Ataques a los tupinambá de Brasil para arrebatarles sus tierras recuperadas

Daniela Alarcón
Desinformemonos.org

La coyuntura política se muestra profundamente desfavorable a los pueblos indígenas, pues el gobierno de Dilma Rousseff mantiene estrecha relación el agronegocio y determinó detener la demarcación de tierras indígenas.

La tardanza por parte del Estado brasileño en concluir el proceso de demarcación de la tierra indígena tupinambá de Olivença –donde viven alrededor de 4 mil 700 indígenas, en más de 20 comunidades, entre las cuales se incluye Serra do Padeiro–, contribuye al agravamiento del conflicto en la región. Los indígenas son atacados a balazos, les incendian sus viviendas y les roban su producción agrícola.

Con el objetivo de frenar la violencia impulsada por individuos y grupos contrarios al reconocimiento de los derechos territoriales del pueblo indígena tupinambá, en el sur del estado de Bahia, Brasil, la Fuerza Nacional de Seguridad estableció el 20 de agosto una base de operación en la ciudad de Buerarema, que permanecerá 90 días prorrogables. A pesar de la presencia policial, el sábado 24 de agosto incendios criminales quemaron viviendas y bienes personales de indígenas que viven en la zona urbana de Buerarema, en represalia a la movilización indígena en defensa de su territorio. Además, los tupinambás denuncian que el viernes 23 fue robada parte de su producción agrícola de harina de yuca, mientras comerciantes no-indígenas que los apoyan son agredidos y sus tiendas, atacadas.

Los recientes actos de violencia contra los indígenas comenzaron el miércoles 14, alrededor de las 20 horas, cuando un camión que transportaba estudiantes de la Escuela Estatal Indígena Tupinambá Serra do Padeiro (EEITSP) – localizada en una de las comunidades que conforman la tierra indígena tupinambá de Olivença – fue atacado a balazos por uno sicarios. Nadie recibió disparos, pero fragmentos del parabrisas que se rompió hirieron a dos estudiantes no-indígenas, Lucas Araújo dos Santos, de 18 años, y Rangel Silva Calazans, de 25. Según la indígena Magnólia Jesus da Silva, profesora y directora de la escuela, los dos jóvenes están bien, pero Lucas sigue con un fragmento de vidrio alojado cerca del ojo derecho. “No podemos llevar el chico al hospital, porque corremos riesgo”, afirmó

El viernes 16, un grupo de no-indígenas bloqueó por varias horas la carretera que atraviesa Buerarema. Por lo menos tres vehículos de organismos gubernamentales que transitaban por la ruta fueron detenidos e incendiados por los manifestantes. Uno de los vehículos transportaba indígenas, también niños, que iban a recibir cuidados de salud en un hospital cercano. No hubo heridos. Una agencia de Banco do Brasil fue depredada y una unidad de la estatal Empresa Baiana de Alimentos (Ebal), que comercializa alimentos para familias de bajos ingresos, fue saqueada. Un ómnibus utilizado para transportar estudiantes de la EEITSP también fue incendiado, en la madrugada del sábado 17, en la localidad conocida como Vila Brasil, en el municipio de Una, cerca de la comunidad de Serra do Padeiro. El vehículo estaba estacionado y nadie salió herido. Según relatos de los indígenas, el propietario de la empresa de transportes contratada por la Secretaría Estatal de Educación está recibiendo amenazas, incluso a través de una radio local, para que deje de atender a los indígenas, o de lo contrario, más de sus vehículos serán incendiados.

En la mañana del martes 20 de agosto, en Buerarema, los manifestantes prendieron fuego a otros tres vehículos de organismos gubernamentales, uno de los cuales era de la Fundación Nacional de Salud (Funasa) y otro, del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). En declaraciones a la prensa, los no-indígenas involucrados en las protestas acusan a los indígenas de los actos de violencia, a pesar de que las imágenes divulgadas por los medios de comunicación locales no dejen espacio a dudas de que las acciones violentas fueron practicadas por no-indígenas.

Los tupinambás – no solo de Serra do Padeiro, sino también de otras comunidades en el interior de la tierra indígena – relatan que sufren amenazas cotidianas. Debido a la tensión, los tupinambás no están circulando fuera de su tierra, lo que provoca significativos perjuicios económicos, al impedir la comercialización de su producción agrícola, además de dificultar el acceso a servicios de salud, entre otros impactos. “Nos dijeron que si los indígenas vamos a la ciudad, moriremos”, informó una tupinambá.

