Héctor Lucena
Todo llamado a paz exige dialogar. Este verbo está satanizado desde que empezó el proceso bolivariano. Se ha oído insistentemente que la revolución llegó para quedarse. Que esta es una revolución armada, con el pueblo en armas. El lema “Patria, socialismo o muerte” no estaba muy en sintonía con el diálogo; al final se le dejó de lado porque enfermó el líder de la revolución, y se prefirió ya en su avanzado estado de gravedad, optar mejor por eliminar la última palabra, y usar “venceremos”, es decir apelar más bien a la vida.
Los diálogos en situación de guerra real y cierta, cada lado está armado como el caso colombiano, es un diálogo entre el Gobierno, en representación del Estado, y los guerrilleros congregados en las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Las sedes de estos diálogos han sido Oslo y La Habana, al mismo tiempo los gobiernos de las respectivas sedes son facilitadores, pero en las actuales negociaciones las partes decidieron agregar más facilitadores, la guerrilla propuso al Gobierno de Venezuela, y el Gobierno de Colombia al de Chile. Es un proceso complejo porque se trata de desactivar un conflicto armado, una guerra que tiene más de sesenta años.
En nuestro caso superada la guerrilla de los años 60, no existe luego una guerra, donde de un lado está el gobierno que centraliza todos los poderes, y del otro unos insurgentes armados. La presente acción de movilización y protesta de la oposición es de naturaleza civil sin armas. Las constantes referencias a los opositores de fascistas no resiste el menor análisis, igual que la generalización de calificar de oligarcas y burgueses a modestos miembros de la clase media. El lenguaje del líder del proceso bolivariano aún se sigue utilizando, seguro que por inercia. Ningún país de las características de Venezuela, como nuestros socios de Mercosur utilizan esta caracterización que oímos diariamente de voceros oficiales.
El ministro de Interior informa que en los dos últimos años más de 5.500 armas con permiso han sido robadas y “andan circulando en manos de la delincuencia”. Otra fuente oficial, la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional “estimaba entre 9 y 15 millones de armas -legales e ilegales- en manos de la población venezolana”. Sus datos de las que si tenían porte legal eran muy diferentes a las del ministro, “sólo 1 millón 300 mil portes se conocían como lícitos”, agrega el informe. Este arsenal sin control del gobierno, también ayuda a entender cómo es que en un año el número de homicidios está por encima de las 24 mil personas, como se ha reportado en el 2013.
En este contexto bélico por desintitucionalización y descomposición social, es importante destacar que la vida política no se desenvuelva marcada por enfrentamientos armados. Hay áreas particulares en donde el predominio de las armas es la vía para resolver las discrepancias o hasta para la pura convivencia, como ocurre en las cárceles, en determinados lugares fronterizos, en el tráfico de drogas y hasta en ciertos ámbitos del mundo laboral, como se ha visto en el sector de la construcción en algunas regiones del país.
Sin embargo hay que llamar la atención que desde temprano ciertos procesos emprendidos por la revolución bolivariana conllevan la acción armada como parte del desenvolvimiento político. Por un lado una carrera armamentista que hace de la adquisición de armamento y material militar una prioridad en las erogaciones del Estado. Se agrega la politización y partidización de las instituciones militares; luego el surgimiento de las milicias, integrada en su mayor parte por militantes del partido oficial; la militarización de núcleos de obreros, campesinos y ciudadanos en general.
De lo anterior se desprende que las movilizaciones de protesta que han arreciado en los últimos años con predominio de participación de población joven, han sido reprimidas con el uso por parte de cuerpos militares y policiales de condenas al pensamiento y posición política de quienes protestan. Se ha observado este fenómeno en el pasado año 2013 y el presente. Finalmente se ha mencionado por parte de militares retirados la presencia cubana en el seno de los cuerpos armados, lo que permite considerar si esta presencia no está introduciendo prácticas ideologizadas que se expresan en las acciones represivas de las protestas civiles. Las respuestas oficiales a este problema aún no han sido claras.
