Texto y fotos: Orsetta Bellani
En contra de sus propios dictados y la voluntad de los pueblos indígenas, el gobierno ecuatoriano abre áreas reservadas a la exploración petrolera.
En contra de sus propios dictados y la voluntad de los pueblos indígenas, el gobierno ecuatoriano abre áreas reservadas a la exploración petrolera.
Las promesas de progreso y obras a cambio de extraer el
petróleo que yace bajo sus tierras no convencen a las naciones indígenas, que
decidieron no permitir el ingreso de las empresas extractivas.
Ecuador. El anuncio del gobierno del presidente Rafael
Correa de que evaluará la inversión petrolera en el Parque Nacional Yasuní,
declarado zona intengible y hogar de comunidades waoranies, alertó a los
indígenas, que ya conocen la contaminación y la división de pueblos que acarrea
la extracción del oro negro.
Tragos agrios para el ambiente
Nuevo Loja es una ciudad de 30 mil habitantes en el noreste
de Ecuador. Todo el mundo llama a esta pequeña ciudad amazónica “Lago Agrio”,
traducción de Sour Lake, ciudad de Texas donde empezó la larga historia de la
compaña petrolera estadounidense Texaco, que en 2001 se fusionó con Chevron. El
motivo es que, como Sour Lake, Lago Agrio se desarrolló alrededor de los pozos
petroleros de Texaco: son más de 300 los que la compañía explotó en la Amazonía
ecuatoriana entre 1964 y 1990. Cuando se fue del Ecuador, Texaco dejó un
desastre ambiental más grave del que causó British Petroleum en 2010 en el
Golfo de México. Y no se trató de un accidente, sino de un desastre
intencional.
“Nací a 200 metros del pozo petrolero, me crié en el medio
de este desastre que para mí es la normalidad. Sólo cuando me mudé a otro lugar
entendí que la vida aquí es diferente”, cuenta Donald Moncayo, originario de
Lago Agrio, quien creció cerca de una de las 880 “piscinas” creadas por Texaco
a lado de sus pozos, en las provincias de Socumbíos y Orellana.
“La compañía tiró desechos tóxicos en las piscinas”, explica
Ermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía. “Vertió alrededor
de 68 mil millones de litros de agua tóxica y 680 mil barriles de petróleo que,
puesto que las piscinas no están revestidas, se filtraron hasta los ríos y los
acuíferos”.
De hecho, las llamadas “piscinas” son simplemente grandes
charcos de crudo en plena Amazonía. Cerca de ellas se registran las tasas más
altas de cáncer, leucemia infantil y abortos espontáneos del país. Además, el
desastre ambiental causó el desplazamiento de los pueblos indígenas de esta
parte de la Amazonía y comprometió su identidad e integridad cultural,
firmemente asociada con la salud del territorio.
En 1993, un grupo de personas demandó a Texaco ante un
tribunal de Nueva York y al año siguiente se creó el Frente de Defensa de la
Amazonía, que reúne a cerca de 30 mil personas. La empresa logró trasladar el
proceso a Ecuador y logró que, en 1998, el Estado suramericano liberara a
Texaco de toda responsabilidad aceptando la forma en que remedió algunas de las
piscinas. Donald Moncayo, habitante de la zona, muestra que el remedio
consistió en cubrir de tierra los charcos de crudo: sacó una muestra de tierra
de una piscina remediada y la echó en un recipiente lleno de agua. En pocos
segundos, ésta se hizo negra y aceitosa como el petróleo.
“En los Estados Unidos Chevron no hizo lo mismo”, denuncia
Pablo Fajardo, abogado de los demandantes. “Aquí en el Ecuador se portó de esta
forma criminal por ahorro económico y por racismo, porque consideran que la
vida de los pueblos indígenas vale menos que la vida de cualquier
norteamericano”.
En 2011 llegó la sentencia histórica: un tribunal de la
provincia de Sucumbíos condenó a Chevron a pagar 9. 5 mil millones de dólares y
a presentar disculpas públicas por lo ocurrido. Puesto que la empresa no las
presentó, el tribunal subió la cifra a 19 mil millones de dólares; es la multa
más alta impuesta a una transnacional por compensación de daños ambientales.
