El anarquismo estadocéntrico del Poder Popular

Rafael Uzcátegui

A petición de los compañero/as de Ekintza Zuzena, escribimos por segunda vez sobre el concepto “Poder Popular” que, en América Latina, promueven algunas iniciativas que se reclaman libertarias. Pero antes de entrar en materia, describiremos el lugar desde donde se realiza nuestra argumentación y, a grandes rasgos, el contexto que la perfila. Desde el año 1995 participamos en un grupo de afinidad anarquista que, en la ciudad de Caracas, entre otras actividades ha editado el periódico El Libertario, quizás la actividad más conocida. A partir del año 1998 antagonizamos con el proceso político denominado “revolución bolivariana” por tres grandes razones: La primera, la profundización del modelo extractivo-minero en sintonía, y sin contradicciones, con la globalización económica capitalista, lo cual ha incluido -a pesar de la retórica-, amplias garantías a la inversión transnacional energética (Por ejemplo, en el año 2009 Repsol anunció el descubrimiento en el golfo de Venezuela de la mayor reserva de gas natural de su historia). La segunda razón, por el proceso de estatización, militarización y fragmentación del movimiento social del país surgido a raíz del levantamiento popular del Caracazo, 27 de febrero de 1989, y cuya capacidad de movilización fue decisivo para el recambio burocrático experimentado en 1998, fecha de la primera victoria electoral de Hugo Rafael Chávez Frías. La tercera es que, a pesar de contar con la mayor bonanza económica de los últimos 30 años, el gobierno bolivariano no ha transformado las causas estructurales de una de las más injustas tasas de reparto de la riqueza en el continente –recordar que el país posee las mayores reservas energéticas de la región-, cuyos datos y testimonios pudimos plasmar ampliamente en el libro Venezuela: La Revolución como Espectáculo. Una crítica anarquista del gobierno bolivariano que, en el caso de la península ibérica, fue coeditado y distribuido por la editorial-librería La Malatesta de Madrid. Esta introducción es pertinente porque en el proceso de institucionalización y homogeneización del movimiento social que permitió su victoria en las urnas, el gobierno bolivariano pasó, a partir de marzo del 2009, a denominar por decreto a todas las instituciones con el adjetivo “poder popular”. Por ejemplo “Ministerio del Poder Popular para la Defensa”, que coordina a las Fuerzas Armadas del país. El caso venezolano sería entonces una evidencia clara de los derroteros estatales del concepto.

La segunda aclaratoria previa tendría que ver con el anarquismo en el cual creemos, pues complejiza el maniqueísmo y simplificación de la discusión que los promotores del Poder Popular “libertario” (PPL) aluden en su discurso. Cultivamos un anarquismo que necesita de sus grupos de afinidad para el intercambio y construcción de lo que nos es más próximo, pero cuyo referente y ámbito de actuación no es otro que los movimientos populares, autónomos, de base y necesariamente plurales, para el cambio en un sentido libertario. Reivindicando y aprendiendo de la historia, así como de las tradiciones de lucha que nos precedieron, nuestro anarquismo debe responder a un contexto en permanente cambio, signado por la globalización económica, informacional y tecnológica, el cual ha dejado atrás el culto a la razón positivista que influyó en los pensadores antiautoritarios de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Además, es un anarquismo que debe ser expresión de las particularidades culturales que nos definen como latinoamericanos, sin perder su perspectiva universal e internacionalista. Esta reflexión hemos intentado plasmarla en nuestra publicación El Libertario, cuya línea editorial actual, en un escenario de estatización y polarización de las iniciativas populares, es la de promover los mayores niveles posibles de autonomía en las organizaciones sociales de nuestro entorno, en el entendido que mientras no exista un espacio de emprendimientos políticos diversos de base, beligerantes e independientes, los valores que defendemos como anarquistas no podrán tener la posibilidad de expandirse y ser vividos por amplios sectores de la población.