El otro elemento más complicado es el accionar de civiles equipados con motos y armas, se supone suministradas por el partido oficial o entidades gubernamentales, para ejercer funciones de represión a las protestas opositoras ante la mirada o, según se ha visto en vídeos, con el acompañamiento de cuerpos militares regulares. Esos grupos llamados con eufemismo como colectivos, son grupos parapoliciales o paramilitares, que generan temor y en cuanto a la normal diatriba política introducen una invitación a la violencia, que pueden estimular acciones equivalentes de grupos que escapen al control del liderazgo opositor. Dada su existencia real y comprobada, y la inacción gubernamental por desarmarlos, uno se pregunta si es que ya estos grupos han escapado del control estatal o si existe una acción deliberada de llevar la vida política a escenarios de mayor violencia. El espaldarazo que ha dado el gobierno a algunas de estas acciones lo deja a uno preocupado. Queda la inquietud e interrogante.
Finalmente y volviendo al tema del diálogo para la paz, podemos ver que el tema de la violencia y la represión vienen alcanzando dimensiones que justifican todo esfuerzo por detenerla. Si el país quiere ahorrarse una etapa de mayor violencia, depende en primer lugar del gobierno ya que en sus manos se ha venido desinstitucionalizando el país, al permitir los fenómenos que hemos destacado. No hay equivalencia entre la violencia de quien tiene todos los elementos constitucionales, más otros ilegítimos que se han permisado, y las acciones de protesta civil que al día de hoy son quienes aportan el grueso de las víctimas tanto asesinados, como heridos, torturados, detenidos y criminalizados. El diálogo y la paz sólo son posibles reconociendo a los actores reales y encarar una agenda en donde desactivar la violencia armada e institucional es lo prioritario.
[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/opinion/item/10597-dialogo-y-paz-por-donde-empezar]
Todo llamado a paz exige dialogar. Este verbo está satanizado desde que empezó el proceso bolivariano. Se ha oído insistentemente que la revolución llegó para quedarse. Que esta es una revolución armada, con el pueblo en armas. El lema “Patria, socialismo o muerte” no estaba muy en sintonía con el diálogo; al final se le dejó de lado porque enfermó el líder de la revolución, y se prefirió ya en su avanzado estado de gravedad, optar mejor por eliminar la última palabra, y usar “venceremos”, es decir apelar más bien a la vida.
Los diálogos en situación de guerra real y cierta, cada lado está armado como el caso colombiano, es un diálogo entre el Gobierno, en representación del Estado, y los guerrilleros congregados en las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Las sedes de estos diálogos han sido Oslo y La Habana, al mismo tiempo los gobiernos de las respectivas sedes son facilitadores, pero en las actuales negociaciones las partes decidieron agregar más facilitadores, la guerrilla propuso al Gobierno de Venezuela, y el Gobierno de Colombia al de Chile. Es un proceso complejo porque se trata de desactivar un conflicto armado, una guerra que tiene más de sesenta años.
En nuestro caso superada la guerrilla de los años 60, no existe luego una guerra, donde de un lado está el gobierno que centraliza todos los poderes, y del otro unos insurgentes armados. La presente acción de movilización y protesta de la oposición es de naturaleza civil sin armas. Las constantes referencias a los opositores de fascistas no resiste el menor análisis, igual que la generalización de calificar de oligarcas y burgueses a modestos miembros de la clase media. El lenguaje del líder del proceso bolivariano aún se sigue utilizando, seguro que por inercia. Ningún país de las características de Venezuela, como nuestros socios de Mercosur utilizan esta caracterización que oímos diariamente de voceros oficiales.