“Un juez estableció el embargo de los bienes de Chevron”,
explica el abogado Pablo Fajardo. “La compaña no tiene bienes en Ecuador, pero
Argentina firmó un tratado que permite que allí se ejecuten las sentencia
dictadas en otro país. Un tribunal argentino estableció el embargo del cien por
ciento de las acciones y dividendos que la compañía tiene en el país, a favor
de una cuenta especial a nombre de los afectados de la Amazonía ecuatoriana.
Esperamos seguir de la misma forma en otros países. Está próxima una sentencia
en Canadá para ejecutar la sentencia en el país norteamericano”.
Sin embargo, el 4 de junio pasado la Corte Suprema argentina
revocó el embargo de las acciones y dividendos de Chevron. Además, el 15 de octubre,
en Nueva York, comenzará un nuevo proceso donde la empresa acusa a los
demandantes de haber corrompido a los jueces ecuatorianos. “El daño ambiental
es tan evidente que no hace falta corromper a ningún juez”, reviró Pablo
Fajardo.
Oleoductos y contaminación
Desde Lago Agrio sale el Sistema de Oleoducto
Transecuatoriano (Sote), una tubería de 530 kilómetros que atraviesa tres
provincias y transporta el petróleo desde el lugar de extracción hasta las
refinerías de Esmeraldas, en la costa del Pacífico ecuatoriano. Junto con el
oleoducto, en los años setentas nació la vía Quito-Lago Agrio, que Texaco
construyó justo para levantar el Sote. La carretera permite el enlace entre la
capital y la selva, y atraviesa una geografía de ríos y quebradas, de montañas
de 3 mil metros de altura y de bosques tropicales. Viajar por esta carretera
permite gozar de un paisaje extraordinario, aunque la mayoría de su trayecto
está acompañado por el Sote, que está suspendido a menos de un metro del suelo.
Según la ley, a 15 metros de cada lado de la tubería está prohibido todo tipo
de construcción, pero los colonos colonizaron también la orilla de esta
serpiente que corre hacia el océano: el oleoducto fue absorbido en la vida de
los habitantes de la zona, que lo utilizan como tendedero para ropa, como
asiento en la parada del bus y hasta como calefactor de un gallinero.
El 31 de mayo 2013, una falla en el Sote causó el derrame de
11 mil 480 barriles de petróleo, con los que se pueden llenar 1.3 piscinas
olímpicas. La noticia no es tan sorpresiva: el Ministerio del Ambiente
ecuatoriano informa que entre 2000 y 2010, la media de accidentes en los
oleoductos del país fue de casi 50 al año. El derrame del 31 de mayo pasado
creó una mancha de crudo de unos 400 kilómetros en el río Coca que llegó hasta
el Napo, el río que desemboca en el Amazonas pasando por Perú.
Tocando la zona intangible
Con su mancha negra, el Napo bordea al Parque Nacional
Yasuní, una magnífica porción de la Amazonía que alncanza el segundo lugar en
el mundo en cuanto a biodiversidad. El derrame causado por el Sote no es la
única amenaza a este paraíso terrenal: en el parque ya se explotan cinco
bloques petroleros, y en su zona “intangible” se encuentran el 20 por ciento de
las reservas petroleras del país.
La zona intangible – llamada ITT
(Ishpingo-Tambococha-Tiputini) – es objeto de la innovadora Iniciativa
Yasuní-ITT, lanzada por el gobierno de Rafael Correa en 2007. “La lógica de la
iniciativa es que, a cambio de que Ecuador deje el petróleo presente en el
subsuelo del Parque Yasuní, la comunidad internacional – sean personas
individuales, países o colectivos – contribuya con dinero”, explica Osvaldo
León, coordinador de la ecuatoriana Agencia Latinoamericana de Información
(ALAI). “El gobierno dice: no explotamos pero necesitamos dinero para los
programas de desarrollo. La iniciativa fue acogida muy bien sobre todo en
Europa, pero a causa de la crisis económica muchos se echaron para atrás”.
La Iniciativa Yasuní-ITT permitirá mantener en el subsuelo
unas reservas de 846 millones de barriles de petróleo a cambio de una inversión
por parte de la comunidad internacional de al menos 3 mil 600 millones de
dólares, equivalentes al 50 por ciento de los recursos que Ecuador percibiría
si opta por la explotación petrolera. Sin embargo, en el mismo mes de marzo del
2007, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con las empresas
Petrobras de Brasil, Sinopec de China y Enap de Chile sobre la posible
explotación del ITT. De hecho, el proyecto contempla también la “opción B”, que
prevé la explotación del campo ITT en el caso en que la iniciativa no alcance
el monto de dinero establecido.
