Amnistía Internacional
El creciente clima de violencia y polarización que vive
Venezuela tras casi un mes de intensas movilizaciones sociales a favor y en
contra del gobierno pone en grave peligro el respeto a los derechos humanos y
el Estado de derecho, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
La muerte del efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana
Acner Isaac López y de José Gregorio Amaris ayer en el estado de Miranda, al
parecer por disparos de arma de fuego, ha elevado el número de víctimas de la
violencia a 21. Los hechos se habrían producido cuando un grupo de motorizados
se acercó a levantar una barricada que habían colocado los vecinos en una zona
residencial.
“Las proclamas cada vez más violentas de autoridades,
simpatizantes del gobierno y líderes opositores, así como de algunos
manifestantes, amenazan con acabar con el respeto a los derechos humanos y el
Estado de derecho”, ha afirmado Guadalupe Marengo, directora adjunta del
programa para las Américas de Amnistía Internacional.
Estas muertes suceden sólo un día después de que el
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea
Nacional, Diosdado Cabello, hicieran un llamado a sus simpatizantes a poner fin
a las protestas contra el gobierno, durante los actos de conmemoración del
primer aniversario de la muerte del anterior presidente, Hugo Chávez.
“Aunque tanto autoridades como líderes opositores están
elevando peligrosamente el tono de sus declaraciones, el Estado y sus
representantes tienen una responsabilidad añadida y deben ser especialmente
cuidadosos con sus palabras”, ha afirmado Guadalupe Marengo.
“Instamos a las autoridades a dejar absolutamente claro que
su prioridad es el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. Ello
implica, para empezar, no realizar declaraciones que podrían dar lugar a
confrontaciones entre distintos sectores de la población civil que puedan
resultar en graves violaciones de derechos humanos”, ha agregado.
La organización reitera que el Estado venezolano y sus
representantes tienen la obligación de garantizar el respeto a los derechos
humanos y velar para que no se produzcan violaciones y abusos de los mismos.
“Aunque las autoridades tienen el derecho y el deber de garantizar
el orden público, deben hacerlo evitando cualquier uso innecesario de la fuerza
y de grupos de personas no profesionales y no adecuadamente entrenadas para
cumplir este objetivo”, ha dicho Guadalupe Marengo.
Amnistía Internacional insta asimismo a los líderes de
oposición a hacer un llamado a sus seguidores a no cometer actos de violencia,
incluyendo ataques contra personas por sus preferencias políticas.
Información adicional
De acuerdo al Ministerio Público, desde que comenzaron las
protestas se han contabilizado: 21 fallecidos (entre ellos dos guardias
nacionales); 318 heridos (81 de ellos miembros de los cuerpos de seguridad del
estado); 1.322 detenidos (92 de ellos siguen presos, 1.003 han sido liberados
con medidas cautelares, y 35 han sido liberados incondicionalmente).
Hasta la fecha, el Ministerio Público está investigando 25
denuncias de violaciones a los derechos humanos. 15 efectivos de las fuerzas
del orden estarían detenidos por su responsabilidad en estos hechos. (Amnistía
Internacional, 07.03.14)
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