. El cálculo de desabastecimiento es internacional, [el que se lleva en Venezuela] es un cálculo estándar y absolutamente adecuado. No es verdad que Venezuela sea el único país que calcule este índice”[2].
En este contexto, los venezolanos están obligados a hacer colas y a recorrer varios comercios para completar la compra de los productos de la cesta básica. A su vez, la falta de confianza en que el problema se resolverá en el corto plazo ha impulsado a la población a estar dispuesta a hacer más colas y comprar más productos de lo usual.
La producción de alimentos y la importación de materias primas y bienes de consumo masivo han estado afectadas durante los últimos años por las restricciones en la liquidación de divisas, situación que ha incidido en el abastecimiento, a lo que se le suma el control de precios que ha afectado la producción nacional y ha aumentado la dependencia de las importaciones alimentarias. Asimismo, las dificultades burocráticas y administrativas han generado importantes caídas en los niveles de productividad.
PROVEA ha dicho que los altos índices de escasez y desabastecimiento en alimentos y productos de la cesta básica comprometen la realización plena del derecho humano a la alimentación, que significa tener acceso regular, permanente y sin restricciones a los alimentos a niveles adecuados y suficientes, tanto en calidad como en cantidad, para que ello garantice a las personas poder disfrutar de una vida libre de temores e incertidumbres por esta causa.
Otras voces
Resulta importante reflejar las voces de otros sectores de la sociedad respecto al estado del derecho a la alimentación en el país, como son la Academia, las ONG, fundaciones y especialistas en el tema.
El experto en la materia y profesor del IESA, Carlos Machado-Allison, señala que el Gobierno central ha tratado infructuosamente de aumentar la producción de alimentos mediante la centralización de las actividades agroindustriales:
“(1) Expropió casi 4 millones de hectáreas de tierras con vocación agrícola y 24% de las más de 1.000 empresas expropiadas pertenecen al sector agroindustrial. (2) Alcanza a controlar el 51% de la capacidad de almacenamiento de cereales que se producen en el país y asumió el monopolio de insumos para fabricar agroquímicos. (3) A través del Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA), el Gobierno Central conoce los inventarios, el despacho y la recepción de productos alimenticios en todo el país. (4) Incluso, hay alrededor de 32 a 34 normas y leyes que tiene que cumplir un productor [agrícola] para poder ocuparse de su negocio”.
“Vale agregar, los resultados de estas medidas han sido contrarios a los prometidos: muchas de las empresas expropiadas no son autosustentables y no producen a los nivelesesperados. Por ejemplo, Enlandes e Industrias Diana tuvieron que ser intervenidas en 2013 para resolver evidentes deficiencias administrativas y productivas. Además, las tierras intervenidas no han podido ser aprovechadas, algunas porque fueron divididas en parcelas para los campesinos, otras porque fueron invadidas o porque se cambió su tipo de cultivo afectando el terreno o simplemente no se llegaron a cultivar”[3].
Respecto a la malnutrición, Maritza Landaeta-Jiménez, miembro fundadora de la Fundación Bengoa señala que junto a las colas en los supermercados va creciendo otra fila de venezolanos: la de los malnutridos. La falta de disponibilidad y el encarecimiento de los alimentos básicos han llevado a la gente a engordar, pero no a nutrirse. “La dieta del venezolano ahora es monótona y depende de lo que consiga, ha perdido calidad y se ha vuelto sumamente costosa. Si en una semana se consigue harina de maíz, comen arepas tres veces. Si se encuentra pollo, lo dividen para que rinda. Los venezolanos están comiendo pasta con olor a pollo, pero los nutrientes que le llegan no son suficientes”, afirma Landaeta-Jiménez. La experta precisa que las combinaciones de arroz o pasta con mayonesa o margarina se convirtieron en habituales porque son alimentos económicos.
Desde 2003 el Ejecutivo Nacional tomó “medidas temporales relativas al régimen cambiario” con ocasión de la situación económica derivada del paro petrolero de finales de 2002. Estas medidas vinieron acompañadas de leyes para el control cambiario y de precios que se han ido multiplicando o en algunos casos mutando durante estos últimos años. El objeto de estas leyes era evitar la fuga de divisas y establecer el control de precios sobre todos los bienes y servicios que se comercializaran en el país para proteger a la población de la especulación. Luego la realidad demostró que esa pretensión no podía cumplirse sin descontrolar el funcionamiento entero de la economía.
