Humberto Márquez
“Se reían mientras nos quemaban la piel con cigarrillos”, relataron Carlos Pellicer, de 19 años, y Abraham Moreno, de 20, estudiantes de Psicología en la Universidad Católica de Caracas y la Universidad Yacambú en el centro-oeste de Venezuela. Su caso fue presentado junto con un voluminoso informe de nueve organizaciones humanitarias sobre violaciones a los Derechos Humanos durante cuatro meses de manifestaciones en Venezuela, con los estudiantes como castigada vanguardia.
Carlos y Abraham, de la red autodenominada Jóvenes Venezolanos, viajaron a varias ciudades de provincia en el mes de mayo, para promover entre compañeros la idea de mantener la protesta instalada en este país desde febrero. Comenzaron con manifestaciones en demanda de seguridad ciudadana, siguieron exigiendo el cese de la represión y al cabo de cuatro meses un sector de la oposición reclama la recomposición de los poderes Judicial y Electoral además de la renuncia del presidente Nicolás Maduro.
Ambos jóvenes estuvieron en Caracas con otro centenar de muchachos en un campamento improvisado en la calle frente a oficinas de Naciones Unidas en Caracas, pero de allí les desalojaron una madrugada la militar Guardia Nacional y la Policía Nacional. Cuando Abraham y Carlos llegaron a la ciudad de Barinas, en las llanuras del suroeste y tierra del fallecido ex presidente Hugo Chávez (1954-2013), se reunieron con otros jóvenes para discutir sus tareas.“Allí empezamos a sentir el hostigamiento. En un centro comercial nos siguieron camionetas como las que usa el Sebin (la policía política), sin placas (matrícula de identificación)” afirman los estudiantes. Cerca de la medianoche del primer domingo de junio fueron a una farmacia para comprar un medicamento.
Sorpresivamente, “unos individuos que no se identificaron nos capturaron, nos taparon con capuchas y nos metieron inmovilizados en una camioneta. Nos dieron vueltas sin rumbo preciso durante varias horas y luego nos hicieron bajar y arrodillarnos en un descampado pedregoso. Vestíamos shorts”, dijo Abraham a El Toque de RNW. “Allí comenzaron a interrogarnos, qué hacíamos, quiénes eran nuestros jefes, quienes nos pagaban, tenían datos de nuestras familias, residencias, sitios de estudio. No les respondíamos, no teníamos nada que confesar. Entonces nos quemaban el pecho con cigarrillos. Guardamos las camisas con esas marcas”, relató Carlos. Las marcas se ven claras sobre la piel, una semana después.
Ya el Lunes 2 de Junio, mientras en las redes sociales los amigos de Abraham y Carlos denunciaban su desaparición o secuestro y temían por sus vidas, los jóvenes fueron montados otra vez en una camioneta y abandonados cerca del mediodía en una barriada de Barinas conocida por su peligrosidad. Sus agresores nunca se identificaron, sólo les advirtieron que si continuaban su actividad “les podía ir peor”.
Alfredo Romero, director de la organización de Derechos Humanos Foro Penal, dijo que desde que comenzaron las manifestaciones en febrero han recibido, documentado y llevado a la Defensoría del Pueblo “más de 500 denuncias de torturas, tratos crueles o vejatorios. Los más comunes son palizas, pero también disparos de perdigones a quemarropa, quemaduras con cigarrillos, aplicación de electricidad, mujeres a las que les han cortado el cabello o se las ha amenazado con abuso sexual”.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, se ha mostrado muy comedida ante los micrófonos desde que en marzo causaran polémica declaraciones suyas para distinguir la tortura de otros tratos crueles y degradantes. Pero ya en ese mismo mes había admitido que su despacho procesaba 44 denuncias de “violación a la integridad física” de personas detenidas durante las manifestaciones.
Nueve organizaciones humanitarias se pusieron de acuerdo para consolidar en un informe, que presentarán a instancias de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana (CIDH) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), las principales tendencias de violaciones a los Derechos Fundamentales en el marco de los cuatro meses de protestas (Febrero-Mayo) que ha encarado el gobierno del presidente Maduro. [Ese informe está disponible en http://periodicoellibertario.blogspot.com/2014/06/organizaciones-de-ddhh-presentaron-el.html.]
Con base de una muestra en siete de los 24 estados del país, el informe establece que 93% de las manifestaciones fueron pacíficas, pero 34% resultaron reprimidas. Por contraste, la mayor represión del gobierno precedente (Chávez, 1999-2013), en el año 2009, castigó sólo el siete por ciento de las protestas.
