PROVEA
Al cumplirse un año del asesinato del cacique Yukpa Sabino Romero (03.03.13), el Programa Venezolana de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), denuncia la lentitud con que el Ministerio Público ha conducido la investigación y sanción a los responsables materiales e intelectuales de los hechos, y rechaza los nuevos y reiterados episodios de agresiones y criminalización contra las comunidades indígenas, así como la inexistencia de garantías reales para la realización plena del derecho a la tierra de las comunidades originarias.
La lucha de Sabino Romero fue por el derecho a la tierra. Por la demarcación de sus territorios. Por la conservación de la miles de hectáreas de bosque que están amenazadas por la explotación del carbón en la Sierra. Por la preservación de la vida y costumbres de los pueblos indígenas que habitan la Sierra de Périja y que hoy están amenazadas por el avance de la ganadería y la megaminería transnacional.
La ausencia de garantías en el derecho a la tierra indígena ha sido origen de conflictos en diferentes zonas del país. La impunidad ante las agresiones contra dirigentes y luchadores indígenas y la criminalización de sus luchas amenazan sus derechos
El ejecutivo nacional sigue incumpliendo lo establecido en el artículo 119 de la CRBV, que señala su obligación de iniciar los procesos de auto demarcación indígena y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de las tierras. Hasta el presente, apenas un porcentaje menor al 5% del territorio nacional ha sido demarcado y entregado a las comunidades indígenas, incumpliéndose el plazo de dos años fijado en la disposición transitoria décimo segunda de la Constitución Nacional.
Paradójicamente, un gobierno que se asume socialista, no ha brindado garantías al derecho a la tierra indígena pero ha entregado en concesión a las transnacionales mineras 176.300 Km2, es decir el 19% del territorio nacional, para la ejecución de proyectos de megaminería, según la propia Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas y Minería (MIBAM).
Es precisamente la profundización del modelo extractivista la principal causa de que, a 15 años de haberse reconocido los derechos indígenas en la Constitución, aún no existan garantías y acciones concretas dirigidas a la materialización de esos derechos.
El Programa Plan de la Patria y el Plan Arco Minero del Orinoco, entre otras acciones del gobierno nacional, han creado las condiciones para que grandes proyectos extractivistas se desarrollen en los territorios considerados ancestrales por los pueblos originarios.
La más reciente iniciativa es la posible construcción de una central carboeléctrica en el Zulia, que aumentaría la explotación del carbón en la región poniendo bajo amenaza la cultura y biodiversidad en estos frágiles territorios.
Muchos de los yacimientos mineros y petroleros a desarrollar, se encuentran sobre territorios indígenas sin que se hayan tomado las previsiones presentes en el artículo 120 de la CRBV acerca del ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada como requisito previo para el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado.
Lo hemos dicho y lo reiteramos, la ausencia de garantías en el derecho a la tierra indígena ha sido origen de conflictos en diferentes zonas del país, especialmente en el estado Zulia. Solo en 2012 fueron asesinados 06 indígenas yukpa por conflictos relacionados con la tenencia de tierras. La impunidad ante las agresiones contra dirigentes y luchadores indígenas y la criminalización de sus luchas amenazan sus derechos.
El 03.01.14 Silverio Romero, hijo del cacique yukpa Sabino Romero fue herido de bala en el sitio conocido como La Estrella, en el Municipio Machiques de Perijá en el estado Zulia. De acuerdo a lo informado por la organización Sociedad Homo et Natura, Silverio fue herido mientras visitaba a una familia amiga en la hacienda La Materita, recuperada por el Gobierno Nacional.
Afirmaron que los ejecutores del hecho fueron unos parceleros de La Estrella armados con escopetas, quienes aún esperan el pago de sus parcelas o la reubicación por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) o la Gobernación del Zulia.
En dicha ocasión, las comunidades yukpa reiteraron su solicitud al Presidente Nicolás Maduro para que procediera al pago de las haciendas y parcelas que aún restan y que están ubicadas en las tierras del centro originario Chaktapa. Asimismo solicitaron la activación de un plan integral para estas familias en atención de salud, educación, vivienda, vías de comunicación y alumbrado eléctrico.