Una camisa prestada

El surgimiento de la propuesta del PPL no puede comprenderse de manera separada de lo que algunos analistas denominan “el giro a la izquierda” de América Latina. Incluso afirmamos que el momento de mayor impulso de esta propuesta coincidió en el tiempo que los gobiernos autocalificados como “progresistas” generaban amplias expectativas entre los sectores de izquierda y revolucionarios de todo el mundo. El razonamiento de fondo era, simplificando, que era necesario mimetizarse con las mayorías que apoyaban a las izquierdas en el poder, haciendo alianzas con algunos sectores y, desde adentro, “radicalizar” dichos procesos con la propuesta del PPL. Tras varios años en la presidencia, el entusiasmo por estos gobiernos ha disminuido, por un lado. Por el otro, han sido suficientemente conocidas sus contradicciones así como todos los mecanismos desplegados para criminalizar a los líderes populares que, refractarios a sus políticas, han continuado movilizándose. Los gobiernos de Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Nicaragua ya poseen un expediente de sindicalistas, líderes indígenas y barriales de diferentes ámbitos asesinados, encarcelados y sometidos a juicios bajo leyes antiterroristas influenciadas por, paradójicamente, los organismos multilaterales que tanto adversan en las palabras. Lo curioso es que son iniciativas “libertarias” de países con gobiernos conservadores (Colombia y Chile, por ejemplo), los que han intentado “capitalizar” este pretendido giro progresista y han tenido mayor protagonismo mediático en la difusión de los postulados del PPL. Ni ayer ni hoy el debate generado alrededor este tema ha sido central en el universo ácrata latinoamericano, aunque sus apologistas hayan intentado, grandielocuentemente, presentarlo así. (“Este debate es uno de los núcleos fundamentales de la izquierda latinoamericana”, según la Federación Anarquista Uruguaya).

Los promotores del PPL se han diseminado en varios países latinoamericanos, aunque no son un grupo homogéneo ni coinciden en los énfasis de sus estrategias. Como el resto de la familia, han sufrido sus propias divisiones, disoluciones, fragmentaciones y tensiones por el protagonismo de un alegato apenas en construcción, siendo dos de sus nodos intelectuales más visibles Brasil e Irlanda (sí, Irlanda). Un inventario de los grupos, publicaciones y literatura demuestra que ni cualitativa ni cuantitativamente, hasta ahora, ha sido el sector “predominante” en el anarquismo suramericano, a lo sumo y generosamente una tendencia más. Sin embargo, han intentado sobredimensionarse en internet reduciendo la diversidad del movimiento en la región en dos bandos, ellos y, en la otra acera, la tendencia insurreccionalista (“un grupo minoritario y aislado de la base”, como la simplifica Felipe Correa de la Federación Anarquista de Río de Janeiro). Por estas artes del lenguaje, los PPL serían el “anarquismo organizado” (como en algún momento se definió la Red Libertaria de Buenos Aires) vinculado a los sectores excluidos, antagonizando a un anarquismo autorreferencial, de clase media, disociado de su contexto y anclado en el pasado, que seríamos el resto. Y este debate tramposo expresa a su vez la naturaleza de las alianzas que el PPL desea establecer con ciertas izquierdas: Mercadearse como el “anarquismo bueno”.

Ni Dios, Ni Amo Ni Coherencia

Para los teóricos del PPL la noción del “poder popular” sería un concepto “en disputa”, y su trabajo sería resignificarlo a la luz de una interpretación anarquista. A pesar de algunos malos intentos de corte y costura para demostrar que clásicos como Bakunin y Malatesta lo que querían era decir “poder popular” en todos sus escritos (prolijamente refutado por Patrick Rossineri en sus textos para el periódico Libertad! de Buenos Aires), ante la ausencia de una genealogía antiautoritaria del término reconocen, a regañadientes, que su origen no proviene del campo ácrata. Se ha convertido en un lugar común de su literatura las citas al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de Chile como pioneros en su uso del término en 1970, haciendo malabares históricos para demostrar que esta organización marxista-leninista era, en el fondo, bastante anarquista. No importan 4 décadas de uso, interpretación e implementación autoritaria del término, así como la capitalización política y legitimación burocrática de varios gobiernos progresistas del continente (Sólo el venezolano gastó oficialmente según su Ley de Presupuesto 65.304.634 dólares en propaganda en el 2013): mientras 4 gatos anarquistas lo reivindiquen seguiría siendo “un concepto en disputa”. Todo un detalle que sea este y no otro la nomenclatura en litigio. Si por ejemplo democracia significa “gobierno del pueblo y para el pueblo”, ¿no deberían utilizar las mismas energías para reconceptualizarla anárquicamente? Felipe Correa llega al extremo en esta tesis, pues hasta “anarquismo” sería, según él, un “concepto en disputa”.

Esta pérdida de personalidad al utilizar un discurso de otros para expresar valores que tienen términos nítidamente libertarios, como autogestión por citar un caso, tiene como objetivo no espantar a sus nuevos “compañeros de ruta”. Y no es un problema de etiquetas. Esta difuminación de lo que específicamente nos hace “anarquistas” hace que algunas iniciativas del PPL hagan demasiadas concesiones en su apuesta por una plataforma política de actuación. Por ejemplo, el de las publicaciones “libertarias” con alegorías en portada a cualquiera de los santos del panteón marxista latinoamericano –cuando ya hay tantas publicaciones ajenas que lo hacen- o los llamados al “voto crítico” por candidatos presidenciales nacionales o regionales “de izquierda”. El resultado, como lo demuestran una vez quienes en Venezuela se hacen llamar “anarcochavistas”, es una pérdida absoluta de la identidad política y la asunción de una nueva impuesta desde arriba que intenta ser hegemónica. Esto genera múltiples consecuencias, algunas tan graves como la ausencia de cualquier atisbo de crítica a viejos y nuevos gobiernos “de izquierda” en la región, como el cubano, el boliviano o el venezolano, cuando no el apoyo velado o explícito a organizaciones autoritarias como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Poder Popular: Dos problemas