La disputa territorial

Los recientes ataques se inscriben en un cuadro de intenso conflicto territorial. El proceso de reconocimiento, por parte del Estado brasileño, de la tierra indígena tupinambá de Olivença comenzó en el 2004, como resultado de la larga presión y exigencia de sus derechos por parte de los indígenas. Cinco años después, el organismo indigenista oficial brasileño, la Fundación Nacional del Indio (Funai), aprobó los estudios de identificación de la tierra indígena, que quedó delimitada a cerca de 47 mil hectáreas, entre los municipios de Buerarema, Ilhéus y Una, en el sur del estado de  Bahia. Incumpliendo los plazos perentorios establecidos legalmente, el Ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, no ha firmado el instrumento jurídico requerido para que tengan lugar las etapas finales del proceso de reconocimiento de la tierra indígena. De acuerdo con datos oficiales de 2009, cerca de 4 mil 700 tupinambás viven en el área.

Sin embargo, la actual coyuntura política brasileña se muestra profundamente desfavorable a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales – el gobierno de Dilma Rousseff mantiene estrecha relación con liderazgos del agronegocio y, recientemente, determinó la paralización de los procesos de demarcación de tierras indígenas en curso. La ilegal y abusiva demora del proceso de demarcación de la tierra indígena tupinambá de Olivença hizo que el Ministerio Público Federal (instancia del Poder Judiciario brasileño) presentara acciones jurídicas, responsabilizando al Estado por incumplir su obligación de proteger los derechos indígenas, conforme lo ordenan la Constitución Federal de 1988 y tratados internacionales de que Brasil es signatario, como la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Al violar sistemáticamente los plazos legales para la conclusión de la demarcación, el Estado brasileño contribuye al agravamiento de las tensiones en la región.

Desde el comienzo de su movilización, los tupinambás han sufrido violencia intensa. Además de haber sido blanco de emboscadas, llevadas a cabo por no-indios, fueron víctimas, principalmente entre 2008 y 2010, de recurrente violencia policial, en la que se comprobó la utilización de armamento letal, detenciones ilegales de líderes y uso de tortura. Representantes del poder público – como el diputado federal Geraldo Simões (del Partido de los Trabajadores, PT) y la diputada estatal Ângela Souza (del Partido Social Cristiano, PSC) –, en declaraciones a la prensa regional, difundieron prejuicios contra los tupinambás e incitaron a la violencia. De igual modo, el presentador de radio Rivamar Mesquita, de la Radio Jornal de Itabuna (ciudad cercana a la tierra indígena), es conocido por sus frecuentes declaraciones anti-indígenas. Esos hechos motivaron denuncias por parte de entidades como Amnistía Internacional. Recientemente, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asociación Brasileña de Antropología difundió una nota denunciando los ataques contra los tupinambás.

En el 2004, los tupinambás iniciaron el proceso de recuperación de su territorio tradicional, reocupando tierras que les habían sido arrebatadas. La penetración masiva de no-indígenas en el territorio de los tupinambás comenzó a fines del siglo XIX, cuando la región se convirtió en la principal frontera agrícola del estado de Bahia, con el establecimiento de plantaciones de cacao. Entre los años de 1920 y 1940, ese proceso se intensificó. Los indígenas que no migraron para las zonas urbanas, se mantuvieron en pedazos de tierra muy reducidos o se convirtieron en empleados en haciendas de cacao, en condiciones extremas de precariedad, en algunos casos incluso como mano de obra esclava.

Las acciones de recuperación territorial llevadas a cabo por los indígenas – conocidas como retomadas de tierras – tienen el objetivo de presionar al Estado para que el proceso de demarcación de su tierra avance, así como para resolver problemas concretos de las familias indígenas, que, en muchos casos, viven en situación de pobreza extrema e incluso de hambre. Las retomadas  también responden a principios de la cosmología de los tupinambás, según los cuales aquellas tierras son habitadas por entidades no humanas conocidas como encantados, lo que hace que los indígenas tengan el deber de proteger el territorio.

En entrevista concedida al Consejo Indigenista Misionario (Cimi), entidad de apoyo a las luchas indígenas, después de la emboscada contra el camión que llevaba los estudiantes, el cacique Rosivaldo Ferreira da Silva, conocido como Babau, subrayó: “Ya son muchos años de espera, de sufrimiento, de humillación, y somos considerados invasores de nuestras propias tierras. Ellos constantemente nos transforman en reos, cuando, en realidad, somos víctimas de esta situación humillante”.

Campaña

El lunes 26 de agosto, fue lanzada una campaña para exigir la urgente conclusión del proceso de demarcación de la tierra indígena tupinambá de Olivença, que incluye el apoyo mediante firmas. Investigadores que han trabajado junto a los tupinambá de Olivença divulgaron una carta pública (entregada a las autoridades y órganos federales competentes) en la que enfatizaron que solamente con la finalización del proceso de demarcación terminará el clima de violación a los derechos indígenas y de violencia en la región.