También en el Zulia, comunidades y organizaciones defensoras de los derechos indígenas han denunciado la criminalización y persecución de que son víctimas los miembros de la etnia Wayúu por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la excusa del combate a los “bachaqueros”. Violaciones al derecho a la vida, allanamientos y detenciones arbitarias por parte de efectivos de la GNB y el Ejército, figuran entre los principales señalamientos.
Los líderes wayúu han expresado que los fuertes controles militares implementados bajo la justificación de la lucha contra el fenómeno del contrabando, se han traducido en atropellos y discriminación contra las comunidades indígenas, y que detrás de la militarización de sus territorios, se esconde la intención de despojarlos de la tierra que habitan para entregarlas en concesión a las transnacionales carboníferas.
El 16.07.13, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira denunció el asesinato de Zoe López, de 26 años de edad y perteneciente a la etnia wayuu, quien presuntamente fue víctima de un ataque realizado por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes habrían disparado en su contra.
Las organizaciones defensoras de derechos indígenas en el Zulia, han exhortado reiteradamente a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, a que se investiguen los hechos en donde efectivos militares se han visto involucrados en atropellos contra los pueblos originarios de la zona.
Han denunciado constantemente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la FANB en ejecución de la lucha contra el llamado bachaqueo y el contrabando.
Cifras extraoficiales advierten que el número de wayúu asesinados en estos operativos militares, ascienden a 25 personas y más de veinte heridos, lo que en palabras del Comité de Derechos Humanos de la Guajira “evidencia la gran vulnerabilidad de los Derechos Humanos y Culturales del Pueblo Wayuu en la Guajira Venezolana”.
Al sur del país, en Amazonas, continúan las denuncias por la presencia de mineros ilegales, y ahora se suman las denuncias por la presencia de grupos irregulares armados y de la guerrilla de la FARC.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) ha señalado que “la entrada de garimpeiros a territorio venezolano ha sido constante y cíclica, y frente a esta situación, las respuestas del Estado venezolano en términos de acciones efectivas para controlar la presencia sistemática de los mineros ilegales de Brasil en tierras Yanomami, han sido bastante deficientes, poco estructuradas y sin obedecer a planes específicos”.
En mayo de 2013 representantes de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS), acudieron a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Nacional, para denunciar la presencia de mineros ilegales, transnacionales mineras y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en territorios indígenas venezolanos, y la afectación que estos grupos hacen a la vida y costumbres de los pueblos Wottuja y Jivi en la cuenca del Sipapo.
En Bolívar, comunidades pemonas de la Gran Sabana en dos oportunidades desarmaron a funcionarios militares que realizaban actividades de minería ilegal.
Los indígenas también denunciaron maltratos por parte de los militares contra las comunidades. Hoy, 5 líderes pemones que participaron en las actividades de denuncia contra los militares-mineros, están sometidos a un proceso penal ante la justicia militar.
Otro hecho significativo lo constituye la inexistencia de programas de salud para las comunidades indígenas, vulnerándose el derecho a la salud de éstas comunidades, garantizado en el artículo 122 de la Carta Magna.
Hemos alertado que debido a la ausencia de campañas de vacunación y jornadas de orientación en las comunidades, aunado a la descoordinación y desorganización interinstitucional, periódicamente se denuncian brotes de enfermedades como malaria, hepatitis B, VIH, influenza tipo B, tuberculosis, tétanos, entre otras. El Pueblo Yanomami, por ejemplo, sigue desatendido a pesar de existir un Plan de Salud Yanomami.
También se ha denunciado los casos de miembros de etnias contaminados por mercurio, así como los nacimientos de niños indígenas con enfermedades congénitas producto de la actividad minera.
En noviembre de 2012 la Fundación La Salle, la Universidad de Oriente y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre divulgaron los resultados de un estudio que reflejaba que el 92% de las mujeres indígenas de la muestra estaban contaminadas con mercurio, en niveles superiores a los mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ante esta situación Provea solicita al Estado venezolano:
- Se avance definitivamente en la investigación imparcial, expedita y transparente de la autoría material e intelectual del asesinato del defensor de derechos humanos y líder indígena Sabino Romero Izarra.
