Yasuní en la coyuntura: economía, control y contradicciones

por Eduardo Gudynas

La negación de la consulta tiene enormes impactos sobre la calidad de la democracia, la vigencia o no de los derechos de participación y la luz verde para la explotación petrolera sin contradicciones.

La autoridad electoral ha anunciado que no se han reunido las firmas necesarias para llamar a una consulta ciudadana sobre la explotación petrolera en el parque Yasuní. Esta es una decisión que tiene enormes impactos. Muchos la interpretarán como un paso atrás en la vida democrática. Señalarán, con razón, que esto se debe no solamente a que se impide la expresión ciudadana, sino también a los modos por los cuales se ha operado, apelando a extraños mecanismos burocráticos y administrativos.

También se apuntará que ha prevalecido el apetito por los dineros que arrojaría la explotación petrolera en los campos ITT. No descarto esos razonamientos. Pero la puesta en marcha de esas operaciones llevará un buen tiempo y difícilmente serán aprovechados por la actual administración. Otros dirán que eso no importa, ya que esto es en realidad parte de un proyecto de reelección, y entonces usarán esos recursos financieros para sostener la continuidad gubernamental en el siguiente período. Pero este extremo todavía no está confirmado.

Estoy seguro que varios analistas ahondarán en estas cuestiones, y es por ello que prefiero explorar otras aristas que están directamente ligados a la coyuntura actual y expresen necesidades apremiantes.

Las razones del capital

En primer lugar se deben tener muy presentes las intenciones de continuar con las rondas de concesiones  de campos petroleros. En esas negociaciones, los empresarios exigen condiciones de inversión firmes, que aseguren que los lotes ganados puedan ser efectivamente explotados. Pero esas certidumbres crujían ante la posibilidad de una consulta ciudadana que pudiera impedir la explotación petrolera en algún rincón del país. No faltarían ejecutivos que temieran, o dijeran temer, que si se vota una moratoria para el Yasuní, otro tanto podría repetirse en distintos sitios amazónicos. A su vez, no pasaron desapercibidas las dificultades del gobierno en la reciente ronda de negociaciones petroleras para el suroriente. Por lo tanto, para despejar el camino para nuevas negociaciones petroleras, el gobierno debería retomar el control absoluto sobre lo que ofertaba, y ello implica detener mecanismos plebiscitarios que lo pudieran condicionar.

Las necesidades controlar y disciplinar

En segundo lugar, se debe reconocer que la movilización a favor del Yasuní, fue enorme, y el papel de nuevos colectivos, notablemente Yasunidos, fue impactante. Quedaron en evidencia nuevas formas de expresión política, un retorno de la militancia juvenil, estructuras más horizontales, y por lo tanto más difíciles de cooptar. Dicho de modo muy esquemático: eran ensayos de movilización ciudadana independiente, que no eran controladas desde el gobierno o desde partidos políticos. Además, sus contenidos apuntaban a la esencia de la estrategia de desarrollo de la administración Correa, poniendo en discusión su extractivismo, y reclamando el cumplimiento de los mandatos ecológicos de la Constitución de Montecristi.

Un movimiento autónomo, potente y con muchas más potencialidades, siempre es enfrentado desde el poder. Entonces, bajo esta hipótesis, era crucial impedir la consulta ciudadana para evitar que ese colectivo siguiera operando, continuara ampliando sus bases de apoyo, ganara en experiencia, y madurara hasta convertirse en un adversario político inmanejable.

Existe al menos un antecedente de la confluencia de estos dos factores, la salvaguarda a la inversión petrolera y el control sobre la sociedad civil, y se expresó con la disolución de la fundación Pachamama. Allí estuvieron presentes estos dos factores, ya que se justificó esa medida extrema aduciendo que esa fundación afectó una de las negociaciones petroleras, mientras que se cortaba con sus apoyos a comunidades locales, y se mandaba un mensaje a las demás ONGs.

Bajo esa misma lógica, no puede excluirse un golpe de timón dramático: que el propio Presidente decidiera llamar a la consulta ciudadana. Como el ejercicio disciplinario ya se completó, el mensaje a los inversores petroleras también está claro, se podrían contrarrestar algunas de las críticas, retomar la iniciativa, y llamar a una consulta, pero bajo sus condiciones (incluyendo sus propias preguntas).

Es preferible evitar el debate

Considerando estos factores, se puede abordar un tercer aspecto. Es que de todos modos llama mucho la atención que se asumieran todos los costos y críticas (nacionales e internacionales), de impedir la consulta popular sobre el Yasuní. Es que si se hubiera permitido esa consulta, el resultado era incierto, y reconozco que es muy posible que hubiera triunfado la opción de habilitar la explotación petrolera. No podemos olvidar que la mayor parte de los votantes están en ciudades, lejos de la Amazonia, muchos con conocimientos y sensibilidades más preocupadas por la subsistencia diaria que por lo que ocurre en regiones remotas del Ecuador, y que posiblemente oirían apabullantes campañas publicitarias gubernamentales. A pesar de todo esto, hasta ahora, no se han aceptado riesgos. No debe escapar al análisis que si se llamaba a la consulta ciudadana, se habilitaba un proceso de debate público que aún en caso de perderse, serviría para el aprendizaje ciudadano, el fortalecimiento de redes independientes, y tal vez, hasta se podía ganar.

Defender los extractivismos es retroceder

Bajo estas condiciones asoma el cuarto, y último punto, en estas hipótesis primarias. Los gobiernos no pueden adentrarse en debates amplios y plurales sobre los extractivismos porque a estas alturas, tienen muy escasos argumentos para defenderlos. El extractivismo actual sólo es posible acotando la pluralidad democrática. Pocos proyectos pasarían controles ambientales y sociales rigurosos, ya que siempre implican altos impactos ambientales y poca gente en las comunidades locales aceptarían sacrificar sus territorios.

Este asunto es más grave con los gobiernos progresistas, ya que la mayor parte de las razones extractivistas además terminan en razonamientos conservadores, anclados en el mercado y reforzando la subordinación comercial global. Son, por lo tanto, argumentos contrarios a la propia esencia de la izquierda.

Todo esto hace que para el progresismo gobernante, cuando se ve forzado a debatir en serio sobre su apetencia petrolera o minera, se desnudan sus íntimos pensamientos mercantiles. Debates públicos sobre la explotación petrolera en la Amazonia promovidos por una consulta ciudadana, pondría en discusión asuntos que van mucho más allá de la estrategia petrolera gubernamental. Rápidamente se estaría discutiendo sus ideas sobre el desarrollo, sus prácticas gubernamentales, etc. dejando en evidencia sus contradicciones. Y esto es algo que muchos en el progresismo lo saben, y por ello evitan con todas sus fuerzas entrar en esos terrenos.

Bajo esta coyuntura, los intereses económicos, la apetencia por controlar y el miedo a quedar atrapado en contradicciones ideológicas, deja muy en claro que el progresismo es un proceso que se está separando cada vez más de la izquierda que le dio origen. Lo que acaba de suceder con la explotación petrolera en el Yasuní es una contribución más a esa divergencia. Entretanto, el futuro del Yasuní queda en entredicho.