Prensa Provea
Tras el esfuerzo conjunto de 9 organizaciones, este
10.06.2014 fue presentado el informe “Venezuela 2014: Protestas y derechos
humanos”, donde se registran las principales tendencias en las violaciones
ocurridas en nuestro país entre los meses de febrero y mayo de 2014.
La sistematización desea dejar constancia sobre el
tratamiento no democrático del gobierno al descontento social que se viene
reflejando en las calles a través de múltiples formas y, en segundo lugar, dar
una visión integral de las violaciones a los derechos humanos para que la
sociedad exija investigación y sanción a los responsables.
El informe se divide en siete grandes capítulos: Violaciones
al derecho a la manifestación pacífica; Uso excesivo de la fuerza y violaciones
a la integridad personal; Detenciones arbitrarias y violaciones al debido
proceso; Violaciones a la libertad de expresión y ataques a periodistas;
Ataques a civiles en áreas residenciales; y, finalmente, Violaciones al derecho
a la vida.
Sobre las vulneraciones al derecho a la manifestación, el informe
afirma que las declaraciones de altos funcionarios del Ejecutivo sobre los
responsables de las tres primeras víctimas, asesinadas el 12.02.14 en Caracas,
violando el debido proceso, escalaron peligrosamente el conflicto.
Durante los meses de febrero y marzo de 2014, se calculó que
en 16 estados del país se habían desplegado por lo menos 20 modalidades
diferentes de protestas, las cuales contaron con la participación de 800.000
personas.
Según una muestra tomada en 7 estados del país (Distrito
Capital, Lara, Táchira, Bolívar, Mérida, Carabobo y Zulia) entre los meses de
febrero y abril de 2014, el 93.35% de las manifestaciones fueron de carácter
pacífico y el 34,05% fueron reprimidas.
Esta última cifra contrasta con la cifra más alta de las
reprimidas por el gobierno del presidente Chávez, 7% para el año 2009. De esta
manera, el gobierno de Nicolás Maduro reprime 485% más que su antecesor.
Por otra parte, la Guardia Nacional Bolivariana es el
organismo responsable de más protestas reprimidas, siendo los estados Zulia y
Lara donde se registraron proporcionalmente las mayores cifras: En esos
estados, de cada 2 manifestaciones realizadas, una fue reprimida.
Sobre el uso excesivo de la fuerza y las violaciones a la
integridad personal, en los casos registrados ninguno de los funcionarios
policiales y militares actuó apegado a criterios de proporcionalidad en el
empleo de la fuerza y en atención a la reducción al mínimo de los posibles
daños que generaran sus actuaciones.
Entre los meses de febrero y abril de 2014, el informe
registró e individualizó un total de 854 heridos y lesionados en el contexto de
las protestas. Del total, 138 fueron heridas de bala mientras que 330 fueron
heridas causadas por perdigones.
Los registros de las organizaciones reflejan que el número
de personas heridas y lesionadas sufrió un incremento de 270% con respecto a
los 12 meses de 2013, cuando se registraron 316 víctimas producto de heridas o
lesiones en manifestaciones. Asimismo, el número de heridos y lesionados
representa la cifra más alta registrada en los últimos 10 años. 333 de los
casos registrados tuvieron como responsable a la Guardia Nacional Bolivariana.
Al cierre del informe se habían registrado 157 casos de
torturas y malos tratos. Las alegaciones de torturas y malos tratos se
produjeron en diversos centros de detención y muchos de los detenidos fueron
víctimas de abusos en más de un centro de detención e incluso durante los
traslados.
El tipo de maltrato físico más reportado fueron golpes con
puños y patadas, estas últimas, frecuentemente, propinadas con bota militar. Se
registraron también golpes con las cachas de armas cortas o culatazos con arma
larga, en ocasiones, de manera repetida.
El informe detalla casos con nombres y apellidos, como el de
Marco Coello, a quien funcionarios del CICPC le envolvieron el cuerpo con goma
espuma, para después propinarle golpes con bates y otros objetos contundentes.
Asimismo, se reportaron 6 casos de amenazas de abuso sexual contra mujeres
detenidas.
Sobre las detenciones arbitrarias y violaciones al debido
proceso. Entre febrero y mayo de 2014 se contabilizaron 3.127 detenciones
arbitrarias a ciudadanos en el contexto de las manifestaciones realizadas en el
país. De ellas 2.463 ciudadanos fueron sometidos a regímenes de presentación en
tribunales, lo que sumado a los 2.400 casos que ya existían, da un total de
4.863 personas sometidas a regímenes de presentación por haber participado en
una manifestación en el país.