En los cuatro meses de protestas de este 2014 perdieron la vida 41 personas (27 por arma de fuego), incluidos siete funcionarios militares o policiales. El informe da cuenta de 854 personas heridas o lesionadas, de las cuales 138 fueron por disparo de bala y 330 por perdigones, en tanto que 3.127 personas fueron detenidas, de manera que consideran arbitraria. Es la cifra más alta de detenciones masivas en los últimos 25 años (desde el estallido social de 1989 conocido como Caracazo) y el informe señala que hubo detenciones practicadas por civiles, se forjaron pruebas incriminatorias y fueron robadas pertenencias de las personas privadas de libertad.
Se registraron 174 casos con 325 violaciones a la libertad de expresión, con 37 detenciones, 67 agresiones y 31 robos o hurtos de equipos a los periodistas o camarógrafos, así como el fallecimiento de una persona, el ingeniero José Alejandro Márquez, golpeado después de grabar actuaciones de la Guardia Nacional en una calle de Caracas.
“Dos particularidades destacan en esta ola represiva: la actuación de grupos paramilitares (principalmente civiles a bordo de motocicletas) en apoyo de los uniformados y la agresión a cientos de viviendas en todo el país, llevando con saña la represión a más allá de la protesta misma”, destacó Marino Alvarado, de la organización humanitaria Provea. Las protestas han amainado este mes de junio en Venezuela, aunque persisten focos en Caracas y ciudades de los Andes sudoccidentales, principalmente. “Condenamos la violencia, la del Estado por el uso excesivo de la fuerza y la que ejerzan particulares”, dijo Alvarado, “pero rechazamos la criminalización y reivindicamos el derecho a la protesta. Ni protestar ni disentir pueden ser delitos”, concluyó.
Veinticuatro horas después de presentadas las denuncias de Pellicer y Moreno y el informe de las nueve ONG humanitarias, las autoridades del Estado no habían expresado una reacción concreta. Pero la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha advertido en declaraciones de finales del pasado Mayo que “la tortura no puede tenerse como práctica en Venezuela y se debe sancionar a todo funcionario que lo haga”.
[Fuente: http://eltoque.com/texto/cigarrillos-sobre-la-piel.]
“Se reían mientras nos quemaban la piel con cigarrillos”, relataron Carlos Pellicer, de 19 años, y Abraham Moreno, de 20, estudiantes de Psicología en la Universidad Católica de Caracas y la Universidad Yacambú en el centro-oeste de Venezuela. Su caso fue presentado junto con un voluminoso informe de nueve organizaciones humanitarias sobre violaciones a los Derechos Humanos durante cuatro meses de manifestaciones en Venezuela, con los estudiantes como castigada vanguardia.
Carlos y Abraham, de la red autodenominada Jóvenes Venezolanos, viajaron a varias ciudades de provincia en el mes de mayo, para promover entre compañeros la idea de mantener la protesta instalada en este país desde febrero. Comenzaron con manifestaciones en demanda de seguridad ciudadana, siguieron exigiendo el cese de la represión y al cabo de cuatro meses un sector de la oposición reclama la recomposición de los poderes Judicial y Electoral además de la renuncia del presidente Nicolás Maduro.
Ambos jóvenes estuvieron en Caracas con otro centenar de muchachos en un campamento improvisado en la calle frente a oficinas de Naciones Unidas en Caracas, pero de allí les desalojaron una madrugada la militar Guardia Nacional y la Policía Nacional. Cuando Abraham y Carlos llegaron a la ciudad de Barinas, en las llanuras del suroeste y tierra del fallecido ex presidente Hugo Chávez (1954-2013), se reunieron con otros jóvenes para discutir sus tareas.“Allí empezamos a sentir el hostigamiento. En un centro comercial nos siguieron camionetas como las que usa el Sebin (la policía política), sin placas (matrícula de identificación)” afirman los estudiantes. Cerca de la medianoche del primer domingo de junio fueron a una farmacia para comprar un medicamento.
Sorpresivamente, “unos individuos que no se identificaron nos capturaron, nos taparon con capuchas y nos metieron inmovilizados en una camioneta. Nos dieron vueltas sin rumbo preciso durante varias horas y luego nos hicieron bajar y arrodillarnos en un descampado pedregoso. Vestíamos shorts”, dijo Abraham a El Toque de RNW. “Allí comenzaron a interrogarnos, qué hacíamos, quiénes eran nuestros jefes, quienes nos pagaban, tenían datos de nuestras familias, residencias, sitios de estudio. No les respondíamos, no teníamos nada que confesar. Entonces nos quemaban el pecho con cigarrillos. Guardamos las camisas con esas marcas”, relató Carlos. Las marcas se ven claras sobre la piel, una semana después.