El 18 de junio de 2013, durante una entrevista con una
agencia alemana, Correa reconoció que la Iniciativa Yasuní-ITT no recaudó lo
que se esperaba y anunció que al final de julio, el proyecto será evaluado el
proyecto. Los movimientos sociales temen que el gobierno decida hacer a un lado
la iniciativa y decidir explotar el crudo presente. “La Amazonía representa más
del 30 por ciento del territorio de Ecuador, pero en ella vive menos del 10 por
ciento de la población ecuatoriana”, relata Ermel Chávez, del Frente de Defensa
de la Amazonía. “Por esto tal vez la mayoría de la gente está a favor de la
explotación petrolera, que permite la construcción de obras gracias al dinero
que viene de las regalías, pero los que vivimos aquí tenemos todo que perder.
La política petrolera del gobierno es confusa: habla de conservación de la
naturaleza, pero al mismo tiempo quiere licitar nuevos bloques diciendo que
utilizará tecnología de punta para no afectar al medio ambiente, aunque en la
práctica no hay explotación petrolera que no contamine”. Chávez está convencido
de que habrá explotación petrolera en el ITT, “aunque para recaudar lo fondos
que el gobierno quiere hay otras alternativas: aplicando una tecnología
mejorada pueden sacar más petróleo de los campos que ya existen y que están
disminuyendo su producción. Otra forma para encontrar dinero es dejar de
subsidiar los combustibles a las grandes empresas. La conservación tiene que
ser una política de Estado, sin condiciones”, agrega.
Contaminación del tejido social
La explotación del ITT no causará sólo daños ambientales,
puesto que la presión de las empresas que ya explotan al Yasuní es la causa
principal del conflicto que desde 2003 sangra al parque. Desde que las
compañías petroleras se instalaron ahí, empujaron a los pueblos indígenas hacia
nuevos territorios a causa de la contaminación y del ruido, que les dificultan
la caza y la pesca. Mientras algunos pueblos waoranis -como los taromenane y
tagaeri- decidieron vivir en aislamiento voluntario como forma de resistencia
para preservar su cultura-, otros waoranis aceptaron la presencia de las
transnacionales petroleras. Napoleón Saltos, director de la Escuela de
Sociología de la Universidad Central del Ecuador, señala que una parte de ellos
respalda los intereses de las compañas hasta el punto de realizar convenios de
colaboración; incluso algunos jefes se vendieron.
El 5 de marzo de 2013, un grupo de taromenanes atropellaron
a una pareja de waoranis con sus lanchas. Después de unas semanas, un grupo de
waoranis armados con lanchas y rifles – proporcionados por las mismas empresas,
de acuerdo con información del periódico digital El Sol de Pando– incendiaron y
dispararon contra una cabaña de taromenanes. Treinta personas murieron y dos
niñas fueron raptadas.
El sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, estudioso
de los pueblos indígenas del Yasuní, denuncia que el gobierno es el responsable
de las “Políticas de Protección a los Pueblos en Aislamiento”, establecidas en
abril del 2007. Afirma que el gobierno debe respetar el artículo 57 de la
Constitución de Ecuador, que afirma: “los territorios de los pueblos en
aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y
en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva”.
La explotación del oro negro amenaza a otros pueblos
indígenas ecuatorianos. Con la XI Ronda Petrolera, cuyo término está previsto
para el 16 de julio de 2013, el gobierno suramericano quiere licitar 13 bloques
en el suroriente del país, en las provincias amazónicas de Pastaza y Morona
Santiago, a través de contratos que serán firmados durante el último trimestre
del año. La oferta fue presentada en Colombia, Estados Unidos, Francia, Canadá
y China, principal socio comercial de Ecuador y país con que tiene una deuda de
cerca de 9 mil 600 millones de dólares.