- Garantías para la protección de la comunidad Yukpa a la que pertenecía el cacique Sabino Romero ante las reiteradas y comprobadas agresiones.
- Investigar y sancionar de manera transparente, expedita y apegada al estado de derecho los asesinatos de indígenas en el contexto de conflictos relacionados a la tenencia de tierras.
- Cese a la política de criminalización contra el pueblo Wayúu, enmarcada en la lucha contra el “bachaqueo”, e investigación y sanción a los posibles autores de las agresiones y asesinatos contra miembros de estas comunidades.
- Dar cumplimiento a lo establecido en la CRBV y Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y avanzar en los procesos de demarcación y auto-demarcación de territorios indígenas.
- Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 260 de la CRBV y Título VII de la LOPCI, que reconocen la existencia de la jurisdicción indígena para la aplicación de instancia de justicia en sus hábitats con base a sus tradiciones ancestrales.
- Realizar estudios transparentes de impacto ambiental para medir el grado de contaminación generada por la actividad extractiva en territorios indígenas, haciendo público sus resultados como base para el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades originarias de los proyectos a desarrollarse en su territorio.
- Implementar programas orientados a mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas, propiciando el protagonismo de las comunidades en el desarrollo de una política que trascienda el asistencialismo, abordando estructuralmente los problemas de salud, educación y alimentación.
- Cumplir con el Acuerdo Amistoso suscrito en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para desarrollar un Plan de Salud para el pueblo yanomami y garantizar la salvaguarda de su territorio de minería ilegal.
- Libertad plena para los capitanes indígenas pemones procesados injustamente en tribunales militares.
[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2014/03/03/a-un-ano-del-asesinato-de-sabino-romero-el-estado-sigue-en-deuda-con-los-derechos-de-los-pueblos-originarios/.]
Al cumplirse un año del asesinato del cacique Yukpa Sabino Romero (03.03.13), el Programa Venezolana de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), denuncia la lentitud con que el Ministerio Público ha conducido la investigación y sanción a los responsables materiales e intelectuales de los hechos, y rechaza los nuevos y reiterados episodios de agresiones y criminalización contra las comunidades indígenas, así como la inexistencia de garantías reales para la realización plena del derecho a la tierra de las comunidades originarias.
La lucha de Sabino Romero fue por el derecho a la tierra. Por la demarcación de sus territorios. Por la conservación de la miles de hectáreas de bosque que están amenazadas por la explotación del carbón en la Sierra. Por la preservación de la vida y costumbres de los pueblos indígenas que habitan la Sierra de Périja y que hoy están amenazadas por el avance de la ganadería y la megaminería transnacional.
La ausencia de garantías en el derecho a la tierra indígena ha sido origen de conflictos en diferentes zonas del país. La impunidad ante las agresiones contra dirigentes y luchadores indígenas y la criminalización de sus luchas amenazan sus derechos
El ejecutivo nacional sigue incumpliendo lo establecido en el artículo 119 de la CRBV, que señala su obligación de iniciar los procesos de auto demarcación indígena y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de las tierras. Hasta el presente, apenas un porcentaje menor al 5% del territorio nacional ha sido demarcado y entregado a las comunidades indígenas, incumpliéndose el plazo de dos años fijado en la disposición transitoria décimo segunda de la Constitución Nacional.
Paradójicamente, un gobierno que se asume socialista, no ha brindado garantías al derecho a la tierra indígena pero ha entregado en concesión a las transnacionales mineras 176.300 Km2, es decir el 19% del territorio nacional, para la ejecución de proyectos de megaminería, según la propia Oficina de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas y Minería (MIBAM).
Es precisamente la profundización del modelo extractivista la principal causa de que, a 15 años de haberse reconocido los derechos indígenas en la Constitución, aún no existan garantías y acciones concretas dirigidas a la materialización de esos derechos.
