Noticias desde Colombia - ¿Qué está pasando con el Paro Agrario?

Enrique García

Desde el pasado 19 de agosto el campo colombiano protagoniza una de las luchas sociales más duras que se recuerdan en el país. Decenas de miles de personas participan en los bloqueos de carretera y en las multitudinarias manifestaciones que recorren Colombia. El miércoles 28 de agosto la protesta llegó a las ciudades, en especial en Bogotá, cuyas organizaciones sindicales y de la izquierda política se volcaron en solidaridad con los campesinos. El gobierno del Presidente Santos militarizó la capital y la actuación del ejército ha provocado dos muertos, 146 heridos y 40 detenidos.

Aunque en la noche del jueves el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, responsabilizó a las FARC por los disturbios ocurridos en Bogotá, Santos se abstuvo ayer de mencionar a esa guerrilla con la cual lleva adelante un proceso de paz. En cambio, el presidente acusó al movimiento político Marcha Patriótica, de izquierda radical. "El movimiento Marcha Patriótica no busca sino llevarnos a una situación sin salida para imponernos su propia agenda. No les interesan para nada los campesinos", afirmó. "He dicho que bienvenida la protesta, pero no la protesta obligada a punta de fusil o de amenazas", aseveró.



El portavoz de Marcha Patriótica, Carlos Lozano, repudió esas acusaciones y dijo que su movimiento seguirá apoyando y participando de las movilizaciones campesinas de forma pacífica. "No nos cabe la menor duda de que quienes infiltraron esta movilización fueron los propios organismos del Estado para justificar la represión", dijo Lozano en una rueda de prensa. Las acusaciones de Santos también fueron rechazados por César Pachón, portavoz de los campesinos en la región de Boyacá, cercana a Bogotá, donde las protestas fueron más intensas. "Eso es totalmente falso", respondió Pachón sobre las supuestas presiones para que se manifiesten.

Los líderes campesinos de Boyacá instaron el jueves a abrir las carreteras que los manifestantes han mantenido bloqueadas desde el 19 de agosto, tras anunciar que habían alcanzado acuerdos parciales con el gobierno. "Se han logrado acuerdos parciales, lo cual nos da potestad para invitar a los manifestantes a permitir el libre tránsito vehicular", dijeron los dirigentes en un comunicado leído a la prensa en Tunja, capital de Boyacá. Poco después, Santos celebró la decisión y dijo que "el desbloqueo debe normalizar el funcionamiento del país". Según el Ministerio del Interior, la carretera de Tunja a Bogotá fue abierta ayer, al cabo de doce días de cierre.

El gobierno negocia desde el lunes pasado con los campesinos de Boyacá, pero sin abrir las conversaciones a una mesa nacional, como piden otros dirigentes agrarios. Así, el vocero de la Mesa de Interlocución Agraria (MIA), Eberto Díaz, dijo en una rueda de prensa en Bogotá que "el paro se mantiene" porque las exigencias que se han "hecho al gobierno no han tenido respuesta". Las declaraciones de Díaz fueron reafirmadas por Ricardo Herrera, del grupo Coordinador Nacional Agrario (CNA), otra de las organizaciones promotoras de la protesta. Herrera detalló que mientras los campesinos están movilizados en 17 de los 32 departamentos colombianos, "el gobierno está hablando sólo con los de tres departamentos".

En un comunicado de prensa enviado el viernes en la tarde, la coordinación de organizaciones y movimientos sociales y políticos de Colombia y sectores en conflicto fueron enfáticos en señalar que el paro continúa.

La organización manifestó que respeta las decisiones tomadas por la comunidad en Boyacá, pero aclaró que existen muchos otros sectores que no están representados en esa negociación. Incluso, dijeron no tener una respuesta clara por parte del gobierno frente a la negociación de sus diferentes pliegos, a pesar de haber estado abiertos al diálogo desde el primer día de paro.

Así mismo, afirmaron no haber sido los causantes ni protagonistas de los desmanes y violencias generados el jueves. "Claramente la violencia es originada desde el Estado, los cientos de videos y fotografías son muestras claras de la actitud violenta y hostil del Esmad e incluso de las Fuerzas Militares en todo el país".