Importantes distorsiones conceptuales en estas medidas y leyes se traducirían en fijar precios que no permitían cubrir los costos de producción y de reposición de mercancía, así como el desembolso oportuno de divisas. Por otra parte, también permitían la aplicación masiva de fiscalizaciones, intervenciones e importantes sanciones para los agentes económicos que se determinara habían incurrido en especulación, usura, acaparamiento y/o boicot. Además, facilitaron los procesos de ocupación y expropiación.
Luego de 12 años de controles[hasta diciembre de 2014], la inflación general acumulada es de 1.706,51% y la de alimentos acumuló 3.911,74%.
[Nota de El Libertario: los párrafos siguientes han sido extraidos de la sección dedicada al derecho a la alimentación, pp. 69-90, del Informe Anual Provea 2014. El texto completo está disponible en www.derechos.org.ve.]
Según las últimas cifras reportadas por el BCV, para el tercer trimestre de 2014 la escasez fue de 29,4%, aumentando en 7,4%, según el 22% registrado para finales de 2013. No obstante, la encuestadora Datanálisis señala que el índice de escasez rondaba para julio de 2013 en 55%, a pesar de haber llegado a 59% en marzo.
El abastecimiento de bienes en la economía, sobre todo en alimentos, es crítico. En el mismo informe del BCV para finales del tercer trimestre de 2104, 19 rubros de consumo básico registraban serios problemas de abastecimiento. La escasez en el aceite de maíz fue de 100% en marzo. Las mediciones del BCV señalaron que desde noviembre de 2013 no se conseguía aceite de girasol en el mercado; mientras que la presentación de mezcla (vegetal) registró una escasez de 92,1%. La harina de trigo fue el segundo rubro con más alto índice de escasez, con 99,4% en marzo, 7,7 puntos porcentuales por encima del índice registrado en febrero del mismo año.
Todas las variedades de leche tenían serios problemas de abastecimiento. La escasez en la leche en polvo completa fue de 90,2% en marzo; en la presentación descremada en polvo fue de 92,8%; la del tipo descremada líquida llegó a 97,6%, y la leche completa pasteurizada se situó en 98,8%. El desabastecimiento en café se agudizó durante el primer trimestre de 2014; en marzo la escasez del producto fue de 94,2%, pero venía escalando de 76,1% en febrero, 50,8% en enero y 39,3% en diciembre de 2013. En azúcar también la escasez se ubicó en 90% en marzo; mientras que en harina precocida de maíz fue de 89,3%, el índice más alto desde noviembre.
Desde noviembre de 2013 hasta marzo de 2014 estos productos registraron índices de escasez entre 80% y 100%, de acuerdo con las últimas estadísticas disponibles del BCV.
Sobre la ausencia de datos, el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, desestima las declaraciones del presidente del INE[1] y sostiene que la cifra “no se ha publicado porque la escasez es muy elevada […] Yo no quiero desmentir a nadie, pero los cálculos de escasez y desabastecimiento son cálculos completamente cotidianos. El cálculo de desabastecimiento es internacional, [el que se lleva en Venezuela] es un cálculo estándar y absolutamente adecuado. No es verdad que Venezuela sea el único país que calcule este índice”[2].
En este contexto, los venezolanos están obligados a hacer colas y a recorrer varios comercios para completar la compra de los productos de la cesta básica. A su vez, la falta de confianza en que el problema se resolverá en el corto plazo ha impulsado a la población a estar dispuesta a hacer más colas y comprar más productos de lo usual.
La producción de alimentos y la importación de materias primas y bienes de consumo masivo han estado afectadas durante los últimos años por las restricciones en la liquidación de divisas, situación que ha incidido en el abastecimiento, a lo que se le suma el control de precios que ha afectado la producción nacional y ha aumentado la dependencia de las importaciones alimentarias. Asimismo, las dificultades burocráticas y administrativas han generado importantes caídas en los niveles de productividad.
PROVEA ha dicho que los altos índices de escasez y desabastecimiento en alimentos y productos de la cesta básica comprometen la realización plena del derecho humano a la alimentación, que significa tener acceso regular, permanente y sin restricciones a los alimentos a niveles adecuados y suficientes, tanto en calidad como en cantidad, para que ello garantice a las personas poder disfrutar de una vida libre de temores e incertidumbres por esta causa.