En sólo 4 meses de 2014, el número de ciudadanos detenidos
en el contexto de manifestaciones pasó a ser la cifra más alta de los últimos
25 años, duplicando el número de detenciones registrada entre los años
1989-1990 durante el segundo mandato del ex Presidente Carlos Andrés Pérez.
Asimismo, el Informe destaca que entre 1989 y 2013, 10.400
personas fueron detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado durante la
organización o el desarrollo de manifestaciones. En 4 meses, la cifra de
detenciones representa el 30% del total de detenciones a manifestantes
realizadas en 24 años de protestas.
Detenciones indiscriminadas y selectivas son dos de los
patrones registrados para las privaciones arbitrarias de libertad. El informe
también da cuenta de detenciones realizadas por civiles, el forjamiento de
pruebas incriminatorias y el robo de sus pertenencias a personas privadas de
libertad.
Acerca de las violaciones a la libertad de expresión y los
ataques a periodistas, durante el primer cuatrimestre del año 2014 se
registraron 174 casos que abarcaron 325 violaciones a la libertad de expresión.
Esta última cifra representa un aumento de 240% respecto al
mismo período del 2013. Las denuncias recibidas incluyen 37 detenciones, 67
agresiones, 31 robos o hurtos, un herido de bala y una persona fallecida: el
ingeniero José Alejandro Márquez quien fue golpeado por efectivos de la Guardia
Nacional la noche del 19.02.14, luego de grabar las manifestaciones escenificadas
en La Candelaria, Caracas.
En el contexto de las manifestaciones de febrero a mayo, la
criminalización, represión y violación de DDHH tomó una nueva dimensión:
ataques generalizados y sistemáticos a zonas residenciales por ejercer el
derecho a la manifestación. Los ataques ocurrieron en 14 estados del país y
fueron documentados en el informe para 4 estados (Bolívar, Zulia, Táchira y
Lara), encontrándose un total de 204 ataques en 105 residencias o áreas
habitadas.
En el 81% de estos ataques participó la GNB, en 17% actuaron
las Policías Estatales, en 12% el Ejército, y en 8% la Policía Nacional
Bolivariana. Asimismo, en el 26% también actuaron grupos de agresores civiles
que, en un 61%, actuaron en coordinación y bajo el amparo de los funcionarios
militares y policiales.
En Bolívar, la actuación conjunta fue de 100% y en Lara de
86%, estados donde tuvieron mayor presencia.
Además, en 36% de los ataques se produjeron daños a bienes
privados y en 34% allanamientos ilegales con el objetivo de capturar a
supuestos manifestantes.
Sobre las violaciones al derecho a la vida, el informe
identifica 41 víctimas, 27 de las cuales resultaron asesinadas por armas de
fuego. Queda la responsabilidad a la administración de justicia investigar y
determinar cuáles de las personas asesinadas murieron como consecuencia de
disparos realizados por integrantes de cuerpos armados del Estado y cuáles por actuación de particulares que
dispararon contra los manifestantes o contra los organismos policiales y
militares.
Ningún caso debe quedar impune. El Ministerio Público debe
investigar las otras 14 muertes que se produjeron en diversas circunstancias y
establecer responsabilidades donde haya lugar y aclarar al país aquellas donde
la causa fue accidental.
Las organizaciones reivindican el derecho a la manifestación
pacífica, rechazan la criminalización de la protesta y condenan la violencia,
tanto la perpetrada por el Estado mediante un uso excesivo de la fuerza como la
practicada por particulares.
Exigen investigación de todas las violaciones a los derechos
humanos y sanción a los responsables, así como de los delitos cometidos por
particulares que dejaron innumerables víctimas muertas o heridas y daños a la
propiedad. Condenan los ataques perpetrados contra comunicadores sociales y
rechazan las diversas formas de violaciones
a la libertad de expresión que se produjeron.
Finalmente exigen del Estado venezolano, principalmente del
Ejecutivo Nacional, que canalice de manera democrática la protesta social,
respete el derecho a exigir derechos, el derecho a disentir y las normas
constitucionales que garantizan el derecho a la reunión y a la manifestación.
Las organizaciones que realizaron el informe “Venezuela
2014: Protestas y derechos humanos” fueron: Civilis Derechos Humanos, Espacio
Público, Foro Penal Venezolano, Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz
(FUNPAZ) del estado Lara, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (PROVEA), La Comisión Inter-Institucional de Derechos Humanos de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, la
Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta y la Comisión de Derechos
Humanos del Colegio de Abogados del estado Zulia. (Prensa Provea, 10.06.2014)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos interesa el debate, la confrontación de ideas y el disenso. Pero si tu comentario es sólo para descalificaciones sin argumentos, o mentiras falaces, no será publicado. Hay muchos sitios del gobierno venezolano donde gustosa y rápidamente publican ese tipo de comunicaciones.