Carmela Dumange y Larién Allúe
México es uno de los países con mayor número de población indígenas. En la actualidad, existen 62 pueblos con más de cien lenguas vivas, hay 6,7 millones de indígenas que representan cerca de 6.5 por ciento de la población total y cada uno de ellos con su historia, sus connotaciones, su cosmovisión, sus idiomas y sus otras características. Según los datos del censo oficial agropecuario, los pueblos indígenas de México son poseedores de 22.624.000 hectáreas, hay 1.115 municipios con población indígena, de los 971 núcleos agrarios con selvas en el país, 526 están en comunidades indígenas; y en este territorio, se encuentran el 35,1% de los bosques del país y una parte importante de los recursos nacionales.
Es muy importante no perder de vista estos datos, ya que en la actualidad, al igual que hace 500 años, muchos de estos pueblos siguen en una lucha constante por la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales ante los intereses del capital y los diferentes gobiernos nacionales y extranjeros en turno. Es en estos territorios donde se concentra la mayor parte de recursos y donde, en la mayoría de ocasiones, más fuerte es la presión y violencia que sufren para intentar combatir el despojo.
En la actualidad, el país está considerado entre los primeros países más violentos y peligrosos del planeta. Hasta el 2012 las cifras oficiales que se manejaban institucionalmente de esta guerra contra el narcotráfico rondaba los 60.000 muertos, aunque el propio Secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, afirmó que "150 mil personas han fallecido" por la violencia entre los cárteles en México, contradiciendo las cifras oficiales. A esta cifra, habría que sumar las personas encarceladas, desplazadas y desaparecidas, aunque sería prácticamente imposible determinar ni tan siquiera una cifra aproximada. Profesiones como la de periodista, o defensor de Derechos Humanos son de alto riesgo en Territorio Mexicano, superando ampliamente las cifras de personas muertas en cualquier país en conflicto directo.
Defenderse del narco
El narco actúa prácticamente en todos los estados de la República, pero algunos son los que han sufrido más duramente su influencia, viendo totalmente transformada su vida y cotidianidad. Son muchísimos los ataques a la población civil teniendo que convivir en ocasiones en zonas de influencia del narco, en la que se han implantado posicionamientos militares y en la que también actúan grupos paramilitares (normalmente en connivencia con algún grupo político). Significativos son los casos de los Estados de Guerrero, Michoacan, Veracruz o Tamaulipas que han tenido que enfrentar la embestida y el embate de la criminalidad de todos ellos.
Es importante mencionar que estos grupos actúan con unos grandes índices de impunidad. La justicia mexicana es totalmente incapaz de dar opciones y de la misma manera, existen un gran número de denuncias por parte de la sociedad civil de corrupción y complicidad entre los elementos de seguridad estatales, federales y militares con los propios cárteles que dicen combatir. Esto hace que los propios pueblos se sientan en una total indefensión por parte de un Estado, que se podría decir que, como en tantas otras situaciones, es mucho más parte del problema, que de las posibles soluciones. En este sentido, hace unos 17 años que se empiezan a conocer grupos denominados de “Autodefensa Comunitaria”, es decir, es el propio pueblo, vecinos, campesinos, organizaciones comunales, etcétera quién decide organizarse y tomar en sus manos la responsabilidad de su propio sistema de justicia y seguridad.
Tal como se menciona con anterioridad México tiene una gran influencia de sus pueblos indígenas y con ellos, de sus formas de organización. También es de destacar que los conceptos de gobierno o autoridad, tal como nosotros los entenderíamos, nada tienen que ver con el significado que puedan tener dentro de una cosmovisión indígena. Para ellos la “autoridad” es la persona responsable de poner en práctica los acuerdos que se han llevado en la asamblea y debe ser elegida por el pueblo por sus propios méritos o valía para desempeñarlos. Es decir, nadie se puede presentar para ser elegido autoridad, es el pueblo quien te elige y es tu responsabilidad cumplir con el compromiso de lo que ellos denominan “servir al pueblo” y no está condicionado a un pago económico. De igual manera, pasa con los cargos de gobierno, en este caso, una forma para poder explicitarlo es el funcionamiento de las Juntas de Buen Gobierno Zapatista, donde todo el pueblo tiene la responsabilidad de formar parte de ellas de forma rotativa y como parte de la responsabilidad de entender el servicio recíproco a la propia comunidad. Es decir, en ningún caso se podrá llevar a cabo nada de que no se haya decido dentro de un proceso de asamblea comunal y en ningún caso conllevaría una situación de privilegio sobre el resto de personas de la comunidad. La autonomía y el autogobierno son algunos de los pilares fundamentales de las diferentes cosmovisiones indígenas, así como el entendimiento de la justicia de manera reparativa.