Osvaldo León, de la Agencia Latinoamericana de Información
(ALAI), considera que las negociaciones tienen características nuevas con
respecto a los gobiernos anteriores. “Con Correa cambió la orientación en el
manejo económico, que quiere fortalecer las relaciones sur-sur”, explica. “Se
privilegian los acuerdos con empresas de países del sur con mayor participación
estatal, y por esto algunas transnacionales petroleras interpusieron demandas
de reclamo al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones, institución del Banco Mundial nacida para resolver conflictos en
materia de inversiones extranjeras). Cuando hay un concurso, las empresas con
mayoría estatal tienen un nivel preferencial en la medida en que garantizan
transferencia de know-how, mientras que los contratos de antes no preveían
ninguna transferencia de conocimiento tecnológico”, señala. Agrega que una de
las relaciones clave del gobierno ecuatoriano es con la empresa petrolera brasileña
Petrobras, que pertenece al estado en un 51 por ciento. “Es una relación muy
estratégica, puesto que el país carioca tiene un gran peso especifico en la
región: el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil tiene más del 55 por ciento
de las inversiones en desarrollo de América del Sur”, abunda.
El periódico gubernamental El Ciudadano reportó que las
empresas que obtendrán la licencia de explotación de los nuevos bloques deberán
realizar una inversión obligatoria mínima (en total, 115 millones de dólares)
para el desarrollo económico y social de las comunidades ubicadas en esas
áreas. Este dinero no será manejado por las compañías petroleras, sino
entregado al Estado, que lo invertirá en los proyectos acordados con las
comunidades.
Las nacionalidades indígenas ecuatorianas no creen que las
obras prometidas compensen de verdad las afectaciones, ni que la explotación
petrolera se pueda desarrollar sin afectar gravemente al medio ambiente. A
través de su presidente Cristóbal Jimpikit, la Federación Shuar de Pastaza se
declaró en pie de lucha: “Decidimos no permitir el ingreso de las empresas para
realizar actividades de extracción en nuestro territorio. Declaramos el estado
de máxima alerta frente a los planes de las empresas de ingresar a nuestras
comunidades”.
Fuente: Desinformémonos
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Nuevos proyectos petroleros en la selva viviente
Sin importar los dictados de la Constitución, el gobierno
lanzó nuevas licitaciones para explotar las tierras que pertenecen a ocho
naciones indígenas.
Por MÓNICA MONTALVO
Ecuador. Los pueblos indígenas de la Amazonia ecuatoriana,
que en el 2012 ganaron una demanda contra la empresa petrolera Texaco/Chevron y
el Estado por daños a su ambiente y falta de consulta, enfrentan nuevas
licitaciones que invadirán millones de hectáreas de su territorio.
“La selva es viviente. Si la destruimos, estamos
destruyéndonos a nosotros mismos. La selva tiene espíritus y sitios sagrados;
se reproduce sola; nos da de comer; nos da vida, aire puro y salud; nos da
tranquilidad y también sosiego. Eso es riqueza para nosotros”, describe Franco
Tulio Viteri Gualinga, kichwa amazónico de Sarayaku y presidente de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
Viteri fue un actor clave en la lucha que su pueblo realizó
para exigir la retirada de la compañía petrolera argentina General de
Combustibles (CGC) de su territorio después de 20 años de explotación. A pesar
del este triunfo, el pueblo kichwa amazónico enfrenta una nueva amenaza, la
onceava ronda petrolera. En 2012, el gobierno de Rafael Correo licitó 21
bloques para la exploración y explotación petrolera en Pastaza, Morona
Santiago, Zamora Chinchipe y una parte de Napo. Esto equivale a 3.8 millones de
hectáreas ubicadas en los territorios de siete nacionalidades: andoas, shuar,
shiwiar, sápara, kichwa, waorani, achuar y el pueblo mestizo amazónico.
Sarayaku, caso emblemático
El Caso Sarayaku traspasó las fronteras de este país que se
encuentra a la mitad de mundo, y se volvió emblemático a nivel internacional.
Exhibió la exigencia de los pueblos indígenas y originarios de respeto y su
derecho a decidir sobre su territorio, cultura e identidad frente a proyectos
“extractivos”. Para los habitantes de Sarayaku, hablar de petróleo es hablar de
una historia dolorosa. “Para nosotros representa la muerte. Llevamos más de 40
años con actividad petrolera en la región amazónica y lo que vemos es
desolación, contaminación, división entre comunidades, desaparición de pueblos
autóctonos, migración, delincuencia, prostitución y más cosas”, informa Franco.