Otras voces
Resulta importante reflejar las voces de otros sectores de la sociedad respecto al estado del derecho a la alimentación en el país, como son la Academia, las ONG, fundaciones y especialistas en el tema.
El experto en la materia y profesor del IESA, Carlos Machado-Allison, señala que el Gobierno central ha tratado infructuosamente de aumentar la producción de alimentos mediante la centralización de las actividades agroindustriales:
“(1) Expropió casi 4 millones de hectáreas de tierras con vocación agrícola y 24% de las más de 1.000 empresas expropiadas pertenecen al sector agroindustrial. (2) Alcanza a controlar el 51% de la capacidad de almacenamiento de cereales que se producen en el país y asumió el monopolio de insumos para fabricar agroquímicos. (3) A través del Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA), el Gobierno Central conoce los inventarios, el despacho y la recepción de productos alimenticios en todo el país. (4) Incluso, hay alrededor de 32 a 34 normas y leyes que tiene que cumplir un productor [agrícola] para poder ocuparse de su negocio”.
“Vale agregar, los resultados de estas medidas han sido contrarios a los prometidos: muchas de las empresas expropiadas no son autosustentables y no producen a los nivelesesperados. Por ejemplo, Enlandes e Industrias Diana tuvieron que ser intervenidas en 2013 para resolver evidentes deficiencias administrativas y productivas. Además, las tierras intervenidas no han podido ser aprovechadas, algunas porque fueron divididas en parcelas para los campesinos, otras porque fueron invadidas o porque se cambió su tipo de cultivo afectando el terreno o simplemente no se llegaron a cultivar”[3].
Respecto a la malnutrición, Maritza Landaeta-Jiménez, miembro fundadora de la Fundación Bengoa señala que junto a las colas en los supermercados va creciendo otra fila de venezolanos: la de los malnutridos. La falta de disponibilidad y el encarecimiento de los alimentos básicos han llevado a la gente a engordar, pero no a nutrirse. “La dieta del venezolano ahora es monótona y depende de lo que consiga, ha perdido calidad y se ha vuelto sumamente costosa. Si en una semana se consigue harina de maíz, comen arepas tres veces. Si se encuentra pollo, lo dividen para que rinda. Los venezolanos están comiendo pasta con olor a pollo, pero los nutrientes que le llegan no son suficientes”, afirma Landaeta-Jiménez. La experta precisa que las combinaciones de arroz o pasta con mayonesa o margarina se convirtieron en habituales porque son alimentos económicos.
Desde 2003 el Ejecutivo Nacional tomó “medidas temporales relativas al régimen cambiario” con ocasión de la situación económica derivada del paro petrolero de finales de 2002. Estas medidas vinieron acompañadas de leyes para el control cambiario y de precios que se han ido multiplicando o en algunos casos mutando durante estos últimos años. El objeto de estas leyes era evitar la fuga de divisas y establecer el control de precios sobre todos los bienes y servicios que se comercializaran en el país para proteger a la población de la especulación. Luego la realidad demostró que esa pretensión no podía cumplirse sin descontrolar el funcionamiento entero de la economía.
Importantes distorsiones conceptuales en estas medidas y leyes se traducirían en fijar precios que no permitían cubrir los costos de producción y de reposición de mercancía, así como el desembolso oportuno de divisas. Por otra parte, también permitían la aplicación masiva de fiscalizaciones, intervenciones e importantes sanciones para los agentes económicos que se determinara habían incurrido en especulación, usura, acaparamiento y/o boicot. Además, facilitaron los procesos de ocupación y expropiación.
Luego de 12 años de controles[hasta diciembre de 2014], la inflación general acumulada es de 1.706,51% y la de alimentos acumuló 3.911,74%.
Notas
[1] Según declaraciones del presidente del INE, Elías Eljuri, para fecha no se había publicado esta información porque se estaba revisando la metodología.
[2] Luis Vicente León en declaraciones Dinero[en línea] http://www.dinero.com.ve/din/destacados/cifrasde-escasez-sigue-la-espera#sthash.IpgHCQTi.1RLyPJgd.dpuf
[3] Prodavinci.com [en línea] http://prodavinci.com/blogs/quien-tiene-el-monopolio-de-la-produccionde-alimentos-en-venezuela-por-anabella-abadi/
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