Debate: ¿A quién beneficia el aumento del precio de la gasolina?

Simón Rodríguez Porras (PSL)

El presidente Maduro y su ministro de Energía y Petróleo, presidente de Pdvsa y vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez, han llamado a debatir sobre un aumento del precio de la gasolina. La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por Fedecámaras y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. La dirigencia de la MUD, la oposición patronal, llegó incluso a ponerse a disposición del gobierno para impulsar el aumento. En un comunicado, “pone a disposición del Ejecutivo sus recursos técnicos y políticos para alcanzar el mayor consenso en una materia de tanta significación para la vida de los venezolanos”(http://www.el-nacional.com/politica/MUD-dispuesta-participar-aumento-gasolina_0_321568006.html). El tema del aumento del precio de la gasolina no estuvo ausente en la reunión entre el presidente Maduro y los alcaldes de la MUD en Miraflores. Hay un consenso entre los políticos del Psuv y la MUD, así como entre las agremiaciones patronales y la burocracia sindical, acerca de la conveniencia de recortar el subsidio a la gasolina. Ramírez asegura que se trata de un subsidio que no beneficia al pueblo, pero, ¿acaso es cierto que lo beneficiará un recorte de este subsidio?

Tal clima de unanimidad hay en un escenario político copado por el Psuv y la MUD, que el director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, se permite falsificar los argumentos de uno de los pocos dirigentes sindicales y políticos que levanta su voz contra el aumento, el dirigente sindical revolucionario José Bodas. “¿A nombre de quiénes hablaría un dirigente sindical petrolero opuesto al aumento de la gasolina con el único argumento de que Venezuela es un país petrolero?”. En realidad, son varios los argumentos contra el aumento, y son más sólidos que los de quienes como Díaz Rangel le meten el hombro al gobierno para que equilibre sus cuentas fiscales empobreciendo a los trabajadores. Tenemos la gasolina más barata del mundo, pero es de sobra conocido que un aumento en el precio de la gasolina se traslada indirectamente al resto de nuestra costosísima canasta básica. Si el salario mínimo no cubre ni la mitad de la canasta básica, ¿por qué tendríamos que aceptar que nuevamente la soga reviente por lo más delgado y sean los trabajadores los que paguen el costo de la crisis? El temor de los gobiernos posteriores al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez a la posibilidad de un estallido social como el de 1989 ha sido el principal freno a nuevos aumentos del precio de la gasolina. Un temor justificado hoy en día para los capitalistas y sus operadores políticos del Psuv y la MUD, en un contexto de aguda crisis económica.

Los voceros de la MUD han planteado que el aumento al precio de la gasolina debe ir acompañado de una maxidevaluación monetaria y la disminución de las ventas de petróleo a través de figuras como Petrocaribe, particularmente las ventas de petróleo a Cuba, lo que a juicio de la MUD constituye un “regalo”. Ese es el matiz pseudocrítico que incorporan a su apoyo a la propuesta gubernamental de aumentar el precio de la gasolina. De lo que no hablan, al estar de acuerdo con sus fundamentos, es del modelo petrolero actualmente vigente, en virtud del cual las transnacionales imperialistas se llevan 2 de cada 5 dólares de ganancias producidas por las empresas mixtas. Más que un regalo, esto constituye un auténtico saqueo.

El gobierno y la MUD construyen su consenso apoyándose en el sentido común que dicta que es inviable un precio que se acerca a la gratuidad. Ciertamente se trata de una gran distorsión económica. Pero no se puede valorar una medida aislada sin considerar el contexto en el que se inserta y el sentido que en él cobra: lo que ni el gobierno ni la MUD nos dicen es que el capitalismo rentista, dependiente y semicolonial que ellos intentan mantener a flote, es de conjunto inviable. Con el aumento del precio de la gasolina no lo podrán rescatar, aunque logren empobrecer más a la mayoría de la población.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por Ramírez, el subsidio en cuestión representa 12.592 millones de dólares anuales. Al menos una cuarta parte de estas pérdidas se deben a que las importaciones de combustibles duplican a las exportaciones (unos 66 mil barriles diarios contra 30 mil, en el año 2012). Una cifra sorprendente, tratándose de un país petrolero. Además de ello, una octava parte del suministro interno,100 mil barriles diarios, es contrabandeado hacia Colombia, un negocio ilícito controlado por los militares que supervisan la frontera.

