Sintrainces
El día 20 de
agosto de 2013, el Inces celebraba en el Auditorio y Plazoleta de su Sede
Principal, el Acto Central conmemorativo de su 54º Aniversario. Mientras en la
planta baja se entregaban botones y refrigerios al ritmo de actos musicales, el
acceso a la mezzanina y los pisos 1 y 4 fueron cerrados por funcionarios del
CICPC, quienes en un procedimiento requerido por las Autoridades del Inces,
retuvieron a los trabajadores de la Gerencia de Tributos e Informática, requisando
sus cubículos, equipos y pertenencias. Cuatro trabajadores fueron esposados y
detenidos por presunta corrupción. Como consecuencia, el Tribunal 18 de Control
les dictó privativa de libertad imputándoles los
delitos de peculado doloso, expedición de certificación falsa, fraude electrónico
y asociación para delinquir. Se instruyó que tres trabajadores fueran recluidos en la cárcel de Tocorón y una trabajadora
en el INOF mientras dure el proceso judicial.
SINTRAINCES
comparte el llamado del gobierno a enfrentar la corrupción. Desde la creación del
Sindicato hemos ejercido la Contraloría Social y Sindical denunciando
irregularidades, actos de presunta corrupción y exigido transparencia en el
manejo de los recursos del Inces a escala nacional y regional. Son más de 7
años de lucha. Pero ante cada protesta, quienes han ostentando el poder en el
Instituto han buscado politizar el asunto, a sabiendas del carácter autónomo e
independiente de este Sindicato. Por eso la situación actual genera dudas pues
la soga reventó por lo más delgado.
En el caso
en cuestión, la Organización Sindical no ha declarado en ningún momento que los
trabajadores imputados estén libres de culpa y reitera que cada quién debe ser
responsable de sus actos cuando de infringir la ley se trata. Pero tampoco hemos
salido a decir que son culpables. El artículo 49 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela establece que “Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.”
Por lo que, hasta que no exista una Sentencia Firme que los declare culpables,
luego de un juicio justo, debemos presumir la inocencia de los trabajadores.
Lo que sí hemos reclamado es el exceso en el procedimiento. Lo que la ley señala como parte del debido proceso. Si bien el Inces no tiene responsabilidad directa de la actuación del CICPC, sí la tiene sobre algunos de sus Directivos que asumiéndose como uno más del operativo, atropellaron al personal y de una vez los sentenciaron calificándolos de culpables. Más aún, arremetieron ofensivamente contra dirigentes de este Sindicato y luego van y se rasgan las vestiduras de gestión obrerista. La arbitrariedad en el ejercicio de la función pública también es sancionable. No es al Patrono ni al Sindicato a quienes corresponde calificar responsabilidades penales. Eso es competencia de un Juez. Menos exhibirlos como trofeos. Por ello SINTRAINCES ha sido solidario en brindarles la orientación que el Inces les niega y que está prevista en la Cláusula Nº 50 de la Convención Colectiva vigente.
Por otro lado,
llama la atención que en momentos donde la gestión del Inces está siendo
cuestionada por el cambio metodológico de su programación en lo que se ha
denominado el “desmantelamiento del Inces”; se enfile el reflector hacia estos
trabajadores, dejando fuera de foco todo lo demás. Coincidencia o no, se
distrae la opinión pública de las decisiones de la Alta Jerarquía del
Instituto.
Y ya que la
Contraloría Social es tarea de todos y el Inces ha dado un paso notorio en este
sentido, nos permitimos plantear las siguientes interrogantes a fin de que se
avance en la cruzada recién emprendida:
¿Ha habido
acceso público a la “Memoria y Cuenta” del Inces de los años recientes? ¿No ha
habido ningún jefe involucrado en presuntas irregularidades, sólo imputaciones
a 4 funcionarios y obreros? ¿Cómo se le llama a los actos, eventos y
divulgaciones abiertamente proselitistas donde el Inces ha invertido recursos? ¿Se
han investigado las denuncias de asignación de cargos y contratos con presunto
nepotismo? ¿Cuál es la explicación a que no haya inversión tangible en mejoras
tecnológicas ni en la infraestructura de los Centros? ¿Existe alguna
investigación sobre las denuncias que refieren al parque automotor del Inces?
¿Se facilitará a los trabajadores el acceso a la información para desestimar
cualquier duda que se genere sobre adjudicaciones o presuntos sobreprecios?
Reiteramos nuestra mejor disposición para acompañar a las Autoridades en esta
lucha.
EL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE SINTRAINCES
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