Pero sería totalmente falso decir que estos son los principios por los que se rigen la totalidad de los pueblos indígenas, algunos de ellos están completamente coludidos con el Estado, otros forman parte de las propias estrategias de contrainsurgencia y de desmovilización social mediante los planes de “desarrollo” del gobierno y otros son directamente parte de grupos paramilitares, no podemos caer en paternalismos o idealizaciones que sólo llevan a la victimización y a la sobreprotección.
Hay diferentes ejemplos de policías comunitarias, y me atrevería a decir que existen desde el mismo momento en el que existen los pueblos indígenas, es decir, desde siempre. Quizás un ejemplo significativo sería la Coordinadora Regional de Autoridades Autónomas (CRAC) de la montaña y la costa chica de Guerrero que desde el 1993 empieza un proceso de asambleas que culmina en el 1995 con su creación. En la actualidad su zona de influencia es de 12 municipios con 77 comunidades participantes y con un número aproximado de 877 policías comunitarios voluntarios. Según sus propias palabras ellos se definen como:
«La Policia Comunitaria se establece como un sistema de seguridad propio, donde cada comunidad elige un grupo de Policías Comunitarios, coordinados a nivel regional por el Comité Ejecutivo de la PC. (…) La impartición de justicia se basa en el Reglamento Interno, que deriva de un esfuerzo de sistematización de las formas indígenas de resolución de conflictos. Estas formas se integran con elementos del derecho positivo interpretados en manera original, dando vida a un verdadero sistema jurídico autónomo.»
Otra de las experiencias interesantes es la de la comunidad de Cheran en Michoacan, el 15 de abril del 2011 decide expulsar de su comunidad a los talamontes que estaban acabando con los montes de su comunidad, a los elementos policiacos y los funcionarios municipales acusados de ser cómplices de los grupos pertenecientes a la Familia Michoacana, desde ese momento comienzan a construir de forma autónoma y empiezan a rescatar las formas de organización tradicionales tanto sociales como políticas. Conforman la Ronda Comunitaria que ellos explican como:
«… Ahora como una de las estrategias que han funcionado para recomponer las relaciones sociales dentro de la comunidad, se ha conformado la Ronda Comunitaria, misma que se deslinda de la palabra “policías”, pues ella trae consigo una carga simbólica que se ha deslegitimado y que es signo de corrupción, por el otro lado nuestros mecanismos de autodefensa se apegan más a nuestras formas de vivir…»
En Chiapas está la experiencia de la construcción de la justicia autónoma zapatista y la base de los siete principios de las Juntas de Buen Gobierno:
1. Mandar obedeciendo.
2. Representar y no suplantar.
3. Bajar y no subir.
4. Servir y no servirse.
5. Convencer y no vencer.
6. Construir y no destruir.
7. Proponer y no imponer.
En el caso zapatista no se podría hablar de un grupo específico que ejerza las funciones de una policía comunitaria o similar, más bien es la propia comunidad la responsable de velar del bienestar y seguridad de ellos mismos. Dentro de los municipios autónomos en resistencia zapatistas y de la propia construcción de su autonomía se apuesta por el trabajo colectivo y el aprendizaje de un oficio como forma de reintegración comunitaria y como forma de establecer condiciones de seguridad en las mimas. No se aplican ningún tipo de multas con el fin de evitar los vicios y corruptelas asociadas al pago de sanciones económicas y las autoridades zapatistas buscarán siempre que todas las partes en “conflicto” logren llegar a un acuerdo para evitar futuros o mayores dificultades.