Aún considerando que el descalabro en la refinación, causado por la desinversión en Pdvsa, y la subsecuente importación masiva de combustibles, así como la corrupción militar asociada al contrabando de gasolina, constituyen una parte importante del monto invertido por el Estado en el subsidio a la gasolina, todavía podemos comparar el monto del subsidio con otros que actualmente no son cuestionados por el gobierno ni la MUD, y que por lo tanto no están sometidos a un debate público.

Nuestro país pierde aproximadamente 17.875 millones de dólares anuales al dejar de cobrar impuestos a transnacionales cobijadas por tratados contra la doble tributación, según cálculos del intelectual chavista Luis Britto García. Venezuela ha suscrito estos tratados con más de una docena de países, incluyendo a EEUU, con quien se suscribió el oneroso acuerdo en 1999, comenzando el gobierno chavista. Los voceros del gobierno y la MUD, que tanta indignación profesan por el bajo precio de la gasolina, en cambio consideran que esta situación debe mantenerse.

El subsidio al comercio importador es mucho mayor que las exenciones de impuestos a las 

transnacionales. Durante el gobierno de Chávez-Maduro las importaciones se han cuadriplicado, y desde el año 2003 la mayor parte de ellas se realiza con dólares preferenciales suministrados por el Estado. El sector privado recibió más de 40.000 millones de dólares para importar mercancías en 2012. La corrupción en el sector público y privado, tolerada y auspiciada en el marco de la política clientelar oficial, se tradujo en el robo de más de 15,4 millardos de dólares en 2012 a través de la sobrefacturación de importaciones, según cálculos de Ecoanalítica. No hay empresarios ni burócratas presos por este descomunal desfalco, muy superior al subsidio a la gasolina. Maduro mismo ha admitido que no se realizaron controles posteriores a las empresas que recibieron los dólares para importaciones. Ahora se pretende que el pueblo de a pie pague los platos rotos del festín de los boliburgueses y Fedecámaras.

Además de todo esto, para el año 2014 está previsto que el Estado destine más del 20% del presupuesto para pagos de intereses y capital de la deuda pública, más de 18,6 millardos de dólares al cambio oficial. Como es sabido, gran parte de esta deuda ha sido contraída de manera ilegal, mediante la estatización de deudas privadas, otra parte importante ha ido a parar directamente a los bolsillos de los burócratas corruptos, como en el caso de los desfalcos del Fondo Chino. No obstante, el gobierno se niega a realizar una auditoría o declarar una moratoria de los pagos de la deuda externa, mucho menos considera la posibilidad de convocar a otros países deudores a actuar conjuntamente contra el pago de la deuda externa. Le resulta preferible amortiguar el peso de estos pagos devaluando la moneda y trasladando el costo a la población, siguiendo la misma orientación que dicta el aumento del precio de la gasolina. Así es como el Psuv gobierna.

Un debate acerca del precio de la gasolina que no incluya mirada crítica al modelo económico capitalista que ha fracasado en Venezuela, no es un verdadero debate. El debate invocado por el gobierno y la MUD no es más que un recurso tramposo para inducir a la población a que acepte sin más la reducción o eliminación de este subsidio. Pero para que el aumento del precio de la gasolina no signifique una redistribución regresiva de los ingresos, el gobierno tendría que tomar antes medidas como equiparar el salario mínimo al costo de la canasta básica, ordenar la discusión de los contratos colectivos vencidos, eliminar el IVA y aumentar los impuestos a las ganancias de capital, derogar los tratados contra la doble tributación, eliminar los subsidios al comercio importador y encarcelar a los ladrones de cuello blanco y cuello rojo que han estafado al país con la sobrefacturación de importaciones. Y si se trata de empezar a transformar la economía venezolana para dejar atrás la dependencia, tenemos que expulsar a las transnacionales de la industria petrolera, emprender una verdadera reforma agraria, rescatar las empresas básicas de Guayana, nacionalizar la banca y el comercio exterior.

En la medida en que las organizaciones de los trabajadores y del pueblo constaten que ni el gobierno ni la MUD son capaces de impulsar este programa económico y empiecen a transitar una senda de independencia de clase, será posible vislumbrar un futuro distinto a la ruina a la que nos conducen los políticos del sistema.