El boom petrolero llegó a Ecuador a partir de 1972. Lo que
en un principio se consideró como un “puerta al paraíso”, a lo largo de 40 años
dejó ver la otra cara de la explotación petrolera: una incalculable destrucción
ambiental y afectación social y a la salud de los pueblos, específicamente en
la selva amazónica ecuatoriana. La región de la amazonia tiene 131 mil 137
kilómetros cuadrados y representa el 48.4 por ciento del territorio del
Ecuador. Cuenta con ocho nacionalidades principales: achuar, cofan, huarani,
quichua, secopai waorani, zapara, shiwiar, shuar y siona, además de pueblos en
aislamiento voluntario (tagaeri y taromenane).
Antes del asentamiento en el norte de la selva de la
compañía Texaco/Chevron, tuvieron presencia otras compañías, como Estándar Oil
(en 1921) y Anglo Saxxon Petroleoum (en 1937). Durante los años cincuenta
también se insertaron en el territorio las misiones evangélicas norteamericanas
a través del Instituto Lingüístico de Verano, que ayudó a la introducción de
las empresas trasnacionales con el pretexto de “civilizar”, junto con las
fuerzas armadas, a los pueblos amazónicos.
La era Texaco -una de las compañías norteamericanas más
grandes- inició en 1964 e implicó el envenenamiento los ríos de la Amazonia con
16.8 millones de galones de petróleo y 19 mil millones de galones de agua de
formación; envenenamiento del aire por las quema deliberada de 235 mil 600
millones de pies cúbicos de gas; la instalación de más de 600 piscinas de
desechos tóxicos (lodos y ripios de perforación que, sin tratamiento previo,
fueron vertidos a los cuerpos de agua), sin contar el sin fin de derrames y la
deforestación de aproximadamente un millón de hectáreas. A lo largo de los
años, organizaciones y académicos documentaron estas afectaciones –son pruebas
que sirvieron cuando el caso fue llevado a los tribunales.
Las consecuencias sociales fueron el aceleramiento de los
procesos de extinción de los pueblos tetetes y sansahuari, rompimiento del
tejido social por la división promovida por la compañía y el desplazamiento de
los pueblos indígenas siona, secoya, cofan, quichua y huaorani de su territorio
ancestral. Se presentaron impactos a la salud reflejados en enfermedades como
cáncer, aborto, infecciones intestinales, respiratorias y de la piel, y trastornos
nerviosos como pérdida de memoria, reseña Alexandra Almeida, responsable de la
campaña de petróleo de Acción Ecológica Ecuador. Representados en la unión de
afectados y afectadas por las operaciones de la petrolera Texaco (UDAPT), 30
mil pobladores lucharon contra las petroleras y llevaron a juicio a la empresa
norteamericana.
La sentencia favorable a los pueblos en el caso
Texaco/Chevron, por parte de la corte provincial de Sucumbíos, implicó el deber
de la compañía de asumir su responsabilidad por los daños ambientales y por los
impactos sociales, culturales y económicos que provocó durante sus operaciones
en la zona. Texaco fue condenada a pagar más de 19 mil millones de dólares
luego que se negó a cumplir con lo establecido en la sentencia inicial, que
incluyó pedir disculpas a los afectados.
El caso de Sarayaku implica, como muchos conflictos
ambientales, la disputa entre dos visiones de mundo que el dirigente indígena
retrata claramente: “La riqueza de nosotros no la medimos en términos de dinero,
sino en términos de aire puro y de agua limpia, de estar en amistad con la
familia, de mantener la solidaridad, de mantener la minga y de estar en armonía
con la naturaleza”, señala Viteri. Abunda que “aunque no tengamos carros o
mucha ropa, una riqueza es el hecho de que tenga mi sembradío, mis pollos y un
río limpio, que esté en paz con mi familia y con mi comunidad. O sea, los
pobres realmente son los de la ciudad.”
La consulta, foco del caso
En la página web de la comunidad se menciona que “La
obligación de consultar es criticada por los Estados porque según ellos
constituye un freno a su ‘desarrollo’. Sin embargo, es indispensable
considerando que los territorios son la base de la supervivencia de los pueblos
indígenas y tribales”. El texto describe que un estudio del Relator de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos
indígenas, relativo a las consecuencias de los proyectos de desarrollo a gran
escala sobre los derechos de las comunidades indígenas, observa que como
consecuencia de estas actividades, los pueblos indígenas son víctimas de
profundos cambios sociales y económicos que a menudo las autoridades
competentes son incapaces de comprender y mucho menos de prever. “Los proyectos
de desarrollo en gran escala afectarán inevitablemente a las condiciones de
vida de los pueblos indígenas. A veces los efectos serán beneficiosos, muy a
menudo devastadores”, completa el documento.