El Programa Plan de la Patria y el Plan Arco Minero del Orinoco, entre otras acciones del gobierno nacional, han creado las condiciones para que grandes proyectos extractivistas se desarrollen en los territorios considerados ancestrales por los pueblos originarios.
La más reciente iniciativa es la posible construcción de una central carboeléctrica en el Zulia, que aumentaría la explotación del carbón en la región poniendo bajo amenaza la cultura y biodiversidad en estos frágiles territorios.
Muchos de los yacimientos mineros y petroleros a desarrollar, se encuentran sobre territorios indígenas sin que se hayan tomado las previsiones presentes en el artículo 120 de la CRBV acerca del ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada como requisito previo para el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado.
Lo hemos dicho y lo reiteramos, la ausencia de garantías en el derecho a la tierra indígena ha sido origen de conflictos en diferentes zonas del país, especialmente en el estado Zulia. Solo en 2012 fueron asesinados 06 indígenas yukpa por conflictos relacionados con la tenencia de tierras. La impunidad ante las agresiones contra dirigentes y luchadores indígenas y la criminalización de sus luchas amenazan sus derechos.
El 03.01.14 Silverio Romero, hijo del cacique yukpa Sabino Romero fue herido de bala en el sitio conocido como La Estrella, en el Municipio Machiques de Perijá en el estado Zulia. De acuerdo a lo informado por la organización Sociedad Homo et Natura, Silverio fue herido mientras visitaba a una familia amiga en la hacienda La Materita, recuperada por el Gobierno Nacional.
Afirmaron que los ejecutores del hecho fueron unos parceleros de La Estrella armados con escopetas, quienes aún esperan el pago de sus parcelas o la reubicación por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI) o la Gobernación del Zulia.
En dicha ocasión, las comunidades yukpa reiteraron su solicitud al Presidente Nicolás Maduro para que procediera al pago de las haciendas y parcelas que aún restan y que están ubicadas en las tierras del centro originario Chaktapa. Asimismo solicitaron la activación de un plan integral para estas familias en atención de salud, educación, vivienda, vías de comunicación y alumbrado eléctrico.
También en el Zulia, comunidades y organizaciones defensoras de los derechos indígenas han denunciado la criminalización y persecución de que son víctimas los miembros de la etnia Wayúu por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la excusa del combate a los “bachaqueros”. Violaciones al derecho a la vida, allanamientos y detenciones arbitarias por parte de efectivos de la GNB y el Ejército, figuran entre los principales señalamientos.
Los líderes wayúu han expresado que los fuertes controles militares implementados bajo la justificación de la lucha contra el fenómeno del contrabando, se han traducido en atropellos y discriminación contra las comunidades indígenas, y que detrás de la militarización de sus territorios, se esconde la intención de despojarlos de la tierra que habitan para entregarlas en concesión a las transnacionales carboníferas.
El 16.07.13, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira denunció el asesinato de Zoe López, de 26 años de edad y perteneciente a la etnia wayuu, quien presuntamente fue víctima de un ataque realizado por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes habrían disparado en su contra.
Las organizaciones defensoras de derechos indígenas en el Zulia, han exhortado reiteradamente a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo, a que se investiguen los hechos en donde efectivos militares se han visto involucrados en atropellos contra los pueblos originarios de la zona.
Han denunciado constantemente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la FANB en ejecución de la lucha contra el llamado bachaqueo y el contrabando.
Cifras extraoficiales advierten que el número de wayúu asesinados en estos operativos militares, ascienden a 25 personas y más de veinte heridos, lo que en palabras del Comité de Derechos Humanos de la Guajira “evidencia la gran vulnerabilidad de los Derechos Humanos y Culturales del Pueblo Wayuu en la Guajira Venezolana”.