Dentro del proceso de construcción de su propia autonomía, ellos decidieron romper toda relación con el gobierno estatal y federal y crear sus propias formas de gobierno, justicia, educación y salud. Los 27 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), que representarían aproximadamente la extensión de Catalunya, asumieron la responsabilidad de su autogobierno después de 7 años de “negociación” con el gobierno para la aprobación de Los Acuerdos de San Andrés. En el año 2003 crean los cinco Caracoles Zapatistas y se otorgan ellos mismos el derecho de ejercer la autonomía y la creación de sus propias formas de autogobierno.
Podríamos nombrar muchas más de las diferentes presencias de grupos de autodefensa o policías comunitarios, según el artículo de Víctor Manuel Sánchez Valdés para Animal Político, se registra presencia de ellos en 106 municipios mexicanos y en la mayor parte, serían municipios de “vocación rural”.
Es muy importante conocer que existen diferencias significativas dentro de estos grupos. Últimamente en los medios de comunicación masivos y comerciales se han repetido hasta la saciedad las imágenes de las autodefensas michoacanas mostrándolas incluso como parte de ese folclore de la peligrosidad mexicana y como reacción espontanea ante una situación de violencia generalizada. Hay que saber que unos vienen dados dentro de las tradiciones indígenas y que surgen de formas y procesos horizontales, asamblearios y colectivos y que otros, como las guardias blancas, pueden ser paramilitares entrenados por el ejército.
Lo que está aconteciendo en la actualidad en México es una prueba palpable y concentra de que el Estado está totalmente rebasado y ya no es capaz de garantizar seguridad, ni justicia. Es precisamente en los municipios y comunidades que deciden prescindir de él y tomar en sus manos la riendas de su futuro, seguridad y autogobierno donde los avances son más significativos. Quizás esto debería de hacernos reflexionar sobre hasta que punto delegar las decisiones que nos corresponden a todos en manos de unos pocos es el peor error que puede cometer una sociedad.
[Versión resumida de texto publicado en http://cnt.es/noticias/la-autodefensa-comunitaria.]
México es uno de los países con mayor número de población indígenas. En la actualidad, existen 62 pueblos con más de cien lenguas vivas, hay 6,7 millones de indígenas que representan cerca de 6.5 por ciento de la población total y cada uno de ellos con su historia, sus connotaciones, su cosmovisión, sus idiomas y sus otras características. Según los datos del censo oficial agropecuario, los pueblos indígenas de México son poseedores de 22.624.000 hectáreas, hay 1.115 municipios con población indígena, de los 971 núcleos agrarios con selvas en el país, 526 están en comunidades indígenas; y en este territorio, se encuentran el 35,1% de los bosques del país y una parte importante de los recursos nacionales.
Es muy importante no perder de vista estos datos, ya que en la actualidad, al igual que hace 500 años, muchos de estos pueblos siguen en una lucha constante por la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales ante los intereses del capital y los diferentes gobiernos nacionales y extranjeros en turno. Es en estos territorios donde se concentra la mayor parte de recursos y donde, en la mayoría de ocasiones, más fuerte es la presión y violencia que sufren para intentar combatir el despojo.
En la actualidad, el país está considerado entre los primeros países más violentos y peligrosos del planeta. Hasta el 2012 las cifras oficiales que se manejaban institucionalmente de esta guerra contra el narcotráfico rondaba los 60.000 muertos, aunque el propio Secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, afirmó que "150 mil personas han fallecido" por la violencia entre los cárteles en México, contradiciendo las cifras oficiales. A esta cifra, habría que sumar las personas encarceladas, desplazadas y desaparecidas, aunque sería prácticamente imposible determinar ni tan siquiera una cifra aproximada. Profesiones como la de periodista, o defensor de Derechos Humanos son de alto riesgo en Territorio Mexicano, superando ampliamente las cifras de personas muertas en cualquier país en conflicto directo.