El comunicado viene firmado por Marcha Patriótica, Congreso de los pueblos, Mesa Agraria Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA - Nacional), Coordinación Nacional Agraria (CNA), Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), Alianza por el Derecho a la Salud (ANSA), Asociación de Trabajadores Hospitalarios (Anthoc), Coalición de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc), Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), CUT y USO.

En el Cauca la situación es similar, pues los campesinos del sur del departamento mantienen bloqueada la vía Panamericana, en el sector de Mojarras, pues aseguran que el Gobierno no los incluyó en la mesa de negociaciones, donde solo hay representantes de los departamentos de Nariño, Boyacá y Cundinamarca.

Las FARC habían advertido ya en el marco de las negociaciones de paz de La Habana que la situación del campo colombiano es explosiva. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio con EE UU, las exportaciones agrícolas norteamericanas han aumentado un 200%, mientras que el precio de los insumos agrícolas para la producción local se ha disparado. Los productores agrícolas colombianos simplemente no pueden competir con los precios subvencionados de los agricultores norteamericanos. Y ello explica que aunque el movimiento de protesta se inició en el sector cafetalero se haya extendido a todos los demás sectores agrarios.

En su intervención en Casa de Nariño el pasado sábado, el Presidente Santos prometió someter a los precios de los productos agrícolas importados a una "libertad vigilada" y a convocar el próximo 12 de septiembre a todos los representantes de los distintos sectores agrarios a una mesa de negociación para un gran "Pacto Nacional Agrario", que se sumaría a los acuerdos alcanzados con las FARC en La Habana. Está por ver hasta dónde llega la negociación, que solo se ha conseguido tras una confrontación social sin precedentes en Colombia.

Frente al Paro Nacional Agrario, La Paz y el agro colombiano necesitan una economía más solidaria

* Comunicado de las organizaciones agrarias y de economía social colombianas *

Desde el pasado lunes 19 de agosto, se inició en Colombia lo que se ha denominado el Paro Nacional Agrario. En municipios de cerca de 12 departamentos; Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Risaralda, Huila, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Casanare, Santander se han registrado movilizaciones y protestas de nuestros campesinos y pobladores urbanos. Al paro agrario se suman ahora otros sectores sociales como los camioneros, mineros, estudiantes, maestros, trabajadores de la salud y las organizaciones sindicales anuncian su participación en las nuevas jornadas que se programan.

Aunque las reclamaciones son diversas y van desde la demanda de políticas que protejan la producción agraria frente a la competencia e inundación de productos por la apertura con los Tratados de Libre Comercio, los altos costos de los insumos, la reducción del precio de la gasolina, la demanda de los pequeños mineros frente a la macro - minería , etc. Todos los elementos apuntan a un problema de fondo; la marcha de un modelo de desarrollo económico, con políticas al servicio del gran capital financiero, un modelo extractivista que está quebrando la economía nacional.

Los abajo firmantes, ciudadanas y ciudadanos vinculados a diversas organizaciones de la economía social y solidaria: Cooperativas, Asociaciones Mutuales, Fondos de trabajadores, organizaciones comunitarias, Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones, Juntas de Acción Comunal, quienes creemos que otra economía es posible y apostamos por un modelo de desarrollo más justo, solidario, democrático y sostenible, manifestamos nuestro RESPALDO a las justas demandas expresadas por los diversos sectores sociales. La Nación no puede continuar de espaldas al sector agropecuario, especialmente de los pequeños productores rurales, ellos son la base de la seguridad y soberanía nutricional de todos los colombianos. DEMANDAMOS del Gobierno Nacional escuche y de respuestas definiendo claras políticas públicas que responda de manera eficiente y oportuna las actuales demandas de las comunidades campesinas. Al tiempo,

RECHAZAMOS los actos de violencia de personas ajenas a las movilizaciones ciudadanas, como el tratamiento violatorio de los derechos humanos y legítimos derechos ciudadanos por parte de la fuerza pública.

