Héctor Lucena
La militarización excede sus manifestaciones a un ritmo más
acelerado que en los años previos de revolución bolivariana.
La unidad cívico-militar ha sido reiterada en la última
década y media, y en el mundo del trabajo ha tenido obviamente su eco. Por ello
hemos abordado en previas contribuciones el tema de la militarización en la
Administración del Trabajo y en las Relaciones
Laborales. http://hectorlucena.blogspot.com/2011/04/administracion-del-trabajo-de-la.html
y http://hectorlucena.blogspot.com/2012/01/las-relaciones-de-trabajo-hacia-donde.html
Se observa que el fenómeno se acentúa. Incluso en el breve
periodo que lleva en ejercicio el actual gobernante, la militarización excede
sus manifestaciones a un ritmo más acelerado que en los años previos de
revolución bolivariana. Las consecuencias de este proceso ameritan una
reflexión y análisis, ya que indicadores productivos, de eficiencia y de
conflictividad en las instituciones no muestran un impacto favorable. Por el
otro lado, lo tradicional militar evidencia deterioro como es la situación de
las cárceles; el devenir en las zonas fronterizas así como en las de escaso
desarrollo puestas bajo la responsabilidad militar. Véase el caso de la
depredación humana y ambiental que se observa en la explotación de minerales
preciosos en Guayana y Amazonas. Hasta denuncias de sometimiento de nuestros
indígenas a trabajo esclavo, en donde se involucran a mineros extranjeros y
locales ante la inercia de la vigilancia y el control militar.
Veamos diversas manifestaciones de la militarización que va
más allá de las relaciones laborales, y que por tanto cubre este campo de la
vida nacional.
1. En primer lugar es importante el contexto nacional en
donde desde el poder se caracterizan las dificultades de funcionamiento del
aparato productivo, tanto en la elaboración de bienes y servicios, como su
distribución y comercialización como evidencia la insistencia de una llamada
“guerra económica”.
2. Identificar como respuesta organizacional en el nivel
superior a lo señalado en el punto 1, y en general a los diversos problemas de
la responsabilidad estatal, la constitución de los llamados “estados mayores”,
al más puro estilo militar.
3. Reivindicar teorías de seguridad nacional, muy
cuestionadas por el conocimiento que se tiene de ellas por haber sido la
expresión de regímenes militares caracterizados por su represión extrema, como
las conocidas en países del Cono Sur en los años setenta y ochenta.
4. Continuar la producción de leyes que militarizan las
actividades civiles, dificultando el desenvolvimiento de las organizaciones
sociales de naturaleza no militar. En buena medida los más de tres mil
procesados por protestar son expresión de la militarización. En este colectivo
se encuentran dirigentes sindicales, campesinos, estudiantes, indígenas. Entre
estas leyes se destacan Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Ley
Antiterrorismo.
5. En 2009 se aprobó la Reforma a la Ley Orgánica de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y se creó en su artículo 50 la figura de
los llamados “cuerpos de combatientes”, unidades militarizadas en las empresas
públicas y privadas cuyo objetivo podría ser impedir la paralización de la
producción -lo que atentaría contra el derecho constitucional a la huelga-,
empleando a estos cuerpos como esquiroles o grupos de choque.
6. A esto se suma la prohibición de realizar manifestaciones
en diferentes empresas bajo administración del Estado, tras ser calificadas
como “zonas de seguridad”. Según la ONG Control Ciudadano el 30% del territorio
nacional posee ahora esa tipificación, lo cual impide el derecho a la
manifestación pacífica como se encuentra contemplado en la Carta Magna.
7. Colocar en funciones gerenciales de alto nivel a
militares; especialmente ejerciendo su influencia en el funcionamiento del área
de relaciones de trabajo, traduciéndose en una ruptura en el funcionamiento
dialógico y negocial propio y natural de las relaciones laborales.
8. Conducción por parte de militares de áreas de naturaleza
civil, como salud, infraestructura, puertos, comunicaciones, producción de
diversos bienes y servicios, finanzas, gestión judicial. Se destaca que desde
hace décadas ha existido un sector de empresas militares (Cavim por ejemplo),
que si era propio de la gestión por parte militares, sin dejar de recordar la
existencia de ciertas tensiones, ya que el personal civil resentía el
tratamiento del estilo militar para sus asuntos de administración y relación
laboral.
9. Fortalecimiento de las milicias, lo que se traduce en su
alta visibilidad en centros productivos estatales. Han asumido inicialmente
actividades de vigilancia y seguridad; pero están prestos a ocupar otros
puestos desempeñados por trabajadores, tal es el caso de cajeros en
supermercados.
10. Creación de organizaciones militares en el seno de los
trabajadores. Batallones, unidades, patrullas; incluso con demostración de
equipamiento militar en desfiles públicos.
11. Intervenir en asuntos propios de la Administración del
Trabajo (especialmente en conflictos laborales). Por ejemplo, casos recientes:
junio 2013, doscientos efectivos de la GNB ingresaron en Ferrominera con la
orden de desactivar huelga. Otro caso, el de CVG Minerven, cuando 45 efectivos
militares ingresaron el 27-07-13 a la empresa, luego que los trabajadores
realizaran una huelga que se prolongó por más de 45 días, en demanda de
reivindicaciones salariales y en reclamo por el deterioro de la industria.
12. Citaciones de trabajadores participantes de actividades
propias de las relaciones de trabajo a unidades militares con el objeto de
intimidarlos y someterlos a interrogatorios. Un caso patético fue el de un
grupo de trabajadores de la construcción que reclamaban deudas laborales a
contratista privado. Demandaban el bono de alimentación, el registro en el
Seguro Social, el Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda, el bono de
transporte y los sueldos caídos a la empresa privada Xocobeo, C.A., fueron
“invitados” a una sede militar para tratar el asunto, y ahí mismo fueron
apresados. Liberados al cabo de quince días, continúan sometidos a procesos
judiciales. Se conoce de otros casos similares.
Indudablemente que la llamada unión cívico-militar se ha
traducido más bien en la militarización de lo civil. La civilidad acusa pérdida
de espacios y garantías para su funcionamiento. Reflexionar y analizar las
consecuencias que todo esto tiene para el funcionamiento en general del país y
muy particularmente del mundo del trabajo es una necesidad para todos.
hector.lucena@gmail.com
@hl_lucena
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