El caso se ganó y, para los kichwas, es un gran precedente
pues “siempre son las empresas las que salen ganando en los juicios o reprimen.
Es importante porque otros pueblos pueden tomar fuerza”, señala el dirigente,
que considera que con su lucha defendieron la dignidad y los derechos de los
pueblos. “Por eso es importante el caso Sarayacu: genera precedentes, dignifica
a los pueblos indígenas y genera jurisprudencia. Esto quiere decir que nosotros
hemos interpretado la constitución tal como la merecemos y desde nuestra
visión”, remata Viteri. El camino no fue fácil, comparte Franco Tulio: “Ellos
dicen que la soberanía radica en el pueblo, entonces nosotros hicimos eso. La
empresa era extranjera y nosotros defendimos el territorio, nuestra vida, la
Constitución, los derechos colectivos, la libre expresión, la autonomía, la
libre determinación, estipulados en la actual Constitución y en la antigua”. El
líder considera que su pueblo cumplió tratados internacionales mientras el
gobierno violentó derechos, “nos reprimió e impuso las políticas públicas en
aspecto de minería, petróleo y madereras”.
La nueva actividad petrolera promovida por el gobierno de
Rafael Correa se desarrolla en aéreas protegidas. La onceava ronda petrolera
incluye todo el sur de la Amazonia y cada bloque petrolero cuenta con 200 mil
hectáreas.
Criminalización de la defensa del territorio
Un informe de derechos humanos contabiliza más de 200 casos
de campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos que son acusados de
terrorismo por su defensa de la tierra, a pesar de que la Constitución del 2008
(considerada una de las más avanzadas en el mundo por incorporar los derechos
de la naturaleza y el Estado plurinacional) protege el derecho a la protesta.
Podemos encontrar personas de comunidades rurales desde la selva y el páramo
hasta la costa, mayores de edad, mujeres y jóvenes, juzgados como terroristas o
con orden de captura.
El caso de Sarayacu implica la organización de un pueblo
indígena para la defensa no solo de su tierra sino de su identidad frente a
proyectos que tienen grandes impactos ambientales y sociales, pero además la
reflexión de cómo los conflictos ambientales también se desarrollan en un país
“progresista” en América Latina. En el caso de Ecuador, a pesar de tener
avances en algunos aspectos sociales, sigue con el extractivismo como eje de la
economía.
Intelectuales ecuatorianos mencionan que el análisis sobre
lo que sucede con estos conflictos no puede hacerse con las mismas categorías
que las que se usan contra un gobierno de derecha, ya que no se enfrenta a un
gobierno neoliberal, pero sí capitalista. Frente a ésta nueva amenaza, Franco
es claro: “Primero: no les tenemos miedo. Segundo: nos preparamos. Pasamos de
la movilización física a una movilización de la comunicación, jurídica, de la
cultura, la música, el arte. Esas son nuestras herramientas de lucha, porque
aquí no se trata de luchar con armas, se trata de generar espacios y una forma
distinta de ver la vida”.
El presidente de la Confederación señala que parte de su
lucha implica pelear contra el consumismo y la propaganda en la televisión,
contra la mentira, el nepotismo, la corrupción, la falta de transparencia y el
clientelismo, “que muchas veces está enquistado también en los pueblos
indígenas. Debe haber un proceso de depuración también en los movimientos y en
las organizaciones indígenas, porque si tratamos de gobernar a nuestras
sociedades con las mismas herramientas y el mismo estilo de los colonizadores y
las repúblicas, no estaremos construyendo lo plurinacional”, reflexiona.
El líder considera que la construcción del Estado
plurinacional empieza “por la familia, por la persona, por la comunidad, por la
organización y toda la sociedad en conjunto”. La tarea, indica, es grande y de
largos años, “no hay que medirlo solamente en un año, dos, tres, o diez. Los pueblos
indígenas hemos resistido más de 500 años y todavía podemos seguir resistiendo;
los que no van a resistir son los de Occidente porque sus tecnologías y sus
estilos de vida son muy depredadores”, finaliza.
Fuente: Desinformémonos
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