Defenderse del narco
El narco actúa prácticamente en todos los estados de la República, pero algunos son los que han sufrido más duramente su influencia, viendo totalmente transformada su vida y cotidianidad. Son muchísimos los ataques a la población civil teniendo que convivir en ocasiones en zonas de influencia del narco, en la que se han implantado posicionamientos militares y en la que también actúan grupos paramilitares (normalmente en connivencia con algún grupo político). Significativos son los casos de los Estados de Guerrero, Michoacan, Veracruz o Tamaulipas que han tenido que enfrentar la embestida y el embate de la criminalidad de todos ellos.
Es importante mencionar que estos grupos actúan con unos grandes índices de impunidad. La justicia mexicana es totalmente incapaz de dar opciones y de la misma manera, existen un gran número de denuncias por parte de la sociedad civil de corrupción y complicidad entre los elementos de seguridad estatales, federales y militares con los propios cárteles que dicen combatir. Esto hace que los propios pueblos se sientan en una total indefensión por parte de un Estado, que se podría decir que, como en tantas otras situaciones, es mucho más parte del problema, que de las posibles soluciones. En este sentido, hace unos 17 años que se empiezan a conocer grupos denominados de “Autodefensa Comunitaria”, es decir, es el propio pueblo, vecinos, campesinos, organizaciones comunales, etcétera quién decide organizarse y tomar en sus manos la responsabilidad de su propio sistema de justicia y seguridad.
Tal como se menciona con anterioridad México tiene una gran influencia de sus pueblos indígenas y con ellos, de sus formas de organización. También es de destacar que los conceptos de gobierno o autoridad, tal como nosotros los entenderíamos, nada tienen que ver con el significado que puedan tener dentro de una cosmovisión indígena. Para ellos la “autoridad” es la persona responsable de poner en práctica los acuerdos que se han llevado en la asamblea y debe ser elegida por el pueblo por sus propios méritos o valía para desempeñarlos. Es decir, nadie se puede presentar para ser elegido autoridad, es el pueblo quien te elige y es tu responsabilidad cumplir con el compromiso de lo que ellos denominan “servir al pueblo” y no está condicionado a un pago económico. De igual manera, pasa con los cargos de gobierno, en este caso, una forma para poder explicitarlo es el funcionamiento de las Juntas de Buen Gobierno Zapatista, donde todo el pueblo tiene la responsabilidad de formar parte de ellas de forma rotativa y como parte de la responsabilidad de entender el servicio recíproco a la propia comunidad. Es decir, en ningún caso se podrá llevar a cabo nada de que no se haya decido dentro de un proceso de asamblea comunal y en ningún caso conllevaría una situación de privilegio sobre el resto de personas de la comunidad. La autonomía y el autogobierno son algunos de los pilares fundamentales de las diferentes cosmovisiones indígenas, así como el entendimiento de la justicia de manera reparativa.
Pero sería totalmente falso decir que estos son los principios por los que se rigen la totalidad de los pueblos indígenas, algunos de ellos están completamente coludidos con el Estado, otros forman parte de las propias estrategias de contrainsurgencia y de desmovilización social mediante los planes de “desarrollo” del gobierno y otros son directamente parte de grupos paramilitares, no podemos caer en paternalismos o idealizaciones que sólo llevan a la victimización y a la sobreprotección.
Hay diferentes ejemplos de policías comunitarias, y me atrevería a decir que existen desde el mismo momento en el que existen los pueblos indígenas, es decir, desde siempre. Quizás un ejemplo significativo sería la Coordinadora Regional de Autoridades Autónomas (CRAC) de la montaña y la costa chica de Guerrero que desde el 1993 empieza un proceso de asambleas que culmina en el 1995 con su creación. En la actualidad su zona de influencia es de 12 municipios con 77 comunidades participantes y con un número aproximado de 877 policías comunitarios voluntarios. Según sus propias palabras ellos se definen como:
«La Policia Comunitaria se establece como un sistema de seguridad propio, donde cada comunidad elige un grupo de Policías Comunitarios, coordinados a nivel regional por el Comité Ejecutivo de la PC. (…) La impartición de justicia se basa en el Reglamento Interno, que deriva de un esfuerzo de sistematización de las formas indígenas de resolución de conflictos. Estas formas se integran con elementos del derecho positivo interpretados en manera original, dando vida a un verdadero sistema jurídico autónomo.»