El ministro de Interior informa que en los dos últimos años más de 5.500 armas con permiso han sido robadas y “andan circulando en manos de la delincuencia”. Otra fuente oficial, la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional “estimaba entre 9 y 15 millones de armas -legales e ilegales- en manos de la población venezolana”. Sus datos de las que si tenían porte legal eran muy diferentes a las del ministro, “sólo 1 millón 300 mil portes se conocían como lícitos”, agrega el informe. Este arsenal sin control del gobierno, también ayuda a entender cómo es que en un año el número de homicidios está por encima de las 24 mil personas, como se ha reportado en el 2013.
En este contexto bélico por desintitucionalización y descomposición social, es importante destacar que la vida política no se desenvuelva marcada por enfrentamientos armados. Hay áreas particulares en donde el predominio de las armas es la vía para resolver las discrepancias o hasta para la pura convivencia, como ocurre en las cárceles, en determinados lugares fronterizos, en el tráfico de drogas y hasta en ciertos ámbitos del mundo laboral, como se ha visto en el sector de la construcción en algunas regiones del país.
Sin embargo hay que llamar la atención que desde temprano ciertos procesos emprendidos por la revolución bolivariana conllevan la acción armada como parte del desenvolvimiento político. Por un lado una carrera armamentista que hace de la adquisición de armamento y material militar una prioridad en las erogaciones del Estado. Se agrega la politización y partidización de las instituciones militares; luego el surgimiento de las milicias, integrada en su mayor parte por militantes del partido oficial; la militarización de núcleos de obreros, campesinos y ciudadanos en general.
De lo anterior se desprende que las movilizaciones de protesta que han arreciado en los últimos años con predominio de participación de población joven, han sido reprimidas con el uso por parte de cuerpos militares y policiales de condenas al pensamiento y posición política de quienes protestan. Se ha observado este fenómeno en el pasado año 2013 y el presente. Finalmente se ha mencionado por parte de militares retirados la presencia cubana en el seno de los cuerpos armados, lo que permite considerar si esta presencia no está introduciendo prácticas ideologizadas que se expresan en las acciones represivas de las protestas civiles. Las respuestas oficiales a este problema aún no han sido claras.
El otro elemento más complicado es el accionar de civiles equipados con motos y armas, se supone suministradas por el partido oficial o entidades gubernamentales, para ejercer funciones de represión a las protestas opositoras ante la mirada o, según se ha visto en vídeos, con el acompañamiento de cuerpos militares regulares. Esos grupos llamados con eufemismo como colectivos, son grupos parapoliciales o paramilitares, que generan temor y en cuanto a la normal diatriba política introducen una invitación a la violencia, que pueden estimular acciones equivalentes de grupos que escapen al control del liderazgo opositor. Dada su existencia real y comprobada, y la inacción gubernamental por desarmarlos, uno se pregunta si es que ya estos grupos han escapado del control estatal o si existe una acción deliberada de llevar la vida política a escenarios de mayor violencia. El espaldarazo que ha dado el gobierno a algunas de estas acciones lo deja a uno preocupado. Queda la inquietud e interrogante.
Finalmente y volviendo al tema del diálogo para la paz, podemos ver que el tema de la violencia y la represión vienen alcanzando dimensiones que justifican todo esfuerzo por detenerla. Si el país quiere ahorrarse una etapa de mayor violencia, depende en primer lugar del gobierno ya que en sus manos se ha venido desinstitucionalizando el país, al permitir los fenómenos que hemos destacado. No hay equivalencia entre la violencia de quien tiene todos los elementos constitucionales, más otros ilegítimos que se han permisado, y las acciones de protesta civil que al día de hoy son quienes aportan el grueso de las víctimas tanto asesinados, como heridos, torturados, detenidos y criminalizados. El diálogo y la paz sólo son posibles reconociendo a los actores reales y encarar una agenda en donde desactivar la violencia armada e institucional es lo prioritario.
[Tomado de http://www.correodelcaroni.com/index.php/opinion/item/10597-dialogo-y-paz-por-donde-empezar]
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