Ya el Lunes 2 de Junio, mientras en las redes sociales los amigos de Abraham y Carlos denunciaban su desaparición o secuestro y temían por sus vidas, los jóvenes fueron montados otra vez en una camioneta y abandonados cerca del mediodía en una barriada de Barinas conocida por su peligrosidad. Sus agresores nunca se identificaron, sólo les advirtieron que si continuaban su actividad “les podía ir peor”.
Alfredo Romero, director de la organización de Derechos Humanos Foro Penal, dijo que desde que comenzaron las manifestaciones en febrero han recibido, documentado y llevado a la Defensoría del Pueblo “más de 500 denuncias de torturas, tratos crueles o vejatorios. Los más comunes son palizas, pero también disparos de perdigones a quemarropa, quemaduras con cigarrillos, aplicación de electricidad, mujeres a las que les han cortado el cabello o se las ha amenazado con abuso sexual”.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, se ha mostrado muy comedida ante los micrófonos desde que en marzo causaran polémica declaraciones suyas para distinguir la tortura de otros tratos crueles y degradantes. Pero ya en ese mismo mes había admitido que su despacho procesaba 44 denuncias de “violación a la integridad física” de personas detenidas durante las manifestaciones.
Nueve organizaciones humanitarias se pusieron de acuerdo para consolidar en un informe, que presentarán a instancias de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana (CIDH) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), las principales tendencias de violaciones a los Derechos Fundamentales en el marco de los cuatro meses de protestas (Febrero-Mayo) que ha encarado el gobierno del presidente Maduro. [Ese informe está disponible en http://periodicoellibertario.blogspot.com/2014/06/organizaciones-de-ddhh-presentaron-el.html.]
Con base de una muestra en siete de los 24 estados del país, el informe establece que 93% de las manifestaciones fueron pacíficas, pero 34% resultaron reprimidas. Por contraste, la mayor represión del gobierno precedente (Chávez, 1999-2013), en el año 2009, castigó sólo el siete por ciento de las protestas.
En los cuatro meses de protestas de este 2014 perdieron la vida 41 personas (27 por arma de fuego), incluidos siete funcionarios militares o policiales. El informe da cuenta de 854 personas heridas o lesionadas, de las cuales 138 fueron por disparo de bala y 330 por perdigones, en tanto que 3.127 personas fueron detenidas, de manera que consideran arbitraria. Es la cifra más alta de detenciones masivas en los últimos 25 años (desde el estallido social de 1989 conocido como Caracazo) y el informe señala que hubo detenciones practicadas por civiles, se forjaron pruebas incriminatorias y fueron robadas pertenencias de las personas privadas de libertad.
Se registraron 174 casos con 325 violaciones a la libertad de expresión, con 37 detenciones, 67 agresiones y 31 robos o hurtos de equipos a los periodistas o camarógrafos, así como el fallecimiento de una persona, el ingeniero José Alejandro Márquez, golpeado después de grabar actuaciones de la Guardia Nacional en una calle de Caracas.
“Dos particularidades destacan en esta ola represiva: la actuación de grupos paramilitares (principalmente civiles a bordo de motocicletas) en apoyo de los uniformados y la agresión a cientos de viviendas en todo el país, llevando con saña la represión a más allá de la protesta misma”, destacó Marino Alvarado, de la organización humanitaria Provea. Las protestas han amainado este mes de junio en Venezuela, aunque persisten focos en Caracas y ciudades de los Andes sudoccidentales, principalmente. “Condenamos la violencia, la del Estado por el uso excesivo de la fuerza y la que ejerzan particulares”, dijo Alvarado, “pero rechazamos la criminalización y reivindicamos el derecho a la protesta. Ni protestar ni disentir pueden ser delitos”, concluyó.
Veinticuatro horas después de presentadas las denuncias de Pellicer y Moreno y el informe de las nueve ONG humanitarias, las autoridades del Estado no habían expresado una reacción concreta. Pero la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha advertido en declaraciones de finales del pasado Mayo que “la tortura no puede tenerse como práctica en Venezuela y se debe sancionar a todo funcionario que lo haga”.
[Fuente: http://eltoque.com/texto/cigarrillos-sobre-la-piel.]
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