Como lo ha sugerido Rossineri, la ofensiva comunicacional del PPL tiene como objetivo naturalizar el uso del término “poder” entre los anarquistas. Las mejores argumentaciones de sus entusiastas aluden a su naturaleza polisémica y su división entre el “poder hacer” (capacidad de realizar cosas) y el “poder sobre” (dominio sobre otros). Sin embargo, salvo consignas, no hay un mayor desarrollo de cómo impedir que capacidad se transforme en dominio. En este punto es importante recordar que un sector del marxismo latinoamericano, conocido como autonomista (John Holloway quizás el más conocido), han abandonado dicha pretensión y han afirmado, a secas y sin medias tintas, que el mundo debe ser cambiado “sin tomar el poder”. Y esto es porque la falsa tensión entre el “poder hacer” y el “poder sobre” no ha sido resulta en 40 años de uso autoritario de poder popular porque, sencillamente, aluden a dos situaciones diferentes. Este es el primer problema del PPL, a que tipo de “poder” se refiere: Poder en política siempre aludirá a “poder sobre”. En castellano, un idioma generoso, no existen sinónimos literales sino palabras diferentes que matizan situaciones. Pensemos en un carpintero que domina las técnicas de construcción en madera. Si usted se refiere a él como un “carpintero con poder” la mayoría le entenderá –salvo los del PPL- como alguien con dinero o influencias políticas, y no como diestro en el arte de la construcción con madera. Así, los del PPL zanjan esta discusión con tres consignas y con afirmaciones aventureras: “Los anarquistas no estamos contra el poder sino contra la dominación”, sin importar que más de 100 años de historia libertaria demuestren que estamos contra ambas cosas. El 98% de quienes en América Latina utilizan en su estrategia política el concepto “poder popular”, buscan legitimar hoy la racionalidad que ayer se contenía en el concepto “dictadura del proletariado”, el arribo de una nueva burocracia en los estamentos de mando.

El segundo problema tiene que ver con la noción “popular”, un término que según la lógica PPL también debería estar “en disputa”. ¿Qué es popular y qué no lo es?, ¿Cuándo algo deja de serlo? Lo considerado “popular”, ¿es intrínsecamente bueno? Lula da Silva, ¿fue un presidente del “poder popular”? Rafael Leonidas Trujillo, ¿fue un militar del “poder popular”? La anterior mitificación parecía superada tras los aportes, entre tantos otros, de Michael Foucault. Sin embargo lo que nos sugiere su uso es que mientras un sector del marxismo latinoamericano evoluciona asumiendo posturas libertarias –los autonomistas-, como singular contrapeso otro sector del anarquismo regional involuciona reivindicando lógicas propias de los partidos comunistas más stalinistas de este lado del mundo.

Nuestra agenda

La estrategia del “poder popular”, como demuestra el caso venezolano, no conduce a otro destino sino al Estado, a oxigenar la gobernabilidad democrática en tiempos de crisis de la representatividad y globalización económica. Además, posee dentro de su lógica la estrategia de “acumulación de fuerzas” que debe negociar con el resto de los aliados de su plataforma planteamientos radicales y de fondo en aras de la convivencia y, valga la redundancia, “popularidad”. Fieles a la vocación de poder, de mercadearse ante el mundo y especialmente ante sus aliados como el “anarquismo bueno”, algunas de las iniciativas más conocidas del PPL reproducen en micro lo que cualquiera detesta de la gran política: las componendas, conspiraciones y descalificaciones contra quienes asumen eclipsar y neutralizar: En primer lugar no al gran capital sino a los otros anarquistas. Cuando aclaraba que esta era la segunda vez que reflexionábamos sobre el tema buscaba reflejar lo siguiente: muchos hemos optado por no caer en las luchas intestinas en los contornos planteados por el PPL, una estrategia pensada, entre otras cosas, para legitimarse ante sus aliados “de izquierda” en el continente. Nuestros esfuerzos siguen estando en la construcción de una alternativa social libertaria, donde –insistimos- los valores que defendemos como antiautoritarios sean vividos por la mayor cantidad de personas.

