Tomado de Boletín anual n. 5, Provea
Con la Constitución de 1999 se sentaron las bases legales para cambiar el
proceso de privatización de la salud que vivía el país para, en su lugar,
establecer un sistema basado en un enfoque de derechos humanos, garantizando la
gratuidad de la atención y poniendo el acento en la prevención y promoción
de
la salud como complemento de la gestión de la medicina curativa. Para ello, la
misma Constitución estableció un periodo no mayor de dos años para que la
Asamblea Nacional aprobara una Ley de Salud, incorporando los principios
constitucionales e internacionales para la protección del derecho a la salud.
Trece años más tarde, luego de vencido el plazo constitucional, la Asamblea
Nacional no ha cumplido con su obligación: la ley no existe, no han valido los
reclamos al poder legislativo y han quedado sin respuestas los recursos legales
interpuestos ante el Tribunal Supremo de Justicia.
La ausencia de esta ley se suma a múltiples factores que mantienen al
sistema de salud venezolano en una crisis permanente. Los enormes esfuerzos del
Estado para fortalecer la infraestructura del sector salud y el desarrollo de
un incipiente proceso de participación ciudadana acompañado de varias misiones
sociales, fueron entorpecidos por una gestión centralista de las políticas
públicas de salud. Estas políticas generaron y siguen generando resistencias de
los trabajadores del sector salud quienes han visto cómo sus condiciones
laborales se deterioran gracias a la congelación de las contrataciones
colectivas y a los aumentos irrisorios de sus salarios mediante decretos del
Ejecutivo, causando el éxodo de profesionales hacia el ejercicio independiente
de las profesiones o hacia el extranjero.
Tradicionalmente, en el gasto total de salud ha sido mayor la participación
del gasto privado con respecto al gasto público. Según datos de la OMS en 1997
el gasto público era el 35,9% y el privado era 64,1%. Entre 1997 y 2007 el
gasto fluctuó a
la alza tocando su tope máximo en 2007 con el 46,5%, pero
en
2010 volvió a niveles similares a los de 1997, con tan solo 34,9%. El gasto
privado sigue siendo el más representativo.
No deja de resultar paradójico que
el Estado, que es el mayor empleador del país, ofrezca dentro de los beneficios
a los empleados públicos, pólizas de salud para ser atendidos en clínicas y
centros de salud privados (HCM: hospitalización, cirugía y maternidad). Los
recursos públicos van de esa manera al sector privado mientras la
infraestructura del sector público se deteriora junto con las condiciones
laborales de sus trabajadores.
La OMS también destaca el aumento más o menos
sostenido del porcentaje del PIB destinado a la salud desde 1997. Este porcentaje
se ha mantenido por encima del 5% desde 1999 con un ligero descenso en 2010.
Pero la participación del sector público en ese porcentaje del PIB, salvo
algunos picos máximos en 2006 y 2007, se ha mantenido cercano o por debajo del
3%.
Las políticas públicas de salud han tenido resultados positivos en el
aumento de las esperanzas de vida al nacer, pero no han revertido la cantidad
de muertes maternas anuales ni la mortalidad infantil. El número de médicos por
cada 10.000 habitantes era de 24,2 en 1997 y pasó a ser de 13 en 2007. La misma
tendencia regresiva se presenta en el número de camas hospitalarias por cada
10.000 habitantes que era de 15 en 1996 y pasó a 10,83 en 2010. Provea ha
venido constatando una pérdida cada vez mayor de la disponibilidad de servicios
de salud financiados por el Estado y un aumento de las denuncias de la
población por la escasez de insumos médico quirúrgicos y por la falta de
equipos médicos. Es particularmente sensible la situación de las más de 40.000
personas con VIH quienes requieren el Tratamiento Antirretroviral de Alta
Eficacia (TAR). Durante los últimos cuatro años han fallado los inventarios y
los procesos de compra, distribución
y entrega de los TAR a cargo del
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Inclusive han llegado a faltar los
reactivos para el diagnóstico, control y seguimiento al VIH.
Para Provea, es indispensable que se aumente el porcentaje del PIB
destinado al sector salud y que se garantice un presupuesto adecuado para
fortalecer el sistema público de salud. Se deben mejorar las condiciones
laborales y de profesionalización de los trabajadores y las trabajadoras de la
salud a través de la discusión de las contrataciones colectivas vencidas y el
cumplimiento de las que ya están vigentes.
Urge además impulsar un plan de expansión, recuperación
y mantenimiento de
la infraestructura hospitalaria nacional. En particular es importante ampliar
la cobertura y prestación de servicios de la Misión Barrio Adentro, que cuenta
con la cooperación de Cuba, y del sistema hospitalario nacional, para
fortalecer el enfoque integral de atención pública en salud.
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