Indudablemente el campo colombiano vive graves problemas estructurales. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia (2011), realizado por el PNUD, el país es más rural de lo que pensábamos, el 31.6% de los colombianos son pobladores rurales y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional predominan relaciones propias de sociedades rurales. En el país 21,5 millones de hectáreas son aptas para la agricultura de las cuales solamente se usan 4,9 millones, es decir, solo el 22,7%. Lo contrario sucede con la ganadería que dedica 39,2 millones de hectáreas, mientras que solo 21 millones tienen aptitud para esta actividad. Por su parte, 5,8 millones de hectáreas están dedicadas a la minería, una cifra superior a las destinadas al uso agrícola. Lo preocupante es que se han expedido licencias para actividades mineras que impactan en cerca de 22 millones de hectáreas.

La concentración de la propiedad de la tierra se ha agudizado en la última década cuando se inició una "contra - reforma agraria" que modifico el Coeficiente Gini de propiedad de la tierra, el cual pasó de 0.86 en el 2.000 a 0.88 en el 2009. Esto hace que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo.

En los últimos 13 años, cerca de 3,6 millones de campesinos han sido expulsados violentamente de sus tierras. Entre 1980 - 2010 las hectáreas despojadas y forzadas a dejar en abandono por causa del desplazamiento ascendieron a 6,6 millones. Evidentemente en Colombia hay un conflicto rural complejo, que involucra el conflicto agrario y el conflicto armado los cuales terminan relacionándose a través de sus efectos: el desplazamiento de la población, el despojo de tierras, la concentración de la riqueza y la aguda pobreza de nuestros pobladores rurales que no tienen acceso a sus legítimos derechos de vivienda, salud, educación, trabajo digno.

De otra parte, la agricultura familiar, aquella que realiza el pequeño productor agrario y que representan la mayoría de la producción en el mundo y en nuestro país, viven la carencia de política s públicas para su apoyo y protección, los altos costos de los insumos; en Colombia solo tres empresas importan insumos para el agro colombiano y sufren una larga cadena de intermediación que termina otorgando un precio irrisorio al productor y un precio especulativo al consumidor final.

La actual crisis de la sociedad y el agro colombiano, colocan sobre la agenda pública la discusión sobre el actual modelo socioeconómico de desarrollo. Si queremos superar las grandes desigualdades sociales, resolver los conflictos y construir la paz, se necesita un cambio en nuestra mentalidad, prácticas y políticas, La Paz necesita una economía más solidaria y más economía de la solidaridad. La actual crisis económica es el resultado de una economía guiada por la exacerbación del lucro. Se requiere una ECONOMIA MÁS SOLIDARIA, que los empresarios entiendan que no es posible el desarrollo de empresas sanas en medio de un entorno enfermo, se requiere ser más solidario y responsable con la sociedad. Por su parte, el Estado debe ser más diligente en la defensa y protección del bien común, de los intereses generales de la sociedad, se necesita más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado.

Al tiempo, se necesita más ECONOMIA DE LA SOLIDARIDAD. Nuestras experiencias demuestran que existe otra economía, que es posible producir, distribuir y consumir con lógicas de cooperación y solidaridad. Sea esta la oportunidad para invitar a los colombianos y colombianas a que realicemos más actos económicos solidarios, por ejemplo; promovamos un COMERCIO JUSTO otorgando un precio justo al productor, un precio justo al consumidor y un margen justo al intermediario. Fomentemos el CONSUMO CONSCIENTE, SOLIDARIO Y RESPONSABLE que nuestra decisión de comprar sea consciente de a quien beneficiamos o afectamos con los productos que consumimos. Demandemos unas FINANZAS ÉTICAS que enfrenten la usura y especulación del sistema financiero tradicional.

Nuestros pobladores encuentran en las organizaciones de la economía social y solidaria una alternativa para fortalecer la asociatividad, resistir el modelo excluyente y demandar políticas económicas y sociales más justas y democráticas. La economía solidaria no es la "ambulancia que recoge los heridos y muertos que deja el modelo económico neoliberal" somos una alternativa de organización social y económica incluyente, democrática y solidaria que entre todos podemos construir.

La lista de las numerosas organizaciones agrarias firmantes puede consultarse en http://www.economiasolidaria.org/files/PRONUNCIAMIENTO_PARO_NACIONAL_AGRARIO_REDESS_COLOMBIA.pdf

[Tomado de http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6204]