Otra de las experiencias interesantes es la de la comunidad de Cheran en Michoacan, el 15 de abril del 2011 decide expulsar de su comunidad a los talamontes que estaban acabando con los montes de su comunidad, a los elementos policiacos y los funcionarios municipales acusados de ser cómplices de los grupos pertenecientes a la Familia Michoacana, desde ese momento comienzan a construir de forma autónoma y empiezan a rescatar las formas de organización tradicionales tanto sociales como políticas. Conforman la Ronda Comunitaria que ellos explican como:
«… Ahora como una de las estrategias que han funcionado para recomponer las relaciones sociales dentro de la comunidad, se ha conformado la Ronda Comunitaria, misma que se deslinda de la palabra “policías”, pues ella trae consigo una carga simbólica que se ha deslegitimado y que es signo de corrupción, por el otro lado nuestros mecanismos de autodefensa se apegan más a nuestras formas de vivir…»
En Chiapas está la experiencia de la construcción de la justicia autónoma zapatista y la base de los siete principios de las Juntas de Buen Gobierno:
1. Mandar obedeciendo.
2. Representar y no suplantar.
3. Bajar y no subir.
4. Servir y no servirse.
5. Convencer y no vencer.
6. Construir y no destruir.
7. Proponer y no imponer.
En el caso zapatista no se podría hablar de un grupo específico que ejerza las funciones de una policía comunitaria o similar, más bien es la propia comunidad la responsable de velar del bienestar y seguridad de ellos mismos. Dentro de los municipios autónomos en resistencia zapatistas y de la propia construcción de su autonomía se apuesta por el trabajo colectivo y el aprendizaje de un oficio como forma de reintegración comunitaria y como forma de establecer condiciones de seguridad en las mimas. No se aplican ningún tipo de multas con el fin de evitar los vicios y corruptelas asociadas al pago de sanciones económicas y las autoridades zapatistas buscarán siempre que todas las partes en “conflicto” logren llegar a un acuerdo para evitar futuros o mayores dificultades.
Dentro del proceso de construcción de su propia autonomía, ellos decidieron romper toda relación con el gobierno estatal y federal y crear sus propias formas de gobierno, justicia, educación y salud. Los 27 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), que representarían aproximadamente la extensión de Catalunya, asumieron la responsabilidad de su autogobierno después de 7 años de “negociación” con el gobierno para la aprobación de Los Acuerdos de San Andrés. En el año 2003 crean los cinco Caracoles Zapatistas y se otorgan ellos mismos el derecho de ejercer la autonomía y la creación de sus propias formas de autogobierno.
Podríamos nombrar muchas más de las diferentes presencias de grupos de autodefensa o policías comunitarios, según el artículo de Víctor Manuel Sánchez Valdés para Animal Político, se registra presencia de ellos en 106 municipios mexicanos y en la mayor parte, serían municipios de “vocación rural”.
Es muy importante conocer que existen diferencias significativas dentro de estos grupos. Últimamente en los medios de comunicación masivos y comerciales se han repetido hasta la saciedad las imágenes de las autodefensas michoacanas mostrándolas incluso como parte de ese folclore de la peligrosidad mexicana y como reacción espontanea ante una situación de violencia generalizada. Hay que saber que unos vienen dados dentro de las tradiciones indígenas y que surgen de formas y procesos horizontales, asamblearios y colectivos y que otros, como las guardias blancas, pueden ser paramilitares entrenados por el ejército.
Lo que está aconteciendo en la actualidad en México es una prueba palpable y concentra de que el Estado está totalmente rebasado y ya no es capaz de garantizar seguridad, ni justicia. Es precisamente en los municipios y comunidades que deciden prescindir de él y tomar en sus manos la riendas de su futuro, seguridad y autogobierno donde los avances son más significativos. Quizás esto debería de hacernos reflexionar sobre hasta que punto delegar las decisiones que nos corresponden a todos en manos de unos pocos es el peor error que puede cometer una sociedad.
[Versión resumida de texto publicado en http://cnt.es/noticias/la-autodefensa-comunitaria.]
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