Al sur del país, en Amazonas, continúan las denuncias por la presencia de mineros ilegales, y ahora se suman las denuncias por la presencia de grupos irregulares armados y de la guerrilla de la FARC.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) ha señalado que “la entrada de garimpeiros a territorio venezolano ha sido constante y cíclica, y frente a esta situación, las respuestas del Estado venezolano en términos de acciones efectivas para controlar la presencia sistemática de los mineros ilegales de Brasil en tierras Yanomami, han sido bastante deficientes, poco estructuradas y sin obedecer a planes específicos”.
En mayo de 2013 representantes de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS), acudieron a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Nacional, para denunciar la presencia de mineros ilegales, transnacionales mineras y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en territorios indígenas venezolanos, y la afectación que estos grupos hacen a la vida y costumbres de los pueblos Wottuja y Jivi en la cuenca del Sipapo.
En Bolívar, comunidades pemonas de la Gran Sabana en dos oportunidades desarmaron a funcionarios militares que realizaban actividades de minería ilegal.
Los indígenas también denunciaron maltratos por parte de los militares contra las comunidades. Hoy, 5 líderes pemones que participaron en las actividades de denuncia contra los militares-mineros, están sometidos a un proceso penal ante la justicia militar.
Otro hecho significativo lo constituye la inexistencia de programas de salud para las comunidades indígenas, vulnerándose el derecho a la salud de éstas comunidades, garantizado en el artículo 122 de la Carta Magna.
Hemos alertado que debido a la ausencia de campañas de vacunación y jornadas de orientación en las comunidades, aunado a la descoordinación y desorganización interinstitucional, periódicamente se denuncian brotes de enfermedades como malaria, hepatitis B, VIH, influenza tipo B, tuberculosis, tétanos, entre otras. El Pueblo Yanomami, por ejemplo, sigue desatendido a pesar de existir un Plan de Salud Yanomami.
También se ha denunciado los casos de miembros de etnias contaminados por mercurio, así como los nacimientos de niños indígenas con enfermedades congénitas producto de la actividad minera.
En noviembre de 2012 la Fundación La Salle, la Universidad de Oriente y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre divulgaron los resultados de un estudio que reflejaba que el 92% de las mujeres indígenas de la muestra estaban contaminadas con mercurio, en niveles superiores a los mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ante esta situación Provea solicita al Estado venezolano:
- Se avance definitivamente en la investigación imparcial, expedita y transparente de la autoría material e intelectual del asesinato del defensor de derechos humanos y líder indígena Sabino Romero Izarra.
- Garantías para la protección de la comunidad Yukpa a la que pertenecía el cacique Sabino Romero ante las reiteradas y comprobadas agresiones.
- Investigar y sancionar de manera transparente, expedita y apegada al estado de derecho los asesinatos de indígenas en el contexto de conflictos relacionados a la tenencia de tierras.
- Cese a la política de criminalización contra el pueblo Wayúu, enmarcada en la lucha contra el “bachaqueo”, e investigación y sanción a los posibles autores de las agresiones y asesinatos contra miembros de estas comunidades.
- Dar cumplimiento a lo establecido en la CRBV y Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y avanzar en los procesos de demarcación y auto-demarcación de territorios indígenas.
- Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 260 de la CRBV y Título VII de la LOPCI, que reconocen la existencia de la jurisdicción indígena para la aplicación de instancia de justicia en sus hábitats con base a sus tradiciones ancestrales.
- Realizar estudios transparentes de impacto ambiental para medir el grado de contaminación generada por la actividad extractiva en territorios indígenas, haciendo público sus resultados como base para el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades originarias de los proyectos a desarrollarse en su territorio.
- Implementar programas orientados a mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas, propiciando el protagonismo de las comunidades en el desarrollo de una política que trascienda el asistencialismo, abordando estructuralmente los problemas de salud, educación y alimentación.
- Cumplir con el Acuerdo Amistoso suscrito en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para desarrollar un Plan de Salud para el pueblo yanomami y garantizar la salvaguarda de su territorio de minería ilegal.
- Libertad plena para los capitanes indígenas pemones procesados injustamente en tribunales militares.
[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2014/03/03/a-un-ano-del-asesinato-de-sabino-romero-el-estado-sigue-en-deuda-con-los-derechos-de-los-pueblos-originarios/.]
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