Es falso que el anarquismo latinoamericano pueda dividirse, únicamente, en las tendencias plataformista (donde se ubicaría el PPL) e insurreccionalista. En el medio de ambos extremos hay una diversidad de grupos, emprendimientos e individuos, con escasa o nula relación orgánica entre sí, que por la diversidad de temas y situaciones que enfrentan sí podrían ser calificados como el sector “mayoritario” del movimiento, pero que sencillamente no tienen ánimo ni tiempo para pensarse en esos términos. Si hay algún tema medular hoy en Latinoamérica, que no es el PPL, es el extractivismo y la lucha por los bienes comunes, que cualquiera que revise el mapa de los actuales conflictos sociales en la región podrá constatar que la causa de las movilizaciones indígenas y campesinas contra gobiernos “progresistas” y conservadores que actualmente se llevan a cabo. Dentro de las luchas por la defensa del Tipnis (Bolivia) y el Yasuni (Ecuador), contra las Minas de Conga (Perú), la explotación del carbón en la Sierra del Perijá (Venezuela) y el Fracking en los acuerdos Chevron-YPF (Argentina), por recordar los más conocidos, hay mucha gente libertaria poniendo el pecho, que ha posicionado el debate sobre otros modelos de desarrollo dentro de coaliciones sociales diversas sin perder identidad, intentando que las iniciativas no tengan como referente al Estado sino a la expansión de las propias capacidades colectivas autogestionarias. Pero también existen otras búsquedas y espacios de confrontación contra los poderes establecidos, de las cuales me limitaré a describir las que nos son más cercanas.

En Venezuela la recuperación de los niveles de autonomía y beligerancia de los movimientos sociales tiene uno de sus principales contrarios al poder popular estatizado y militarizado promovido por el gobierno bolivariano. Y ante la capacidad propagandística del “socialismo petrolero” (como una vez lo definió el propio Hugo Chávez) no hay alternativa sino pensar en otros referentes. Como anarquistas acompañamos, participamos y difundimos en diferentes luchas, como el movimiento contra la impunidad y el abuso policial y militar desarrollado en el estado Lara, en donde han surgido organizaciones independientes de víctimas que han denunciado la complicidad de altos y medianos funcionarios en los crímenes del gatillo fácil. De este conflicto es Mijaíl Martínez, el videoactivista asesinado en el año 2009 por sicarios contratados por la Policía de Lara. En esta zona se desarrolla la experiencia cooperativa más grande y antigua del país, Cecosesola, 30 años y 20.000 afiliados, cuyo funcionamiento asambleario y horizontal la convierte en la experiencia concreta de inspiración libertaria más importante del país, y que por autogestión ha construido un hospital de tres pisos en la zona oeste de Barquisimeto, corazón de los sectores menos privilegiados de la ciudad, siendo uno de los emprendimientos nacionales emblemáticos de participación comunitaria en el ejercicio del derecho a la salud. A la lucha contra la explotación del carbón en el estado Zulia, que ha dejado como saldo el asesinato del líder yukpa Sabino Romero, se suma nuestra intervención activa en la recomposición del movimiento indígena venezolano, tras años de cooptación, que pasa por la recuperación de sus organizaciones tradicionales sobre la base de la autonomía. En años anteriores estos mismos esfuerzos se colocaron en el sector sindical, donde surgió un intento de refundación del gremialismo venezolano en el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS), que no prosperó en la dirección deseada debido a la electoralización de su agenda y el canibalismo de los viejos partidos políticos. El FADESS denunció los 17 meses de cárcel contra el sindicalista Rubén González, la criminalización de la protesta en el país y los asesinatos de los sindicalistas Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, en el 2008, que hoy se mantienen en impunidad. 

Los retos que los anarquistas latinoamericanos tenemos por delante son múltiples y exigentes. Fortalecer nuestros grupos de afinidad y organizaciones específicas. Participar en conflictos reales y movimientos sociales para elevar sus niveles de autonomía, independencia y capacidades autogestionarias, reactualizar nuestros postulados reinventando lo que haga falta y expandir nuestros valores, que no nuestras etiquetas, entre amplios sectores de la sociedad que paulatinamente están descubriendo que los gobiernos progresistas son la misma opresión de siempre con diferente fachada, y que fieles al espíritu rebelde de la naturaleza humana, buscarán otras alternativas. Entre nosotros el eclipse del “progresismo” en el poder abre similares oportunidades, de orden teórico y práctico, que para los movimientos emancipatorios europeos tuvo el desplome del Muro de Berlín. Y para esto es necesario no el esteticismo pseudolibertario de lo caduco, sino la apuesta por una cultura política nueva basada en la justicia social y la libertad.

[Artículo originalmente publicado en el # 41, marzo 2014, de Ekintza Zuzena.]